Caso Cassez: ¿y las víctimas?
Objetivos del Milenio: estados estancados.
Se acaba el silencio: llega la campaña.
2012 no es 1985.
CASO CASSEZ: ¿Y LAS VÍCTIMAS? El Ministro Arturo Zaldívar, con sólo dos años como Ministro, que propuso la liberación inmediata de Florence Cassez -acusada de secuestro y delincuencia organizada- , ya ha logrado colocar a la Corte como un verdadero contrapeso ante las actuaciones del Poder Ejecutivo. Primero, responsabilizado a funcionarios del IMSS con el caso "Guardería ABC" y, ahora, evidenciando las violaciones al debido proceso cometidas por la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante la detención de Cassez. El caso es muy conocido porque, literalmente, nació en la televisión: la detención de los supuestos criminales fue dada a conocer el 9 de diciembre de 2005 "en directo" en los informativos matutinos más importantes de la televisión mexicana. Pocas semanas después una investigación periodística de la reportera Yuli García revelaría que el operativo policial que todo México vio en la televisión había sido un montaje, que las detenciones de Florence y su novio ocurrieron de manera muy distinta a como lo mostraron las cámaras. De hecho, sucedieron en otro sitio y prácticamente un día antes de lo que las autoridades manifestaron originalmente. También, no hay que olvidar que resulta particularmente controversial en un sexenio que ha hecho la lucha contra el crimen organizado su bandera. A pesar de que la discusión se ha enfocado en la culpabilidad de la francesa, el proyecto de sentencia poco o nada tiene que ver con probar la inocencia de Cassez y, en cambio, se centra en una cuestión trascendental para una democracia: las consecuencias de violar el debido proceso penal. Uno de los principales argumentos para la liberación de Cassez es el que sostiene que el Estado mexicano no ofreció asistencia consular a la detenida. Y esa violación, es un misil al prestigio del país y a la congruencia de la política exterior, ya que México lleva más de una década pugnando para que los derechos consulares de los mexicanos sujetos a un proceso penal en E.E.U.U. sean respetados. Incluso, en 2003, llevo el caso de más de cincuenta mexicanos sentenciados a muerte en Texas a la Corte Internacional de Justicia. Más aún, llevó el caso de José Ernesto Medellín Rojas -sentenciado por los delitos de homicidio, secuestro y violación de dos menores estadounidenses- a la Suprema Corte de aquel país. Lo que los casos de Medellín y Cassez tienen en común es que su culpabilidad o inocencia es irrelevante. Cuando un proceso penal es viciado sucede que el detenido deja de tener recursos efectivos a su alcance para combatir un cargo en su contra y el juzgador pierde la posibilidad de evaluar las circunstancias del delito. Conocer qué pruebas o declaraciones no fueron contaminadas por una violación al proceso es casi tan difícil como verter litros de plomo en un río y después intentar beber las gotas limpias. Por eso la sentencia pierde valor y el proceso debe reponerse. Más allá de la notificación consular, lo que se puso sobre la mesa es la complicidad entre la Procuraduría General de la República y los medios de comunicación. El cabiledeo de los medios, con Televisa al frente, en el ámbiro judicial. El hecho de que la detención de Cassez se haya recreado con el fin de transmitirse en los medios como un hecho "en vivo", y que esa misma escenificación haya quedado asentada como real en los expedientes, invita a pensar que el Estado utiliza estos mecanismos de manera sistemática para legitimar la captura de presuntos narcotraficantes, secuestradores u homicidas a la ciudadanía. La línea, entonces, entre la justicia y la verdad se pone a años luz de distancia. Es jugar con los procesos a los que todo mundo, independientemente de su culpabilidad, tiene derecho. El caso Cassez es: esa mujer fue expuesta repetidamente y en profundidad a un espectáculo que resulta inadmisible en un sistema democrático de derechos y libertades. Dos cosas quedan en claro:
1.- Que los órganos de información sin ser parte en en juicio intervienen indebidamente presionando a la autoridad judicial exhibiéndola en un montaje inflado para vender su publicidad.
2.- El Ministerio Publico sigue cometiendo errores de buena y de mala fe; regularmente, si no es que siempre dejan al ofendido la carga de la prueba, las averiguaciones las hacen sin integrar debidamente los elementos del tipo.
