30 de noviembre de 2011.
Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.
1. Elecciones: de discursos y reglas mediáticas.
2. ¿Hasta cuándo abusarás?
3. Calderón y su estrategia a La Haya.
ELECCIONES: DE DISCURSOS Y REGLAS MEDIÁTICAS. Mientras el problema del crimen organizado, violencia e inseguridad se agrava, los partidos políticos permanecieron como espectadores cautelosos. Sin embargo, a pocos días de iniciar las precampañas por la presidencia, los aspirantes parecen encontrar cada vez más difícil escabullirse del tema. No sólo se trata de proponer soluciones al problema una vez ganada la elección, la cuestión también está en cómo sortearán sus respectivas campañas en zonas controladas por el crimen organizado. En ese sentido, los procesos electorales a los que se sometieron algunas entidades con una fuerte presencia del crimen organizado -Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila o Guerrero- han fungido como antecedente a la contienda nacional. En la reciente elección de Michoacán se introdujo un elemento novedoso: la posibilidad de atribuir al crimen organizado los resultados de la elección. Con ese escenario como antecedente la estrategia de los aspirantes del PAN resulta clara. Por un lado, lo que comparten Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero es que optarán por no ocuparse en desacreditar la imagen pública de Enrique Peña Nieto y, en cambio, su objetivo será demostrarle al electorado indeciso la relación del PRI con el crimen organizado, desde los viejos tiempos de la operación Zimmerman y el gobierno de Calles en Sonora. En esa lógica, la grabación que publicó Milenio -en la que un grupo del crimen organizado presuntamente amenazó a la población michoacana para que votaran por el PRI- podría provocar un efecto favorable para el PAN pero, a la par, despertar la preocupación por el uso político de las instituciones de inteligencia criminal. Por ejemplo; Ernesto Cordero es un fiel defensor de la estrategia del presidente Calderón; mientras que para Josefina Vázquez Mota la lógica de guerra no es una consigna de su partido y que, como el lema de su campaña lo dice, lo que ella difunde es Amor por México. En ese aspecto, el discurso de la precandidata se asemeja más al de sus contrincantes, cuyos discursos apelan a nociones pacíficas y de reconciliación. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en un ánimo de renovación ha bautizado su proyecto como República Amorosa. Enrique Peña Nieto eligió como lema de campaña la gran esperanza; viejo lema de la izquierda en el 2006. Entonces, ¿existen las ideologías políticas o las propuestas de los precandidatos son un burdo intento de reproducir el ánimo social? En buena medida, de esos discursos se debe elegir algo muy concreto ahora en 2012: la continuidad de la estrategia de confrontación o la reconciliación del país. Por otro lado, más allá del análisis del discurso político, el posicionamiento de Peña Nieto y López Obrador como candidatos únicos de sus respectivos partidos ha desatado el debate respecto a si les será o no posible hacer uso de las prerrogativas electorales -particularmente spots de radio y televisión- durante los tiempos de precampañas marcados por el Instituto Federal Electoral (IFE). Ambos partidos han mencionado la posibilidad de inscribir a precandidatos testimoniales para poder hacer uso de dichos tiempos en televisión y radio. Esta simulación podría ser vista con malos ojos por el electorado, y ni a Beltrones ni a Ebrard les hubiese convenido desgastar su imagen al jugar este papel. Sin embargo, la vulnerabilidad de la reglamentación en cuanto a precampañas, abre otra gama de posibilidades para el PRI o el PRD. El artículo 15 del Reglamento de acceso a Radio y Televisión en materia electoral marca que si un partido no realiza actos de precampaña -en este caso por haber finalizado su proceso de selección interna- los promocionales serán utilizados para la difusión de mensajes genéricos del partido político en cuestión. No obstante, al no existir reglamentación en cuanto a qué es un mensaje genérico, pareciera que lo único que los precandidatos tienen que hacer para no incurrir en actos anticipados de campaña es no pedir el voto ciudadano o de militantes, por ser esto lo que define una precampaña. En estos dos fenómenos queda algo claro: los vacíos de legalidad existentes en el COFIPE y derivados de la reforma electoral de 2007, serán el blanco de discusión en los próximos meses. Quizá muchas de estas discusiones resultarán insignificantes; sin embargo, nuevamente serán elementos que contribuirán al conflicto postelectoral y a la falta de certeza. sobre el resultado de la elección. Pero como decían en la vieja Castilla: hecha la ley, hágase la diatriba.
¿HASTA CUÁNDO ABUSARAS? Parece una frase salida de la famosa novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, pero lo cierto es que una declaración hecha por un padre desesperado ante el Presidente de la Reública, el Jefe del Estado. “A mí me van a matar en cualquier rato, pero no me importa, yo no voy a dejar de luchar por mi hijo, así está la cosa”, eso dijo Nepomuceno Moreno Muñoz hace seis meses y 20 días. Y tuvo más razón que un santo: el lunes, en Hermosillo, la capital del Estado de Sonora, fue asesinado de cinco tiros. Moreno, de 56 años, había denunciado en distintas ocasiones —la más reciente apenas hace dos semanas— que era objeto de amenazas en represalia por mantener su denuncia contra policías, los probables autores del secuestro de su hijo Jorge Mario, de 18 años, desaparecido junto a cinco jóvenes en Ciudad Obregón, a 254 kilómetros de Hermosillo. Uno de los chavos apareció muerto horas después del incidente, que incluyó una persecución; dos más, sostenía el propio Moreno, fueron devueltos tras pagar un millón de pesos, pero Jorge Mario y dos de sus amigos siguen sin aparecer. El 1 de julio de 2010, en la última comunicación que mantuvieron, Jorge Mario dijo a su padre que él y sus amigos estaban siendo seguidos por policías de Sonora. Moreno no se resignó a que a su hijo se lo hubiera tragado la tierra. Acudió a la prensa local, pero nadie quiso publicar nada: “Sabe qué, no diga nada, porque lo van a matar”, recuerda Moreno en un vídeo difundido a través de Youtube, el canal de vídeos de Google. Cuando supo del movimiento de Sicilia se sumó. Con ellos emprendió dos caravanas por todo el país y participó el 14 de octubre en el segundo diálogo de las víctimas con el presidente Calderón, a quien pidió protección. Javier Sicilia, cabeza del Movimiento por la Paz, declaró la noche del lunes que hacía responsable de la muerte de Nepomuceno al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías (del Partido Acción Nacional, PAN) y demandó medidas de protección para el resto de la familia del activista asesinado. Las autoridades de Sonora, declararon que no tenían solicitud alguna de protección ni denuncias sobre amenazas, solo atinaron a recordar que Nepomuceno tuvo un incidente con la justicia en 2005, por el cual estuvo preso cuatro años. Como en muchos casos, cuando la víctima denuncia en el Ministerio Público y obtiene, en el trato, la respuesta de que el verdadero culpable es uno mismo, de que no hay nada que hacer. “Algo habrá hecho”, parecen responderle hipocritamente. El caso, más allá de lo novelesco de ciertas declaraciones y de la dosis de irrealidad que se vive en el país, ha conmocionado a México, y recuerda al menos otras dos ocasiones en los últimos 12 meses en las que se ha visto a padres ser asesinados al pedir justicia para sus hijos: en diciembre pasado, Marisela Escobedo fue asesinada en el exterior del palacio de Gobierno de Chihuahua, donde permanecía para protestar por la falta de justicia en el asesinato de su hija Rubí. Y en febrero pasado, Leopoldo Valenzuela Escobar, don Polo, que no cejaba en su empeño de encontrar a su hijo Leo, secuestrado en septiembre de 2010, fue asesinado a tiros en Durango. En ninguno de esos dos casos ha habido justicia. Cicerón, celebre senador romano, se preguntó un día hasta cuándo se toleraría la influencia de personas nocivas a la idea de la República. Preguntó: ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? La pregunta, por la gravedad de lo ocurrido, habría que hacérsela, veintiún siglos después, a los políticos de este país.
