miércoles, 8 de abril de 2015

Semana política











8 de abril de 2015.


Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.
 


  1. Educación y Criminialidad.

  2. Reforma Energética: ¿bajará la luz?

  3. Impacto fiscal de la caída de los precios del petróleo.

  4. El víacrucis de las Candidaturas independientes.


Educación y criminalidad. En la cultura popular se ha creado una especie de imagen de los criminales, que marca -por encima de todas las cosas- su poco nivel educativo, sus pocas posibilidades de ascender en la pirámide social más que dedicándose a actividades ilegales. Pensemos en los grandes capos de los carteles mexicanos: todos provenientes de un circulo humilde, marcado por la pobreza, en el que el narcotráfico es la única posibilidad de huir de él. Justamente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado un estudio, Educación y comportamiento criminal, en el que se determina la relación entre la educación y el mundo del delito. La conclusión es: la educación aumenta las oportunidades de acceder a trabajos legales e incrementa sus salarios, lo cual reduce el atractivo financiero de las actividades delictivas (es lo que se conoce como Principio Fundamental en la Teoría Económica del crimen). El BID parte del estudio de la causalidad; es decir, una persona con poca educación es más propensa a cometer delitos en comparación con una persona con mayor educación. Sin embargo, también se reconoce que esa misma causalidad puede interpretarse al revés: una persona más propensa a cometer delitos es menos probable que permanezca en la escuela en comparación con una persona que no es propensa a cometerlos. De ahí que se reconozcan otros vínculos entre la educación y la disminución de la criminalidad.

  • El costo de oportunidad (definido en economía como lo que se deja de ganar por la elección que se ha decidido), es también mayor para aquellas personas que tienen el potencial de ganar altos salarios en actividades legítimas, pues estar en prisión implica tiempo fuera del mercado laboral.

  • Por otra parte, la condena en sí misma ejerce un estigma social que actúa como un disuasivo adicional, el cual es probablemente más fuerte cuanto mayor educación tenga el individuo.

  • Por otro lado, la escolarización puede afectar el comportamiento de las personas, por ejemplo haciéndolas más pacientes o aumentando su aversión al riesgo. La escuela también puede producir un efecto de incapacitación. Es decir, al mantener a la juventud fuera de la calle y ocupada durante el día, la asistencia escolar puede tener efectos sobre la participación criminal.

El BID sostiene, en su estudio, que a evidencia disponible del vínculo causal entre educación y crimen provienen del mundo desarrollado. No hay experiencias en América Latina ni en México que se deidquen a aportar luz sobre el tema. Una forma de estudiar el vínculo entre el bajo nivel educativo y el crimen es mediante la caracterización de los victimarios en las prisiones o los centros socioeducativos (en el caso de menores de edad). Es importante tener un perfil sobre el tema, saber de que estamos hablando. Se debe partir de la premisa de que mejorar la educación o el tiempo de permanencia en la escuela, reduciría el crimen. La pregunta, entonces, obligada es qué medidas está tomando la Secretaría de Educación Pública (SEP) para mantener en el Aula a niños y jóvenes en edad escolar. No es un buen indicio el hecho de que el tema quedara fuera de la reciente Reforma Educativa. Para subsanar ese error, el BID da una algunas ideas sobre el tema. A saber:

  1. Ampliar los horarios de las escuelas, no tanto la carga de materias, pero si ofrecer más actividades extracurriculares (dibujo, música, deportes, talleres). El programa de Escuela de Tiempo Completo es un buen inicio, pero ayudaría mucho más si es implementado en territorios de alta marginación.

  2. Implementar programas de Seguridad Ciudadana, realizando actividades lúdicas para mejorar el comportamiento.

  3. Elaborar estrategias de "Estado Presente", donde se construyan de nuevas escuelas, modernizando la currícula y las instalaciones, para retener a los jóvenes en la escuela. La idea es que las escuelas se conviertan en sitios confortables y agradables, donde los niños encuentren espacios para realizar sus actividades cotidianas.

  4. La iniciativa "Parques de Convivencia e Inserción Laboral y Económica", del BID implementada en El Salvador, puede replicarse en México. Se trata de un modelo de atención a niños y jóvenes en situación de riesgo en el que se promueven actividades para el uso positivo del tiempo libre y talleres de prevención de la violencia

Es importante entender que cualquiera sea el mecanismo subyacente, una mayor escolaridad reduce significativamente la participación delictiva. Y si los niños y jóvenes son el futuro, entonces ese esfuerzo hablaría de que el país todavía tiene esperanza.