La Corte, en aras de hacer justicia, se enfrenta a la problemática de la interpretación. Queda claro que el país se encuentra indefenso con tantos órganos informativos que interpretan a su modo los asuntos legales y por otra parte un Ministerio Publico que no acaba de independizarse del poder político. Hay quienes no ven el asunto desde la misma perspectiva, como el propio Calderón, Poiré o la candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, y que han expuesto su inconformidad con el proyecto y cuestionado dónde quedan las víctimas en todo este embrollo. En el fondo, esa es la pregunta relevante y aquella a la que la Corte renunció a dar jurisprudencia con su estrambótico fallo.
OBJETIVOS DEL MILENIO: ESTADOS ESTANCADOS. Recientemente la oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, dio a conocer su informe del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por entidad federativa comparando los años 2008 y 2010. Este Índice monitorea el progreso o retroceso en el desarrollo mediante tres dimensiones: Salud, Educación e Ingreso. Cabe señalar que en esta edición se introdujo la nueva metodología establecida para la medición del IDH a nivel mundial, los cambios se presentan en las dimensiones de educación en donde ahora se consideran estadios sobre los años de escolaridad (anteriormente se tomaba la tasa de alfabetismo y la matrícula); y de ingreso donde se calcula el Ingreso Nacional Bruto per cápita (antes se recurría el Producto Interno Bruto per cápita). En el caso del IDH para las entidades, se recurrió a estadísticas preparadas ex profeso por la SEP y se tomó información del la Encuesta de Ingreso-Gasto de los hogares para el cálculo del ingreso. Ahora bien, los resultados presentados muestran que en general el ordenamiento de los estados no ha variado, se tiene que el Distrito Federal y Nuevo León ocupan el primer y segundo lugar respectivamente, mientras que Guerreo, Oaxaca y Chiapas son los tres últimos de la lista, en este sentido la nueva metodología no hace diferencia alguna en los extremos. Con respecto a los demás estados se han registrado algunas variaciones más destacadas como en el caso de Chihuahua que entre 2008 y 2010 cayó 9 posiciones pasando de lugar 8 al 17, el factor que influyó decisivamente en esta caída fue el de ingreso. En sentido contrario Aguascalientes escaló 5 lugares al pasar de la posición 13 a la 8, nuevamente el factor destacado fue la nueva medición del ingreso. De hecho, muchas entidades sufrieron cambios importantes en esta medida, lo que requiere de un análisis más detallado. No obstante, el interés de esta nota se centra en el comportamiento histórico del IDH, que a decir del propio PNUD, se presentará por última vez en virtud de que ya no es comparable con el nuevo informe y los subsecuentes. Si nos ponemos nuestra atención en el ordenamiento de los estados, tenemos que entre 2000 y 2010, no ha habido variaciones significativas el DF es el numero 1, Nuevo León el 2 y Guerreo, Oaxaca y Chiapas los tres últimos. Pero al analizar el valor del IDH de estas tres entidades encontramos que en 10 años si ha habido mejorías a destacar. Chiapas por ejemplo registró un IDH de 0.7078 en 2000 y un valor de 0.7469 en 2010 (con la metodología anterior), ello implica una mejoría de 5.5% en su índice. Es uno de los estados con el mejor aumento promedio anual en su IDH durante el periodo sólo superado por Zacatecas. En contraste, el índice del Distrito Federal mejoró en los 10 años 2.5% al pasar de 0.8967 a 0.9225. Si bien siguen en los extremos, ya que el Distrito Federal continua siendo el número 1 y Chiapas en número 32, es de destacar la mejoría en el nivel de desarrollo humano del estado sureño, pero no le alcanza. Por qué Chiapas no ve reflejada su aumento en el IDH con una mejor posición, como si lo hace por ejemplo Zacatecas, otro de los estados menos favorecidos, que pasó del lugar 26 al 23 en la década. La primera respuesta es muy evidente, por que los demás estados también han mejorado de tal suerte que han mantenido su distancia entre ellos. La segunda es que el atraso de las tres entidades (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) es tal que necesitan de un mayor esfuerzo para poder tan siquiera alcanzar el siguiente estado es la lista: Michoacán. El IDH de Michoacán es en promedio 1.06 veces el de Chiapas y 1.03 veces los de Oaxaca y Guerrero, y esta relación se ha mantenido durante la década. El debate es profundo, pero el sentido común nos indica que, para emepzar, cada estado necesitaría trabajar en el desarrollo de sus propias potencialidades y vocaciones productivas y no vivir pendientes de lo que papá gobierno federal otorgue de domingo.
