Del 7 al 18 del próximo mes de diciembre, Copenhague será la sede de la 15ª Conferencia COP15 de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), la cual acogerá a representantes de 192 naciones. El objetivo de la cumbre de las Naciones Unidas será alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante que prescriba a los gobiernos las acciones concretas que tienen que poner en marcha para combatir el cambio climático y frenar el sobrecalentamiento global a partir de 2012, año en el que vencerán las disposiciones del Protocolo de Kioto relacionadas con la reducción de las emisiones de gases contaminantes. En Latinoamérica, Brasil es el principal sujeto a tener en cuenta; el gobierno de Lula está dispuesto a comprometerse firmamente, pero debe hacer cuentas, al igual que los demás países de la zona, con sus propias exigencias de desarrollo económico.
De Kioto a Barcelona
Las negociaciones para la definición de un nuevo acuerdo relacionado con el medio ambiente comenzaron hace ya dos años, y las razones que lo hacen necesario son muchas: por una parte, Estados Unidos, segunda nación mundial en emisión de gases invernadero, no ha ratificado el Protocolo de Kioto; por otra, ese tratado, firmado en 1997, no tiene los efectos esperados en países como China, la India y Brasil que, aunque no son responsables de la contaminación producida durante el periodo de industrialización, hoy son grandes economías emergentes y están entre los mayores productores de gases invernadero (China en primer lugar y la India en el sexto puesto a nivel mundial). A ésto hay que añadirle el hecho de que la obligación de reducción de emisiones contaminantes menos de un 5% (con respecto a los niveles de 1990) impuesto por el Protocolo de Kioto en los países industrializados es realtivo al periodo comprendido entre 2008 y 2012. Por lo tanto habría que establecer las medidas que adoptar a partir del 2013, trazando, además de los objetivos finales, también pasos intermedios vinculantes. La declaración final sobre energía y medio ambiente de los líderes del MEF (Major Economy Forum), reunidos en L'Aquila (Italia) el pasado mes de julio, contiene importantes novedades: de hecho, los Estados participantes (países del G8, países del G5, Australia, Indonesia y Corea del Sur) han reconocido la tesis científica según la cual dos grados centígrados (respecto a los niveles pre-industriales) constituirían el límite máximo de aumento de la temperatura media global, ya que superándolos no sería posible evitar un dramático cambio climático. Para respetar este límite es necesario que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera sea inferior a 400/450 partes por millón. El nivel actual de CO2 es igual a 385 partes, con una tasa de crecimiento de 2 partes por año, lo que justifica las preocupaciones de la comunidad científica. A pesar de que la aceptación del límite de dos grados centígrados por parte de los países en vías de desarrollo constituya un paso muy importante, las sesiones preparatorias de la COP15, que tuvieron lugar en Bangkok el pasado mes de octubre y en Barcelona del 1 al 6 del pasado mes de noviembre, han hecho emerger una vez más la fuerte desconfianza entre los países industrializados y los países emergentes, así como sus diferencias en temas clave. Los principales puntos de desacuerdo son:
* los objetivos de reducción de las emisiones por parte de los países industrializados;
* la definicion de la media que los países en vías de desarrollo deben respetar y de los plazos para hacerlo;
* la medida en la que los países industrializados deben contribuir tecnológica y financieramente en la reducción de las emisiones por parte de los países en vía de desarrollo.
