| |
| |  | ¡Hola! Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana.
- Más PAN con lo mismo en la PGR.
- Telecomunicaciones o el terreno sin ley.
- El autoritarismo que nunca se fue.
Más PAN con lo mismo en la PGR. La propuesta enviada al Senado de la República por el Presidente Calderón para que Marisela Morales asuma la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR) implica una cosa: continuidad. La carrera de Morales se ha centrado principalmente en las labores operativas, primero como ministerio público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y posteriormente con responsabilidades de mando en la PGR. Su figura podría ser clave para el Gobierno mexicano por su relación con Estados Unidos, con quienes ha colaborado estrechamente desde que asumiera la titularidad de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Además, los estadounidenses le reconocen su capacidad operativa y disposición a trabajar conjuntamente con sus agencias dedicadas a la contención del crimen organizado. Si bien su trayectoria como funcionaria pública genera consensos en las cúpulas del PRI y el PAN, el rechazo del PRD anticipa conflicto. El origen de la animadversión está en la participación de Morales en el proceso de desafuero de López Obrador y en el llamado "michoacanazo". Los números en el Senado favorecen la ratificación de Morales -con los votos de PAN y PRI- pero la posición del PRD en adelante podría ser la de acusarle en todo momento de utilizar políticamente la Procuraduría a favor del PAN. Nuevamente estaríamos ante el escenario de un partido deslegitimando las instituciones.
| Telecomunicaciones o el terreno sin ley. Cuando la tecnología rebasa la regulación, generalmente la opción a seguir se encuentra en buscar actualizaciones adecuadas al marco normativo para dar paso a los nuevos avances. Sin embargo, no es ese el caso del sector telecomunicaciones en México. Mientras que la tecnología ha hecho posible que cualquier operador ofrezca cualquier servicio (telefonía fija, móvil, Internet, y televisión) a través de casi cualquier red, la política ha hecho posible que esto no suceda. En lugar de que el Gobierno Federal encuentre salidas regulatorias a la falta de competencia en televisión y al incumplimiento de la regulación en telefonía -Telmex aún no implementa el Plan Técnico de Interconexión que lleva años en el tintero- son los propios operadores los que ponen al Gobierno en jaque al dirimir sus conflictos en la arena mediática. La presión política de ambos lados es tal, que pareciera que la salida al conflicto se encuentra en tomar partido, resolver a favor de Telmex -que busca ofrecer televisión pero su título de concesión no lo permite- o de Televisa-TV Azteca al no licitar una tercera cadena de televisión e impedir la entrada de Telmex al negocio de la televisión de paga. Pero tomar partido en este momento puede resultar muy costoso. Con las elecciones de 2012 en puerta -para las cuales tanto el Gobierno Federal como los demás partidos necesitan de la cobertura mediática ofrecida por los dos canales de televisión abierta- es poco probable que alguien se arriesgue a tomar una decisión que podría afectar las posibilidades de que su partido gane la elección presidencial. Sin embargo, la inacción gubernamental no favorece a nadie, mucho menos al interés público. A la larga, la inacción se traduce en grupos fácticos fortalecidos ante instituciones ya de por si débiles.
El autoritarismo que nunca se fue. Si los 40 mil muertos en México no habían llamado la atención de la comunidad internacional los 3 mil desaparecidos sí lo lograron. No es que los últimos casos sean más importantes que los primeros, lo que sucede es que prenden alarmas distintas. La desaparición forzada es una violación a derechos humanos -sancionada por el derecho internacional- pues supone la participación de agentes del Estado en la privación de la libertad de un civil. Lo peculiar de estas prácticas es que son propias de regímenes autoritarios o dictatoriales y remiten, de inmediato, al México de los setenta, al Perú durante el Ochenio o a los más de mil desaparecidos durante el gobierno de Pinochet en Chile. Es por ello que la ONU decidió intervenir y envió a un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas a visitar los estados de Chihuahua, Coahuila, Guerrero y la Ciudad de México. El grupo recomendó al Gobierno Federal que, en el corto plazo, retire al Ejército de las calles y, sobretodo, impida que intervengan en operaciones de seguridad pública en tanto se esclarece si militares o policías participaron o no en las desapariciones. El tono de la respuesta del Gobierno Federal -el ejército no va a ningún lado, no hasta que existan pruebas contundentes- se funda en que menos de 400 casos han sido llevados ante la Comisión de Derechos Humanos, es decir, existen muy pocas desapariciones para las cuales haya indicios de alguna participación de un agente del Estado. Más allá del número de casos, pasar por alto que el órgano más especializado del mundo en desapariciones forzadas cree que la presencia de fuerzas militares en las calles es hoy un peligro para la ciudadanía, no es menor y sin duda incide en la imagen de la administración de Calderón. México ha tenido una transición a la democracia atípica, la vasta mayoría de los países latinoamericanos que se liberaron de dictaduras pasaron por una etapa de violencia importante. Hasta la administración de Calderón, el país se había deslizado de manera lenta pero pacífica, sin embargo, romper las estructuras e inercias que se gestaron durante tantos años en México ha tenido consecuencias no previstas. Cómo abordar esas consecuencias, sin renunciar a los derechos humanos a cambio de una buena dosis de orden, es la pregunta relevante.
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario