Millares de personas continúan siendo detenidas sin pruebas, como activistas de los derecho humanos o exponentes asalariados de importantes ONG por el simple hecho de promover actividades, ya que pueden poner en peligro la seguridad y la estabilidad del país. Desde Tel Aviv hasta Beirut y de Damasco a Teherán, los derechos fundamentales del hombre son constantemente violados y deteriorados, alarmando no sólo a la población que lo padece si no también a la opinión pública mundial. Aunque en los últimos años han tenido lugar hechos que conllevan a importantes progresos, como la aceptación de las Organizaciones No Gubernamentales, un mayor número de controles o las mejoras en el trato de las minorías étnicas y religiosas (siempre con excepciones), la situación en Medio Oriente sigue siendo dramática y alarmante. Las principales violaciones halladas por las ONG presentes en varios países comprenden condiciones deshumanas y degradantes sufridas por los detenidos, políticos e ideológicos, en las prisiones de Irán, Arabia Saudí, Siria e Israel.
El caso iraní: limitación de la libertad de expresión
Las elecciones presidenciales de junio de 2009 han aclarado y manifestado al mundo entero las gravísimas limitaciones a la libertad de expresión y las constantes vejaciones que los manifestantes, a favor de las reformas, continúan padeciendo actualmente. Organizaciones acreditadas por la tutela de los derechos humanos estiman que cerca de 4.000 personas han sido arrestadas justo después de que explotase el desorden entre los meses de junio y julio del año pasado, de estos detenidos más de trescientos permanecen encarcelados con la excusa de haber amenazado la estabilidad del régimen a través de manifestaciones subversivas y no autorizadas. Aparece de nuevo, una vez más, el eterno temor y la innata paranoia del gobierno de Teherán relativa a la posibilidad de que el Think Tank, centro de análisis y organizaciones humanitarias, apoyado y patrocinado por los Estados Unidos, pueda amenazar y debilitar los fundamentos del régimen islámico en la república iraní. Sin embargo, las acusaciones de los ayatolá son poco creíbles, lo que aparece en los informes recientes es la sistemática violación de cualquier norma y la convención internacional relacionada a la situación de los detenidos en las cárceles iraníes como torturas, limitaciones procesales, aislamientos prolongados y procesos injustos que están a la orden del día.
Después de cerrar la cárcel de Kahrizah, hecho llevado a cabo en julio por voluntad del ayatolá Jamenei con intención de sofocar las tensiones, alrededor de 140 prisioneros fueron liberados y el resto transferidos a la cárcel de máxima seguridad de Evin. Las confesiones de los detenidos liberados no dejaron dudas acerca de las atrocidades cometidas por los guardias carcelarios para obtener confesiones públicas, como privación del sueño, golpes con bastones, abusos sexuales, descargas eléctricas, aislamiento en estancias de poco más de cuatro metros cuadrados (a causa de la saturación de las cárceles), imposibilidad de encuentros con abogados para organizar la defensa, así como la imposibilidad de tener contacto con el mundo exterior (mucho menos con los familiares), métodos tolerados para forzar al prisionero a confesar públicamente y conseguir consecuentemente su encarcelación, en algunos casos llegando a la pena de muerte. Resulta evidente como estas medidas no son más que una estrategia de las autoridades iraníes para reprimir cualquier opinión disidente, para unificar el pensamiento político y la ideología de la población cansada de continuas vejaciones y limitaciones de sus libertades fundamentales y de algunos derechos universales reconocidos. A pesar de todo, las noticias de los últimos días demuestran como la mayoría de las veces dicho clima de terror no desanima a la población, si no que les incita a luchar de nuevo para hacer respetar sus propias ideas. Es este el espíritu que habría que observar puesto que "la oleada verde" de Teherán, en las últimas horas, está demostrando de nuevo toda su vitalidad.
Análisis cross-country: Arabia Saudí, Siria e Israel
La situación que transcurre en Arabia Saudí y en Siria no es muy diferente a la que se presenta en Irán. En los últimos años, los trabajadores inmigrantes en Arabia Saudí han ascendido a unos seis millones y medio y la mayoría ha sido víctima de explotación y de abusos, la justicia sostiene el secreto y su posibilidad de tomar medidas es incierta y por completo un sumario. Además, las torturas y los maltratos por parte de los guardias carcelarios sobre los detenidos, son cada vez más comunes, sistemáticos y confusos, saliendo, en la mayoría de las ocasiones, impunes de sus acciones. Las medidas tomadas por la corona de Riad ante los actos terroristas, el programa PRAC (que entre otras disposiciones, prevé la creación de cinco nuevas cárceles debido a la saturación con la que cuentan actualmente las cárceles; al contrario que en el Líbano donde los detenidos son literalmente amontonados en estrechas celdas), mantiene oculta una posible presiada información, continuas violaciones a los derechos humanos se repiten, cerca de 350 personas en los últimos años han sido arrestadas y aún hoy se encuentran detenidas por ser considerados próximos a organizaciones terroristas, aproximándose incluso a la pena de muerte. El proyecto counter-terrorism saudí no puede y no debe de ningún modo interferir en el reglamento de la justicia del país. Fuentes fiables estiman que desde el 2001 hasta hoy, los detenidos que son maltratados y privados de sus derechos fundamentales han pasado de ser unos pocos casos a convertirse en millares. Desde el 2007 hasta hoy cerca de 9.000 detenidos han visto sus derechos anulados y casi 3.000, se encuentran aún en estado detentivo. El gobierno saudí comenzó en 2007 una sustancial reforma de la justicia no respetando, sin embargo, los estándares internacionales y no codificando su código penal y los procedimientos a seguir. La impresión de los ojos observadores internacionales es que la aplicación de las medidas antiterroristas no se apoyan sobre las mismas líneas que los derechos generales, así los procesos y las libertades básicas como la de expresión, se encuentran constantemente en discusión.
