Semana política

21 de enero, 2011   ¡Hola!  Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana. Marisela Escobedo: hacer justicia. Reforma electoral: escenarios.      PRD: una tregua de corto aliento.     Marisela Escobedo: hacer justicia. La muerte de Marisela Escobedo en diciembre pasado exige una respuesta gubernamental inmediata. Sin embargo, hacerle justicia de la forma equivocada puede llevar a muchas injusticias más. Hace poco más de una semana, el Congreso del Estado de Chihuahua admitió la solicitud de juicio político en contra de los tres jueces que llevaron el caso del asesinato de Rubí Marisol, hija de Marisela Escobedo, en 2008. El sustento de la solicitud fue que, en abril de 2010, tres jueces de primera instancia dejaron en libertad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, presunto responsable del homicidio de Rubí Marisol, porque el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para sustentar su culpabilidad. Sin embargo, Sergio Rafael Barraza había confesado su culpabilidad. ¿Por qué una confesión no es suficiente? Porque la tortura en México es un medio muy efectivo para lograr que una persona detenida confiese delitos que no cometió. Especialistas sugieren que 4 de cada 10 personas detenidas es golpeada o lastimada antes de ser presentada al Ministerio Público por policías judiciales. Más del 70% de las personas que son detenidas no son informadas de su derecho a no declarar y más del 50% de las personas detenidas no cuentan con un abogado al rendir su declaración. La Suprema Corte, en 2009, ordenó la liberación de 20 personas que habían sido acusadas por la matanza en Acteal pues sus  sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados. En ese escenario, ¿es injusto que los jueces requieran otras pruebas circunstanciales para confirmar la culpabilidad de un acusado? Este cúmulo de injusticias, sin duda, revelan un sistema de procuración de justicia ineficiente e incapaz de responder a las exigencias de una sociedad inmersa en violencia e impunidad. Sin embargo, el problema no está en que los jueces absuelvan presuntos responsables, sino en que el Ministerio Público parece ser incapaz de presentar acusaciones sólidas, de hacer un trabajo de investigación serio, o por lo menos, de preservar la evidencia en una escena de crimen. Al final, lo que no se puede olvidar –ni a los medios, ni al Congreso de Chihuahua o su Gobernador– es que ser acusado y ser culpable son cosas distintas, que existe una garantía constitucional, un derecho fundamental, a que toda resolución jurisdiccional sea resultado de un debido proceso. . Reforma Electoral: los escenarios. En los próximos días podría resolverse en la Suprema Corte el amparo promovido por un grupo de ciudadanos en contra de la Reforma Electoral de 2007. Los dos aspectos que se consideran en el amparo son: la violación al procedimiento de ratificación de la modificación constitucional en los congresos estatales y; la violación a las garantías de libre expresión de los ciudadanos al impedir a particulares la contratación de propaganda en radio y televisión para influir en temas electorales. Si bien hay varios escenarios de acuerdo al fallo de la Corte, el más extremo sería una decisión de la Corte que reconociera la violación al procedimiento de ratificación, lo que echaría abajo toda la legislación electoral de 2007 y abriría la puerta nuevamente a legislar sobre el tema. También está la posibilidad de que se conceda el amparo por violación a la libertad de expresión, lo que abriría la puerta a que particulares contrataran espacios en radio y televisión. Estos escenarios, si bien vislumbran una posibilidad de reforma, de no tener la obligación de hacerlo, difícilmente ocurrirían en el Congreso. El PRI tendría pocos incentivos para modificar condiciones que, desde el Código Federal de Procedimientos Electorales (COFIPE), le favorecen. Además, la legislación electoral no podría modificarse a menos de un año de darse las elecciones de julio de 2012.   PRD: una tregua de corto aliento. El PRD ha logrado un acuerdo que, considerando su histórica incapacidad para construir institucionalidad partidaria, no es menor: una tregua entre sus distintas corrientes rumbo a la renovación de la dirigencia nacional que ha de llevarse a cabo en el mes de marzo. Si bien esto asegura cierta estabilidad para la actual dirigencia, más que eliminar la posibilidad de conflicto parece postergarla. Lograr una tregua en este momento significa esperar a que pasen las elecciones de Guerrero y Baja California Sur –dos estados en los que el PRD es gobierno. Sin embargo, en el control de la dirigencia a disputarse en marzo lo que está en juego, más que cualquier elección local, es el método de selección del candidato a la Presidencia para 2012. Para Jesús Ortega, este acuerdo permite a su dirigencia concentrarse en la operación de las elecciones de Guerrero y Baja California Sur –que sin duda serán utilizadas como indicador de éxito o fracaso de su gestión– y fortalecer la posición de su grupo, tanto rumbo a las negociaciones que definan al candidato y una eventual alianza a la gubernatura del Estado de México, como a la elección de la nueva dirigencia nacional. Los grupos contrarios a la dirigencia de Ortega entienden que a nadie convendría perder  Guerrero o Baja California Sur, pero eso no significa que, como en pasadas ocasiones, no estén dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias por la dirigencia del partido.