Menos de un año después del inicio del mandato del gobierno del presidente Fernando Lugo, que asumió el poder el 15 de agosto de 2008, se encuentra frente a una grave inestabilidad que podría desembocar en una crisis institucional. Diversas son las razones de tal fragilidad y van desde la lucha de poder interna en la misma coalición de gobierno, la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), debido a las reivindicaciones del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), hasta la falta de realización de reformas importantes (ante todo la reforma agraria, fuertemente contrastada por los latifundistas) que fueron el centro de la campaña electoral de Lugo, constituyendo la base del apoyo obtenido por el candidato progresista. Sin embargo, el acuerdo sobre la central hidroeléctrica binacional de Itaipú, estipulado con el presidente brasileño Lula el pasado mes de julio, representa para el gobierno en el poder y para todo el país, una meta que permitiría a Paraguay iniciar la recuperación económica.
Las causas de la crisis de gobierno
Las disputas dentro del APC son la primera causa de la inestabilidad del gobierno en el poder. De hecho, si por una parte, una coalición de tan amplio espectro ha permitido a Lugo derrotar al Partido Colorado (que había dominado la escena política desde hacía más de 60 años) y alcanzar el poder; por otra, se funda en una difícil alianza entre partidos de izquierda y organizaciones campesinas (entre los que se encuentra el movimiento Tekojojo, del que Lugo es fundador) con el PLRA, que constituye la principal fuerza en el interior de la coalición y el segundo partido político del país. Los desencuentros con Partido Liberal tuvieron origen al inicio del mandato de Lugo. El vicepresidente Federico Franco, representante del PLRA, ha manifestado las reivindicaciones de su partido, pidiendo una representación en el interno del ejecutivo que refleje su peso político (il PLRA ha aportado el 80% de los votos a la coalición). De hecho, los dos políticos, cuya alianza se formó en 2007 principalmente por la voluntad de derrotar al Partido Colorado, son muy diferentes: mientras que Lugo está ligado a sectores de izquierda, Franco se encuentra más cercano a posiciones neo-liberales y desde hace meses está criticando la actuación del presidente, pidiéndole que destituya a algunos de sus hombres de confianza, en primer lugar el jefe del gabinete Miguel López Perito, que según el vicepresidente habría acumulado un poder excesivo. Sin embargo, López Perito ha desarrollado un papel principal en las negociaciones con el latifundista Ulises Teixeira Rodrigues para la compra de algunas tierras por parte del Estado, algo fuertemente criticado ya que se prevé el pago de un precio tres veces superior al pagado por el propietario del terreno brasileño sólo dos años antes. El mismo Lugo ha reconocido haber cometido un error al firmar el contrato de compra con Teixeira Rodrigues.
Frente a Franco (que no es el único en el interior del PLRA que pide que se retire a López Perito) existen duras críticas promovidas por los partidos de la oposición, con el Partido Colorado en primera linea. Las acusaciones, además de por los escándalos relativos a la vida privada del presidente ex-obispo, están relacionadas con la presunta falta de intervención del gobierno en el reciente caso del secuestro del “ganadero” Fidel Zavala por parte del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo). Las últimas declaraciones de Fernando Lugo, que ha acusado a los “ricos” del país de ser la causa de la parálisis nacional, han contribuido a deteriorar las relaciones con la oposición, cuyos representantes (sobre todo del Partido Colorado y del Partido Patria Querida) han pedido que se someta al presidente a un juicio político, con su destitución como último objetivo.
