semana política

Reforma política en suspenso. En la mesa están ya tres propuestas de reforma política: la del Ejecutivo, la del PRI en el Senado y la del PRD. Si bien existen coincidencias entre ellas –como la reducción del número de legisladores en ambas cámaras, la reelección legislativa y el referéndum– también hay diferencias que dificultarían la aprobación de una reforma. Una diferencia fundamental es sobre los alcances de las atribuciones que un poder debiera tener frente a otro. La propuesta presidencial busca ampliar sus facultades frente al Legislativo, principalmente con la iniciativa preferente. Por su parte, la de la bancada del PRI en el Senado propone la ratificación de los miembros del gabinete y de entidades federales estratégicas, lo que podría ser una pérdida de autonomía e independencia del Ejecutivo frente al Legislativo.

Otro probable impedimento para que se concrete una reforma política en este periodo de sesiones es la serie de disputas al interior de cada uno de los grupos políticos. En el propio PRI, por ejemplo, no existe consenso entre sus actores clave (senadores, gobernadores y dirigencia nacional). Un proceso legislativo de análisis, discusión y deliberación en torno a varias iniciativas –que inclusive contempla reformas constitucionales– requiere un consenso de las distintas fuerzas sobre puntos específicos para generar un dictamen en el corto plazo. Si ni siquiera al interior de ellas hay una visión compartida, las probabilidades de que la reforma se quede en el camino son altas.

Un impedimento adicional es la existencia de procesos electorales, ya que generan incentivos a la no cooperación, primordialmente en sectores del PRI que ven en la conformación de coaliciones PAN-PRD una amenaza a su control político local. Por otro lado, si no saliera una reforma política en este periodo de sesiones en espera de la conclusión de las elecciones, en el próximo periodo se empalmaría con la negociación del presupuesto. En la medida en que las fuerzas políticas consideren que tienen más que ganar o perder negociando en el mismo periodo ambos temas, impulsarían o frenarían la aprobación en el periodo actual.

 

Las reglas del Ejército. El mensaje del Ejército es claro y coordinado: el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de reducir su presencia en las calles, substituyéndolo con la policía. No es la primera vez que envía esta señal, pero se aprecia una urgencia renovada. Ante el incremento de la presión por parte de las organizaciones de derechos humanos y las críticas a la estrategia de seguridad, el Ejército teme convertirse en una suerte de chivo expiatorio del sexenio.

No es la primera vez que la presencia del Ejército en las calles como columna vertebral de la estrategia de seguridad es cuestionada. Ante las muertes en retenes carreteros ya se habían levantado voces exigiendo que se aboliera el fuero militar y que, en general, las fuerzas armadas rindieran mayores cuentas ante la justicia civil. De la misma forma, la interpretación de los poderes presidenciales –basada en tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y de la Ley Federal de Armas de Fuego que permiten que los soldados realicen tareas de seguridad, ha estado bajo cuestionamiento desde hace años. Sin embargo, en las últimas semanas, cuando no meses, se aprecia un cambio profundo en la marea política. Es natural que esto cree la percepción entre los mandos militares de que la doctrina legal y política que los había legitimado bien pueda cambiar en su contra en los próximos años.

De lado del Congreso, desde las primeras negociaciones de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional tanto legisladores del PRI como del PRD consideraron que la reforma solicitada por el Ejecutivo crearía un estado de excepción "light", que permitiría al Ejército hacer uso pleno de capacidades de inteligencia sin supervisión judicial (intervenciones telefónicas e interrogatorios) y podría hacer persecuciones cuando lo considerara pertinente. Si bien lo cierto es que ninguna fuerza política quisiera quedar mal con el Ejército, es un hecho que este tipo de facultades abrían paso a la posibilidad de incontables abusos. Se entiende entonces el porqué a pesar de la presión, haya escasa voluntad de crear un marco normativo al vapor para el Ejército. Así las cosas, es de esperarse que éste permanezca en las calles durante algún tiempo más sin ninguna clase de respaldo jurídico sólido. Y la posibilidad permanente de una futura comisión de la verdad permanecerá sobre la cabeza de cada mando involucrado. Esta no es una situación deseable, pero tampoco lo sería otorgarles carta blanca desde ahora.

Cortesía de CIDAC.

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