La aprobación definitiva por parte del Senado de la nueva ley de telecomunicaciones, sucedida en estos últimos días, representa una importante victoria política para Cristina Kirchner. Sin embargo, el proyecto de ley elaborado por el gobierno el pasado agosto se presenta como centro de un debate todavía latente en el interior del país, que ha implicado tanto a los grupos de la oposición como a los principales grupos mediáticos, con Clarín alineado en primera linea. Estas polémicas se insertan en un contexto en el que el consenso alrededor del jefe del estado aparece más bien poco sólido, como demuestran los resultados de las elecciones desarrolladas el pasado junio en las que los kirchneristas han perdido la mayoría tanto a la Cámara de los Diputados como al Senado’y debido también al modo en el que el gobierno ha afrontado la difícil cuestión sobre las protestas de los agricultores.
Las protestas contra la nueva ley
El impacto que tendrá la nueva ley de telecomunicaciones, aprobada el pasado 10 de octubre, sobre los principales grupos mediáticos del país no es irrelevante. Interviene en sustitución de una normativa en vigor desde los tiempos de la última dictadura militar, y actúa sobre la concesión de licencias, para el abastecimiento de los servicios de televisión y de radio, que un simple propietario puede tener a nivel nacional, limitándose notablemente por la cantidad, ya que el máximo previsto para la nueva normativa es de 10 licencias. El objetivo de la nueva ley, según declaraciones del gobierno, será la de democratizar, definitivamente, la comunicación en Argentina a través del aumento de la competición, dando la posibilidad de accesos más frecuentes a aquellos actores menos conocidos. Estos últimos, hasta hoy, se concentraban en las manos de los cuatro grupos madiáticos más grandes del país que controlaban más del 80% de las licencias y que ahora, sufrirán fuertes repercusiones, en cuanto estarán obligados a vender parte de sus actividades en el tiempo de un año. Con la nueva ley se ha querido eliminar el precedente sistema oligopolístico, previendo que el 50% de las licencias se dirijan a los privados y la parte restante se subdivida entre el Estado y las organizaciones sin ánimo de lucro. No sorprende, entonces, que la aprobación del nuevo texto normativo, sea de todo menos pacífica. Las críticas son numerosas. Algunos sectores de la oposición ‒en particular la Unión Cívica Radical (UCR) ven en la nueva normativa, el instrumento a través del cual el gobierno adquirirá un mayor control sobre los medios.Particularmente criticados son los artículos 14 y 32. El primero prevé la institución de la Autoridad de Aplicación, que controlará la conceción de las licencias. La propuesta inicial, que establecía que el organismo estuviera compuesto por solo 5 miembros (3 nombrados por el gobierno y 2 por la oposición), ha sido rechazada por la oposición en cuanto que atribuía al ejecutivo una posición preponderante al interno de la comisión. Aunque la composición de la Autoridad se haya extendido a 7 miembros (2 nombrados por el gobierno, 3 por la oposición y 2 por el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual), los partidos de la oposición continúan a pedir mayor transparencia en el proceso de formación del organismo, rechazando la designación de los miembros hasta el 10 de diciembre, fecha en la que cambiará la composición del Congreso. El artículo 32 atribuye, por el contrario, al gobierno, la facultad de asignar las licencias en las ciudades con más de 500.000 habitantes.El procedimiento por el que ha sido aprobada la ley finalmente, ha suscitado dudas sobre su regularidad. El UCR, de hecho, ha denunciado tanto las presuntas presiones ejercidas por el gobierno sobre algunos diputados como el hecho de que el texto normativo haya sufrido correcciones después de haber sido publicado en el Boletín Oficial. En cualquier caso, la ley de telecomunicaciones constituye un importante instrumento para que los Kirchner puedan mantener su influencia política, sobre todo, en vista a la constitución de la nueva Cámara legislativa que se incorporará en dos meses y en la que el gobierno estará en minoría.
