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| |  | ¡Hola! Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana.
- El fuero militar: ¿la reforma posible?
- Godoy: litigio mediático
- Órganos reguladores: las motivaciones para reformar
El fuero militar: ¿la reforma posible? La iniciativa de reforma a la justicia militar que presentó el Presidente Calderón refleja la tensión extraordinaria que subyace a su estrategia de seguridad y a la relación entre las fuerzas armadas y el poder civil. Tratando de balancear la necesidad de contar con el apoyo irrestricto del Ejército –evitando criticar su actuación para no bajar la moral de las tropas– y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, el Ejecutivo Federal se encuentra en una coyuntura compleja. La iniciativa, limitada como pueda encontrarse, es un paso adelante. Y es que al contrario de lo que afirman sus críticos, es probable que la iniciativa cumpla —aunque sea en el sentido más estricto— con lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en la guerra sucia de los 1970, en tanto que transfiere a los juzgados federales los delitos de violación, secuestro y desaparición forzada. s cierto que la iniciativa protege también el derecho del Ejército a castigar las faltas contra la “disciplina militar” –que incluirían, por ejemplo, el homicidio en un retén— pero también introduce ya la noción de que hay derechos que están por encima de las canonjías del Ejército. Junto con la nueva Ley de Seguridad Nacional, “congelada” en la Cámara de Diputados por el cabildeo del Ejército, se está avanzando hacia la posibilidad de que las fuerzas armadas estén sujetas a las reglas básicas de un régimen democrático. Es tiempo pues de observar la actuación del Poder Legislativo. Si es incapaz de aprobar —como en el caso de la Ley de Seguridad Nacional— incluso estas reformas tan limitadas, el mensaje para los mexicanos será claro: el Ejército preservará sus privilegios, no importa quién sea el Ejecutivo Federal ni qué compromisos se hayan asumido.
| Godoy: litigio mediático. La filtración a medios de comunicación de las grabaciones que vinculan al Diputado Godoy con el crimen organizado asentado en Michoacán han logrado revertir el respaldo político con el que hasta hace pocos días contaba. El propio PRD, consciente de que los costos de arroparlo se habían incrementado a niveles insostenibles, presionó al legislador para que renunciara a su militancia. La opinión pública, en general, se ha volcado a descalificar –sin juicio previo– al diputado. Ante esta situación Godoy tendrá que decidir entre continuar su defensa legal –en libertad– con el fuero constitucional que su cargo le otorga, o solicitar licencia y ponerse a disposición de las autoridades federales. Lo primero, más allá del resultado del proceso legal, pondría a Godoy ante el escarnio público. Por otro lado, si solicitara licencia, la autoridad federal tendría que presentar todas las pruebas que debieron ser reunidas durante el tiempo en que el legislador estuvo en calidad de prófugo –a partir de que se giró la orden de aprehensión. En caso de que la PGR solicitara su arraigo se haría evidente que la autoridad ministerial, o no cuenta con los suficientes elementos legales que acrediten su culpabilidad, o las pruebas en su contra no son suficientes o carecen de valor procesal. Ante la falta de eficacia del sistema de procuración e impartición de justicia en el país, el litigio en los medios de comunicación a través de la filtración parece ser la salida más recurrente en casos de alto impacto. Lo contradictorio es que esta práctica pone en riesgo el propio proceso penal y la eventual desestimación de las pruebas –que debieran estar bajo custodia de la autoridad encargada de procurar justicia. El costo para la autoridad será muy alto si no logra encontrar la culpabilidad que en los medios ya se dictó.
Órganos reguladores: las motivaciones para reformar. La naturaleza jurídica de los órganos reguladores –como la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones– se ha colocado en el debate de la clase política, particularmente en el Congreso. Si bien es cierto que el actual diseño institucional de los órganos reguladores es obsoleto, también lo es que antes de proponer una reforma que los rediseñe por completo es importante entender para qué se está proponiendo el cambio. En juego están dos temas. El primero es la participación que el Congreso debería tener en la designación de comisionados y la rendición de cuentas de los órganos reguladores. El segundo es la asignación de presupuesto a los mismos. La bancada del PRI en el Senado se muestra consternada por el nivel de interferencia política que el Ejecutivo ejerce sobre los órganos reguladores y para eso propone un mayor involucramiento del Legislativo. Sin embargo, otorgar autonomía constitucional a estas instituciones no necesariamente las blindaría contra la interferencia política, ni de los diferentes poderes de gobierno, ni de los privados a quienes regulan, como tampoco garantizaría que contaran con el presupuesto y personal suficientes. Si, como ocurre con el Instituto Federal Electoral hoy en día, esta reforma implicara que cada nombramiento y asignación presupuestal concerniente a los órganos reguladores tendría que pasar por una negociación política, no necesariamente se resolvería el tema de la interferencia política. Conceder mayor autonomía, por sí misma, no cambiará el desempeño de los órganos reguladores. Lo verdaderamente esencial es sentar las bases para contar con órganos reguladores que entiendan bien su objetivo (para qué regular) y que cuenten con las facultades y herramientas (presupuesto y personal) necesarias para promover mercados más competitivos. El rol del Legislativo podría ser muy positivo en esta discusión, pero hasta ahora las razones dadas en el debate parecen las equivocadas.
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