La posición de los principales países latinoamericanos
Las peticiones de los países en vías de desarrollo, de los que China, la India y Brasil son los líderes, están relacionadas sobre todo con el compromiso de que los países industrializados ofrecezcan asistencia financiera y tecnológica. El apoyo de los países industrializados es indispensable para que se puedan adoptar las políticas de reducción de emisiones y se puedan afrontar los efectos del cambio climático. Sin embargo, aunque con compromisos por parte de los “países ricos”, las limitaciones que las economías emergentes están dispuestas a respetar son reducidas. De hecho, es fuerte el temor de que un acuerdo con metas demasiado ambiciosas pueda frenar su crecimiento, condición que éstas no están dispuestas a aceptar dado que los países industrializados, por el contrario, han crecido sin ningún tipo de límite. Los países en vías de desarrollo, si por una parte se muestran dispuestos a asumir compromisos en política mediambiental, por otro exigen la necesidad de que las responsabilidades adoptadas, aunque comunes, sean diferenciadas. Esta es una idea que emergió, entre otras, del último encuentro de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Santiago de Chile, donde se destacó que los países latinoamericanos, aunque tienen mayor responsabilidad en la deforestación (que según la FAO se concentra un tercio en esta zona), contribuyen al calentamiento global con menos del 6% de las emisiones: ésto justificaría la petición de mayor sacrificio a los países industrializados. Además, como demuestra un estudio anteriormente realizado por la propia CEPAL, la región latinoamericana aparece entre las zonas más vulnerables al cambio climático, algo que hace necesario la adopción de medidas destinadas a prevenir los efectos de fenómenos como inundaciones y huracanes. El Banco Mundial ha catalogado la importancia de luchar contra el cambio climático como una prioridad, ya que la productividad agrícola sudamericana podría reducirse un 50% de aquí al 2100.
Brasil ha interpretado la voluntad de los países latinoamericanos como “parte de la solución” que se elaborará en Copenhague y parece que quiere explotar su potencial económico y su influencia regional para hacer de “puente” entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo.
El gobierno ya ha manifestado su disponibilidad para intervenir en los próximos diez años en la lucha contra la deforestación del Amazonas, reduciendo la actividad un 80%, que supondría una reducción de las emisiones de gases invernadero de 580 millones de toneladas. Pero éste parece ser el único punto en el que se encuentra de acuerdo el país. De hecho, la elaboración de una posición común en los compromisos que asumir, en cuanto a la reducción de las emisiones, no parece ser posible. Aunque Luiz Alberto Figueiredo, director general del Departamento de Medioambiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, haya subrayado que Brasil está mucho más cerca que otros países de una economía de baja emisión de CO2, no parece que las peticiones de los grupos medioambientales (la reducción del 60% de las emisiones de gas para el 2020) vayan a encontrar una respuesta por parte del gobierno. De hecho, el Presidente Lula se encuentra ante la gestión del difícil equilibrio entre las problemáticas medioambientales y las exigencias de desarrollo de una economía emergente como es la brasileña. De ésto último se ha nombrado portavoz a Dilma Rousseff, jefa de personal del presidente y “madrina” del Programa de Aceleración y Crecimiento (PAC) puesto en marcha por el gobierno. La posible futura heredera de Lula defiende, por una parte, el interés por el desarrollo de los grupos industriales y de los productores agrícolas, y por otra parte, las peticiones de los que apoyan el programa de ayudas sociales “Bolsa Familia” para ampliar la política de redistribución del gobierno, imposible sin las entradas derivadas de los impuestos. En la defensa de las peticiones medioambientales, contrarias a la idea de “desarrollo a cualquier coste” se encuentra, sin embargo, el Ministro de Medioambiente Carlos Minc, cuyo objetivo es la realización de un plan climático en el páis. Las divergencias en este tema ponen en duda que Brasil sea capaz de definir su posición de manera clara y vinculante antes de diciembre. Sin embargo, durante el encuentro entre Lula y Sarkozy, que tuvo lugar recientemente en París, se dieron pasos hacia adelante con respecto a las genéricas declaraciones de intenciones que se habían dado hasta ahora. Los dos gobiernos han acordado una posición común que prevé una reducción del 50% de las emisiones, con respecto a los niveles de 1990, algo que debería lograrse antes del 2050. Además, el Presidente brasileño ha anunciado que pretende reducir el 36% de las emisiones de CO2 antes del 2020. En el documento firmado por los dos gobiernos, que será presentado en la cumbre de Copenhague, se propone también creación de una Organización Mundial del Medioambiente, un organismo de las Naciones Unidas que tendrá la tarea de certificar la compatibilidad entre los compromisos que deben asumir los diferentes países y las capacidades reales por parte de éstos para respetarlos.
