Semana política

11 de noviembre, 2010   ¡Hola!  Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana.        Tamaulipas: cambio de juego       IFE: repartición y partidización      Tamaulipas: cambio de juego. La muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, podría reflejar un cambio profundo en la lucha del Estado mexicano contra la delincuencia organizada: la consolidación del Gobierno Federal como un jugador que hace las reglas del juego y no sólo uno que se limita a seguirlas. “Tony Tormenta” y el Cartel del Golfo, como sus antiguos aliados los Zetas, habían seguido una estrategia de confrontación abierta con el Estado en Tamaulipas y Nuevo León —la “impunidad cínica” a la que se ha referido el Presidente Calderón— al punto de que el Cartel del Golfo identificaba sus vehículos con las siglas “CDG”. De hecho, cuando inició el operativo, de acuerdo con la información publicada en los medios, “Tormenta” y sus escoltas trataron de bloquear la ciudad para impedir el avance de la Marina y el Ejército –como lo habían hecho ya en Monterrey– en lugar de tratar de fugarse. El hecho de que el narcotraficante pensara que podía enfrentarse a las fuerzas federales en un duelo abierto, refleja, la escasa credibilidad del Estado, al que se percibía, en el mejor de los casos, como un igual al que se podía derrotar en combate. La victoria táctica de la Marina sería el primer albazo de la verdadera fuerza del Estado para demostrar que la capacidad de fuego y el entrenamiento de las fuerzas federales son superiores a los de los sicarios. De ser así, se comenzaría a establecer la amenaza creíble de que el Estado puede parar el despliegue abierto e impune de fuerza al que algunos grupos de la delincuencia organizada estaban acostumbrados. iertamente esta no sería una solución perfecta ni aplicable a todos los estados ni grupos criminales del país. La situación en Ciudad Juárez y Michoacán requerirá de otro tipo de medidas, más orientadas hacia el trabajo social y de inteligencia, y es probable que hicieran falta uno o varios enfrentamientos de este tipo para consolidar el mensaje. Sin embargo, no se debe desestimar el hecho de que el Estado demuestre que tiene la capacidad para contener y derrotar a los convoyes y comandos que asolan algunas regiones del noreste del país. Ese es el primer paso hacia restablecer el control territorial que estaba en el corazón de la estrategia de seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, y por tanto, sería una señal positiva del progreso de ella. IFE: repartición y partidización. La naturaleza “ciudadana” del Instituto Federal Electoral (IFE) parece haber quedado atrás. Una vez que el Instituto proveyó de legitimidad al arranque del proceso de transición democrática en el país, su carácter ciudadano ha sido reemplazado por intereses netamente partidistas. Ello se refleja tanto en el proceso para nombrar a los nuevos consejeros electorales (inclusive en su remoción), como en el perfil de los candidatos, quienes pasaron de ser personajes con alto prestigio social y una imagen “ciudadana” –aunque con una innegable afinidad partidista– a personas de menor perfil profesional y con una correspondencia más directa a los intereses de los partidos (y no de los ciudadanos). El resultado es el progresivo debilitamiento del IFE como órgano encargado de garantizar no sólo la realización de los procesos electorales, sino también, que éstos se realicen con un mínimo de equidad e imparcialidad; dando paso a una instancia únicamente responsable de tareas administrativas y desapareciendo su carácter político; trasladándoselo, en los hechos, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en años recientes ha adquirido gran protagonismo político, asumiendo funciones de árbitro electoral (responsabilidad originaria del IFE) más que de instancia encargada de garantizar la legalidad de las decisiones del propio instituto electoral. Es innegable que la creciente partidización del IFE beneficia directamente a los partidos políticos, quienes cuentan con representantes reales de sus intereses en el propio Consejo General, demeritando claramente la naturaleza “ciudadana” del instituto y por consiguiente la correspondencia de sus decisiones con los intereses de los electores.