Reforma energética: ¿bajará la luz? El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado un interesantísimo estudio sobre la Reforma Energética, en el que se dedica a analizar las potencialidades en el bolsillo de los ciudadanos. En el Estudio Made in Mexico: Energy Reform and Manufacturing Growth (Hecho en México: Reforma energética y Manufactura del Crecimiento) se examinan los efectos de esta reforma. Para el FMI, la Reforma abre oportunidades en, al menos, tres aspectos:

  1. La electricidad a precios más bajos. Se espera que la reforma reduzca los precios de la electricidad para el sector industrial en México, que aproximadamente duplican los precios estadounidenses. En México, la generación de electricidad depende mucho más de los derivados del petróleo (aproximadamente una quinta parte de la capacidad instalada de generación) que en Estados Unidos, donde son más abundantes otras fuentes de energía menos costosas, como el gas natural y el carbón. La reforma puede ayudar a cambiar la estructura de la generación de electricidad en México al permitir una mayor inversión en gasoductos para importar un mayor volumen de gas natural de Estados Unidos y en plantas con menores costos de generación. Se estima que la sustitución total de los derivados del petróleo por gas natural en la generación de electricidad podría significar una reducción del 13% de los precios de la electricidad para el usuario industrial promedio.

  2. Mayor producción manufacturera y mayor PIB. Un descenso del 13% del precio de la electricidad para el sector industrial podría dar lugar a un aumento de la producción manufacturera de hasta 3,6%, y un aumento del PIB de aproximadamente 0,2 a 0,6 puntos porcentuales. Los beneficios totales generados por la reforma podrían ser aún mayores. Los precios de la electricidad en México podrían finalmente bajar al nivel de los de Estados Unidos, impulsando aún más la producción manufacturera. Esto se podría lograr si la estructura de generación de energía en México convergiera a la observada en Estados Unidos, y las mejoras en la infraestructura eléctrica permitieran reducir las grandes pérdidas de electricidad, que aproximadamente triplican las observadas en Estados Unidos. Un beneficio adicional podría surgir en el sector de servicios, que también es sensible a los precios de la electricidad, aunque en menor medida que el manufacturero.

  3. Consecuencias en materia de políticas. México se encuentra en una buena situación para continuar ampliando su sector manufacturero. La reforma del sector energético recientemente promulgada tiene capacidad para disminuir los costos de la electricidad y mejorar la infraestructura del sector energético. No obstante, para obtener todos los beneficios potenciales, es esencial que la reforma se ejecute a cabalidad, entre otras cosas, asegurando el funcionamiento eficaz de los nuevos organismos de regulación.

Desafortunadamente, para el país, para que los pronósticos del FMI se cumplan, hace falta voluntad. Por ejemplo, desde 2013, cuando se planteó la reforma, no se han acabado los gasolinazos. La luz tampoco ha bajado. La Reforma fue hecha para favorecer a las corporaciones, no a la ciudadanía. Ahí reside su principal inconveniente. Consulte el informe en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1545.pdf