La voluntad de los países latinoamericanos es definir una posición común frente al problema medioambiental que tenga en cuenta las exigencias y las responsabilidades de los países de la zona. México y Argentina ya han puesto en marcha políticas de reducción de emisiones contaminantes. El gobierno mexicano también ha propuesto la creación de un “fondo verde”, que sea financiado en 2/3 por los países industrializados, y que permitiría al país dotarse de las tecnologías adecuadas para reducir el 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Bolivia, cuyo gobierno ha sido particularmente crítico con las responsabilidades de los países industrializados, ha propuesto la creación de un Tribunar de Justicia que se ocupe de la materia. En Uruguay José Mujica, el candidato favorito en las elecciones presidenciales, ha asegurado su compromiso para ocuparse del problema medioambiental.
La cita danesa, en la que se intentará definir las políticas medioambientales posteriores a Kioto, probablemente tenga objetivos demasiado ambiciosos. A la luz del balance del último encuentro de Barcelona (que aún no siendo completamente negativo, no cumplió con las expectativas) parece muy difícil que se logre aprobar el recorte de emisiones comprendido entre el 25% y el 40%, con respecto a los valores de 1990. Desde los países latinoamericanos llega la posibilidad de ocuparse del problema medioambiental. Sin embargo, la importancia de los esfuerzos a los que estos países se comprometan, depende fuertemente de los compromisos que logren los países industrializados, los mayores responsables de la situación actual. Los índices parecen apuntar sobre todo a China y Estados Unidos. Además, más allá de la voluntad real de compromiso de los Estados, hay que tener en cuenta los efectos de la crisis y la fase de recesión, donde la prioridad de los gobiernos parece ser la recuperación económica. Las negociaciones son muy inciertas y la estipulación de un acuerdo jurídicamente vinculante, aunque cada vez parece más necesario, no parece estar cerca. Probablemente, la cumbre de Copenhague producirá el enésimo acuerdo político no vinculante con limitaciones genéricas, sin que se definan elecciones industriales concretas.
De Kioto a Barcelona
Las negociaciones para la definición de un nuevo acuerdo relacionado con el medio ambiente comenzaron hace ya dos años, y las razones que lo hacen necesario son muchas: por una parte, Estados Unidos, segunda nación mundial en emisión de gases invernadero, no ha ratificado el Protocolo de Kioto; por otra, ese tratado, firmado en 1997, no tiene los efectos esperados en países como China, la India y Brasil que, aunque no son responsables de la contaminación producida durante el periodo de industrialización, hoy son grandes economías emergentes y están entre los mayores productores de gases invernadero (China en primer lugar y la India en el sexto puesto a nivel mundial). A ésto hay que añadirle el hecho de que la obligación de reducción de emisiones contaminantes menos de un 5% (con respecto a los niveles de 1990) impuesto por el Protocolo de Kioto en los países industrializados es realtivo al periodo comprendido entre 2008 y 2012. Por lo tanto habría que establecer las medidas que adoptar a partir del 2013, trazando, además de los objetivos finales, también pasos intermedios vinculantes. La declaración final sobre energía y medio ambiente de los líderes del MEF (Major Economy Forum), reunidos en L'Aquila (Italia) el pasado mes de julio, contiene importantes novedades: de hecho, los Estados participantes (países del G8, países del G5, Australia, Indonesia y Corea del Sur) han reconocido la tesis científica según la cual dos grados centígrados (respecto a los niveles pre-industriales) constituirían el límite máximo de aumento de la temperatura media global, ya que superándolos no sería posible evitar un dramático cambio climático. Para respetar este límite es necesario que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera sea inferior a 400/450 partes por millón. El nivel actual de CO2 es igual a 385 partes, con una tasa de crecimiento de 2 partes por año, lo que justifica las preocupaciones de la comunidad científica. A pesar de que la aceptación del límite de dos grados centígrados por parte de los países en vías de desarrollo constituya un paso muy importante, las sesiones preparatorias de la COP15, que tuvieron lugar en Bangkok el pasado mes de octubre y en Barcelona del 1 al 6 del pasado mes de noviembre, han hecho emerger una vez más la fuerte desconfianza entre los países industrializados y los países emergentes, así como sus diferencias en temas clave. Los principales puntos de desacuerdo son:
* los objetivos de reducción de las emisiones por parte de los países industrializados;
* la definicion de la media que los países en vías de desarrollo deben respetar y de los plazos para hacerlo;
* la medida en la que los países industrializados deben contribuir tecnológica y financieramente en la reducción de las emisiones por parte de los países en vía de desarrollo.
