Actualmente, en promedio el 90% del presupuesto que ejercen los gobiernos federal y estatales se destina a gasto corriente y a financiar el crecimiento exponencial de su burocracia. En cambio, menos del 10% de los recursos son destinados al financiamiento de obras de infraestructura estratégica para la vida diaria de los ciudadanos, como el agua potable, el drenaje, o bien la construcción de diques.
Los gobiernos locales tienen pocos incentivos para gastar los recursos públicos en obras de infraestructura que no les reditúen en lo electoral. Además, el dinero proveniente de los fondos de desastres naturales les permiten ejercer una gran cantidad de recursos adicionales a su presupuesto ordinario sin control alguno. Esto alinea los incentivos para que se descuide la estrategia de prevención, ya que en caso de presentarse alguna contingencia, bastará un mínimo de presión política y mediática para hacer que la federación determine que son necesarios los recursos para enfrentar la crisis.
El caso más ejemplar de esta situación es Tabasco, frecuente víctima de fenómenos naturales y beneficiario permanente del fondo de desastres naturales. En dicha entidad por ejemplo, menos del 5% del total del presupuesto disponible es destinado al financiamiento de infraestructura y en especial, a aquella que puede evitar daños materiales y pérdidas de vidas humanas por huracanes, inundaciones o deslaves. Si bien Tabasco es el extremo, ni Distrito Federal, ni Estado de México, ni Michoacán son la excepción.
Las dos batallas de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez padece dos batallas. La primera es la del crimen organizado, que utiliza a las pandillas de la ciudad para ajustar cuentas y ha llevado el número de asesinatos a niveles récord. La segunda es la política, que por si fuera poco tiene dos frentes: el del PRI y el PAN, que pelean la gubernatura y que quieren colgarse el mérito de los fondos que pudieran llegar a la ciudad; y el del Gobierno Federal contra sus críticos, que apuntan una y otra vez a Ciudad Juárez como ejemplo del fracaso de la estrategia de seguridad en general.
Ninguna de estas batallas le reportará mayor beneficio a los habitantes de Ciudad Juárez. Ni el traslado o “presencia” de poderes a la ciudad con que el gobernador Reyes Baeza pretende crear la doble ilusión: que su estado no está ocupado por fuerzas federales y que él gobierna. Tampoco las visitas de alto nivel tendrán mayor efecto sobre la situación en el terreno –ni sobre la estrategia que se viene ejecutando.
Al margen de cambios retóricos, la estrategia del Gobierno Federal es básicamente la misma desde el principio: tomar el control del terreno para ver si es posible abatir la violencia contra la población civil. La única duda es si la Policía Federal tendrá éxito donde falló el Ejército, pero aún falta tiempo para determinar eso. De la misma forma, aunque ahora reciba un espaldarazo público, la implementación de programas sociales vía SEDESOL, SEP y Salud ya venía realizándose desde el principio. Es así que el reclamo de “reparar el tejido social” podría tener más que ver con el hecho de que en época de elecciones cualquier transferencia es un recurso electoral valioso, para todos los bandos.
Así las cosas, la muerte de 16 jóvenes –y el consecuente traspié verbal del Gobierno Federal– sirvió como catalizador de grandes gestos y, como en el caso del líder del PAN, denuncias estridentes y obvias, pero no aporta elementos para pensar en un cambio fundamental de estrategia. Ciudad Juárez es un botín político y criminal. Y es probable que nada cambie en el corto plazo.
Cortesía de CIDAC. www.cidac.org
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