La falta de una reforma agraria
La ausencia de una organización política propia, unida a las disputas internas del APC, son la base de las reformas importantes que faltan en el país, en primer lugar la reforma agraria, que había constituído uno de los puntos centrales de la campaña electoral de Lugo y la razón esencial por la que los movimientos sociales le dieron su apoyo. Frente al retraso en las actuaciones de los mismos cambios, los campesinos han manifestado su desilusión y han aumentado sus presiones al gobierno. Éstos piden una intervención más fuerte por parte del gobierno, que permita sanear la difícil situación económica del país, actuando en el ámbito de la lucha contra el hambre y contra la corrupción, además de favorecer la redistribución de las tierras. En realidad, la reforma agraria constituye un reto muy difícil para Lugo. El proyecto inicial preveía, ante todo, el desarrollo de un registro nacional que realizara un censo, durante dos años, con la intención de revelar y verificar la validez de los títulos de propiedad de las tierras. Seguidamente, el gobierno expropiaría las tierras con títulos dudosos. Aunque la intención de Lugo fuera llevar a cabo esta reforma, por él mismo definida como transversal, de modo no traumático para los propietarios de las tierras, el camino del consenso se ha mostrado largo desde el inicio. El presidente ha tenido que enfrentarse a la oposición del Partido Colorado para la aprobación de las expropiaciones, partido con fuerte presencia en el Congreso, mientras que el APC no cuenta con la mayoría de escaños en ninguna de las dos cámaras legislativas. Además, Lugo tiene que ajustar cuentas con los potentes grupos de presión nacionales formados por los propietarios de las tierras, algunos de los cuales pertenecen al PLRA y por lo tanto miembros de la misma coalición de gobierno. Paraguay, como ha denunciado la FNC (Federación Nacional de Campesinos), también cuenta con más de medio millón de latifundistas brasileños, los llamados “brasiguayos”, y argentinos que, con el apoyo de sus respectivos gobiernos, controlan enormes extensiones de tierra, a menudo ocupadas con el monocultivo de soja, uno de los principales productos exportados por el país. Ésto, unido a que Brasil y Argentina son los principales socios comerciales de Paraguay, explica lo difícil que es llevar a cabo una reforma agraria que no comprometa las relaciones del país con los países vecinos. Para terminar, también hay que tener en cuenta que el programa de compra de las tierras por parte de los grandes latifundistas para llevar a cabo una redistribución entre la población local necesitada de fondos, ya que Paraguay es uno de los países más pobres de América Latina, aún no está disponible. En este sentido, la firma del acuerdo sobre la central hidroeléctrica de Itaipú podría significar un importante paso adelante.
Los acuerdos con Brasil y Venezuela
Fue en los últimos días cuando se produjo la aprobación por parte del Senado paraguayo del acuerdo relacionado con la central hidroeléctrica de Itaipú, firmado por Lugo con el presidente brasileño Lula el pasado 25 de julio en Asunción. Ahora el documento sólo necesita la aprobación del Congreso brasileño para entrar en vigor. Se trata de un acuerdo histórico que anota un punto a favor del gobierno de Lugo, dadas las importantes consecuencias que tendrá en el país. De hecho, provocará modificaciones de un tratado estipulado en 1973 por las dictaduras militares que gobernaban tanto Brasil como Paraguay. El viejo acuerdo regulaba el funcionamiento de la central hidroeléctrica más grande del mundo, estableciendo para cada uno de los países el derecho al 50% de la electricidad producida, pudiendo vender la que no se utilice al otro. De hecho, el tratado penalizaba a Paraguay ya que, satisfaciendo sus necesidades nacionales con menos del 5% de la energía producida, estaba obligado a vender la parte restante a la empresa brasileña Electrobras a precio de coste. Gracias al nuevo acuerdo, fruto de 10 meses de difíciles negociaciones, Paraguay verá triplicadas sus compensaciones (de 120 millones de dólares a unos 360). Además, está prevista la construcción de una línea de transmisión que, con una capacidad de 500.000 kilovatios, abastecerá directamente de energía eléctrica desde Itaipú a Asunción, reduciendo los costes. Además, al final Lula ha aceptado la posibilidad de que Paraguay venda el excedente de energía a terceros países.
También es de crucial importancia la renovación del acuerdo firmado con el presidente venezolano Hugo Chávez, que ha establecido un lazo bastante estrecho con Lugo, a pesar de que este último haya declarado que quiere alejarse de las posiciones “radicales”. El documento prevé precios pactados para el abastecimiento de petróleo a Paraguay (el cual no produce) por parte de la empresa venezolana PDVSA para finales de 2009 y todo el 2010, de modo que cubra todas las necesidades energéticas del país. Además se prevé la reducción de 37 a 34 millones de dólares de las deudas que Petropar tiene en los límites de PDVSA. El acuerdo constituye una importante oportunidad para aumentar la cooperación y el desarrollo en el interior de la zona.
El gobierno del presidente Lugo se encuentra frente a un periodo de debilidad y los contrastes con el vicepresidente Franco constituyen el primer factor de crisis. Si Lugo no encuentra apoyos, aunque sean mínimos, en el interior de su coalición de gobierno, por ejemplo asumiendo posiciones menos críticas hacia la rama de derecha del APC, será imposible que pueda poner en marcha cualquier proyecto de reforma, y cuanto menos la agraria. De hecho, esta última afectando a los intereses de los potentes grupos tanto en el interno como fuera del país, necesita de un fuerte compromiso por parte del gobierno, además de grandes cantidades de fondos. Sin embargo, desde este punto de vista, la revisión del acuerdo estipulado con Brasil, aumentando las compensaciones de Paraguay, podría consentir que el país comenzara una recuperación económica y se aprovechara del aumento de los precios de venta de la energía para poder llevar adelante el programa de compra de tierras.
