Semana política

17 de febrero, 2011   ¡Hola!  Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana. De cómo una francesa puso en jaque la política exterior. Educación pública, deducibilidad y debacle. Paradojas a las orillas del Río Bravo.   De cómo una francesa puso en jaque la política exterior. La capacidad del sistema penal mexicano de proveer justicia está siendo cuestionada en el mundo. Esta vez no es la violencia ni la impunidad ni el narcotráfico; no se trata de los criminales que deberían estar en la cárcel y no lo están, sino de las personas que, tras un juicio colmado de violaciones al debido proceso, cumplen penas en prisión. Desde el pasado 11 de febrero, la sentencia de Florence Cassez es inapelable, lo que ha encendido las alarmas en la relación de México con Francia. Tanto la sociedad mexicana como la francesa aún se preguntan si Cassez es inocente o culpable. El problema es precisamente ese, la duda es razonable. Las autoridades reconocieron un año después de la aprehensión de Cassez, a través de comunicados oficiales, que durante su detención sucedieron importantes anomalías. No sólo la retuvieron de manera ilegal  durante 24 horas antes de presentarla al Ministerio Público, sino que transmitieron en medios una recreación de la detención. Este es el caso de Cassez pero pudo ser cualquier otro. Por ejemplo, el caso de los 40 indígenas que tuvieron que ser liberados después de haber sido acusados, con pruebas falsas, de la matanza en Acteal, o el caso de Alma Yareli, en Guanajuato, que fue acusada de homicidio tras haber sufrido un aborto natural. Al final, la enseñanza es que el Ministerio Público puede crear historias que el Poder Judicial termina por validar. Por supuesto, esto no sucede en todos los casos, pero no hay las herramientas para saber cuándo se está frente a alguien culpable o inocente. Es decir, el sistema de procuración de justicia en México sufre de un problema de legitimidad. Este no es un tema menor cuando se entiende que el proceso penal es el máximo garante de un derecho fundamental: la libertad. Las implicaciones son aún más graves, ya que no es posible concebir un Estado democrático donde la procuración de justicia es y se percibe como arbitraria.  Educación pública, deducibilidad y debate. El decreto firmado y anunciado por el Presidente Calderón para permitir que padres de familia deduzcan una porción de la colegiatura de sus hijos tiene nombre y apellido: la clase media mexicana, en donde se ubica el mercado electoral del PAN. El porcentaje y monto que se puede deducir depende tanto del nivel de ingreso del jefe de familia como del nivel educativo de los hijos. Lo positivo es que se podría generar un  ahorro significativo a las familias (que potencialmente se reinvertiría en la economía a través del gasto). Al mismo tiempo, el decreto obliga a que el sector educativo privado se formalice, ya que para poder ser deducible el pago de la colegiatura de su centro de estudios, éste deberá estar formalmente constituido, registrado ante la autoridad educativa respectiva y estar al corriente en sus obligaciones fiscales. Ello convertirá a los padres de familia en supervisores de las escuelas privadas. La medida tiene como su principal debilidad su carácter de decreto y no de reforma a una disposición fiscal federal (una reforma a la Ley de Ingresos de la Federación, por ejemplo), por lo que pude ser cancelada a voluntad del Ejecutivo Federal y no hay garantía que perdure en el tiempo y trascienda sexenalmente. Esto hace que sus principales críticos la califiquen de electorera y oportunista, con clara intención de beneficiar a dos precandidatos a la Presidencia de la República: Ernesto Cordero, Secretario de Hacienda y Alonso Lujambio, Secretario de Educación. Políticamente, ante el descontento por el decreto en el PRI, se abre un frente para al menos uno de los voceros de la iniciativa, el Secretario de Educación. Sin embargo, las críticas han sido muy deficientes: La primera, que acusa la medida de ser electoral es infundada si se considera que todos los políticos deben ser evaluados en las elecciones por las decisiones que tomaron y ésta es sólo una de esas. La segunda, que acusa la iniciativa de promover la demanda por educación privada, y por lo tanto, reduce los incentivos del Gobierno Federal para mejorar el sistema público, también es deficiente. El verdadero problema y es uno que no debe ser eclipsado es que cada peso dedicado a la educación pública en México hoy no ha dado los resultados que el país requiere. Paradojas a las orillas del Río Bravo. No es la primera vez ni será la última que se emitan diagnósticos y declaraciones en Estados Unidos que muestran a un Estado mexicano en jaque. Se han visto desde las declaraciones de Joseph Westphal, Subsecretario del Ejército, que encendieron luces de alarma, hasta acciones como la preocupación manifestada por Janet Napolitano ante el Congreso estadounidense acerca de una eventual alianza entre terroristas y narcotraficantes mexicanos. Es evidente que el problema de México tiene implicaciones serias para la política interna de nuestro vecino y los diversos actores están obligados a considerarlas y tomar decisiones al respecto. Ante esta realidad, la respuesta del Gobierno Federal ha sido más visceral y reactiva que estratégica y proactiva. Por ejemplo, se exigieron pruebas concretas y se llamó a respetar la soberanía nacional. Sin embargo, esta actitud tiene poco sentido, sobretodo cuando al mismo tiempo se están dando hechos como el asesinato de un agente migratorio estadounidense en San Luis Potosí y existen zonas concretas donde el gobierno no podrá frenar la violencia de un día para otro. El tema de fondo no está en si existen opiniones divergentes o no en la administración de Obama respecto a México, sino en reducir la incertidumbre que causan en nuestro país cada vez que se vuelven públicas. Una característica recurrente de la política exterior mexicana en los últimos años es la enorme incapacidad para definir, con precisión, cuál es el interés nacional. En la medida en que México defina con claridad qué quiere lograr de su relación con Estados Unidos, sabrá mejor cómo reaccionar ante determinadas declaraciones. Y esto incluye el tema de seguridad. El siguiente paso sería encontrar qué es relevante para Estados Unidos y accionar una plataforma conjunta.