Por Marco Antonio Martínez García
En 2008, el presidente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada por la Organización de las Naciones Unidas, Carlos Castresana, advirtió que si no se hacía nada por detener la penetración de los cárteles mexicanos de las drogas, en dos años “ellos podrían tomar la Ciudad de Guatemala”.
Castresana, un reconocido jurista español alertaba así al país centroamericano, castigado en la segunda mitad del siglo XX por guerras civiles que dejaron 200 mil muertos y que aún no ve su recuperación económica ni social y sigue enfrentando condiciones de inseguridad y pobreza. El funcionario de la ONU expresó ante medios de comunicación que las autoridades de Guatemala tienen que modernizar su sistema de seguridad.
“El sistema de seguridad es del siglo XIX, mientras que el crimen organizado opera con tecnología del siglo 21”, lamentó el funcionario de la ONU.
Pidió construir cárceles de máxima seguridad y hacer cambios en su sistema jurídico para aprovechar escuchas telefónicas. También alertó que los Zetas era el grupo del crimen organizado más amenazante para Guatemala.
Poco menos de dos años después, Castresana ya no verá, por lo menos desde el cargo que detentaba, si la capital guatemalteca será tomada por el crimen organizado. El jurista fue víctima de ese clima envenenado que predomina en las altas esferas políticas guatemaltecas y el 8 de junio de este año presentó su renuncia, luego de que acusó al entonces recientemente designado Fiscal de la República, Conrado Reyes, de estar ligado a organizaciones ilícitas y entorpecer la lucha contra la impunidad, al desmantelar el equipo especial de la CICIG de la fiscalía.
Inseguridad rampante
Guatemala está enclavada en una de las regiones más desiguales del mundo, sólo comparable a África del Sur o a los países andinos, según el Reporte Mundial sobre Drogas 2010, de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC).
Sus provincias son puertos llave para negociantes de drogas, con gran valor estratégico para el paso de la droga como Petén, rural e indígena, y como Escuintla–zonas por la que rivalizan bandas de narcotraficantes. Ahí las pistas de aterrizaje brindan fácil acceso a la frontera mexicana, señala el informe.
El delito es cosa común en el país centroamericano. El informe Crimen y Desarrollo en Centroamérica, publicado en 2007 y elaborado por la Oficina contra la Delincuencia y el Delito de la ONU, cita una encuesta del Banco Mundial realizada entre empresas de 53 países; la investigación revela que las guatemaltecas ubicaban a la delincuencia
en el primer sitio entre los graves obstáculos para lograr el desarrollo.
Dice el Informe:
“El 42 por ciento de las empresas de Guatemala encuestadas, en comparación con una media mundial no ponderada del 25 por ciento, comunicó haber sufrido pérdidas debidas directamente a la delincuencia, lo que ubicó al país en el cuarto lugar”.
Otro dato desalentador: De una encuesta realizada entre cinco países de la región, los policías de Guatemala son percibidos como el sector más corrupto del gobierno.
El crimen era considerado por 39 de cada 100 guatemaltecos como el problema más importante a resolver, según el informe que cita al Latinobarómetro de 2005, estudio de opinión realizado entre 17 países de América Latina, entre los cuáles está Guatemala.
Zetas y Kaibiles se unen
Además de Honduras, su vecino Guatemala también ha sufrido el incremento de la presencia del narcotráfico dentro de su territorio en los últimos años.
En Guatemala los Zetas son los narcotraficantes cuya presencia ha sido más notoria, hasta hace un año brazo armado del Cártel del Golfo, se separaron del cártel del Golfo y ahora son comandados por el ex militar mexicano Heriberto Lazcano, “El Lazca”.
Hace más de dos años, en abril de 2008, se difundió la noticia de que habían puesto anuncios en estaciones de radio piratas para reclutar ex Kaibiles, antiguos miembros de élite del ejército guatemalteco, para invitarlos a formar parte de sus filas, reportó el sitio mexicano de noticias esmas el 23 de abril de 2008. Los Kaibiles, fundados en 1974 y entrenados con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, son conocidos por sus métodos crueles y sanguinarios y el dominio de tácticas antiguerrilla. La Comisión de Esclarecimiento Histórico, establecida por las Naciones Unidas, ha documentado numerosos abusos de los derechos humanos; sus investigaciones concluyeron que los Kaibiles participaron en matanzas de civiles, una de ellas la de Dos Erres, Petén en 1982, que dejó 251 víctimas mortales entre los habitantes de la comunidad.
