miércoles, 26 de mayo de 2010

semana política

      Calderón en Washington: consecuencias opuestas a objetivos
      Procuradurías: incapacidad y presión mediática
      Transparencia y acceso a la información: retroceso


Calderón en Washington: consecuencias opuestas a objetivos

La visita del presidente Calderón a Estados Unidos estuvo marcada por la severidad en sus juicios y la crítica a las formas norteamericanas respecto a dos temas: migración y venta de armas. Después de afirmar su respeto por las leyes de aquél país, en cuanto a migración, se dedicó a criticarlas. En relación a las armas no se limitó a exigir que el gobierno estadounidense impida su exportación hacia México, sino que les advirtió del riesgo para su país de continuar vendiendo armas de alto calibre para consumo interno. En ambos temas, se rebasaron los límites de lo que en asuntos de política exterior constituye una intromisión en la política interna de un país.

La explicación a este discurso puede estar en que el gobierno mexicano percibió la necesidad de hacer sentir el peso de las implicaciones de las políticas estadounidenses sobre México, o bien, en que el verdadero auditorio al que se dirigían los discursos no era el anfitrión, sino la galería en México. Cualquiera de las dos explicaciones demuestra una profunda incomprensión de la forma en que opera el país vecino, más cuando se le está proponiendo una sociedad de largo plazo. Las consecuencias podrían ser opuestas a este objetivo.

Más allá de la ovación de los demócratas en el Congreso, para una parte significativa de la población estadounidense el discurso de Calderón podría haber causado enojo –justificadamente o no. La inmediata animadversión de los republicanos es muestra de ello, pero las consecuencias podrían ir más allá. La presencia del presidente mexicano en Washington podría desatar fuerzas que eventualmente se conviertan en un poderoso elemento de la contienda electoral del próximo noviembre en Estados Unidos y que los republicanos y otros grupos estarían listos para capitalizar.

De no revertirse este camino, los costos podrían hacerse presentes en formas muy específicas, sobre todo en acciones mucho más duras a lo largo de la frontera; y en el rechazo a una nueva legislación migratoria, o bien, en la adopción de una legislación tan restrictiva que acabaría cerrándole puertas no sólo a futuros migrantes sino sobre todo a quienes ya están allá.

Procuradurías: incapacidad y presión mediática
Las procuradurías de justicia de este país no están preparadas para vivir en la era de las noticias 24 horas al día, 7 días de la semana. Si bien es cierto que hay deficiencias de comunicación social, el problema es de fondo. Diseñadas para procesar con cierta velocidad los delitos en flagrancia, las procuradurías carecen de capacidades para lidiar con casos relativamente más complejos, de alto perfil y menos si se enfrentan a la presión mediática.

Desde los tropiezos del ex procurador Bazbaz en el Estado de México con el caso Paulette, a los de la Procuraduría General de la República (PGR) en el de Diego Fernández de Cevallos, las procuradurías se han revelado incapaces (anquilosadas, torpes y lentas) frente a unos medios ávidos de información y desesperados por reportar avances. Las procuradurías se han encargado de darles justo lo contrario: hipótesis mal cocinadas y filtraciones de información sesgadas e interesadas. Callejones en los que después no encuentran salida.

Una procuración de justicia transparente y apegada a derecho no implica que ésta deba dirimirse en la corte de la opinión pública. El sistema de justicia penal mexicano no puede entregar resultados rápidos y al gusto de la opinión pública, no sólo por las severas deficiencias en sus capacidades de investigación, sino porque esto pervierte los principios del sistema. Que las procuradurías respondan como lo han hecho las obliga, eventualmente, a retractarse o bien a convertirse en una máquina de linchamiento. En cualquier caso, el costo que paga la procuración de justicia, y la confianza en ella, es muy alto.
 
Transparencia y acceso a la información: retroceso
La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) –declarar nula la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que obligaba a la PGR a dar a conocer las averiguaciones previas en torno a Rosario Robles– implica un retroceso en el acceso ciudadano a la información en detrimento del interés público.

Esta resolución erosiona además el carácter de inmediatez y gratuidad, toda vez que media un proceso judicial que determina si el fallo del IFAI –que en teoría es definitivo– es procedente o no, alargando el tiempo de espera por la información e incrementando el costo a la ciudadanía, ya que involucra un juicio administrativo.

La decisión del TFJFA se da en el marco de intentos previos de la autoridad federal (SEGOB y PGR) de impulsar una reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la que se constituyera un tribunal especializado (o en su caso el TFJFA) que determine como última instancia si son procedentes o no las resoluciones emitidas por el IFAI.

En el ámbito local hay esfuerzos en el mismo sentido. El Congreso de Campeche impulsa una reforma a su Ley de Transparencia en la que pretende instituir una instancia judicial que pueda determinar si procede la resolución de la instancia estatal de acceso a la información. En caso de consolidarse, PGR y SEGOB tendrían un precedente para la propuesta que impulsan a nivel federal.

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