Ataque al secreto

La misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta y nosotros como personas, intrínsecamente o históricamente nos oponemos a sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos.
JFK

La filtración de 250.000 documentos diplomáticos norteamericanos revela la crisis integral del sistema de clasificación de seguridad de los Estados Unidos.

Al parecer lo realizado por Wikileaks parece más que nada un ataque al secretismo como doctrina. Si esta organización estuviera realmente comprometida en efectuar denuncias de esta forma, se concentrarían en los casos de corrupción. Si creyeran que hay que salvaguardar la verdad histórica, se esforzarían por revelar hechos verificables. Y en caso de ser una operación de la militancia anti-bélica, intentarían proteger y no vulnerar, el funcionamiento de las comunicaciones diplomáticas. Muy por el contrario, lo que se ha hecho es publicar un enorme mosaico de mensajes que merecen los más diversos adjetivos respecto a las consecuencias de su impacto público, aunque muchos tan solo son de rutina, todos tienen el común denominador de ser documentación clasificada (Reservado, Secreto, Confidencial, etc.) o al menos de difusión restringida para aquellos no pertenecientes al ámbito oficial.

Entre ciertos grupos liberales norteamericanos puede entenderse que es una reacción al problema real, que es el secretismo Estatal en los Estados Unidos, lo que también es igual o aun mayor en otros países aun menos democráticos, lo que parece haber excedido el límite de lo razonable. Desarticulando el secretismo a favor de la transparencia parece un objetivo sensato, si fuere cierto que todo lo que es secreto es malo. Se acepta que existe, sin embargo, un propósito legítimo en el secreto de operaciones militares, en la obtención de inteligencia o en negociaciones diplomáticas.

Se observa también que aunque no fueron noticias muy difundidas, se realizaron progresos importantes este año respecto a cambios en las políticas de clasificación del secreto que se remontan a los tiempos de la Guerra Fría y se impulsan mejores criterios para el discernimiento y la discriminación de los documentos que merecen clasificación de seguridad.

En Mayo el gobierno reveló el número actual de las armas nucleares de los Estado Unidos (5.113 cabezas nucleares a Septiembre de 2009) por primera vez. La desclasificación de esta información, que es esencial para el esfuerzo futuro de control y desarme nuclear ha sido reclamada y a la vez resistida durante años. 

En Septiembre, el Director de la Inteligencia Nacional y el Secretario de Defensa revelaron el total del presupuesto de Inteligencia (USD 80.1 billones para el año fiscal 2010) desdoblando por primera vez  el componente nacional (USD 53.1 billones) y el militar (USD 27 billones). Hasta no hace pocos años los funcionarios de Inteligencia aseveraban que el revelado de estas cifras podía dañar la seguridad nacional al exponer los procedimientos de obtención de inteligencia. 

Sin embargo, durante el 2009,  el gobierno de Obama anunció que habría cambio de políticas para restringir el privilegio estatal de usar al secreto oficial con el fin de desalentar el inicio de litigios judiciales en determinados asuntos de seguridad nacional, aunque al parecer no se han logrado avances concretos en ese aspecto.

Por otro lado existe expectativa para el año 2011, por la edición de la Revisión de la Guía Fundamental de Clasificación. Se trata de procedimientos comunes a implementar por  cada agencia gubernamental con atribuciones para clasificar información, para que localice, identifique y anule requisitos de clasificación que ya no se encuentran vigentes (reclasificación), con lo cual se eliminarían inmensas cantidades de material documental sobrelasificado, muy por encima de su verdadera y real importancia.
En un extremo opuesto, cabe destacar que en nuestro país la ley 23.554 del año 1988, conocida como Ley de Defensa Nacional, establecía como disposición transitoria en  el Art. 45, que el Consejo de Defensa Nacional, organismo de trabajo creado por esta misma ley, en un plazo menor a 365 días, debía elaborar anteproyectos de leyes que debían ser elevados al Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. Entre otras cinco leyes de marcada importancia figura la Ley de Secreto de Estado cuyo estado de tramitación es hasta hoy desconocido.

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