Ya en 2006 el periodista Ricardo Ravelo escribió en su libro “Los narcoabogados”, que el cártel del Golfo desde 2005 había comenzado el reclutamiento de Kaibiles para contrarrestar la crueldad con que actuaban miembros de la Mara. Los pandilleros habian sido contratados por Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, entonces del cártel de Sinaloa y en aquellos tiempos hombre de todas las confianzas de los hermanos Beltrán Leyva, cuando estos estaban en la cúspide de su poder, al lado de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Otra muestra del acercamiento entre los Zetas y los Kaibiles fue publicada en marzo del año pasado, luego de ser descubierto por autoridades guatemaltecas y la DEA un campamento de instrucción militar en el Quiche, Guatemala, ubicado cerca de la frontera con México. Operado por los Zetas, en la zona también se localizó una pista de aterrizaje ilegal y un arsenal con granadas, rifles y municiones.
Un mes después, luego de un tiroteo en la capital del país centroamericano agentes antidroga decomisaron miles de balas y cientos de granadas propiedad de los Zetas, pero que eran de uso exclusivo del ejército guatemalteco. Según reportes, algunos de los ex oficiales del Ejército mexicano que pasaron a engrosar a los Zetas, recibieron aprendizaje de parte de los Kaibiles. La información vendría a confirmar la colaboración entre los ex militares de ambos países.
De acuerdo con información publicada en noviembre de 2009 por el portal de noticias Cinco de Septiembre, los Zetas han estado presentes en la aldea de Santa Teresa, en el municipio de Nentón, en Guatemala. Ahí reciben y guardan cargamentos de drogas y armas y resguardan a quienes transportan la mercancía rumbo a México. Según el sitio, la zona está a una hora de la frontera con México, donde existen 40 pasos ilegales. Los autos de la banda delictiva, blindados y armados, llegan desde el vecino del norte. En noviembre de 2009 fueron encontradas 12 casas de seguridad en el poblado, informó el portal.
Una nota publicada el 17 de julio en el diario New York Times, abordaba otro ejemplo sobre la llegada y el paulatino apoderamiento de los Zetas dentro del territorio guatemalteco. La información consignaba que la Reserva de la Biósfera Maya, la mayor área natural protegida de Centroamérica, sufre un proceso de deforestación, ordenada por saqueadores y narcotraficantes para establecer ganado y sembrar droga.
La misma información agregaba que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la región del Petén, cerca de la frontera con México esta prácticamente bajo el control de los Zetas.
El enemigo está en casa
Guatemala tiene además una policía penetrada por el crimen organizado. El 13 de abril de este año elementos de la Policía Nacional Civil fueron detenidos por enviar mensajes a los Zetas sobre operativos, informó CNN México.
Previamente, en marzo de este año había sido aprehendido el Director General de la Policía Baltazar Gómez por su supuesta responsabilidad en el robo de un decomiso de droga y complicidad con los Zetas.
En Guatemala la estela de la sospecha de que la corrupción permea a las altas autoridades causó la caída del fiscal general del gobierno de Alvaro Colom, Conrado Reyes, quien fue separado de su cargo el 10 de junio de este año. Reyes había sido acusado por Carlos Castresana, ex jefe de la CICIG, de haber llegado a ese puesto gracias a que el presidente Alvaro Colom lo designó como parte de “un pacto entre despachos de abogados con vínculos a adopciones ilegales y narcotráfico”, reportó el diario mexicano Reforma el 11 de junio.
La caída del fiscal se dio el mismo día que cuatro cabezas fueron halladas en diferentes puntos de la capital guatemalteca. El hallazgo fue calificado como un hecho sin precedentes y el vocero de la policía Nacional Civil, Donald González lo atribuyó al narco.
“Esto es evidente, es una reacción de los Zetas y otros narcos. Es una estrategia del crimen organizado porque es un mensaje subliminal”, dijo el funcionario, según reportó el diario.
No se trataba del primer escándalo protagonizado por una alta autoridad policíaca en Guatemala. El 16 de noviembre del 2005, el Director del Servicio de Investigación y Análisis de Narcóticos (SAIA), Adán Castillo fue detenido, junto con su auxiliar y otros investigadores a su llegada a Virginia, en Estados Unidos. Se trataba del principal investigador del tráfico de narcóticos ilegales del país centroamericano. Fue a Estados Unidos para tomar un curso antinarcóticos. Lo ignoraba, pero ya pesaba contra él una acusación de conspiración para introducir droga a Estados Unidos, para lo cual se aprovechaba de su puesto.
Curiosamente semanas antes Castillo había amenazado con renunciar si no recibía mas apoyo gubernamental y criticó la corrupción que imperaba ahí dentro.
