miércoles, 15 de diciembre de 2010

Semana política


Síntesis GALMA


15 de diciembre, 2010
 
¡Hola!  Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana.

    1. Congreso 2010.
    2. Inseguridad: el recuento


Congreso 2010. Una reforma política, fiscal y laboral en la agenda de asuntos pendientes  marcaron el inicio de actividades del Congreso de la Unión este año. Sin embargo, la actividad legislativa se enfrentó a dos grandes obstáculos. Por un lado, los procesos electorales en 16 entidades del país alteraron los incentivos para la discusión y conformación de acuerdos políticos necesarios para cristalizar estas propuestas. Por el otro, la incipiente capacidad del Ejecutivo para generar consensos en el Congreso lo obligó a renunciar a reformas estructurales y a conformarse con iniciativas poco ambiciosas que terminarían congeladas en el proceso legislativo. La gravedad del problema de seguridad pública en el país tampoco logró alinear los incentivos de los grupos parlamentarios, en este rubro, sólo la Ley Antisecuestros logró concretarse, dejando en el tintero las propuestas de Mando Único de Policía y la de reforma al fuero militar. El tema que, como todos los años, propició una intensa labor de cabildeo fue la negociación del paquete fiscal. La negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el reflejo de la prioridades del país, y en este año, el proceso y los números demuestran que para México la prioridad está en mantener los arreglos internos que conducen a ganar elecciones, más que a crear condiciones para generar certidumbre y oportunidades de desarrollo. l final fue un año sin sorpresas: el Congreso es un lugar ideal para discutir la distribución del erario público, pero resulta un terreno infértil cuando se trata los problemas inmediatos del país. Queda una vela prendida en el Congreso, la reforma a la Ley de Competencia se perfila como el único logro legislativo del año, aunque tal vez el bienestar de la economía y el de los consumidores sean propósitos de año nuevo.

Inseguridad: el recuento. La preocupación por recuperar la tranquilidad y hacer valer el Estado de Derecho fue un lema perenne en las agendas gubernamental, política y social durante todo el 2010. El tema fue abordado desde múltiples aristas y, casi siempre, como respuesta a algún suceso violento que incidió en la opinión pública. El año inició con Ciudad Juárez como laboratorio de la estrategia gubernamental. Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas sufrieron episodios que no hacían sino consolidar la tendencia de violencia. Ante esto, el discurso de la violencia como fenómeno focalizado se transformó en secuela de comparaciones con otros países en la búsqueda de casos de éxito que México pudiera emular –aunque no fueran experiencias similares. Inspirándose en un esquema colombiano, el Ejecutivo Federal propuso un modelo de policía con mando único, proceso legislativo que fue frenado por los municipios que verían afectadas sus participaciones federales. La mayor presencia del ejercito en las calles no logró revertir la percepción de inseguridad, pero sí vio cuestionada su labor como resultado de los civiles muertos en episodios que indican una mala praxis militar. El Ejecutivo Federal respondió enviando al Senado una iniciativa de reformas al fuero militar para juzgar tres delitos en tribunales civiles: violación, tortura y desaparición forzada. Grupos de la sociedad levantaron la voz y el Ejecutivo estableció un canal para procesar sus opiniones a través de los “Diálogos por la Seguridad” con el objetivo de presentar una postura abierta al diálogo y de consolidar la narrativa gubernamental como la mejor explicación y solución al problema. Capos del narcotráfico fueron detenidos y muertos en el año. El antecedente y resultado inmediato de estos sucesos parece ya constante, mayor violencia. Michoacán es hoy el foco de atención. La clase política sufrió el asesinato de alcaldes, legisladores, virtuales gobernadores y ex gobernadores. Si bien todas y cada uno generaron discursos de indignación y condenas, también evidenciaron la profunda división que existe en la clase política respecto al crimen organizado. 


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