miércoles, 2 de marzo de 2011

Semana política



Síntesis GALMA


3 de marzo, 2011
 
¡Hola!  Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana.

  1. ¿Y la responsabilidad?: Estados endeudados
  2. Telecomunicaciones: regulación y confrontación comercial.
  3. Lecciones no aprendidas: más TLC's.


¿Y la responsabilidad?: Estados endeudados. En los últimos 10 años los recursos ejercidos por los gobiernos locales representan alrededor de la tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación –para el 2011 ascenderán a poco más de 1.12 billones de pesos. La creciente demanda de recursos por parte de los gobiernos locales se ha financiado primordialmente de tres fuentes: transferencias federales, que constituyen aproximadamente 85% de su presupuesto total; recaudación de impuestos, que no rebasa el 15% en promedio ya que no están dispuestos a asumir los costos políticos de cobrarlos; y el endeudamiento, ya sea vía crédito bancario o bursatilización de las transferencias federales. a deuda pública es un tema particularmente relevante al que hay que prestar atención, ya que comienza a ser una importante carga financiera para los gobiernos locales que limita sus decisiones de gasto (tanto en cantidad como calidad). En algunos casos, la deuda pública contratada por los estados supera los recursos que recibirán de la Federación vía participaciones y que, junto con los pasivos laborales (pensiones de la burocracia) pueden convertirse en el mediano plazo –incluso antes– en un verdadero dolor de cabeza, y no sólo para las finanzas públicas de estados y municipios. El problema podría escalar a la Federación por dos aspectos: el primero, porque algunas instituciones bancarias y empresas calificadoras –quienes otorgan la certificación para la bursatilización de transferencias federales– asumen indirectamente, que el Gobierno Federal es una especie de “aval solidario” de los gobiernos locales, y respaldará su deuda en el momento en que no puedan pagarla. Ello podría generar una crisis financiera en el país parecida a la vivida por Argentina en el 2001; segundo, un excesivo endeudamiento de los gobiernos locales generaría una creciente presión sobre las finanzas públicas federales, ya que obligaría a la Federación a buscar nuevas fuentes de financiamiento –nuevos impuestos o incremento de los existentes– considerando que el ingreso petrolero proveerá cada vez menos recursos suficientes para financiar el gasto público.

Telecomunicaciones: regulación y confrontación comercial. Los pendientes en el sector telecomunicaciones son muchos y no son nuevos. Cada nuevo Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) o Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) los reconoce al asumir el cargo. Y sin embargo, pasa el tiempo y se resuelve poco. Este inicio de año no fue la excepción. Vino acompañado de múltiples declaraciones para ejercer acciones gubernamentales que resolverían algunos de estos pendientes. Entre ellos se encuentra la resolución de temas como la licitación de una tercera cadena de televisión, los precios de interconexión (a través de los cuales otras empresas pueden conectarse a la red de Telmex), el cambio en el título de concesión de Telmex para que pueda ofrecer contenido televisivo, y la convergencia de empresas en ambos ramos (radiodifusión y telefonía) para ofrecer servicios de cuádruple play (servicios empaquetados de telefonía fija, móvil, televisión e Internet). Sin embargo, años de inacción por parte de las autoridades federales (SCT, COFETEL y Comisión Federal de Competencia (CFC)) para resolver los problemas del sector han propiciado que la batalla entre particulares se libre en el ámbito comercial, en los medios de comunicación y en los tribunales. Es un pleito de todos contra todos. Así, mientras Grupo Carso retira sus pautas publicitarias de ambos conglomerados televisivos, Televisa impone una demanda ante la CFC por la participación de Telmex en el cobro de los servicios de Dish (el sistema de televisión por cable de MVS). TV Azteca, por su parte, reclama que el desacuerdo publicitario con Grupo Carso se debe a que Telmex no termina por cumplir con los precios de interconexión exigidos por el órgano regulador. Es decir, detrás de una confrontación que parece meramente comercial se esconden los pendientes del sector, que las autoridades (SCT, COFETEL y CFC) no han querido o no han podido resolver. Y todo indica que por lo pronto no se observarán cambios importantes que resuelven los pendientes del sector, ya que el Gobierno Federal se estaría arriesgando a generar la percepción de favorecer a uno u otro grupo empresarial, pudiendo afectar seriamente sus intereses rumbo a las próximas campañas electorales, tanto en cobertura como respaldo.  

Lecciones no aprendidas: más TLC's.
La semana próxima comparecerán ante el Senado los Secretarios de Relaciones Exteriores, Agricultura y Economía. El tema principal a tratar serán los acuerdos comerciales pendientes con algunos países de América del Sur, particularmente, Colombia, Venezuela, Brasil y Perú. Lo más probable es que las comparecencias reproduzcan la pobre discusión que se ha dado entre actores del Gobierno Federal, la industria y los campesinos desde que se anunció el inicio de las negociaciones. Del lado de las cámaras empresariales, los argumentos contra la firma de nuevos acuerdos comerciales van desde miedos por problemas sanitarios –como la fiebre aftosa en bovinos de Colombia– pasando por prácticas desleales de los competidores extranjeros –sobre todo brasileños– hasta el señalar que la firma de los tratados incrementaría sólo marginalmente el  volumen de comercio con estos países. El problema principal ha sido la falta de comunicación para exponer la preocupación principal de la iniciativa privada, el hecho de que si bien los acuerdos comerciales en cuestión impulsarían  de forma marginal al sector exportador en el corto plazo, por la falta de políticas industriales orientadas al incremento sistemático de la productividad y la competitividad, en el mediano y largo plazo estos acuerdos no solucionarían los problemas estructurales del sector exportador en México. En todo tratado de libre comercio existen ganadores y perdedores. El error del Ejecutivo, sin embargo, está en no ofrecer pronósticos reales del impacto de los tratados, evaluaciones del establecimiento de salvaguardas a productos específicos, y soluciones puntuales de restructuración y recapacitación de los desempleados en sectores afectados, pues de otra manera es políticamente inviable que se acepte un “desempleo a corto plazo” sin que parezca un “complot neoliberal”. Si bien cada Gobierno tiene su propio estilo de negociación, el de este sexenio parece centrarse en dar por hecho el valor de los tratados de libre comercio, suponiendo que los actores entienden las ventajas y desventajas explícitas e implícitas de éstos. El argumento de la diversificación de acceso a mercados para los productos mexicanos tiene mucho sentido, pero debe ganarse el apoyo de la sociedad y acompañar la agenda comercial con una serie de políticas públicas que promuevan el crecimiento en todos los sectores y ofrezcan alternativas a los afectados. De otra forma, las partes seguirán sin escucharse.

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