CALDERÓN Y SU ESTRATEGIA A LA HAYA. Por opinión de miles de personas afectadas directa o indirectamente por la guerra contra el narcotráfico, académicos, abogados y personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, presentaron esta semana una acusación ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Calderón y los principales mandos del gabinete de Seguridad -Genaro García Luna, de Seguridad Pública federal; Guillermo Galván, de la Defensa, y Francisco Sáynez, de la Marina-, así como a “El Chapo” Guzmán, cabeza del cartel de Sinaloa, por crímenes de lesa humanidad. Argumentan en su demanda que México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, alrededor de 10 mil desaparecidos y unos mil 300 jóvenes y niños asesinados, víctimas directas o indirectas de la guerra que decretó hace casi cinco años a los cárteles de la droga. A esta acusación se suma la constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimados tanto por los mandos y efectivos armados, como por el crimen organizado. Uno de los promotores de la demanda, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, ha venido explicando que aunque Calderón y sus mandos civiles y militares, así como los capos de la droga, podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, sí son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la violencia en nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana. Señalan los denunciantes que para cumplir algunos de los compromisos que Calderón hizo con el gobierno de Bush, sobre todo el combate al narcotráfico y el control de la frontera, el gobierno federal recurrió a una alianza un poco de facto, pero también pactada con algunos cárteles del narco, particularmente con el de Sinaloa. La demanda se sostiene en información dada por el investigador Edgardo Buscaglia. El contexto de la presentación de esta demanda viene dado una semana después que Human Rights Watch (HRW) presentara su informe: Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico. Los denunciantes señalaron que desde 2007 HRW advirtió al Capitolio que con esta medida se daría un cheque en blanco al gobierno de México en materia de violación de derechos humanos. La demanda pone sobre la mesa una curiosidad: la Constitución establece que las Fuerzas Armadas no pueden hacer labor policial y especifican que su labor es esencialmente la defensa del territorio nacional; aunque posteriormente la Ley de Seguridad Nacional no determina la diferencia conceptual entre Defensa y Seguridad. En muchos países, el primer concepto es exclusivo del ejército mientras que el segundo es competencia de la policía. Para dirimir si un concepto es importante en el espíritu de una ley, hace falta un juez. Quizá la Corte Internacional no sea el mejor mecanismo para dirimir este problema, pero siempre es interesante la mirada del forastero sobre un asunto que ya ha levantado demasiada polvareda.
2. ¿Hasta cuándo abusarás?
3. Calderón y su estrategia a La Haya.
ELECCIONES: DE DISCURSOS Y REGLAS MEDIÁTICAS. Mientras el problema del crimen organizado, violencia e inseguridad se agrava, los partidos políticos permanecieron como espectadores cautelosos. Sin embargo, a pocos días de iniciar las precampañas por la presidencia, los aspirantes parecen encontrar cada vez más difícil escabullirse del tema. No sólo se trata de proponer soluciones al problema una vez ganada la elección, la cuestión también está en cómo sortearán sus respectivas campañas en zonas controladas por el crimen organizado. En ese sentido, los procesos electorales a los que se sometieron algunas entidades con una fuerte presencia del crimen organizado -Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila o Guerrero- han fungido como antecedente a la contienda nacional. En la reciente elección de Michoacán se introdujo un elemento novedoso: la posibilidad de atribuir al crimen organizado los resultados de la elección. Con ese escenario como antecedente la estrategia de los aspirantes del PAN resulta clara. Por un lado, lo que comparten Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero es que optarán por no ocuparse en desacreditar la imagen pública de Enrique Peña Nieto y, en cambio, su objetivo será demostrarle al electorado indeciso la relación del PRI con el crimen organizado, desde los viejos tiempos de la operación Zimmerman y el gobierno de Calles en Sonora. En esa lógica, la grabación que publicó Milenio -en la que un grupo del crimen organizado presuntamente amenazó a la población michoacana para que votaran por el PRI- podría provocar un efecto favorable para el PAN pero, a la par, despertar la preocupación por el uso político de las instituciones de inteligencia criminal. Por ejemplo; Ernesto Cordero es un fiel defensor de la estrategia del presidente Calderón; mientras que para Josefina Vázquez Mota la lógica de guerra no es una consigna de su partido y que, como el lema de su campaña lo dice, lo que ella difunde es Amor por México. En ese aspecto, el discurso de la precandidata se asemeja más al de sus contrincantes, cuyos discursos apelan a nociones pacíficas y de reconciliación. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en un ánimo de renovación ha bautizado su proyecto como República Amorosa. Enrique Peña Nieto eligió como lema de campaña la gran esperanza; viejo lema de la izquierda en el 2006. Entonces, ¿existen las ideologías políticas o las propuestas de los precandidatos son un burdo intento de reproducir el ánimo social? En buena medida, de esos discursos se debe elegir algo muy concreto ahora en 2012: la continuidad de la estrategia de confrontación o la reconciliación del país. Por otro lado, más allá del análisis del discurso político, el posicionamiento de Peña Nieto y López Obrador como candidatos únicos de sus respectivos partidos ha desatado el debate respecto a si les será o no posible hacer uso de las prerrogativas electorales -particularmente spots de radio y televisión- durante los tiempos de precampañas marcados por el Instituto Federal Electoral (IFE). Ambos partidos han mencionado la posibilidad de inscribir a precandidatos testimoniales para poder hacer uso de dichos tiempos en televisión y radio. Esta simulación podría ser vista con malos ojos por el electorado, y ni a Beltrones ni a Ebrard les hubiese convenido desgastar su imagen al jugar este papel. Sin embargo, la vulnerabilidad de la reglamentación en cuanto a precampañas, abre otra gama de posibilidades para el PRI o el PRD. El artículo 15 del Reglamento de acceso a Radio y Televisión en materia electoral marca que si un partido no realiza actos de precampaña -en este caso por haber finalizado su proceso de selección interna- los promocionales serán utilizados para la difusión de mensajes genéricos del partido político en cuestión. No obstante, al no existir reglamentación en cuanto a qué es un mensaje genérico, pareciera que lo único que los precandidatos tienen que hacer para no incurrir en actos anticipados de campaña es no pedir el voto ciudadano o de militantes, por ser esto lo que define una precampaña. En estos dos fenómenos queda algo claro: los vacíos de legalidad existentes en el COFIPE y derivados de la reforma electoral de 2007, serán el blanco de discusión en los próximos meses. Quizá muchas de estas discusiones resultarán insignificantes; sin embargo, nuevamente serán elementos que contribuirán al conflicto postelectoral y a la falta de certeza. sobre el resultado de la elección. Pero como decían en la vieja Castilla: hecha la ley, hágase la diatriba.
¿HASTA CUÁNDO ABUSARAS? Parece una frase salida de la famosa novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, pero lo cierto es que una declaración hecha por un padre desesperado ante el Presidente de la Reública, el Jefe del Estado. “A mí me van a matar en cualquier rato, pero no me importa, yo no voy a dejar de luchar por mi hijo, así está la cosa”, eso dijo Nepomuceno Moreno Muñoz hace seis meses y 20 días. Y tuvo más razón que un santo: el lunes, en Hermosillo, la capital del Estado de Sonora, fue asesinado de cinco tiros. Moreno, de 56 años, había denunciado en distintas ocasiones —la más reciente apenas hace dos semanas— que era objeto de amenazas en represalia por mantener su denuncia contra policías, los probables autores del secuestro de su hijo Jorge Mario, de 18 años, desaparecido junto a cinco jóvenes en Ciudad Obregón, a 254 kilómetros de Hermosillo. Uno de los chavos apareció muerto horas después del incidente, que incluyó una persecución; dos más, sostenía el propio Moreno, fueron devueltos tras pagar un millón de pesos, pero Jorge Mario y dos de sus amigos siguen sin aparecer. El 1 de julio de 2010, en la última comunicación que mantuvieron, Jorge Mario dijo a su padre que él y sus amigos estaban siendo seguidos por policías de Sonora. Moreno no se resignó a que a su hijo se lo hubiera tragado la tierra. Acudió a la prensa local, pero nadie quiso publicar nada: “Sabe qué, no diga nada, porque lo van a matar”, recuerda Moreno en un vídeo difundido a través de Youtube, el canal de vídeos de Google. Cuando supo del movimiento de Sicilia se sumó. Con ellos emprendió dos caravanas por todo el país y participó el 14 de octubre en el segundo diálogo de las víctimas con el presidente Calderón, a quien pidió protección. Javier Sicilia, cabeza del Movimiento por la Paz, declaró la noche del lunes que hacía