Semana política

15 de junio, 2011   ¡Hola!  Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana. Un poeta para las víctimas. Los aspirantes del PAN. Vigencia de Juárez. Un poeta para las víctimas. Si bien para algunos actores y opinión pública la Caravana por la Paz careció de apoyo social al únicamente movilizar a 1,500 personas, para Emilio Álvarez Icaza y Javier Sicilia esto representó el surgimiento de la primera red nacional de víctimas, acción colectiva que podría ser un serio frente para el Presidente Felipe Calderón y su estrategia de seguridad. Tanto en términos de opinión pública, como jurídicos, es distinto hablar de miles de muertos que ponerle nombre e historia a cada uno de ellos. Contrario a lo sucedido con otros activistas, quienes a partir de sus propios casos obtuvieron respaldo social para lanzar su crítica al gobierno, Javier Sicilia, representando a estratos sociales más diversos, aprovechó su relevancia para sumar y solidarizarse con muchos otros casos de homicidios y desapariciones relacionados con el crimen organizado. De esta forma, Sicilia, por sus características ideológicas de centro-izquierda católica, logró articular un perfil ideológico que no ha sido llenado por otro personaje en la esfera pública nacional.El objetivo de los líderes de la Caravana, ahora, es articular estas demandas, canalizar correctamente los testimonios recibidos y no permitir ni la cooptación gubernamental del movimiento, ni la adhesión de grupos disruptivos. El gran reto de Sicilia y, de la operación política de su movimiento, radica en lograr diferenciar a los núcleos que conforman la Caravana, particularmente a los defensores de los derechos humanos, ONG´s locales y víctimas, de aquellos grupos oportunistas -de todas las esferas políticas- que buscan absorberle fuerza a la Caravana para apuntalar sus objetivos políticos. En la medida en que lo logré, su movimiento podría adquirir relevancia más allá de la coyuntura. Los aspirantes del PAN. Las declaraciones de Ernesto Cordero sobre aspectos económicos del país han despertado las críticas de la opinión pública. En particular porque no es lo mismo escuchar al Secretario de Hacienda hablar de inflación o deuda, lo que naturalmente se espera de él, que de la clase media o de cuánto se puede comprar con un salario mínimo -temas controvertidos que viniendo de un posible candidato a la Presidencia van a causar aún más controversia. Para muchos el nivel de optimismo de las cifras que presenta resultan insensibles, y para otros no constituyen avances significativos que sean dignos de aplaudir. Lo cierto es que, más allá de que podría haber cometido errores en la forma de presentar la información, existe una desconfianza natural en las audiencias respecto al discurso gubernamental -a pesar de que los datos pudieran estar bien fundamentados. Tomando esto en cuenta, la estrategia de presentar los logros de las administraciones panistas no tiene otro objetivo que incrementar su reconocimiento público a partir de la controversia que genera la desconfianza a un discurso gubernamental positivo. Al ser Cordero uno de los aspirantes a la candidatura del PAN a la Presidencia con menor nivel de reconocimiento público es predecible que la estrategia continuará por ese camino, aprovechando también la etapa post crisis, en busca de mantenerse en la discusión pública.Si bien esta estrategia contribuiría a elevar sus niveles de reconocimiento en la sociedad, tiene el riesgo de posicionar negativamente al personaje. De no acompañarla con medidas que permitan contrarrestar las posibles opiniones negativas derivadas de sus declaraciones, en el futuro podría ser presa fácil de campañas que pretendan potencializar sus negativos ante el electorado. Vigencia de Juárez. La detención, y posterior liberación, de Hank Rhon; las acusaciones de enriquecimiento ilícito en contra de Chaires Yáñez, cercano colaborador de Humbero Moreira, aparentan ser un esfuerzo con fines políticos en contra del PRI que, para cumplir su propósito, intenta incidir en el proceso judicial. Mientras tanto, la reciente detención de Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas, revela el uso político que se hace de las instituciones judiciales al interior de los estados. En los estados prevalece una dinámica de control absoluto por parte de los gobernadores y no es ajena la sensación de que los gobernantes se ríen del Estado de Derecho y de cuán válida sigue siendo esa máxima juarista que señala que a los amigos, gracia y justicia; a los enemigos, justicia a secas. Durante la última semana se presentaron dos sucesos que lo ilustran. Los esfuerzos de increpar a Hank fueron desestimados por una juez que atendió el debido proceso y observó la falta de evidencia presentada ante ella. El caso de Salazar da pie a sospechas de un uso político de las instituciones judiciales estatales, en particular por la volatilidad de las responsabilidades fincadas a él y la dilación en resultados -si bien el procesamiento del personaje también se debería a una preparación e investigación más consistente del caso. Cómo abordar la transición de gobierno es hoy una gran preocupación, por el temor al ajuste de cuentas, para las cabezas de los Ejecutivos, federal y locales. En Oaxaca, por ejemplo, Ulises Ruiz adelantó auditorías y, en consecuencia, las resoluciones judiciales al respecto de irregularidades financieras. De esta forma, Gabino Cué está encontrando muchas dificultades en armar un caso que enjuicie al antiguo Secretario de Finanzas del estado, en particular, porque el caso ya lo desestimó un juez local durante la gestión de Ulises Ruiz. Es decir, los gobernadores elaboran estrategias sofisticadas para la transición toda vez que quieren evitar ser víctimas de la ausencia del Estado de derecho que ellos preservaban. El caso de Salazar ejemplifica que los mecanismos de protección que intentó dejar en la transición fueron insuficientes y ahora, el exgobernador del estado, es vulnerable al uso político de las instituciones de justicia local. Más allá de los involucrados, queda claro que en este país, ante el temor a la transición, las cabezas del Ejecutivo, ya sea federal o local, ven en sus próximos procesos electorales como un tema de vida o muerte que sus candidatos ganen su respectiva elección.