Las consecuencias del Telecom y de Telefónica
El texto definitivo de la ley de telecomunicaciones, excluye la posibilidad de que las compañías telefónicas del país, Telefónica y Telecom, puedan introducirse en el sector de los servicios video trámite cable telefónico. Se trata de una modificación al proyecto originario, elaborado por el gobierno, necesaria para los Kirchner para obtener un mayor apoyo del Congreso y que rechaza las acusasiones de las fuerzas de centroizquierda, que han sostenido que el proyecto de ley haya sido elaborado a propósito para Telecom Argentina. Por lo que parece que los Kirchner quieran tener tanto el control de la compañía de telecomunicaciones como la adquisición de sujetos cercanos a ellos, que pudieran obtener las acciones que Telecom Italia ha sido obligada a vender, tras la decisión de la autoridad antitrust argentina. La disputa entre esta última y la compañía telefónica italiana se mantiene ya, desde hace bastante tiempo. Ésta tiene mayores acciones que las que la sociedad española Telefónica pueda tener al interno de Telco Consortium, que a su vez, ha adquirido hace dos años, una cuota aproximada de 24,7% de Telecom Italia. Esta última ocupa una posición de mayoría en Sofora Telecomunicaciones, la holding que controla Telecom Argentina. Esta dura jerarquía de participaciones, en la que Telefónica contolaría indirectamente, Telecom Argentina, ha dado lugar a acusaciones de conflictos de intereses con Telefónica Argentina, compañía de telecomunicaicones de la propiedad del Grupo Telefónica y principal concurrente de Telecom Argentina, en el sector de la telefonía fija desde que, en los años 90, fue eliminado el monopolio estatal de las telecomunicaciones. A pesar de que Telecom Italia haya negado en más de una ocasión, la existencia de cualquier tipo de influencia de la sociedad española en su filial argentina, el grupo argentino Werthein, accionario de minoría de Sofora Comunicaciones, ha emprendido una batalla legal contra la compañía italiana, denunciando la situación de monopolio. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ya intervino el pasado mes de abril, imponiendo a los consejeros de Telecom Italia la revocación de todas las decisiones tomadas en el Cda de Telecom Argentina a partir del 9 de enero de 2009, para evitar distorsiones por parte de la concurrencia y produciendo, al mismo tiempo, la inebitable parálisis de la actividad de la sociedad italiana en Argentina, que deberá operar sobre una desinversión, cediendo todas las actividades y los derechos que mantiene sobre Sofora.
La cuestión de los agricultores
La nueva normativa, según las fuerzas de la oposición, respondería a la intención del gobierno de afectar los intereses del Clarín, el más grande grupo mediático argentino, quitándoles así, la influencia en el interior del país. Si durante su presidencia, Néstor Kirchner ha podido gozar del apoyo del Clarín, las relaciones entre este último y el gobierno han comenzado a deteriorarse a partir de marzo de 2008, a causa de los críticos avances del gran grupo mediático al kirchenerismo, en mérito a la difícil cuestión del encuentro con el sector agrícola. Para dar paso a las protestas, el pasado año, fue decisión del gobierno el incrementar los impuestos sobre las exportaciones de los cereales, provocando un aumento de los costes de la producción, con grandes consecuencias sobre los agricultores (se considera que Argentina está entre los mayores exportadores de cereales) agravada por la caída internacional de los precios de las materias primas que reduce ulteriormente, los márgenes de provecho. La oleada de huelgas que obligó al gobierno a abrir un difícil diálogo con los representantes del sector agrícola hasta que, en julio de 2008, tras algunas decisiones tomadas en el interior del mismo peronismo y la relajación de algunas alianzas, estuvo obligado a dar marcha atrás en el aumento de los impuestos. A pesar de esto, las protestas de los agricultores no han cesado. Estos piden una política agrícola coherente, se oponen a la prórroga por parte del legislativo, de la facultad que atribuye al gobierno el poder fijar los impuestos sobre las exportaciones y proponen una reducción de los impuestos sobre las exportaciones de soja, maís y trigo, hasta la eliminación de los productos que no superen las 1.000 toneladas. El pasado mes de agosto, tras la bajada de producción del sector agrícola, debido también, a los daños provocados por los fenómenos climáticos, el Senado ha aprobado un plan de emergencia que prevé ayudas económicas. Sin embargo, aún la cuestión permanece abierta y los dirigentes agrícolas parecen fiarse del nuevo Congreso, que se constituirá después del 10 de diciembre, más que del actual, para adoptar iniciativas que mejoren la situación del sector, recuperando la capacidad productiva.
La nueva ley de telecomunicaciones constituye una importante meta legislativa para el gobierno, ya que consentirá a los Kirchner mantener fuerte, su influencia política en el interior del país incluso después del próximo 10 de diciembre, no gozando de la mayoría en el Congreso. Así, los resultados de las elecciones han mostrado que el gobierno está atravesando una fase de fuertes erosiones del consenso, debida, probablemente, a la insatisfacción con respecto a las duras decisiones con las que los Kirchner han afrontado cuestiones espinosas. La crisis política acaecida con las protestas de los agricultores y las encendidas polémicas que han acompañado la aprobación del nuevo texto normativo de telecomunicaciones son la demostración de la actual debilidad del gobierno, cuya salvedad parece ser constituida, por el momento, por el aumento de alternativas creíbles, dada la fuerte asimetría con una oposición no compacta que no ocasionan protestas concretas para alcanzar el poder.
