Realmente la lucha contra las drogas, contra el narcotráfico, es algo que ya viene de antiguo, en el sentido de que se van implementado normas, se van añadiendo ideas, pero el fenómeno sigue existiendo. Pareciera como que es imposible vencer a ese fenómeno y, en ese sentido, el problema es general, universal, es transnacional. Ningún país se encuentra libre, en alguna de sus fases, de la incidencia de este fenómeno.
Por tanto, la primera reflexión que tendríamos que hacer es si nos estamos equivocando en el mismo planteamiento de abordar el fenómeno del narcotráfico y, en este sentido, hay muchas discusiones, tanto académicas como políticas, jurídicas e, incluso, la última iniciativa que la propia Universidad Nacional Autónoma de México ha presentado a la sociedad, y en su momento al gobierno, y en la que se plantean estos temas.
Efectivamente, llevamos demasiados años anclados en una dinámica que se reproduce cada equis tiempo en diferentes países. Hoy día estamos viviendo este fenómeno en México de forma cruenta y cruel.
En segundo lugar, y partiendo de esa primera fase de análisis, es decir si lo estamos haciendo bien o no. Yo entiendo que el fenómeno del narcotráfico hay que analizarlo en un contexto de crimen organizado. Hoy día hasta el mínimo trueque o cambio o pase de una papelina (papel con una dosis de droga) de una persona a otra, de un pequeño traficante a un consumidor, tiene algo que ver con el crimen organizado. Si nosotros centramos ese pequeño tráfico de drogas como una manifestación de la inseguridad ciudadana, sin enmarcarlo en un fenómeno general del crimen organizado, no vamos a conseguir nada.
En tercer lugar, tenemos que plantearnos en algún momento que quizá la solución pueda venir por una despenalización de determinadas figuras y comportamientos en su menor escala y compaginarlo con otras medidas alternativas que van más en el área de la prevención, de la educación, de la creación de espacios de vida saludable, donde como con otros productos ha sucedido, la sociedad pueda convivir con ellos sin usarlos. El fenómeno del alcohol, en su momento, fue claro y evidente. Hoy en día hay unanimidad en considerar el alcohol como una droga legal. En definitiva, es un problema internacional, transnacional, por tanto, las medidas tienen que ser afrontadas en ese conjunto. Pero creo que es el momento de profundizar en las causas de ese fenómeno y quizá tomar medidas muy valientes y nada políticamente pacíficas, por supuesto, pero yo creo que son necesarias.
¿Y hacia dónde se hace el mundo para buscar soluciones, cuando las soluciones aplicadas hasta ahora parecen poner en amenaza las libertades?
¿Hacia dónde vamos?, y ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente cualquier acción tiene que ser integral, que abarque a todas y cada una de las instituciones de forma y alcance equivalentes a la gravedad y complejidad del fenómeno. En ese sentido, todas las instituciones cada una desde su esfera y con su independencia tienen que remar en un mismo sentido.
Hay algo que es fundamental, que ya se resuelva de una vez por todas, y es la coordinación efectiva entre las diferentes estructuras de combate de este tipo de fenómenos y especialmente del crimen organizado. Ya no valen excusas. No hay argumento que justifique una acción parcial, inconexa o descoordinada de otras instituciones que trabajan en el mismo ámbito. La sociedad es el otro elemento fundamental de esta historia. La organización de la sociedad civil resulta básica. Cualquier política de seguridad que se haga tiene que contar con la sociedad civil, tiene que contar con ciudadanos a los que va dirigido. Muchas de las ocasiones en las que las políticas de seguridad de un país fracasan, es porque se hacen a espaldas de la propia sociedad a la que van dirigidas, en una oficina cerrada con dos o tres personas que muy sesudamente establecen cuáles son las pautas. Pero ocurre que a veces esas pautas no coinciden con la realidad, o con lo que la sociedad está demandando. Por tanto, hay que bajar e ir a pie de obra y a partir de ahí tomar decisiones.
Los jueces alegan que lo que está en los códigos es lo que pueden aplicar ellos, pero hay muchas voces en el sentido de que hay que innovar la visión sobre esos códigos que en México son muy rigurosos. Y hay la visión en algunos personajes de la Corte, y de otros ámbitos, de que hay que ir más allá de lo que dice el libro, precisamente frente a un desafío de esta naturaleza. ¿Qué piensa usted?