Luego del arresto, cocaína y efectivo fueron decomisados de la oficina del hasta entonces director de la Secretario de Análisis e Información Antinarcóticos Se encontraron 19 paquetes, de los cuales dos eran de cocaína y los restantes de lidocaína, sustancia para rebajar la cocaína. Además, las autoridades también hallaron 23 mil dólares.
Tristemente, la SAIA fue la sucesora del Departamento de Operaciones Antinarcóticos que debió cerrar en 2003 por corrupción y luego de que varios de sus integrantes tuvieran acusaciones de sustraer drogas de los decomisos policíacos, señala por su parte el informe de la ONU.
No han sido los únicos funcionarios acusados de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. Dos ex miembros de la oficina de Inteligencia, Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldo se quedaron sin visas para viajar a Estados Unidos luego de ser acusados de tráfico de drogas, de acuerdo con el reporte de la UNODC.
Otro incidente se presentó el 19 de febrero de 2007, cuando tres representantes salvadoreños del Parlamento Centroamericano fueron acribillados, luego de que se salieron de su ruta sin motivo aparente. El resultado de las indagatorias arrojó que entre los asesinos se encontraba el entonces jefe de la división de Investigaciones Criminales de Guatemala, Luis Arturo Herrera López y tres empleados suyos, reportó El Nuevo Diario. Según uno de los testimonios de estos hombres, su intención era extraer de un vehículo una carga de cocaína valuada en cinco millones de dólares. Al no hallarla, sacrificaron a los tripulantes y los calcinaron, reportó en otra nota el mismo diario cuatro días después.
Los empleados públicos, al ser llevados a una cárcel, fueron asesinados y ya no pudieron ofrecer más información.
Jueces guatemaltecos también han estado vinculados a narcotraficantes. En 2001, la juez Delmi Castañeda aceptó miles de dólares para hacerse de la vista gorda respecto a un caso de traficantes de drogas. Fue tal la cercanía que logró con el crimen organizado que hasta transportaba a los traficantes en su automóvil. Ella perdió su cargo, pero no fue procesada, reportó The New York Times el 30 de enero de 2003, luego de que el país centroamericano fuera “de-certificado” por EU en su guerra contra el narcotráfico.
El país era gobernado por Alfonso Portillo (2000-2004), quien años después sería acusado de lavado de dinero. Actualmente está en prisión, desde enero, a petición de Estados Unidos, país que lo acusa de lavar 70 millones de dólares, informó la agencia española EFE el 3 de agosto de este año.
Uno de los Zetas preso en Guatemala es el mexicano Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, quien se encuentra preso desde 2008, y cumple sentencia por dos procesos penales. En cuanto los cubra, será extraditado a México, a pesar de los recursos que interpuso su defensa.
Más decomisos
Respecto al incremento en decomisos de toda clase de drogas, el presidente de Guatemala Álvaro Colom calculó en octubre de 2009 que para fines de ese año los decomisos podrían alcanzar los ocho mil kilogramos, cantidad similar a la de 2003, informó la estación de radio La Primerísima de Guatemala. Según el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de 2009, en 2008 en Guatemala se decomisaron dos mil 200 kilogramos de cocaína.
Además de esa droga, otra sustancia ilícita que se trafica son los precursores químicos para metanfetaminas, que van a dar a México, nación donde continúa la fabricación ilícita de estimulantes tipo anfetamínico. Lo anterior fue reportado también en el Informe Mundial sobre Drogas de 2009, elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. En 2008 se incautaron 990 mil 300 tabletas de seudoefedrina en Guatemala, agrega el informe.
El mismo documento alerta de que el tráfico de opio y heroína ha mostrado una tendencia creciente y según autoridades guatemaltecas, está relacionado con el asentamiento de los Zetas. En 2008 se reportó que el gobierno de Guatemala acabó con 300 millones de plantas de adormidera y decomisó 10 kilogramos de heroína.
En problemas
Todos los índices muestran el crecimiento del narcotráfico en Guatemala. El poder de los grupos trasnacionales del crimen organizado es a la vez síntoma y causante de la debilidad del Estado, situación heredada desde los conflictos armados. También, la penetración de los Zetas en territorio guatemalteco refleja el hecho de que, a cuatro años del inicio de la “guerra contra las drogas” en México, el crimen organizado no sólo no muestra señales de debilitamiento, sino que está extendiendo sus tentáculos en toda la región, lo que representa riesgos mayores para un país empobrecido y con escasa infraestructura de seguridad como es Guatemala.
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