Las causas de la crisis de gobierno
Las disputas dentro del APC son la primera causa de la inestabilidad del gobierno en el poder. De hecho, si por una parte, una coalición de tan amplio espectro ha permitido a Lugo derrotar al Partido Colorado (que había dominado la escena política desde hacía más de 60 años) y alcanzar el poder; por otra, se funda en una difícil alianza entre partidos de izquierda y organizaciones campesinas (entre los que se encuentra el movimiento Tekojojo, del que Lugo es fundador) con el PLRA, que constituye la principal fuerza en el interior de la coalición y el segundo partido político del país. Los desencuentros con Partido Liberal tuvieron origen al inicio del mandato de Lugo. El vicepresidente Federico Franco, representante del PLRA, ha manifestado las reivindicaciones de su partido, pidiendo una representación en el interno del ejecutivo que refleje su peso político (il PLRA ha aportado el 80% de los votos a la coalición). De hecho, los dos políticos, cuya alianza se formó en 2007 principalmente por la voluntad de derrotar al Partido Colorado, son muy diferentes: mientras que Lugo está ligado a sectores de izquierda, Franco se encuentra más cercano a posiciones neo-liberales y desde hace meses está criticando la actuación del presidente, pidiéndole que destituya a algunos de sus hombres de confianza, en primer lugar el jefe del gabinete Miguel López Perito, que según el vicepresidente habría acumulado un poder excesivo. Sin embargo, López Perito ha desarrollado un papel principal en las negociaciones con el latifundista Ulises Teixeira Rodrigues para la compra de algunas tierras por parte del Estado, algo fuertemente criticado ya que se prevé el pago de un precio tres veces superior al pagado por el propietario del terreno brasileño sólo dos años antes. El mismo Lugo ha reconocido haber cometido un error al firmar el contrato de compra con Teixeira Rodrigues.
Frente a Franco (que no es el único en el interior del PLRA que pide que se retire a López Perito) existen duras críticas promovidas por los partidos de la oposición, con el Partido Colorado en primera linea. Las acusaciones, además de por los escándalos relativos a la vida privada del presidente ex-obispo, están relacionadas con la presunta falta de intervención del gobierno en el reciente caso del secuestro del “ganadero” Fidel Zavala por parte del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo). Las últimas declaraciones de Fernando Lugo, que ha acusado a los “ricos” del país de ser la causa de la parálisis nacional, han contribuido a deteriorar las relaciones con la oposición, cuyos representantes (sobre todo del Partido Colorado y del Partido Patria Querida) han pedido que se someta al presidente a un juicio político, con su destitución como último objetivo.
La falta de una reforma agraria
La ausencia de una organización política propia, unida a las disputas internas del APC, son la base de las reformas importantes que faltan en el país, en primer lugar la reforma agraria, que había constituído uno de los puntos centrales de la campaña electoral de Lugo y la razón esencial por la que los movimientos sociales le dieron su apoyo. Frente al retraso en las actuaciones de los mismos cambios, los campesinos han manifestado su desilusión y han aumentado sus presiones al gobierno. Éstos piden una intervención más fuerte por parte del gobierno, que permita sanear la difícil situación económica del país, actuando en el ámbito de la lucha contra el hambre y contra la corrupción, además de favorecer la redistribución de las tierras. En realidad, la reforma agraria constituye un reto muy difícil para Lugo. El proyecto inicial preveía, ante todo, el desarrollo de un registro nacional que realizara un censo, durante dos años, con la intención de revelar y verificar la validez de los títulos de propiedad de las tierras. Seguidamente, el gobierno expropiaría las tierras con títulos dudosos. Aunque la intención de Lugo fuera llevar a cabo esta reforma, por él mismo definida como transversal, de modo no traumático para los propietarios de las tierras, el camino del consenso se ha mostrado largo desde el inicio. El presidente ha tenido que enfrentarse a la oposición del Partido Colorado para la aprobación de las expropiaciones, partido con fuerte presencia en el Congreso, mientras que el APC no cuenta con la mayoría de escaños en ninguna de las dos cámaras legislativas. Además, Lugo tiene que ajustar cuentas con los potentes grupos de presión nacionales formados por los propietarios de las tierras, algunos de los cuales pertenecen al PLRA y por lo tanto miembros de la misma coalición de gobierno. Paraguay, como ha denunciado la FNC (Federación Nacional de Campesinos), también cuenta con más de medio millón de latifundistas brasileños, los llamados “brasiguayos”, y argentinos que, con el apoyo de sus respectivos gobiernos, controlan enormes extensiones de tierra, a menudo ocupadas con el monocultivo de soja, uno de los principales productos exportados por el país. Ésto, unido a que Brasil y Argentina son los principales socios comerciales de Paraguay, explica lo difícil que es llevar a cabo una reforma agraria que no comprometa las relaciones del país con los países vecinos. Para terminar, también hay que tener en cuenta que el programa de compra de las tierras por parte de los grandes latifundistas para llevar a cabo una redistribución entre la población local necesitada de fondos, ya que Paraguay es uno de los países más pobres de América Latina, aún no está disponible. En este sentido, la firma del acuerdo sobre la central hidroeléctrica de Itaipú podría significar un importante paso adelante.