Ninguna norma es tan restrictiva que no permita dos interpretaciones, y normalmente admite muchas más. La cuestión no está tanto en que los códigos sean muy rígidos, eso está bien, porque eso significa garantías jurídicas. Pero en lo que no se puede caer es en el excesivo formalismo y garantismo; garantismo no es igual que garantías. Si es una norma legal y se acomoda la constitución y reúne todos su condicionantes, hay que aplicarla en su integridad. Pero, además, hay que aplicarla atendiendo a la realidad social del tiempo en que tiene que ser aplicada. Las normas en su desarrollo van mucho más lentas que la realidad a las que se aplican. Evidentemente, si te enfrentas a fenómenos complejos, esas normas, las buenas normas, tienen un ámbito de interpretación más amplio para, precisamente, cubrir ese espacio de tiempo de ventaja que se va a producir por el avance del crimen organizado y de las técnicas criminales. Lógicamente, (los criminales) van aprendiendo en forma inmediata de las resoluciones judiciales, de cuáles son esas líneas en negativo para beneficiarse. Por tanto, lo que no puedes hacer es seguir aplicando la misma interpretación cuando el que está recibiendo la aplicación de esa norma ya tiene el método de violentarla en esa nueva interpretación. Los jueces tienen la obligación legal de no ser restrictivos en la aplicación de esa norma. Tienen la obligación de cumplir la norma en su integridad y hacerlo con una visión nada localista, sino cada vez más internacional. Vivimos en un mundo globalizado y eso debe de conllevar a una universalización en la interpretación y la aplicación de esas normas.
Ha hablado usted de la coordinación necesaria entre instituciones, pero también mencionó que había que tomar medidas políticas poco pacíficas. ¿A qué se refiere con esto?
Cuando digo que no son medidas políticamente correctas, quiero decir que hay que asumir determinadas decisiones que pueden ser criticadas en un momento determinado, pero esas decisiones tienen que estar siempre guiadas por un respeto absoluto a los límites del Estado de derecho. Entonces, cuando digo que hay que tomar medidas políticas, por ejemplo, en el ámbito del combate contra el narcotráfico, habrá que profundizar en el análisis de por qué la situación de hoy es real, es la que se está viviendo, porque esto tiene una causa y cuando lleguemos a esa causa, pues a lo mejor no en México, sino con carácter general, habrá que plantearse la despenalización de determinadas conductas, que es el eterno tabú que siempre hay cuando se refiere a determinado tipo de crímenes, como los relacionados con el tráfico de drogas tóxicas y estupefacientes. Las figuras penales no son inalterables. Son inalterables, por ejemplo, las que se refieren a la vida. Matar a una persona siempre será un acto ilegal cuando se hace cumpliendo determinados requisitos que son los establecidos en las leyes. Pero ha habido conductas que han sido penalmente sancionables en un momento y luego no lo ha sido, y han sido legalizadas esas conductas y recompuesta la situación penal de aquellos que las quebrantaron. En el tráfico de drogas ocurre algo similar. Todavía sigue viva la polémica en algunos países acerca del consumo de drogas y su penalización. Incluso, se oye en los últimos días que algún responsable político señala como una de las causas de la inseguridad del país el consumo de drogas en otro país. A mí me parece eso un regreso gravísimo. En España nunca ha estado castigado el consumo de drogas; nunca ha sido delito porque se ha considerado como un ámbito de la autonomía, de la libertad de las personas y lo que se han establecido son mecanismos de rehabilitación y de prevención. En Italia, cuando se sancionó el consumo, se llenaron las cárceles y dos años después tuvieron que volver a legalizar la situación. En Estados Unidos, que es sancionable en algunos estados, se hace una política de dejar pasar la situación y de no hacer nada, porque no se atreven a tomar la decisión de decir: “Regulemos esto de una vez. Establezcamos cuáles son los límites. Hagamos que los negocios no sean negocios”. A eso me refiero. Para eso tenemos que hacer un diagnóstico y tenemos que hacer un diagnóstico sincero y muy crudo. Soy de los que dicen no que haya que legalizar, porque no se trata de legalizar, pero sí hay que reconducir esa política.
¿Esta posibilidad de legalizar puede hacerse de manera aislada por un solo país?
