miércoles, 15 de febrero de 2012

Semana Política






15 de febrero de 2012.


Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.


  1. Más poder para la Maestra.

  2. La reforma laboral en tiempos de crisis.

  3. Seguridad: ¿eficacia o eficiencia?


MÁS PODER PARA LA MAESTRA. Recientemente se aprobó la reforma al artículo tercero constitucional que hace obligatoria la educación media superior. Es decir, ahora el gobierno está obligado a proveer 15 años de educación, desde el kinder hasta la secundaria. Lo primero está a la vista: este incremento de la escolaridad provista por el Estado tiene repercusiones en múltiples dimensiones de la política pública de educación como son la política, la administrativa y la laboral. Ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la secretaría con mayor número de personal empleado es de la mayor relevancia abordar la dimensión laboral del problema. Tampoco, por el simple hecho de decir que es obligatorio, se ataja el grave problema de la deserción escolar. Queda, entonces, la sospecha de que esta obligatoriedad tiene tintes políticos. Si la química entre Vázquez Mota y Elba Esther Gordillo, cuando la ahora candidata era Secretaria de Educación Pública, era pésima, parece que ahora la coyuntura política las ha hecho obviar esas discrepancias. Históricamente, la SEP ha hecho grandes esfuerzos para evitar la sindicalización del gremio de media superior con la intención de evitar que dichos docentes ganen el poder que en otros niveles educativos ha hecho tan difícil la administración y aplicación de políticas públicas. Sin embargo, ante la expansión de la educación media superior y el inevitable crecimiento de la plantilla de profesores, valdría la pena preguntarse ¿qué precauciones se deberían tomar para que este sector no termine controlado por grupos de poder sindicales que sean la semilla de futuros problemas? A primera vista, hay dos frentes que cuidar: la concentración del crecimiento de la educación media superior en un único formato (Colegio de Bachilleres, Coelgio de Ciencias y Humanidades, CONALEP, CECYT, etcétera), y el acaparamiento de los nuevos cuerpos del magisterio por parte, también, de un solo sindicato (i.e. SNTE, Sindicatos estatales del Colegio de Bachilleres, Sindicatos de trabajadores de CONALEP, entre otros). El primer frente abre la posibilidad de que en una de estas modalidades de la educación media superior se forme un subsistema lo suficientemente grande como para poner un entorno adecuado para el crecimiento de un gran sindicato con fuerza y control del mismo. El segundo frente, por otro lado, señala el riesgo de que los grandes sindicatos de las distintas modalidades de educación media crezcan horizontalmente en un esfuerzo de coordinación estatal o nacional (en los años 90 se intentó en más de una ocasión fusionar sindicatos de educación media en coaliciones sindicales). Antes de avanzar en la expansión de la Educación Secundaria habría que analizar el probable panorama de crecimiento del magisterio que esta ampliación traerá consigo. El poco cuestionamiento de este tema en otros niveles educativos generó problemas que se están arreglando actualmente: sindicalismo politizado e invasivo, dificultades serias para el manejo de la política pública en algunos niveles educativos, ineficiencias derivadas de prebendas sindicales descontroladas, entre otras. Por lo tanto, ¿con la universalización de la EMS se estarán abriendo nuevas puertas a viejos poderes o huecos de poder para nuevos actores? ¿Qué tan electoral es esta medida, justo ahora que ya se definió una candidata del partido gubernamental que no tiene una buena “química” con la dirigente del Sindicato de Maestros? No se ha visto, por ningún lado, la discusión sobre los peligros de esta apertura de grandes espacios de poder. Pero seguramente, en julio se verán los votos.