Impacto fiscal de la caída de los precios del petróleo. El colapso de los precios internacionales del petróleo —de US$105 a alrededor de US$50 el barril desde mediados de 2014— ha sido una bonanza para los países que lo importan y una desgracia para México. En general, los importadores de petróleo gozarán de un crecimiento más rápido, menor inflación y posiciones externas más sólidas, y la mayoría escapará a presiones fiscales significativas. México, mientras, tenderá a experimentar una desaceleración del crecimiento y un debilitamiento del saldo de la cuenta corriente externa, y se verá sometido a presiones fiscales, dado que depende de ingresos directos vinculados al petróleo. Para adaptarse a este nuevo entorno mundial, muchos países están permitiendo que la caída de los precios internacionales del petróleo se traduzca en un abaratamiento de los costos energéticos internos, nuestro país, de momento, no. No se explica este actuar, ya que bajar los precios energéticos aumenta el ingreso disponible de los consumidores y las empresas, ya que bajan los precios del transporte y la electricidad. Esta política respalda el crecimiento y alivia las presiones inflacionarias. También contribuye a estabilizar el saldo de la cuenta corriente externa al estimular la demanda de importaciones no petroleras, lo cual puede compensar en parte la disminución de las importaciones petroleras. El efecto de los precios internacionales del petróleo en la situación fiscal del país es negativo. ¿Por qué? Pues porque el sector está dominado por una empresa petrolera estatal (Petróleos Mexicanos), que genera ingresos fiscales a través de impuestos sobre la renta, dividendos y regalías pagadas al gobierno. PEMEX, entonces, puede tener el monopolio de las ventas nacionales de derivados del petróleo y pueden cargar con los costos de los subsidios internos a los combustibles. El gobierno ha comenzado a recortar el gasto para compensar la disminución del ingreso vinculado a los hidrocarburos. El gobierno mexicano está incrementando el precio interno de la gasolina un 1.9% en 2015, lo cual reforzará el ingreso generado por las ventas nacionales, y contrató un seguro en el mercado que contribuyó a limitar la contracción del ingreso relacionado con el petróleo en 2015. El gobierno tendrá que emprender un ajuste fiscal adicional en 2016 porque la protección del seguro no se extiende más allá de 2015. Esto significa que el déficit fiscal se profundizará en 2015, con la caída del ingreso fiscal vinculado al petróleo. Sin embargo, en los años venideros, el gobierno tendrá que recaudar ingreso no petrolero para alcanzar las metas del balance fiscal estructural impuestas por ley y proteger al mismo tiempo programas de gasto críticos. El balance fiscal también sufrirá uan perdida significativa en materia de gas, dado que el precio del gas natural está atado a los precios internacionales del petróleo. Aún así, el gobierno cuenta con una protección considerable en forma de depósitos y reservas internacionales netas que le dará margen de maniobra a corto plazo. El problema está en el mediano plazo, en el 2016. Lo único positivo del nuevo entorno mundial es que, para países como el nuestro, se ha puesto de relieve la importancia de diversificar las fuentes de ingreso fiscal para evitar una dependencia excesiva de las exportaciones o las importaciones de petróleo. Lentamente, le guste a Videgaray o no, parece que nos acercamos la fin de una economía petrolizada. Lo grave es que ni el Secretario ni el PRI están preparados para ello.


El víacrucis de las Candidaturas independientes. Los candidatos independientes o también llamados candidatos ciudadanos son aquellos postulados a un cargo de elección popular por el respaldo de un número determinado de ciudadanos y que no pertenecen a un partido político. Aunque se presentan como resultado de la reciente Refomra Electoral, lo cierto es que, en México, los candidatos independientes estuvieron regulados desde 1810 y posterior a la época de la Revolución con la Ley para Elecciones de Poderes Federales del 2 de julio de 1918, en la que se les conferían los mismos derechos que a los candidatos de partidos políticos. A partir de la Ley de 1946 desaparecen las candidaturas independientes al señalarse expresamente que sólo los partidos políticos podrían registrar candidatos. La reforma electoral, vista desde el punto de vista de las candidaturas ciudadanas, fue bastante estricta, ocasionando que la presencia de este tipo de aspirantes en estas elecciones sea prácticamente testimonial. Algunso datos avalan este enunciado:

  • El Instituto Nacional Electoral (INE), otorgó el registro a solo 22 de los 122 ciudadanos que buscaban una candidatura independiente a la Cámara de Diputados. El total de abanderados que hará campaña por algún partido es de 4,474.

  • Gran parte de los interesados en participar en el proceso se quejaron ante el INE del calendario. Se les dio todo el mes de enero para hacer precampañas, cuando los partidos empezaron tiempo después.

  • En los Organismos Locales Electorales (OLE) la cifra también es baja en las principales entidades. En la Ciudad de México solo hay 14 candidatos. En Nuevo León 22. Y en Jalisco, únicamente cuatro.

  • Las reglas de financiamiento y fiscalización nunca estuvieron claras sino hasta unos días antes de la fecha límite para el reporte.

En suma, el país debe debatir aún más esre proceso considerando puntos como: el financiamiento tanto público como privado; los tiempos que se les otorgarán para acceder a los medios de comunicación; la fiscalización que se llevará a cabo sobre el gasto de los recursos. Hasta la fecha, las candidaturas ciudadanas son lo único que puede terminar con la partidocracia, convirtiéndose en un opositor capaz de generar alternancia. Eso, paradójicamente, fortalecería el sistema de partidos, dado que podría dar pro terminado el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, el caciquismo. Todos ellos, males endémicos de nuestro sistema electoral.


La Semana Política es una publicación de coyuntura, basada en la percepción que se tiene sobre México en los principales diarios internacionales del mundo.

 

 
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