Los acuerdos con Brasil y Venezuela
Fue en los últimos días cuando se produjo la aprobación por parte del Senado paraguayo del acuerdo relacionado con la central hidroeléctrica de Itaipú, firmado por Lugo con el presidente brasileño Lula el pasado 25 de julio en Asunción. Ahora el documento sólo necesita la aprobación del Congreso brasileño para entrar en vigor. Se trata de un acuerdo histórico que anota un punto a favor del gobierno de Lugo, dadas las importantes consecuencias que tendrá en el país. De hecho, provocará modificaciones de un tratado estipulado en 1973 por las dictaduras militares que gobernaban tanto Brasil como Paraguay. El viejo acuerdo regulaba el funcionamiento de la central hidroeléctrica más grande del mundo, estableciendo para cada uno de los países el derecho al 50% de la electricidad producida, pudiendo vender la que no se utilice al otro. De hecho, el tratado penalizaba a Paraguay ya que, satisfaciendo sus necesidades nacionales con menos del 5% de la energía producida, estaba obligado a vender la parte restante a la empresa brasileña Electrobras a precio de coste. Gracias al nuevo acuerdo, fruto de 10 meses de difíciles negociaciones, Paraguay verá triplicadas sus compensaciones (de 120 millones de dólares a unos 360). Además, está prevista la construcción de una línea de transmisión que, con una capacidad de 500.000 kilovatios, abastecerá directamente de energía eléctrica desde Itaipú a Asunción, reduciendo los costes. Además, al final Lula ha aceptado la posibilidad de que Paraguay venda el excedente de energía a terceros países.
También es de crucial importancia la renovación del acuerdo firmado con el presidente venezolano Hugo Chávez, que ha establecido un lazo bastante estrecho con Lugo, a pesar de que este último haya declarado que quiere alejarse de las posiciones “radicales”. El documento prevé precios pactados para el abastecimiento de petróleo a Paraguay (el cual no produce) por parte de la empresa venezolana PDVSA para finales de 2009 y todo el 2010, de modo que cubra todas las necesidades energéticas del país. Además se prevé la reducción de 37 a 34 millones de dólares de las deudas que Petropar tiene en los límites de PDVSA. El acuerdo constituye una importante oportunidad para aumentar la cooperación y el desarrollo en el interior de la zona.
El gobierno del presidente Lugo se encuentra frente a un periodo de debilidad y los contrastes con el vicepresidente Franco constituyen el primer factor de crisis. Si Lugo no encuentra apoyos, aunque sean mínimos, en el interior de su coalición de gobierno, por ejemplo asumiendo posiciones menos críticas hacia la rama de derecha del APC, será imposible que pueda poner en marcha cualquier proyecto de reforma, y cuanto menos la agraria. De hecho, esta última afectando a los intereses de los potentes grupos tanto en el interno como fuera del país, necesita de un fuerte compromiso por parte del gobierno, además de grandes cantidades de fondos. Sin embargo, desde este punto de vista, la revisión del acuerdo estipulado con Brasil, aumentando las compensaciones de Paraguay, podría consentir que el país comenzara una recuperación económica y se aprovechara del aumento de los precios de venta de la energía para poder llevar adelante el programa de compra de tierras.
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