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| |  | ¡Hola! Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana.
- PRI: Moreira y la unidad
- Ley de Competencia: avances y retrocesos
- Filtraciones: delito y consecuencias
PRI: Moreira y la unidad. Si una cosa han aprendido los priístas en la década que ha transcurrido desde su derrota histórica de 2000 es que no podrán recuperar la presidencia divididos. Eso ha generado una dinámica en la que todos sus integrantes clave se han dedicado a construir una estructura de unidad sin transformar de manera alguna el partido. El PRI sigue viviendo bajo el paradigma del viejo sistema en el que el poder estaba concentrado y, a través de la disciplina y la fuerza del centro se controlaba al país. Esto, aunado al pobre desempeño de las administraciones panistas –tanto en resultados como en operación– ha creado el mito de que tan pronto regrese el PRI, el viejo sistema se restaurará. La realidad es que ha habido un profundo cambio en la realidad del poder y, por lo tanto, la capacidad de concentrarlo y disciplinar a toda la estructura política es simplemente imposible. A pesar de ello, un grupo de priístas con capacidad y habilidad de operación política estaría en condiciones de lograr un desempeño mejor del que el país tiene actualmente. Es en este contexto que debe analizarse la prácticamente inevitable coronación de Humberto Moreira como presidente del PRI. Moreira es un operador político capaz que conoce al revés y al derecho a su partido y se ha abocado a entender sus fuerzas y debilidades en todo el territorio nacional. Es, sin duda alguna, el tipo de persona que un candidato que aspira a ganar la presidencia quisiera tener como aliado y operador. Peña Nieto se ha dedicado a construir su candidatura rumbo a 2012 y, como parte de ello, ha llevado a Moreira a la antesala de la presidencia del PRI. Ese movimiento, que ahora parece inevitable, evidentemente choca con otras fuerzas del partido, comenzando por su actual presidenta y por el principal contendiente por la nominación en el PRI, el Senador Beltrones. Sin embargo, tanto Beatriz Paredes como Beltrones saben bien que el costo de una nueva derrota electoral sería infinitamente mayor a la del triunfo de un contendiente interno, razón por la cual parecen haber aceptado lo evidente y asumido el costo. Es igual de claro que, en su momento, vendrán negociaciones entre los actuales contendientes para fijar las reglas de la nominación así como para garantizar la participación del perdedor. Es por esa razón que todo sugiere que, al menos en este momento, la elección de 2012 está en manos del PRI. Pasada la elección de 2012 el tema de Moreira podría ser delicado. Evidentemente, él no está en esto sólo para ser presidente del PRI. Independientemente de sus ambiciones políticas de largo plazo, es claro que Moreira querría una posición relevante en el gabinete de un eventual presidente priísta. De ser así, México podría estar en la antesala del peor de todos los escenarios en materia educativa: la Secretaría de Educación Pública en manos del sindicato.
| Ley de Competencia: avances y retrocesos. Las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) siguen en manos del Senado, por lo menos hasta que se resuelvan los desacuerdos entre senadores del PRI y del PAN. La reforma aprobada en lo general –que al culminar su discusión en el Senado tendrá que regresar a la Cámara de Diputados para su aprobación– incluye cambios políticos, avances en materia de sanciones y retrocesos en cuanto a poderes de investigación de la Comisión Federal de Competencia (CFC). En el ámbito político, el PRI logra avanzar su propuesta a pesar de los reclamos de la bancada del PAN y de algunos en el PRD. La meta: que al convertir a la CFC en organismo descentralizado –como lo son el IFE y la CNDH, entre otros– el Senado pueda ratificar a los Comisionados designados por el Presidente, argumentando que eso dará mayor autonomía a la Comisión. Los panistas reclaman este último argumento, ya que a la luz los procesos de designación y ratificación en otros organismos –como los ya mencionados– es posible que ahora la autonomía resulte mermada por agentes privados operando a través del Senado. Esto sin mencionar que la transición para convertirse en organismo descentralizado desviará, al menos en el corto plazo, preciados recursos de las investigaciones a la operación administrativa del organismo. Por otra parte, el avance en materia de sanciones es propuesto por el PRI como una medida que favorecerá a los consumidores. Nada más lejos de la verdad si, como reclaman los senadores panistas que ayer se retiraron de la mesa de discusión, no se acompaña esta atribución con el otorgamiento de mejores herramientas de investigación, como visitas de verificación sorpresa y la emisión de medidas cautelares. Lo esencial de los procesos para proteger la competencia es recoger evidencia relevante para determinar si existe o no una violación a la ley, no la amenaza –que sin herramientas de investigación se torna poco creíble– de tener que pagar una multa o acabar en la cárcel. Los incentivos continúan sin estar alineados para que exista mayor competencia económica y para que incremente el bienestar de los consumidores.
Filtraciones: delito y consecuencias. La filtración de información confidencial que forma parte de averiguaciones previas se ha vuelto una constante en México. Dichas filtraciones –que por lo general se dan a los medios de comunicación– se entenderían por una parte, como mecanismo de propaganda política sobre los supuestos avances de la estrategia de combate al crimen organizado y, por otra, como instrumento de acoso político. Estas filtraciones son violatorias, entre otras disposiciones, de la fracción XXVI del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Penales. Además de las filtraciones de información confidencial, se registran casos donde los presuntos delincuentes son también menores de edad cuya identidad e imagen es presentada ante medios de comunicación, contraviniendo incluso, tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Estas acciones así como la presentación de presuntos delincuentes a los que a la vuelta de un tiempo no se les comprueba culpabilidad –pero ya se les juzgó en los tribunales de la opinión pública– no hacen si no contribuir al deterioro de la imagen de las instituciones ante la ciudadanía y, eventualmente, del Estado de Derecho en el país.
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