SE ACABA EL SILENCIO: LLEGA LA CAMPAÑA. Todo está listo para las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo. Los partidos políticos han resuelto ya quienes serán sus candidatos, y de aquí a fines de mes veremos un fenómeno, si bien no nuevo, si masivo en la política mexicana: el transfuguismo. También es verdad que el próximo sábado empiezan ya los cursos de capacitación a lso ciuddanos que ejercerán de representantes ciudadanos y deberán validar la elección. Lo anterior nos hablaría de una aburrida normalidad democrática salvo que, a diferencia de los procesos vividos cada seis años desde 1994, cuando se contó por primera vez con un aparato electoral independiente del gobierno, esta elección ha sido una en que los aspirantes presidenciales llevan semanas prácticamente mudos, callados en pleno marzo, y más aún imposibilitados por ley para realizar mítines donde se llame por cualquier vía a votar por ellos. La ley electoral, reformada en 2007, acortó las campañas y para esta ocasión quedó un espacio de seis semanas tan sui generis que incluso hubo que inventar un término. Estamos en la "intercampaña", periodo que va de la elección interna de los partidos al arranque formal de las campañas, fechado para el 30 de marzo. Los candidatos no quieren violar la ley que los limita, así que cada uno a su manera ha optado por el bajo perfil, pero no son los únicos: hay medios de comunicación electrónicos que incluso han prohibido a sus periodistas a emitir entrevistas con los aspirantes presidenciales. En México también pueden ser multados los medios, aunque ellos han reaccionado con estupor y han alegado al sacrosanta libertad de expresión. El mes pasado las autoridades electorales encontraron culpable a un peleador de box que promocionó a un partido -llevaba en el calzoncillo el logotipo del PRI-, por lo que deportista, e increíblemente también la televisora que transmitió la pelea que tuvo lugar en Las Vegas, Nevada, fueron multados. Pero qué ha ocurrido en este periodo de silencio, si desde mediados de 2011 ya estaba todo México con el ánimo electoral encendido, ¿de qué se ha llenado el vacío que ha quedado por este mandato de ley? La respuesta: de encuestas . El debate ha sido sobre si están amañadas, hechas a modo, si cuentan con metodología clara, si dan toda la información o sólo la que mejor conviene a sus clientes. La disparidad entre las cifras de diversas casas encuestadoras que publican regularmente sus números, ha resultado casi tan candente como si fueran los propios candidatos los que encendieran el debate. La realidad señala una verdad tristísima: el debate de las ideas ha dado paso al de los números y los puntos porcentuales.
2012 NO ES 1985. En las bocas de muchos chilangos que sintieron el temblor de este martes estaba el gran sismo de 1985. Nada comparable, porque el de hace 27 años dejó decenas de miles de víctimas, mientras que el más reciente ha provocado unos siete heridos. Es lógico: el de 1985 tuvo una magnitud de 4 puntos porcentuales de mayor intensidad a este: 8,1 en la escala de Richter frente a magnitud de 7,8. La tragedia de 1985 ha ayudado a que no se registren graves daños humanos o materiales. Por ejemplo, la "selección natural" arquitectónica que supuso aquel terrible temblor benefició a los ciudadanos del 2012: los edificios que no aguantaron el seísmo quedaron destruidos. Las normas han cambiado e incluso los actores (aquella ciudad era gobernada por el Presidente y su Jefe de Departamento, esta por el Jefe de Gobierno). La gestión, gracias a las redes sociales, se ha transparentado muchísimo y el famoso Manual de Protección Civil de no corro, no grito no empujo ha permeado en la población con gran madurez y naturalidad. Si bien la corrupción en la construcción de vivienda ha seguido siendo una de las papas calientes de todas las administraciones (el Instituto de Vivienda del DF es la dependencia que más recomendaciones ha recibido pro parte del órgano fiscalizador de la Asamblea), su tipología ha variado: no se juega con los materiales, si no se pretende que aquellos beneficiados pasen a engrosar las listas clientelares de los partidos políticos, sobre todo del PRI y del PRD. Es evidente que la Ciudad tiene ya unas normas antisísmicas de vanguardia, que han permitido que los sectores estratégicos de la Ciudad estén en funcionamiento: los de salud, transporte -con la salvedad de la línea A del metro-, comunicaciones y el anillo de fibra óptica. Si bien el tiempo ha pasado, y el paisaje urbano ha ido cambiando y mejorando, no debemos olvidar lo obvio: la composición del suelo de la Ciudad sigue siendo exactamente la misma. El Distrito Federal se ha establecido sobre terrenos muy diferentes que incluyen suelo de relleno para tapar el antiguo lago. Ante ese gran crimen ecológico poco o nada se ha hecho.
.
facebook.com/CGALMA youtube.com/dmarthe ciapgalma.blogspot.com @ciapgalma
No hay comentarios:
Publicar un comentario