La posición de los principales países latinoamericanos
Las peticiones de los países en vías de desarrollo, de los que China, la India y Brasil son los líderes, están relacionadas sobre todo con el compromiso de que los países industrializados ofrecezcan asistencia financiera y tecnológica. El apoyo de los países industrializados es indispensable para que se puedan adoptar las políticas de reducción de emisiones y se puedan afrontar los efectos del cambio climático. Sin embargo, aunque con compromisos por parte de los “países ricos”, las limitaciones que las economías emergentes están dispuestas a respetar son reducidas. De hecho, es fuerte el temor de que un acuerdo con metas demasiado ambiciosas pueda frenar su crecimiento, condición que éstas no están dispuestas a aceptar dado que los países industrializados, por el contrario, han crecido sin ningún tipo de límite. Los países en vías de desarrollo, si por una parte se muestran dispuestos a asumir compromisos en política mediambiental, por otro exigen la necesidad de que las responsabilidades adoptadas, aunque comunes, sean diferenciadas. Esta es una idea que emergió, entre otras, del último encuentro de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Santiago de Chile, donde se destacó que los países latinoamericanos, aunque tienen mayor responsabilidad en la deforestación (que según la FAO se concentra un tercio en esta zona), contribuyen al calentamiento global con menos del 6% de las emisiones: ésto justificaría la petición de mayor sacrificio a los países industrializados. Además, como demuestra un estudio anteriormente realizado por la propia CEPAL, la región latinoamericana aparece entre las zonas más vulnerables al cambio climático, algo que hace necesario la adopción de medidas destinadas a prevenir los efectos de fenómenos como inundaciones y huracanes. El Banco Mundial ha catalogado la importancia de luchar contra el cambio climático como una prioridad, ya que la productividad agrícola sudamericana podría reducirse un 50% de aquí al 2100.
Brasil ha interpretado la voluntad de los países latinoamericanos como “parte de la solución” que se elaborará en Copenhague y parece que quiere explotar su potencial económico y su influencia regional para hacer de “puente” entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo.