No, ese es el tema. Sí hay cosas que se pueden hacer. Hay que tomar iniciativas, hay que atender a la sociedad; cada país tiene algunas particularidades y luego hay algunas que son generales a todos los países. La política de represión del narcotráfico y del crimen organizado en México, según Naciones Unidas, según el último informe de Naciones Unidas sobre tráfico de drogas y crimen organizado, es que el enfrentamiento entre los distintos cárteles ha producido que se busquen espacios más cómodos para continuar en el negocio. Como a su vez, desde el sur, desde Colombia, se está desarrollando una política muy firme de combate en contra del narcotráfico, pues si la presión viene de arriba y la presión viene de abajo, se ha concentrado el problema en Centroamérica y tenemos el auténtico nuevo “triángulo de oro”, que ahora está en El Salvador, Honduras y Guatemala, donde los índices de criminalidad y de violencia son comparables relativamente a los que acontecen en México. Ante esa especie de acción acordeón es que no podemos fijarnos en un lugar olvidando al otro.
Cuando el actual gobierno mexicano asumió el mando dijo que la situación era tan grave que la única alternativa que había era involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada. ¿Usted cree que haya sido una decisión correcta? ¿Cree que había otra?
Yo no quiero criticar para nada las decisiones de un gobierno democráticamente elegido, para eso están ustedes los mexicanos y mexicanas, para criticarlo. Ahora, a lo que no renuncio es a mi planteamiento sobre el tema. Siempre me he mostrado contrario a la participación de las fuerzas militares en investigaciones de criminalidad ordinaria, ni si quiera en las de terrorismo, en tanto que yo siempre he considerado que el terrorismo se debe abordar como un delito y no como un fenómeno frente al cual se tenga que desencadenar una guerra.
Involucrar cuerpos militares que no están pensados, ni diseñados en su forma, en su génesis, en su dinámica, en su actuación para actividades de investigación, en donde se involucran muchas más cosas que la simple acción militar, es muy complejo cuando menos, y discutible también.
¿Y cuál es el riesgo en materia de derechos humanos?
El riesgo en el área de los derechos humanos es muy grande, porque además, yo no sé si aquí se ha hecho o no, pero la acción de las fuerzas militares en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico y la violencia derivada del crimen organizado, deberían haber ido acompañadas, si no precedidas, de una clarísima doctrina de respeto y defensa de los derechos humanos, eso como mínimo. Ya que se toma la decisión política de intervención, es que simultáneamente se les exijan los mismos requisitos que a otros cuerpos le son obligatorios.
¿Cree usted que los tomadores de decisiones que eligieron la estrategia que se iba a seguir para combatir a la delincuencia organizada podrían correr el riesgo de ser juzgados por tribunales internacionales una vez que termine el sexenio?
Las decisiones que se toman del ámbito penal tienen que tener unas condiciones, unos requisitos que integren el tipo penal y que la conducta tenga relevancia jurídico-penal. Por tanto, lo primero que tendríamos que analizar es que esas conductas, las que fueren, tengan esa relevancia jurídico-penal, pueden no tenerla, pueden tener una relevancia política importante, pero no trascienden al punto penal. Si verdaderamente por acción-omisión o por comisión, por omisión, se han producido hechos que pueden tener relevancia penal, deberán ser los tribunales nacionales los que establezcan esa responsabilidad con toda y cada una de la cadena y de los pasos que existen en cada uno de los países. Sólo en el caso y en el supuesto que eso no se produjera y los crímenes fueran catalogados como crímenes internacionales, es decir, genocidio, crímenes de lesa humanidad o de agresión, que no es el caso que me pregunta, podría tener un reflejo en otros tribunales diferentes a los del país.
En México ha habido atentados contra jueces. ¿Qué decirles a los que por diversos motivos se inhiben de la persecución judicial?
Hay que reconocer que cuando hablamos de corrupción, no excluimos a ningún cuerpo, en el cuerpo judicial hay corrupción como en cualquier otro y además, hay que combatirla con más ahínco y con más eficacia, pero también es verdad que hay comportamientos que van más allá de lo que se debería exigir a un funcionario público. En el papel de juez no va escrito que tenga que ser un héroe, sino que es un administrador de justicia dentro de las instituciones democráticas de un país que debe de funcionar, pero a la vez, también el juez debe de asumir que por el hecho de administrar justicia recta, imparcial e independiente, se asumen riesgos y esos riesgos te pueden llevar a las peores consecuencias contra tu propia persona. Yo comprendo que algunos colegas en un momento determinado pues antepongan su seguridad personal, familiar y cambien de profesión, pero no comparto que esto tenga que ser así. El juez es el último garante de los derechos de la sociedad y debe ser el último que abandone su labor, por el contrario creo que si la labor de los jueces partiendo de la convicción y de la generalización de cada uno y su trabajo fuese en ese marco que he dicho de independencia, legalidad, imparcialidad, contundente y coordinada llegaría un momento en que se ganaría la partida.
Tomada de El Universal.
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