Palizas, descargas eléctricas, suspensión de un sitio con techo y privación a dormir, reclusión en pequeñas celdas carentes de una ventilación adecuada, sin una apropiada asistencia sanitaria, provocando la difusión de enfermedades como la pulmonía o la tuberculosis y causando numerosas muertes por la escasez de tratamientos médicos, así es la situación, también en Siria. En los tres países, los imputados raramente tienen acceso a una asistencia legal, siendo condenados por simples y dudosas confesiones realizadas bajo coacción y maltrato. A diferencia de Siria e Irán, el reino saudí firmó, en 1997, la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y el trato inhumano y degradante, sin repudiar estas prácticas con el fin de salvaguardar el interés nacional y la seguridad del país. Centenares de personas en Arabia Saudí y en Siria han sido arrestadas por razones políticas, permaneciendo encarcelados sin proceso, presentando como acusación "la transmisión de noticias falsas que podrían ensuciar la moral del país" o bien siendo consideradas responsables de "provocar la guerra civil o la lucha sectaria". El 30 de septiembre del pasado año, el gobierno de Damasco ha emitido el decreto legislativo número 69, en el cual se confiere la inmunidad de los procesos judiciales a los funcionarios de la seguridad, de la policía y de la aduana para los presos involucrados en el desarrollo de sus funciones, tolerando y legitimando de este modo, las torturas y los maltratos en los ámbitos carcelarios, provocando como consecuencia, una tarea difícil y delicada y de promoción de los derechos humanos, a las ONG que operan en el país.
La situación iraelí se ha agravado el pasado 27 de diciembre con la ofensiva militar lanzada contra los territorios palestinos -operación contra la Operación Plomo Fundido- que han endurecido las condiciones de millares de ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza y de Cisjordania, generando una verdadera catástrofe humana. Enfermos en graves condiciones, con la necesidad de un inminente uso de medicamentos han muerto, ya que han sido atrapados en el interior de los territorios palestinos por los bloqueos israelíes. Centenares de palestinos han sido detenidos e incomunicados (esto es, sin posibilidad de contacto con el exterior, ni con abogados, ni con los propios familiares) por las fuerzas militares islaeríes en territorios palestinos ocupados. De los cerca 8000 palestinos arrestados durante todo el 2008, aún encarcelados en las prisiones de Tel Aviv, más de 300 son niños retenidos sin un proceso justo y sin acusaciones fiables, que se fundan en las violaciones a los derechos internacionales humanos. También Israel, como Arabia Saudí, es miembro de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, desde septiembre de 1991. Aunque, ni siquiera esto ha impedido a Tel Aviv poder continuar con estas atroces prácticas como es la privación del sueño, la rotura de los miembros, amenazas con el bienestar de sus familiares y la obligación a permanecer en posiciones forzadas y dolorosas durante largos periodos con el objetivo de obligar a los detenidos a confesar acciones o admitir que pertenecen a grupos políticos o ideológicos determinados contrarios al gobierno de Tel Aviv -utilizados como pruebas principales en los procesos- siendo, por lo tanto estos últimos, responsables de la amenaza a la seguridad y al orden interno del estado. Como en Siria, también en Israel en los procesos judiciales, al contrario que en las fuerzas armadas, en la policía y en la guardia de fronteras, son muy raros los casos en los que existen jefes de la acusación, la pena que se requiere es la mínima. En vez de ser acusados, y por lo tanto detenidos por ejemplo, por homicidio voluntario, los tribunales realizan, a las autoridades acusadas, amenazas más leves de las del homicidio por las que son imputados, deteniéndolos solo por pocos meses y consintiéndoles disfrutar de todos los derechos de los procesos penales, reconocidos internacionalmente, negados a los prisioneros palestinos y a los israelinos que desafían a las autoridades del país contestando y criticando las barbaries perpetradas por los propios gobernantes.
La medida principal que los gobiernos de estos países deberían tomar con la mayor brevedad posible, es modificar sustancialmente sus ordenamientos jurídicos internos, de forma que se puedan mejorar urgentemente las condiciones de los detenidos, anteponiéndolo a las pretensiones de salvaguardar los intereses y la seguridad nacional. Limitar la libertad de expresión y comprimir la tutela y la garantía de los principales derechos fundamentales es un problema que, por una parte genera una constante inestabilidad, ejemplo excelente del caso iraní, y por otra, amenaza con dejar en manos de los mismos gobernantes la precaria credibilidad internacional que tienen estos países en relación a la opinión pública mundial y los principales centros de poder global, válido tanto para Israel como para la República Islámica de Ahmadineyad.
El pasado mes de febrero, la Corte Europea de los Derechos Humanos he emitido una histórica sentencia en la cual se reafirma de forma absoluta que está prohibida la tortura y cualquier tipo de trato inhumano y degradante. La Corte ha reiterado el peligro que representa el terrorismo, o en el caso del mundo árabe, los presuntos actos terroristas que no deben poner en duda la naturaleza de dicha obligación, destacando como "los conceptos de riesgo y de peligro no pueden asimilarse según el grado de peligro que presente la persona incriminada". A parte de la Corte, las Naciones Unidas se han pronunciado dentro de la citada Convención, en contra de la tortura. En diciembre de 2007 fue aprobada una moratoria contra la pena de muerte donde Arabia Saudí, Irán e Irak, además de otros países árabes, no se incorporaron. La cuestión fundamental gira en torno al cómo pueden actuar estas organizaciones internacionales para impedir la ejecución de dichas violaciones.
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