| | | |
|  | ¡Hola! Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana.
- Paquete fiscal 2011: el reto
- Inundaciones: lamentar es más redituable
- Ejército: los derechos fundamentales
Paquete Fiscal 2011: el reto. La aprobación del paquete fiscal 2011 será un gran reto para el Ejecutivo Federal, primordialmente por tres razones: el crecimiento de la economía post crisis será modesto, lo que impide considerarla como una fuente de financiamiento significativa del gasto público; la caída de los ingresos petroleros derivados de la disminución en la producción de PEMEX; y la creciente presión de los gobernadores por recibir más recursos para ejercer en un año clave para la sucesión presidencial.
El crecimiento esperado de la economía durante el 2010 hace inviable considerar un incremento en impuestos –ni en tasas ni en número– para financiar el gasto público, por lo tanto la estrategia del Ejecutivo tendría que enfocarse en ampliar la base gravable y en incrementar la calidad del gasto –más eficiente y orientado a actividades de mayor valor agregado e impacto social.
La producción y venta de petróleo es una de las principales fuentes de financiamiento del gasto público –en el periodo 2001-2009, en promedio, el 46% del gasto público fue financiado por la venta de petróleo– lo que hace en extremo vulnerables las finanzas públicas. Durante 2009 los ingresos por este concepto registraron una caída de 18% y según las estimaciones la tendencia para los próximos años es decreciente. Esto obligaría al Ejecutivo a plantear otras fuentes de financiamiento, sin embargo, podrían ser política y electoralmente costosas en el corto plazo.
Los gobiernos locales, a través de sus diputados federales, han incrementado la presión sobre el Ejecutivo para incrementar los recursos transferibles a sus entidades. Si bien, 1 de cada 3 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) lo gastan estados y municipios, en promedio, 85% de esos recursos son destinados a gasto corriente y sólo el 15% a gasto en inversión. Si se considera que el PEF para el 2011 será de alrededor de 3.37 billones de pesos, los recursos que ejercerían los estados ascenderían a poco más de 1.12 billones de pesos –recursos que en la mayoría de los casos se ejercen con opacidad y lejos del escrutinio público y la rendición de cuentas.
| Inundaciones: lamentar es más redituable. Las fuertes lluvias que en estos días han inundado los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, han dejado hasta ahora a más de 600 mil personas damnificadas. No es la primera vez, ni será la última mientras no se modifique la estructura de gasto en infraestructura en los estados, y con ella los incentivos a descuidar la prevención y a esperar el rescate del Gobierno Federal.
La estructura de transferencias federales hace que los gobiernos estatales tengan todos los incentivos para denunciar la inacción federal cada vez que un desastre natural azota a la entidad en cuestión. En esta ocasión, el gobernador Granier, reconoció la efectividad de la coordinación estado-federación que implementó el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), para luego reclamar al Ejecutivo Federal su responsabilidad en promover una “reingeniería total” de su estado.
Aunque la responsabilidad de corregir los estragos de la tragedia recae en la federación, las autoridades locales son las responsables de invertir en infraestructura que permita mitigar los efectos de los predecibles fenómenos naturales. Por ejemplo, pocas veces se recurre al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), 70% del cual es financiado con fondos federales y 30% con fondos estatales y que está destinado precisamente al tipo de obras que mitigarían los riesgos del desastre. Paradójicamente, la estructura de gasto de los gobiernos estatales continúa privilegiando el gasto corriente por encima del gasto de inversión, a sabiendas de que el gasto en obras de infraestructura “que no se ven” no les redituará en lo electoral. Tabasco no es la excepción, si bien es un estado altamente vulnerable a inundaciones, en el periodo 1980-2008 las autoridades locales gastaron en promedio sólo 141 pesos per cápita en obra pública mientras que el promedio nacional asciende a 341 pesos.
Con los incentivos alineados para descuidar la prevención, cualquie r contingencia continuará propiciando el tipo de acusaciones que se han observado esta semana por parte de los estados hacia la federación. Basta un mínimo de presión política para acceder a fondos que permiten ejercer una gran cantidad de recursos adicionales con pocos mecanismos de control.
Ejército: los derechos fundamentales. La actuación del Ejército está nuevamente en el centro del debate. Dos civiles murieron en circunstancias que en el mejor de los casos resultan muy preocupantes, y en el peor, podrían caracterizarse como asesinato. Esta vez, como en el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y el de Bryan y Martín en Tamaulipas, el Presidente de la República y su gabinete han sido vehementes en su defensa de la actuación del Ejército. En esta ocasión hay un nuevo ángulo además: un intento de justificar la muerte de civiles aludiendo a la incapacidad de éstos para sujetarse a las reglas que marca la situación de emergencia no declarada que se vive.
Estos eventos alimentan, de manera natural, el debate sobre la necesidad de modificar el fuero militar. Sin embargo esta circunstancia es engañosa. En realidad, la responsabilidad última por las acciones de los militares y, en general, las fuerzas federales que combaten en el terreno recae en las directrices que reciben. ¿Cuáles son las reglas de combate a las que deben apegarse los soldados? ¿Hasta qué punto creen los mandos y el Ejecutivo Federal que la situación que se vive amerita medidas extraordinarias y violaciones cada vez más frecuentes a las garantías fundamentales? ¿Existe la voluntad para castigar excesos individuales aunque se corra el riesgo de desmoralizar a una tropa sobreextendida y agotada?
Ahora que el Presidente Calderón ha declarado que el Ejército permanecerá en el combate al crimen organizado hasta el final de su sexenio, éstas preguntas se vuelven cada vez más urgentes. Nadie quiere pensar que el dilema que se presenta es el de sacrificar libertades básicas a cambio de seguridad, ya que este es un terreno que lleva a que el Estado pierda su legitimidad. Pero si ese no es el caso, el Ejecutivo Federal deberá elaborar mejores respuestas que las que está dando
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario