Semana política

4 agosto, 2010 ¡Hola! Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana. Estrategia de seguridad: la atomización Cofetel en vilo Gabinete del Gobierno del DF: disputa política y económica Estrategia de seguridad: la atomización. El presidente Calderón lo refrendó en los diálogos a los que convocó para evaluar la estrategia de seguridad: el objetivo es desarticular los cárteles mexicanos, a cualquier costo. Esto es, el objetivo no es acabar con el tráfico de drogas ni acabar con el crimen en México. Ante la amenaza de los grupos del crimen organizado –que se han vuelto demasiado poderosos– la única respuesta es atomizarlos. En esta lógica, el incremento en el número de homicidios relacionados con el crimen organizado –que ya rebasó la barrera de los 28 mil de acuerdo con las cifras oficiales– es una consecuencia natural e incluso deseable de la estrategia de seguridad. Convencido como está de que menos del 5% de los homicidios son de civiles inocentes y fuerzas del Estado, el Ejecutivo Federal asume que los cárteles se están haciendo cada vez más débiles, cada vez más desconfiados unos de otros y cada vez más feroces. Si esto es una guerra, pareciera argumentar el Presidente, es la mejor clase de guerra: aquella en la que el enemigo se mata a sí mismo. El problema con esta lógica es que ignora los efectos indirectos de la violencia. Los criminales, habiendo descubierto que el homicidio en México tiene patente de corso, cambian el bajo perfil para pelear una guerra pública, en la que los medios de comunicación quedan en ocasiones atrapados y que alimenta el temor de la sociedad civil, que se da cuenta de que, por estrategia –o en el caso de los gobiernos estatales por simple incapacidad– el Estado tiende a mantenerse al margen de la violencia. Y es la impunidad del homicidio el caldo de cultivo para la impunidad del resto de los delitos violentos que afligen al país. Cofetel en vilo. La batalla por el control de la Comisión Federal de Telecomunicaciones continúa, ahora en el Poder Judicial. Tras un punto de acuerdo promovido por los partidos de oposición en el Senado, se presentará esta semana una controversia constitucional en contra de dos acciones del Ejecutivo: aceptar la renuncia de Héctor Osuna –argumentando que la ley sólo contempla la renuncia de un Comisionado por causas graves– y el nombramiento de Mony de Swaan –argumentando su falta de experiencia en el sector. Con la nueva controversia constitucional, el PRI busca aumentar la presión para que se discutan posibles reformas al diseño institucional de los reguladores, en particular de la Cofetel. Lo que está en juego es el control de un sector altamente rentable, tanto por su potencial de crecimiento para el país como por el acceso que las empresas del sector pueden proveer a los partidos en términos electorales. Cabe señalar que no es la primera vez que la oposición disputa los nombramientos en la Cofetel, también lo hizo con Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous en 2006, controversia que tardó 3 años en resolverse. De hecho, los problemas sobre el control del organismo existen desde su creación. En 1995, la Cofetel se crea a través de un artículo transitorio, sin mayor consenso entre los partidos que la creación del organismo. No es hasta una década después, en 2006, que se reconoce el organismo por ley. Las diversas controversias e iniciativas de reforma presentadas relacionadas con la Cofetel, desde su creación hasta el momento, tienen en común que se centran en un debate no resuelto: el papel de los órganos reguladores, el grado de autonomía con el que deben contar y su relación con el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo visto, en las últimas semanas, y ante la controversia sobre los nombramientos que hoy se presenta, resulta evidente la incapacidad de ambos poderes para generar propuestas que busquen un equilibrio y que sean aceptables para la mayoría de los actores involucrados. Gabinete del Gobierno del DF: disputa política y económica. Las nuevas designaciones en el gabinete del Gobierno del Distrito Federal (GDF) responden al arranque formal de la operación político electoral de Marcelo Ebrard, tanto por la candidatura a la Presidencia de la República del PRD, como para lograr que su grupo político conserve la Jefatura de Gobierno capitalina. La salida de Mario Delgado de la Secretaria de Finanzas y su traslado a la Secretaría de Educación le permitiría contar con una agenda política más rentable: le ampliaría la posibilidad de tener contacto con el electorado, ejercer recursos con carga social y elevar su nivel de reconocimiento y opinión efectiva ante la ciudadanía. Si bien se había manejado la posibilidad de que Mario Delgado asumiera la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Martí Batres, el grupo de López Obrador y Rene Bejarano se impuso y conservó la secretaría. Lo anterior implica que una de las primeras disputas por el control político y de los recursos sociales del DF con potencial uso clientelar fue ganada por López Obrador. Los recursos destinados a subsidios y transferencias en la Ciudad de México, fuente de financiamiento de los programas sociales y educativos de la ciudad –que en la práctica pueden ser utilizados para el financiamiento de redes clientelares– representaron en el 2000 el 8.6% del total del gasto del GDF, en tanto que en el 2008 representaron el 26%, que en pesos y centavos significa poco más de 33.6 mil millones de pesos.

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