Las protestas contra la nueva ley
El impacto que tendrá la nueva ley de telecomunicaciones, aprobada el pasado 10 de octubre, sobre los principales grupos mediáticos del país no es irrelevante. Interviene en sustitución de una normativa en vigor desde los tiempos de la última dictadura militar, y actúa sobre la concesión de licencias, para el abastecimiento de los servicios de televisión y de radio, que un simple propietario puede tener a nivel nacional, limitándose notablemente por la cantidad, ya que el máximo previsto para la nueva normativa es de 10 licencias. El objetivo de la nueva ley, según declaraciones del gobierno, será la de democratizar, definitivamente, la comunicación en Argentina a través del aumento de la competición, dando la posibilidad de accesos más frecuentes a aquellos actores menos conocidos. Estos últimos, hasta hoy, se concentraban en las manos de los cuatro grupos madiáticos más grandes del país que controlaban más del 80% de las licencias y que ahora, sufrirán fuertes repercusiones, en cuanto estarán obligados a vender parte de sus actividades en el tiempo de un año. Con la nueva ley se ha querido eliminar el precedente sistema oligopolístico, previendo que el 50% de las licencias se dirijan a los privados y la parte restante se subdivida entre el Estado y las organizaciones sin ánimo de lucro. No sorprende, entonces, que la aprobación del nuevo texto normativo, sea de todo menos pacífica. Las críticas son numerosas. Algunos sectores de la oposición ‒en particular la Unión Cívica Radical (UCR) ven en la nueva normativa, el instrumento a través del cual el gobierno adquirirá un mayor control sobre los medios.Particularmente criticados son los artículos 14 y 32. El primero prevé la institución de la Autoridad de Aplicación, que controlará la conceción de las licencias. La propuesta inicial, que establecía que el organismo estuviera compuesto por solo 5 miembros (3 nombrados por el gobierno y 2 por la oposición), ha sido rechazada por la oposición en cuanto que atribuía al ejecutivo una posición preponderante al interno de la comisión. Aunque la composición de la Autoridad se haya extendido a 7 miembros (2 nombrados por el gobierno, 3 por la oposición y 2 por el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual), los partidos de la oposición continúan a pedir mayor transparencia en el proceso de formación del organismo, rechazando la designación de los miembros hasta el 10 de diciembre, fecha en la que cambiará la composición del Congreso. El artículo 32 atribuye, por el contrario, al gobierno, la facultad de asignar las licencias en las ciudades con más de 500.000 habitantes.El procedimiento por el que ha sido aprobada la ley finalmente, ha suscitado dudas sobre su regularidad. El UCR, de hecho, ha denunciado tanto las presuntas presiones ejercidas por el gobierno sobre algunos diputados como el hecho de que el texto normativo haya sufrido correcciones después de haber sido publicado en el Boletín Oficial. En cualquier caso, la ley de telecomunicaciones constituye un importante instrumento para que los Kirchner puedan mantener su influencia política, sobre todo, en vista a la constitución de la nueva Cámara legislativa que se incorporará en dos meses y en la que el gobierno estará en minoría.
