Semana política

Gobierno Federal: austero programa de ahorro. El Ejecutivo Federal cumplió con presentar un Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. Sin embargo hizo poco por ir más allá del cumplimiento. Y es que la obligación del Ejecutivo –establecida por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010– es presentar un programa de alcance plurianual, que disminuya el gasto de operación y compacte sus estructuras administrativas cuidando que no se afecte la prestación de servicios públicos ni la operación de programas sustantivos. Pero en ningún momento está obligado a establecer una meta específica de ahorro (ni en términos absolutos, ni relativos respecto al PEF). Por lo tanto cualquier nivel de ahorro es suficiente para cumplir con el mandato.

El recorte de 40,100 millones de pesos propuesto en el gasto del Gobierno Federal de inmediato fue calificado de insuficiente por legisladores del PRI. Y los reclamos son comprensibles considerando que los ahorros deberán ser canalizados al rubro de inversión. Ello es relevante toda vez que el gasto en inversión puede realizarse en los estados, sin duda conveniente para el PRI. Además, el gasto del próximo año será clave en el proceso electoral del 2012.

Más allá de la los reclamos entre políticos, lo cierto es que un programa de ahorro que no contemple un reajuste de metas, tanto relativas al Plan Nacional de Desarrollo como a los distintos programas estratégicos, sólo habrá recortado gasto sin ningún efecto programático. Es decir, no hará más eficiente ni la estructura burocrática ni los programas públicos.

Ciudad Juárez: muchas hipótesis poca claridad. Es difícil entender, a tan pocos días de los hechos y dado el estado de las investigaciones, las motivaciones para asesinar a tres ciudadanos estadounidenses en Ciudad Juárez. Las hipótesis sobran: algún narcotraficante quiso enviar un mensaje a las autoridades estadounidenses y mexicanas; un grupo criminal ajeno al control local quiso “calentarle la plaza” a quien la domina; los asesinados podrían haber estado involucrados con el narcotráfico. Inclinarse por cualquiera de ellas es prematuro, incluso para el Gobierno Federal, que en esta ocasión optó por no victimizar a las victimas como en ocasiones previas, desde luego motivado por la presión que implica su ciudadanía.

Esta clase de sucesos obliga al Gobierno estadounidense, incluso a uno de discurso moderado y conciliador como el de Obama, a hacer sentir su peso, si bien con un discurso de apoyo al Gobierno mexicano, también de indignación y crítica. Además, lo obliga a explorar las alternativas –diplomáticas o no– para perseguir y condenar a los asesinos, de preferencia en una corte estadounidense.

La respuesta del Gobierno mexicano resultó predecible. Primero, la defensa retórica de la soberanía nacional y la ronda de recriminaciones al consumo de drogas en EU y a la supuesta pasividad de su gobierno frente al flujo de armas y efectivo que pasa por la frontera –argumentos que, sorprendentemente, ya han comenzado a abrirse paso en los medios estadounidenses. Un discurso que busca repartir culpa e incorporar al gobierno norteamericano en la solución del problema, pero sólo en la medida en que su involucramiento no se convierta en un alud de críticas.

Segundo, el presidente Calderón presentó el programa de apoyos sociales al que ya se había comprometido en su última visita a Ciudad Juárez. Estos apoyos tienen la finalidad de introducir un componente social en la estrategia –bajo la hipótesis de que el apoyo económico del gobierno puede regenerar el tejido social. Sin embargo, si algún efecto podría tener esta estrategia en los niveles de violencia, no será visible en el corto plazo.

Cortesía de CIDAC.

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