Por Thalif Deen (*)
Afganistán, país antes considerado el cementerio de los imperios, lideró la lista de naciones con el "más significativo aumento" de muertes civiles el año pasado, incluida en un informe divulgado este jueves por la organización Minority Rights Group International (MRG).
El trabajo anual, titulado "Pueblos bajo amenaza", señala que las bajas de civiles en Afganistán se incrementaron en los últimos cinco años.
"Y la continua debilidad del gobierno central, la desunidad interna y la corrupción sistémica contribuyen a un mal pronóstico", añade.
Según el estudio, la cifra de este año superará a las 3.000 muertes de civiles en 2010.
Mark Lattimer, director ejecutivo de MRG, grupo que trabaja por los derechos de las minorías, dijo a IPS que el movimiento islamista Talibán y otras fuerzas antigubernamentales eran responsables de 75 por ciento de esas muertes.
Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama), al menos 440 muertes civiles fueron responsabilidad de las fuerzas que apoyan al gobierno del presidente Hamid Karzai, incluyendo las de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Más de 170 personas fallecieron en ataques aéreos, añadió.
Al hablar ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la subsecretaria general para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, manejó una mayor cifra de muertos y heridos civiles. Afirmó que 7.000 personas habrían fallecido y resultado heridas en ese país de Asia central el año pasado, un incremento de 19 por ciento respecto de 2009.
Fuerzas antigubernamentales serían responsables de más de 5.000 de esas víctimas, mientas que artefactos explosivos improvisados y atentados suicidas en áreas civiles siguen causando un gran número de muertos y heridos.
El anuncio del Talibán la semana pasada de que comenzaría una nueva ofensiva "es de gran preocupación", dijo Amos al Consejo.
El estudio de MRG también analiza a varios otros países donde se incrementó el número de bajas civiles, como Costa de Marfil, Yemen, Kirguistán y Libia.
Amos dijo estar consternada por el nivel de violencia contra los civiles en Bahrein, Yemen y, más recientemente, Siria, así como por la pérdida de vidas y las violaciones a los derechos humanos.
Otros países donde la población civil se ve atacada son Somalia, la República Democrática del Congo, Sudán, Colombia, la República Centroafricana y Sri Lanka, donde 40.000 civiles "pudieron haber muerto en las etapas finales del conflicto", en mayo de 2009.
"Algunas de esas violaciones equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", señaló, y subrayó que "el derecho internacional exige que esas denuncias sean propiamente investigadas".
Mientras, consultado sobre cuántas muertes de civiles son indagadas por la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Lattimer dijo que el fiscal de ese tribunal, Luis Moreno-Ocampo, abrió una investigación sobre los crímenes cometidos en Libia, luego de que le fuera derivado el caso por el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero.
"Esto bien podría llevar a que altos miembros del gobierno (libio) sean juzgados en La Haya", dijo a IPS.
Moreno-Ocampo ha llevado adelante investigaciones preliminares de muertes en Costa de Marfil y Afganistán.
Aunque Afganistán ratificó el Estatuto de Roma, por el cual se creó la CPI para el juzgamiento de casos de genocidio y crímenes de guerra, Lattimer señaló que Estados Unidos aún se resiste a ceder jurisdicción a ese tribunal sobre sus fuerzas militares.
"Vemos que la CPI participa en cada vez más casos, y vemos la amenaza de un proceso penal sobre una amplia gama de líderes", destacó.
No obstante, sostuvo que las posibilidades reales de esos procesos dependen fuertemente de factores políticos, como si los países ratifican o no el Estatuto de Roma o la disposición del Consejo de Seguridad de la ONU para derivar casos al tribunal.
Amos dijo que el ataque deliberado a civiles y otras violaciones al derecho humanitario internacional en el marco de hostilidades tienen como resultado cientos de personas muertas, heridas o traumatizadas cada semana.
"El fracaso inicial para respetar la ley es casi siempre el precursor de la violencia, causando sufrimiento y traumas en los civiles, incluyendo el desplazamiento masivo dentro y fuera de fronteras", señaló.
"Hemos presenciado una serie sin precedentes de crisis en varias partes de Medio Oriente, así como de África del norte y subsahariana", señaló.
Mientras, MRG señaló en su informe que la muerte del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, no incidiría ni en el aumento de las insurgencias locales ni en la capacidad del Talibán para realizar operaciones en Kabul o en otras importantes ciudades.
"Y cualquier agravamiento del conflicto o cualquier real reordenamiento del poder en Kabul llevará el riesgo de un derramamiento de sangre a gran escala en un país que puede dividirse entre el sur, dominado por los pashtún, baluarte del Talibán, y los dominios tajakos-uzbekos de la antigua Alianza del Norte", indicó Lattimer.
Mientras, Amos alertó al Consejo de Seguridad que cuando se trata de proteger a civiles en el marco de hostilidades, "el panorama es crudo, y continuará así ante la falta de esfuerzos determinados de las partes en conflicto a respetar la ley".
