Semana política

19 agosto, 2010   ¡Hola!  Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana. Matrimonio homosexual y adopción: batallas locales y costos políticos      Licitación del espectro: legitimidad elusiva      Presupuesto 2011: desconfianza, elecciones y ruptura Matrimonio homosexual y adopción.  El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la posibilidad de que los matrimonios entre personas del mismo sexo adopten es congruente con su decisión de validar el reconocimiento de dichos matrimonios en todo el país. Sin embargo, esto no quiere decir que la batalla esté perdida para quienes se oponen. La Corte apeló al principio de las facultades de los estados, es decir, los gobiernos estatales tienen la libertad de proscribir o aprobar dichos matrimonios y adopciones –están obligados a reconocer los matrimonios que se den en la Ciudad de México pero no necesariamente a practicarlos en su estado. Como en el caso del aborto, la Corte dejó en manos de conservadores y progresistas la tarea de ganar sus propias batallas a nivel local. Si bien la decisión fue salomónica y federalista, la Corte asumió parcialmente el costo del descontento conservador, para quienes no hay puntos medios y han buscado deslegitimar a la Corte poniendo en duda las motivaciones de su aval y apelando a la opinión de una sociedad más bien conservadora que no apoya estas iniciativas. Por otro lado, la decisión de la Corte ha servido de respaldo al Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, quien estando del mismo lado que el máximo tribunal del país mejora sus posibilidades de salir bien librado de la embestida de la jerarquía católica. En un entorno en que las transformaciones estructurales no se están dando es pertinente preguntarse si temas como los matrimonios homosexuales, que los mismos puedan adoptar o el aborto podrían tener un peso electoral en futuras contiendas. Si bien no hay suficientes elementos para anticiparlo, dado que hasta hoy los actores políticos –incluso de izquierda– habían evitado pronunciarse, la presencia de una figura candidateable que declara abiertamente su posición como Ebrard podría obligar a otros a hacerlo. Sólo entonces sería posible saber si el tema es o no relevante para el electorado. Licitación del espectro: legitimidad elusiva. Le tomó más de seis años a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ponerse de acuerdo para licitar y otorgar una nueva concesión del espectro radioeléctrico. Han sido seis años de duros cuestionamientos al organismo, en particular por la relación que desde la reforma a la Ley de Radio y Televisión en 2006 se percibe entre el regulador y uno de los grandes actores del sector telecomunicaciones: Televisa. Esta semana no ha sido la excepción. Si no prosperan algunos obstáculos legales impuestos por Iusatel/Iusacell, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregará dentro de pocos días la concesión al grupo conformado por Televisa y Nextel, permitiéndoles ofrecer telefonía móvil en todo el país. El fallo, que solamente contó con dos votos a favor de los cinco posibles –otros dos Comisionados votaron en contra y uno se abstuvo– ha sido altamente cuestionado. Se percibe como una decisión cortoplacista y electorera que resta legitimidad al órgano regulador, pese a los esfuerzos de su Comisionado Presidente, Mony de Swaan, por evitarlo. Para de Swaan, el aval de la Comisión Federal de Competencia –defiende que se privilegie la competencia por encima de la recaudación pública– y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –pidió se evitaran fenómenos de concentración en la asignación del espectro radioeléctrico– constituyen verdaderas fuentes de legitimación. Sin embargo, la falta de mayoría en los votos y la historia misma de la relación entre la Cofetel y las empresas reguladas hacen que su esfuerzo se torne elusivo. La solución a los problemas del sector telecomunicaciones está en cambios legales que corresponden tanto al Congreso como al Ejecutivo y que hoy se vislumbran imposibles de implementar: permitir inversión extranjera, permitir que se puedan ofrecer todos los servicios desde todas las redes independientemente de la concesión, y eliminar la doble ventanilla SCT-Cofetel. El más reciente fallo de la Cofetel ilustra que se continúan privilegiando soluciones subóptimas de corto plazo por encima de la credibilidad de las instituciones y de una estrategia de crecimiento a futuro. Presupuesto 2011: desconfianza, elecciones y ruptura. La negociación del paquete fiscal 2011 estará marcada por la desconfianza, las elecciones y la posibilidad de ruptura. El PRI llegará a la mesa con la desconfianza en el PAN –y el propio Presidente Calderón– por haber incumplido el acuerdo de no realizar alianzas electorales con el PRD a cambio de que el PRI respaldara el paquete fiscal 2010. La victoria de dichas alianzas ha sido motivo del endurecimiento de la posición del PRI respecto al Ejecutivo Federal desde entonces, y no se vislumbra que la negociación de este paquete fiscal sea la excepción. Por otro lado, siendo 2011 un año crucial por la renovación de 6 gubernaturas –entre ellas la del Estado de México– se puede anticipar una demanda creciente de recursos por parte de los gobiernos locales. Además, los partidos buscarán más recursos para financiar su operación política con miras a las elecciones de 2012. Sin embargo, la escasa recuperación económica del país impedirá que crezcan y se diversifiquen las fuentes de financiamiento del gasto público. Ante esta condición, el PRI recurrirá a argumentos como el subejercicio del gasto público, la ineficacia de los programas sociales, y desde luego, el traslado al Presidente y al PAN de cualquier costo político ligado a los ajustes recaudatorios que se pudieran aprobar. La apuesta del Ejecutivo será la posibilidad de ruptura en la fracción del PRI –derivada de disputas entre los distintos grupos políticos que contienden tanto por el control del partido, como por la candidatura a la Presidencia de la República. Así mismo, habría que ver cómo se reconfiguran las fuerzas priístas en el Congreso después de las derrotas en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, estados que eran aliados naturales de Enrique Peña Nieto..

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