El gobierno ya ha manifestado su disponibilidad para intervenir en los próximos diez años en la lucha contra la deforestación del Amazonas, reduciendo la actividad un 80%, que supondría una reducción de las emisiones de gases invernadero de 580 millones de toneladas. Pero éste parece ser el único punto en el que se encuentra de acuerdo el país. De hecho, la elaboración de una posición común en los compromisos que asumir, en cuanto a la reducción de las emisiones, no parece ser posible. Aunque Luiz Alberto Figueiredo, director general del Departamento de Medioambiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, haya subrayado que Brasil está mucho más cerca que otros países de una economía de baja emisión de CO2, no parece que las peticiones de los grupos medioambientales (la reducción del 60% de las emisiones de gas para el 2020) vayan a encontrar una respuesta por parte del gobierno. De hecho, el Presidente Lula se encuentra ante la gestión del difícil equilibrio entre las problemáticas medioambientales y las exigencias de desarrollo de una economía emergente como es la brasileña. De ésto último se ha nombrado portavoz a Dilma Rousseff, jefa de personal del presidente y “madrina” del Programa de Aceleración y Crecimiento (PAC) puesto en marcha por el gobierno. La posible futura heredera de Lula defiende, por una parte, el interés por el desarrollo de los grupos industriales y de los productores agrícolas, y por otra parte, las peticiones de los que apoyan el programa de ayudas sociales “Bolsa Familia” para ampliar la política de redistribución del gobierno, imposible sin las entradas derivadas de los impuestos. En la defensa de las peticiones medioambientales, contrarias a la idea de “desarrollo a cualquier coste” se encuentra, sin embargo, el Ministro de Medioambiente Carlos Minc, cuyo objetivo es la realización de un plan climático en el páis. Las divergencias en este tema ponen en duda que Brasil sea capaz de definir su posición de manera clara y vinculante antes de diciembre. Sin embargo, durante el encuentro entre Lula y Sarkozy, que tuvo lugar recientemente en París, se dieron pasos hacia adelante con respecto a las genéricas declaraciones de intenciones que se habían dado hasta ahora. Los dos gobiernos han acordado una posición común que prevé una reducción del 50% de las emisiones, con respecto a los niveles de 1990, algo que debería lograrse antes del 2050. Además, el Presidente brasileño ha anunciado que pretende reducir el 36% de las emisiones de CO2 antes del 2020. En el documento firmado por los dos gobiernos, que será presentado en la cumbre de Copenhague, se propone también creación de una Organización Mundial del Medioambiente, un organismo de las Naciones Unidas que tendrá la tarea de certificar la compatibilidad entre los compromisos que deben asumir los diferentes países y las capacidades reales por parte de éstos para respetarlos.
La voluntad de los países latinoamericanos es definir una posición común frente al problema medioambiental que tenga en cuenta las exigencias y las responsabilidades de los países de la zona. México y Argentina ya han puesto en marcha políticas de reducción de emisiones contaminantes. El gobierno mexicano también ha propuesto la creación de un “fondo verde”, que sea financiado en 2/3 por los países industrializados, y que permitiría al país dotarse de las tecnologías adecuadas para reducir el 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Bolivia, cuyo gobierno ha sido particularmente crítico con las responsabilidades de los países industrializados, ha propuesto la creación de un Tribunar de Justicia que se ocupe de la materia. En Uruguay José Mujica, el candidato favorito en las elecciones presidenciales, ha asegurado su compromiso para ocuparse del problema medioambiental.
La cita danesa, en la que se intentará definir las políticas medioambientales posteriores a Kioto, probablemente tenga objetivos demasiado ambiciosos. A la luz del balance del último encuentro de Barcelona (que aún no siendo completamente negativo, no cumplió con las expectativas) parece muy difícil que se logre aprobar el recorte de emisiones comprendido entre el 25% y el 40%, con respecto a los valores de 1990. Desde los países latinoamericanos llega la posibilidad de ocuparse del problema medioambiental. Sin embargo, la importancia de los esfuerzos a los que estos países se comprometan, depende fuertemente de los compromisos que logren los países industrializados, los mayores responsables de la situación actual. Los índices parecen apuntar sobre todo a China y Estados Unidos. Además, más allá de la voluntad real de compromiso de los Estados, hay que tener en cuenta los efectos de la crisis y la fase de recesión, donde la prioridad de los gobiernos parece ser la recuperación económica. Las negociaciones son muy inciertas y la estipulación de un acuerdo jurídicamente vinculante, aunque cada vez parece más necesario, no parece estar cerca. Probablemente, la cumbre de Copenhague producirá el enésimo acuerdo político no vinculante con limitaciones genéricas, sin que se definan elecciones industriales concretas.
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