LA REFORMA LABORAL EN TIEMPOS DE CRISIS. La actual Ley Federal del Trabajo entró en vigor en 1970, con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. En ese entonces eramos otro país: 48 millones de habitantes con la población económicamente activa era de 14 millones. No había Tratados de libre comercio. En los últimos doce años a habido 332 iniciativas en el Congreso para reformar la Ley Federal del Trabajo. El aumento o disminución del empleo formal está relacionada con los ciclos económicos. El crecimiento promedio anual de empleo permanente muestra su mejor año en el 2000 y 2006 cuando se crearon cerca de 700 mil empleos, pero es insuficiente considerando la necesidad que tenemos de 1,200,000 nuevos empleos al año. El empleo total y el de los eventuales, sobre todo en la población joven, es lo que preocupa más, como no hay una reforma, no hay un mecanismo de contratación adecuado; la tasa de desempleo de los jóvenes es de 9.5 % pero lo peor del caso es que todo esto nos lleva a que la población informal, sea del 52.4% en el tercer trimestre del 2011 y esto es un problema serio. Algunos precandidatos a la Presidencia, mencionan que la Reforma Laboral no debe hacerse. Y parece que el ejemplo de España, donde en plena crisis económica se ha promulgado una reforma que hace libre el despido, da la razón a los contendientes por la Presidencia. El horno no está para bollos. Sin embargo, si es importante discutir la flexibilidad laboral. Del total de la población del país, cerca de 13 millones se ubican en la informalidad; cifra similar a los empleos que teníamos en 1970, nada más para tener una idea del problema al que se enfrenta. Estas personas pagan impuestos de forma inderecta, como el IVA, no están coptados por el SAT ni tienen seguridad social a la que apelar. El aumento de la población en edad de trabajar y el de la población “ocupada” en la informalidad es creciente: la flexibilidad laboral debería ayudar a prestarles servicios públicos adecuados, contribuyendo -con ello- al pago de impuestos y derechos correspondientes. Sin ello, cómo apoyar las instituciones de seguridad social y de servicios si sólo se tienen ingresos de los causantes cautivos. En el periodo actual que inicia el Congreso, discutir este termino, que incentive el empleo formal y dé certeza jurídica a quienes hoy por hoy no la tienen. Debemos evitar, por supuesto, retrasos en la impartición de justicia de índole laboral. Es imperdonable que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se lleven 6 o 7 años para tener resoluciones; sin entrar en detalles de los “asesores laborales”, que están alrededor del sistema de justicia. La flexibilidad laboral le conviene a todo mundo: empresas, trabajadores, movimiento obrero organizado, al Estado; tener una concepto moderno que le dé garantías, mayor contratación, ágil y con seguridad social; no con escalafón ciego, sino con procesos de capacitación, para que los más eficaces y con iniciativa progresen en la vida. En la actual coyuntura política del país, no debemos perder lo importante: contar con un sistema laboral que sea eficaz para lograr ocupar a casi 3 millones de gente sin empleo.


¿SEGURIDAD: EFICIENCIA O EFICACIA? Hace dos semanas que el periódico Reforma publicó una serie de datos que invitan a reflexionar si la estrategia del Presidente Calderón ha sido de algún modo eficiente o eficaz. En los últimos cinco años, la Federación ha destinado casi 96 mil millones de pesos a combatir los índices de delincuencia en el país. Después de una inyección de recursos de esa magnitud, debió observarse una reducción significativa de delitos cometidos. Sin embargo, la realidad está lejos de empatar con aquellas expectativas. De 2007 a 2010, las tasas de homicidios ya habían aumentado en 700% y las del secuestro en 100%. Estos datos no sólo representan un reto para el gobierno en turno. Son una realidad que deberá ser enfrentada, por lo menos en el discurso, por los candidatos a la Presidencia en los próximos meses. Si bien los aspirantes reconocen que la inseguridad es un tema prioritario para la ciudadanía, hasta ahora, ninguno se ha aventurado a detallar un plan sobre cómo se hará cargo del problema. Lo que sí se sabe -por los distintos textos que los candidatos publicaron durante sus precampañas- es que dentro de las propuestas generales para acabar con la inseguridad existen tres puntos de coincidencia con la estrategia actual:

  1. reconocen que se deben depurar y capacitar corporaciones policíacas,
  2. asumen que existe un largo camino por andar en términos de inteligencia criminal en del país y,
  3. todos se han olvidado de que los Ministerios Públicos (MP) son una pieza clave para controlar los índices de delincuencia del país.

Este último punto resulta omisión preocupante pues, finalmente, es el MP la institución encargada de acusar a quienes cometen un delito ante un juez, es decir, es el abogado de la ciudadanía. Sin embargo, al no haber colocado los reflectores sobre esta institución, lo que se ha observado durante los últimos años es que el MP no ha logrado hacer frente a la ola de violencia en México. No lo ha logrado, en buena medida, porque su dinámica interna le impide priorizar los delitos que más afectan a los ciudadanos y dedica recursos institucionales casi idénticos a una denuncia de robo de autopartes que a una de extorsión o secuestro. Para solucionar las omisiones del gobierno en turno y establecer prioridades dentro de las procuradurías, el próximo Presidente habrá de examinar cuáles de todas las formas de delincuencia son las que verdaderamente han modificado toda la dinámica social, las que sí impactan la percepción de inseguridad de los mexicanos, y atacarlas con especial ímpetu. Reconocer estas diferencias y establecer prioridades puede ser el primer paso para hacer eficientes los recursos públicos, controlar los índices de violencia en el país y devolver a la ciudadanía un poco de tranquilidad. Al final del día, no puede obviarse que muchas propuestas que se construyen alrededor de un proceso electoral requieren, aunque de manera tangencial, de un sistema de justicia que funcione.
 


 
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