Las consecuencias del Telecom y de Telefónica
El texto definitivo de la ley de telecomunicaciones, excluye la posibilidad de que las compañías telefónicas del país, Telefónica y Telecom, puedan introducirse en el sector de los servicios video trámite cable telefónico. Se trata de una modificación al proyecto originario, elaborado por el gobierno, necesaria para los Kirchner para obtener un mayor apoyo del Congreso y que rechaza las acusasiones de las fuerzas de centroizquierda, que han sostenido que el proyecto de ley haya sido elaborado a propósito para Telecom Argentina. Por lo que parece que los Kirchner quieran tener tanto el control de la compañía de telecomunicaciones como la adquisición de sujetos cercanos a ellos, que pudieran obtener las acciones que Telecom Italia ha sido obligada a vender, tras la decisión de la autoridad antitrust argentina. La disputa entre esta última y la compañía telefónica italiana se mantiene ya, desde hace bastante tiempo. Ésta tiene mayores acciones que las que la sociedad española Telefónica pueda tener al interno de Telco Consortium, que a su vez, ha adquirido hace dos años, una cuota aproximada de 24,7% de Telecom Italia. Esta última ocupa una posición de mayoría en Sofora Telecomunicaciones, la holding que controla Telecom Argentina. Esta dura jerarquía de participaciones, en la que Telefónica contolaría indirectamente, Telecom Argentina, ha dado lugar a acusaciones de conflictos de intereses con Telefónica Argentina, compañía de telecomunicaicones de la propiedad del Grupo Telefónica y principal concurrente de Telecom Argentina, en el sector de la telefonía fija desde que, en los años 90, fue eliminado el monopolio estatal de las telecomunicaciones. A pesar de que Telecom Italia haya negado en más de una ocasión, la existencia de cualquier tipo de influencia de la sociedad española en su filial argentina, el grupo argentino Werthein, accionario de minoría de Sofora Comunicaciones, ha emprendido una batalla legal contra la compañía italiana, denunciando la situación de monopolio. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ya intervino el pasado mes de abril, imponiendo a los consejeros de Telecom Italia la revocación de todas las decisiones tomadas en el Cda de Telecom Argentina a partir del 9 de enero de 2009, para evitar distorsiones por parte de la concurrencia y produciendo, al mismo tiempo, la inebitable parálisis de la actividad de la sociedad italiana en Argentina, que deberá operar sobre una desinversión, cediendo todas las actividades y los derechos que mantiene sobre Sofora.
La cuestión de los agricultores
La nueva normativa, según las fuerzas de la oposición, respondería a la intención del gobierno de afectar los intereses del Clarín, el más grande grupo mediático argentino, quitándoles así, la influencia en el interior del país. Si durante su presidencia, Néstor Kirchner ha podido gozar del apoyo del Clarín, las relaciones entre este último y el gobierno han comenzado a deteriorarse a partir de marzo de 2008, a causa de los críticos avances del gran grupo mediático al kirchenerismo, en mérito a la difícil cuestión del encuentro con el sector agrícola. Para dar paso a las protestas, el pasado año, fue decisión del gobierno el incrementar los impuestos sobre las exportaciones de los cereales, provocando un aumento de los costes de la producción, con grandes consecuencias sobre los agricultores (se considera que Argentina está entre los mayores exportadores de cereales) agravada por la caída internacional de los precios de las materias primas que reduce ulteriormente, los márgenes de provecho. La oleada de huelgas que obligó al gobierno a abrir un difícil diálogo con los representantes del sector agrícola hasta que, en julio de 2008, tras algunas decisiones tomadas en el interior del mismo peronismo y la relajación de algunas alianzas, estuvo obligado a dar marcha atrás en el aumento de los impuestos. A pesar de esto, las protestas de los agricultores no han cesado. Estos piden una política agrícola coherente, se oponen a la prórroga por parte del legislativo, de la facultad que atribuye al gobierno el poder fijar los impuestos sobre las exportaciones y proponen una reducción de los impuestos sobre las exportaciones de soja, maís y trigo, hasta la eliminación de los productos que no superen las 1.000 toneladas. El pasado mes de agosto, tras la bajada de producción del sector agrícola, debido también, a los daños provocados por los fenómenos climáticos, el Senado ha aprobado un plan de emergencia que prevé ayudas económicas. Sin embargo, aún la cuestión permanece abierta y los dirigentes agrícolas parecen fiarse del nuevo Congreso, que se constituirá después del 10 de diciembre, más que del actual, para adoptar iniciativas que mejoren la situación del sector, recuperando la capacidad productiva.
La nueva ley de telecomunicaciones constituye una importante meta legislativa para el gobierno, ya que consentirá a los Kirchner mantener fuerte, su influencia política en el interior del país incluso después del próximo 10 de diciembre, no gozando de la mayoría en el Congreso. Así, los resultados de las elecciones han mostrado que el gobierno está atravesando una fase de fuertes erosiones del consenso, debida, probablemente, a la insatisfacción con respecto a las duras decisiones con las que los Kirchner han afrontado cuestiones espinosas. La crisis política acaecida con las protestas de los agricultores y las encendidas polémicas que han acompañado la aprobación del nuevo texto normativo de telecomunicaciones son la demostración de la actual debilidad del gobierno, cuya salvedad parece ser constituida, por el momento, por el aumento de alternativas creíbles, dada la fuerte asimetría con una oposición no compacta que no ocasionan protestas concretas para alcanzar el poder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario