Reforma laboral: todo depende del ámbito electoral.
Mucho se ha especulado sobre las responsabilidades y culpas del freno a la reforma laboral propuesta por el PRI en el Congreso. Lo cierto es que no hay forma de avanzar cualquier reforma sin lastimar intereses y aunque la relativa al ámbito laboral no planteaba modificaciones a los capítulos relacionados con los sindicatos, esto no implica que no los dañará. Al plantear nuevos esquemas de negociación directa entre empresas y trabajadores -en contratación, despido, salarios y prestaciones- la necesidad de un interlocutor es menor, lo cual reduce el poder relativo de los sindicatos. Sin duda la aprobación de una reforma con estas características representaría un costo político para el PRI -históricamente relacionado con este corporativismo gremial. El hecho de que el Gobernador Peña Nieto se presente como el candidato a vencer en 2012 con tanto tiempo de anticipación, lo obliga a defender imperantemente un statu quo en el cual su triunfo parece casi inminente -como elefante en cristalería, entre menos movimiento menor el riesgo. Es así que desde la Cámara de Diputados luzca impensable aprobar una iniciativa que altere el apoyo gremial a su eventual candidato. Independientemente de que el PRI no esté dispuesto a asumir los costos electorales que una Reforma de este tipo significaría, el PAN y sus voceros -Josefina Vázquez Mota y Javier Lozano- tampoco contribuyeron del todo con su operación. El Secretario del Trabajo, al convertirse en promotor de la reforma priísta, construyó un entorno donde el costo político de la aprobación correría a cargo del PRI y él se beneficiaría al avanzar en la contienda por la candidatura Presidencial del PAN. En sentido contrario, pero quizá con los mismo fines, la Coordinadora de los Diputados del PAN entorpeció la discusión al solicitar se dictaminará junto con las demás propuestas de reforma laboral en el Congreso. A posteriori, culpar al PRI de congelar la propuesta es la estrategia del PAN, pero si de su lado tampoco muestra oficio de negociación, no queda claro que sea suficiente para pedirle al electorado que lo mantenga en la Presidencia. ¿Es lícito hacer política con la Seguridad Nacional?
Desde que el Ejército salió a las calles y asumió un rol fundamental en la lucha contra el crimen organizado, no había una respuesta clara sobre cuánto tiempo duraría su intervención ni tampoco qué clase de funciones realizaría. Después de más de 4 años en las calles y una clara participación en asuntos de seguridad pública -que corresponden únicamente a cuerpos policíacos de carácter civil- creció la presión por definir el marco jurídico bajo el cual las fuerzas armadas seguirían actuando. Es por ello que, hace poco más de un año, se presentó en el Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional. La urgencia, sin embargo, no provino de ciudadanos o legisladores, sino del Ejército. Un Ejército pidiendo un legislación que acote y delimite su actuar: algo impensable en otros países. Y la razón es muy clara, sin el amparo de una ley que constituya una verdadera autorización para continuar actuando como lo han venido haciendo, se convierten en una institución vulnerable, susceptible de ser juzgada. Hoy muchos militares están concientes de que operan en un vacío legal donde se puede "hacer todo y nada" a la vez. Hace unos días se reactivó la discusión pública en torno a esta iniciativa y, más allá de las disputas sobre los riesgos que la ley implica en cuanto a derechos humanos, legisladores y militares se enfrentan a una disyuntiva. Por un lado, aprobar la ley implica una aceptación tácita de que no existía una norma que permitiera la actuación del Ejercito en las calles durante los últimos cinco años, eso abre la puerta para litigios en los que incluso el Presidente podría figurar como autoridad responsable. No aprobarla, por otro lado, implica incertidumbre jurídica para todos, Ejército y ciudadanos; implica también no atender abusos y desapariciones. El Ejército, en el ánimo de resolver este dilema, podría buscar la inclusión de un mecanismo jurídico en la ley -una suerte de amnistía o perdón- que le permita cobijar actos futuros pero también los pasados. La posibilidad de una solución de esta naturaleza, como la discusión de la ley misma, continuarán provocando la oposición de múltiples actores en la sociedad civil y academia bajo el argumento que legislar sobre la permanencia del Ejército en las calles es tanto como asumir el establecimiento de un Estado militar. El Congreso, ante tal entorno y la complejidad del diseño que debe tener la ley, podría congelar nuevamente la discusión.
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