responsable de la muerte de Nepomuceno al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías (del Partido Acción Nacional, PAN) y demandó medidas de protección para el resto de la familia del activista asesinado. Las autoridades de Sonora, declararon que no tenían solicitud alguna de protección ni denuncias sobre amenazas, solo atinaron a recordar que Nepomuceno tuvo un incidente con la justicia en 2005, por el cual estuvo preso cuatro años. Como en muchos casos, cuando la víctima denuncia en el Ministerio Público y obtiene, en el trato, la respuesta de que el verdadero culpable es uno mismo, de que no hay nada que hacer. “Algo habrá hecho”, parecen responderle hipocritamente. El caso, más allá de lo novelesco de ciertas declaraciones y de la dosis de irrealidad que se vive en el país, ha conmocionado a México, y recuerda al menos otras dos ocasiones en los últimos 12 meses en las que se ha visto a padres ser asesinados al pedir justicia para sus hijos: en diciembre pasado, Marisela Escobedo fue asesinada en el exterior del palacio de Gobierno de Chihuahua, donde permanecía para protestar por la falta de justicia en el asesinato de su hija Rubí. Y en febrero pasado, Leopoldo Valenzuela Escobar, don Polo, que no cejaba en su empeño de encontrar a su hijo Leo, secuestrado en septiembre de 2010, fue asesinado a tiros en Durango. En ninguno de esos dos casos ha habido justicia. Cicerón, celebre senador romano, se preguntó un día hasta cuándo se toleraría la influencia de personas nocivas a la idea de la República. Preguntó: ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? La pregunta, por la gravedad de lo ocurrido, habría que hacérsela, veintiún siglos después, a los políticos de este país.
CALDERÓN Y SU ESTRATEGIA A LA HAYA. Por opinión de miles de personas afectadas directa o indirectamente por la guerra contra el narcotráfico, académicos, abogados y personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, presentaron esta semana una acusación ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Calderón y los principales mandos del gabinete de Seguridad -Genaro García Luna, de Seguridad Pública federal; Guillermo Galván, de la Defensa, y Francisco Sáynez, de la Marina-, así como a “El Chapo” Guzmán, cabeza del cartel de Sinaloa, por crímenes de lesa humanidad. Argumentan en su demanda que México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, alrededor de 10 mil desaparecidos y unos mil 300 jóvenes y niños asesinados, víctimas directas o indirectas de la guerra que decretó hace casi cinco años a los cárteles de la droga. A esta acusación se suma la constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimados tanto por los mandos y efectivos armados, como por el crimen organizado. Uno de los promotores de la demanda, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, ha venido explicando que aunque Calderón y sus mandos civiles y militares, así como los capos de la droga, podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, sí son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la violencia en nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana. Señalan los denunciantes que para cumplir algunos de los compromisos que Calderón hizo con el gobierno de Bush, sobre todo el combate al narcotráfico y el control de la frontera, el gobierno federal recurrió a una alianza un poco de facto, pero también pactada con algunos cárteles del narco, particularmente con el de Sinaloa. La demanda se sostiene en información dada por el investigador Edgardo Buscaglia. El contexto de la presentación de esta demanda viene dado una semana después que Human Rights Watch (HRW) presentara su informe: Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico. Los denunciantes señalaron que desde 2007 HRW advirtió al Capitolio que con esta medida se daría un cheque en blanco al gobierno de México en materia de violación de derechos humanos. La demanda pone sobre la mesa una curiosidad: la Constitución establece que las Fuerzas Armadas no pueden hacer labor policial y especifican que su labor es esencialmente la defensa del territorio nacional; aunque posteriormente la Ley de Seguridad Nacional no determina la diferencia conceptual entre Defensa y Seguridad. En muchos países, el primer concepto es exclusivo del ejército mientras que el segundo es competencia de la policía. Para dirimir si un concepto es importante en el espíritu de una ley, hace falta un juez. Quizá la Corte Internacional no sea el mejor mecanismo para dirimir este problema, pero siempre es interesante la mirada del forastero sobre un asunto que ya ha levantado demasiada polvareda.
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