Semana Política

29 de febrero de 2012.

Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.

1. Durango o el tiradero del Narco.

2. Secuestros a la alza.

3. El enigma de la Rendición de Cuentas.

Durango o el tiradero del Narco. La frase es de una columna política del Excelsior, pero indica cierta dosis de realidad: desde 2011 el número total de cadáveres encontrados en ese estado en fosas clandestinas ronda los 300, según ha informado Sonia Yadira de la Garza, fiscal de ese estado. (Algunos elevan la cifra a 328, pero es parte de este drama, ni a la hora de contar muertos ya salen cuentas uniformes). En total, en poco menos de un año Durango han encontrado 14 "narcofosas", es decir, 14 lugares en donde los criminales han inaugurado su propio cementerio para desaparecer, al menos durante meses, a quienes han asesinado. El 19 de diciembre pasado se encontró la fosa del ejido de Cristóbal Colón, al norte de la capital del estado. Cuando se descubrió ese sitio fueron diez los cuerpos que se encontraron. Este lunes la fiscal dijo que tras seguir las investigaciones, desenterraron otros 40. De los cientos de cuerpos hallados en las fosas de Durango, solo 42 han sido entregados a sus familiares. De la Garza ha dicho a los medios que cree que la gran mayoría de esos cadáveres son gente nacida en Durango, pues las dentaduras de los cuerpos muestran el tono amarillento propio de la fluorosis, que afecta a los de la región debido al agua que beben. Pero el drama de los cuerpos hallados en fosas clandestinas está lejos de ser exclusivo de Durango. Al inicio de febrero, en Veracruz, y tras la detención de un presunto integrante de Los Zetas fue encontrada una fosa con 15 cuerpos. Los entierros clandestinos relacionados al crimen organizado han sido localizados principalmente en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Durango, Morelos, Guerrero Michoacán y Oaxaca, de acuerdo con el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2006 al 2011 sobre Narcofosas. Aún así, la situación en Durango dista mucho de ser como la de Chihuahua: el gobernador del estado, César Duarte Jáquez, entregó al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, un expediente con el perfil genético de 791 osamentas, a fin de integrarlas a un registro nacional de más de 8 mil cuerpos que se mantienen sin identificar en todo el país. Siendo Chihuahua el estado con más narcofosas, a principios de mes, el gobierno de Chihuahua y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmaron un convenio para identificación mediante registros de ADN, de osamentas humanas que aún no han sido identificadas y, por tanto, no han sido reclamadas por algún familiar. El caso de Chihuahua nos recuerda, a su vez, que este problema además no es nuevo. "Clamor por los desaparecidos", titulaba Proceso en una crónica en donde establecía que diversas organizaciones de derechos humanos del norte de la república elaboraron un alarmante informe sobre las desapariciones forzadas, especialmente en Tamaulipas: la mayoría son colectivas, de personas de alrededor de 30 años, y las denuncias de estos casos son ignoradas o estigmatizadas. El hallazgo de más de cien cadáveres en fosas clandestinas en San Fernando apuntala los datos del informe y, además, dicen sus autores, es 'la punta del iceberg de una realidad que debe ser atendida por organismos internacionales', porque en el país no hay experiencia ni intención de buscar a los desaparecidos. Quizá la única diferencia entre Durango y los demás estados sea que el miedo en esa región, según algunos testimonios, es aún más fuerte que la voluntad de las familias para reclamar a las autoridades de manera organizada sobre el paradero de sus seres queridos. Parece que también en el mundo del terror hay niveles.