Afganistán, país antes considerado el cementerio de los imperios, lideró la lista de naciones con el "más significativo aumento" de muertes civiles el año pasado, incluida en un informe divulgado este jueves por la organización Minority Rights Group International (MRG).
El trabajo anual, titulado "Pueblos bajo amenaza", señala que las bajas de civiles en Afganistán se incrementaron en los últimos cinco años.
"Y la continua debilidad del gobierno central, la desunidad interna y la corrupción sistémica contribuyen a un mal pronóstico", añade.
Según el estudio, la cifra de este año superará a las 3.000 muertes de civiles en 2010.
Mark Lattimer, director ejecutivo de MRG, grupo que trabaja por los derechos de las minorías, dijo a IPS que el movimiento islamista Talibán y otras fuerzas antigubernamentales eran responsables de 75 por ciento de esas muertes.
Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama), al menos 440 muertes civiles fueron responsabilidad de las fuerzas que apoyan al gobierno del presidente Hamid Karzai, incluyendo las de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Más de 170 personas fallecieron en ataques aéreos, añadió.
Al hablar ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la subsecretaria general para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, manejó una mayor cifra de muertos y heridos civiles. Afirmó que 7.000 personas habrían fallecido y resultado heridas en ese país de Asia central el año pasado, un incremento de 19 por ciento respecto de 2009.
Fuerzas antigubernamentales serían responsables de más de 5.000 de esas víctimas, mientas que artefactos explosivos improvisados y atentados suicidas en áreas civiles siguen causando un gran número de muertos y heridos.
El anuncio del Talibán la semana pasada de que comenzaría una nueva ofensiva "es de gran preocupación", dijo Amos al Consejo.
El estudio de MRG también analiza a varios otros países donde se incrementó el número de bajas civiles, como Costa de Marfil, Yemen, Kirguistán y Libia.
Amos dijo estar consternada por el nivel de violencia contra los civiles en Bahrein, Yemen y, más recientemente, Siria, así como por la pérdida de vidas y las violaciones a los derechos humanos.
Otros países donde la población civil se ve atacada son Somalia, la República Democrática del Congo, Sudán, Colombia, la República Centroafricana y Sri Lanka, donde 40.000 civiles "pudieron haber muerto en las etapas finales del conflicto", en mayo de 2009.
"Algunas de esas violaciones equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", señaló, y subrayó que "el derecho internacional exige que esas denuncias sean propiamente investigadas".
Mientras, consultado sobre cuántas muertes de civiles son indagadas por la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Lattimer dijo que el fiscal de ese tribunal, Luis Moreno-Ocampo, abrió una investigación sobre los crímenes cometidos en Libia, luego de que le fuera derivado el caso por el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero.
"Esto bien podría llevar a que altos miembros del gobierno (libio) sean juzgados en La Haya", dijo a IPS.
Moreno-Ocampo ha llevado adelante investigaciones preliminares de muertes en Costa de Marfil y Afganistán.
Aunque Afganistán ratificó el Estatuto de Roma, por el cual se creó la CPI para el juzgamiento de casos de genocidio y crímenes de guerra, Lattimer señaló que Estados Unidos aún se resiste a ceder jurisdicción a ese tribunal sobre sus fuerzas militares.
"Vemos que la CPI participa en cada vez más casos, y vemos la amenaza de un proceso penal sobre una amplia gama de líderes", destacó.
No obstante, sostuvo que las posibilidades reales de esos procesos dependen fuertemente de factores políticos, como si los países ratifican o no el Estatuto de Roma o la disposición del Consejo de Seguridad de la ONU para derivar casos al tribunal.
Amos dijo que el ataque deliberado a civiles y otras violaciones al derecho humanitario internacional en el marco de hostilidades tienen como resultado cientos de personas muertas, heridas o traumatizadas cada semana.
"El fracaso inicial para respetar la ley es casi siempre el precursor de la violencia, causando sufrimiento y traumas en los civiles, incluyendo el desplazamiento masivo dentro y fuera de fronteras", señaló.
"Hemos presenciado una serie sin precedentes de crisis en varias partes de Medio Oriente, así como de África del norte y subsahariana", señaló.
Mientras, MRG señaló en su informe que la muerte del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, no incidiría ni en el aumento de las insurgencias locales ni en la capacidad del Talibán para realizar operaciones en Kabul o en otras importantes ciudades.
"Y cualquier agravamiento del conflicto o cualquier real reordenamiento del poder en Kabul llevará el riesgo de un derramamiento de sangre a gran escala en un país que puede dividirse entre el sur, dominado por los pashtún, baluarte del Talibán, y los dominios tajakos-uzbekos de la antigua Alianza del Norte", indicó Lattimer.
Mientras, Amos alertó al Consejo de Seguridad que cuando se trata de proteger a civiles en el marco de hostilidades, "el panorama es crudo, y continuará así ante la falta de esfuerzos determinados de las partes en conflicto a respetar la ley".
(*) Periodista de IPS
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