Secuestros a la alza. El secuestro es el delito que más genera percepción de inseguridad en la población de México. Así lo sostiene el Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, un think tank que presentó hace unos días el estudio 8 delitos primero, mediante el cual logró establecer que de 33 delitos, son 8 los que realmente impactan en la percepción de inseguridad de los mexicanos. Según este informe, se requiere de 8 homicidios con la marca de la delincuencia organizada, o de 112 robos de vehículos con violencia, para generar el mismo sentimiento de vulnerabilidad en una comunidad que provocan tan solo 2 secuestros. Si este índice está en lo correcto, México está en graves aprietos: en paralelo con el estudio del CIDAC, la semana pasada el gobierno informó que en el segundo semestre de 2011 los secuestros aumentaron 23 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, una realidad que hará crecer de manera vertiginosa la sensación de vulnerabilidad en este país. Esto significa que en la segunda mitad de 2011 se registraron mil 239 secuestros en México, en comparación con los mil cuatro casos de los que se tuvo registro en el mismo periodo en 2010. Los estados con mayores reportes de este delito fueron: Según estos datos, los estados de la Federación más afectados son: el Estado de México con 170 casos, Tamaulipas con 145, Guerrero con 99 y Michoacán con 95. El modelo creado por el CIDAC pretende, entre otras cosas, que la opinión pública tenga un referente mediante el cual pueda medir de manera diferenciada el impacto de los diversos hechos delictivos. “Si tenemos información sobre cuáles son los delitos que más afectan la percepción ¿estaríamos dispuestos a que estos sean atendidos antes?”, se cuestionaba Verónica Baz, directora del CIDAC. Aunque ellos apuestan que si, no hay que perder de vista que en México las cifras oficiales sobre inseguridad nos dicen poco. Las razones son muchas y van desde la no-denuncia hasta la falta de capacidad de los estados para registrar los delitos de tal forma que se puedan hacer comparaciones en el tiempo. En los últimos meses la presión de diversos investigadores y medios de comunicación ha logrado que el gobierno mexicano organice y publique información sobre los homicidios relacionados con el combate a las bandas criminales. Esos datos empiezan a constituirse en un barómetro que ayuda a comprender la dimensión del reto de inseguridad que se vive en el país. Reto que es más complejo si añadimos que al dar los datos del secuestro, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega, el incremento de los secuestros se debe a la "creciente diversificación de las actividades de las organizaciones criminales.

El enigma de la Rendición de Cuentas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano autónomo del Congreso de la Unión, dio a conocer los resultados de las auditorías realizadas a distintas instancias de gobierno seleccionadas para ser fiscalizadas. En éstas se han podido observar manejos de recursos al margen de la normatividad en donde están involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno y de los distintos partidos políticos. Esto ha resultado en 98 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de poco más de 326 millones de pesos en el ejercicio presupuestario de 2010. Esta información adquiere aún más relevancia, dado el periodo electoral en el que se encuentra el país, pues sirve como material para descalificaciones y ataques entre las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, más allá del conflicto político, lo cierto es que persisten diversos elementos que dan a entender que el proceso de rendición de cuentas en este país es un completo enigma. Creada en 2001, a partir de las cenizas de la vieja contaduría Mayor de Hacienda, la presencia de la ASF ha contribuido a incrementar la transparencia presupuestaria en el país. Sin embargo, el carácter a posteriori de la revisión de las cuentas públicas hace que los resultados sean presentados al Congreso de la Unión catorce meses después de haber concluido el ejercicio presupuestario. Ello impide que dicha información pueda ser incorporada oportunamente al proceso de negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación y sea más una herramienta de golpeteo político que un insumo técnico. Aunado a esto, la ASF ha sido poco exitosa en las denuncias que ha interpuesto ante la PGR. En los últimos 12 años, sólo una de cada diez denuncias penales presentadas por la Auditoría ha llegado a manos de un juez, lo que revela la limitada capacidad sancionatoria de la propia autoridad fiscalizadora y los límites de la rendición de cuentas en México. Por otro lado, las auditorias financieras son insuficientes para evaluar la eficacia del gasto, por lo que el Congreso ha ampliado las facultades de fiscalización de la ASF -cambios producto tanto de las propias limitaciones de la Auditoría como de las presiones mediáticas y conflictos al interior de los partidos- para incluir las auditorías de desempeño. En dichas auditorías se busca evaluar si el ejercicio del gasto se tradujo en el cumplimiento de las metas establecidas en los programas públicos y por las propias dependencias (evaluaciones del desempeño) y si generaron el cambio social que los operadores de las políticas públicas esperarían haber alcanzado (evaluaciones de impacto). En este sentido, aunque existen algunas evaluaciones de desempeño y de impacto en el país, estas son la excepción. La pregunta entonces es ¿qué esfuerzos se están realizando para que las evaluaciones de desempeño y de impacto sean una constante en todos los programas y políticas públicas? Si bien la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobada en 2008, obliga a los tres niveles de gobierno a llevar a cabo evaluaciones de desempeño y de impacto, el cumplimiento de esta ley está lejos de realizarse y sus mandatos duermen el sueño de los justos. Tampoco ha habido denuncias para lso miembros de la Federación por no cumplir este mandato en ningún tribunal. Lo que si queda claro es que hasta no dar con una fiscalización eficiente y de carácter ciudadano, las auditorías seguirán siendo vistas como un instrumento para descalificar a la oposición. De esa misión enunciada en 2001 (ser una herramienta que contribuya a sostener los pesos y contrapesos del sistema político) ni quien se acuerde.

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