15 de abril de 2015.
Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.
¿Importan las campañas?
El caso Korenfeld.
¿Por qué no baja la Gasolina?
¿Qué hacer con los subsidios a la luz?
¿Importan las campañas? Esta es una pregunta difícil de contestar. En un pueblo ya adicto a la demagogia, las campañas de marketing político sólo sirven para destruir más la moral republicana, convertir la democracia en una bufonería, acabar con toda elevación y nobleza del debate en la "polis", con toda estética de la comunicación y, por si esto fuera poco, para crear mucha, mucha basura material. El ciudadano, al votar por quien le promete las cosas más lisonjeras, quien le regala algo, quien sabe estimular mejor sus miedos y prejuicios, decidió convertirse a sí mismo en el objeto a adular, a sobornar, a corromper. Decidió convertirse en el simple y predecible medio de acceso al poder de los demagogos. El sistema democrático que se pensó que llegaría tras la caída del partido hegemónico simplemente no llegó. Llegó una demagogia más corrupta que nunca, una competencia electorera ramplona y lastimera, escándalo tras escándalo de funcionarios públicos abusando de su poder, coludidos cuando les conviene y acusándose ante el circo romano de la opinión pública, las redes sociales y los memes cuando también así les conviene, chantajéandose, pasándose de un puesto a otro en el carrusel de la administración, de un poder a otro, y hasta de un partido a otro, según la ideología que se requiera en el momento. Los expertos coinciden en que esto ha desmotivado a los potenciales votantes a participar por la vía de las urnas y ha exacerbado las manifestaciones de hastío respecto a la de por sí abrumadora propaganda electoral. Este año se renueva por completo la Cámara de Diputados, algunas gubernaturas, ayuntamientos y jefaturas delegacionales. La gente está dividida entre el desencanto más abrumador y el clientelismo político. La guerra de falsas noticias y memes burlescos no tiene fin. La República está infectada de un virus enloquecedor. Y, habiéndose ya aprobado las Reformas principales propuestas por el gobierno, la gente encuentra poca motivación para interesarse por los nuevos diputados. El presupuesto está bastante amarrado por las partidas obligatorias, y se estima que sólo un 5.9% del total de las erogaciones del gobierno federal pueden ser modificadas por la siguiente legislatura. Y de esta parte, los actores políticos con mucha probabilidad se coludirán una vez más para repartir el pastel como mejor convenga a sus intereses. Ni siquiera es del todo correcto que se vaya a renovar por completo toda la cámara pues, acorde con la tradición del circo político mexicano, veremos las mismas caras de los de siempre, y veremos también la cámara convertida en la tradicional pasarela de candidatos al Senado en 2018, a presidencias municipales, a líderes partidistas y, en una de esas, hasta de aspirantes presidenciales. La Cámara de Diputados es poco más que un club de políticos lejanos, cada vez más lejanos, de la ciudadanía de República a la que dicen representar.
El caso Korenfeld. "Ven la tempestad y no se hincan", dice el refrán. El gobierno federal está en la mira, con una oposición más ávida que nunca por deteriorar su imagen, y al parecer eso no impide que sus funcionarios sigan permitiéndose el lujo de cometer imprudencias. Y no es sólo una simple "imprudencia" de lenguaje, un desliz de esos que en realidad no significan gran cosa pero son aprovechados hasta la médula por los medios de oposición. No. Se trata de un acto definitivamente ilegal y en el que fue sorprendido en flagrancia: usar un vehículo público (helicóptero) para trasladarse a sí mismo y a su familia de su residencia particular al aeropuerto Benito Juárez para volar a sus vacaciones. La utilización de cualquier recurso público (entiéndase desde un helicóptero hasta una engrapadora) por parte de un funcionario para un fin distinto al oficial, constituye una falta conforme al artículo 47, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es por ello que la Secretaría de la Función Pública había iniciado un proceso de responsabilidad administrativa con David Korenfeld, titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por el uso de un vehículo oficial (helicóptero), ante lo cual el funcionario no tuvo más opción que renunciar a su cargo. No es la primera vez que hay irregularidades con el uso de helicópteros de la CONAGUA. Como ya se ha señalado en otros medios, hace dos años, la Auditoría Superior de la Federación encontró que las bitácoras de vuelo de los helicópteros de dicho organismo no estaban registrando los datos necesarios para poder identificar el uso correcto de los mismos, pero no se inició proceso administrativo alguno. Después de todo, el sistema está diseñado para que estas cosas puedan ocurrir sin mayores repercusiones, y en este caso si un vecino no hubiera dado a conocer los hechos, probablemente jamás se habría sabido. Pero ya sabemos la hipocresía del Grupo Atlacomulco: el uso de un helicóptero para transportar a una familia, si bien es una de esas noticias ruidosas y que corren rápido, no es realmente algo tan grave como otras conductas relacionadas con compras, contratos, selección de proveedores, procesos de licitación, en las que no hay vecinos con una cámara fotográfica que puedan delatarlas y darlas a conocer a la ciudadanía. Por eso, el tema del helicóptero es, presumiblemente, sólo la punta del iceberg. La pregunta que queda en el aire es: ¿hubiera determinado al SFP la destitución de Korenfeld de su cargo en caso de que no hubiera renunciado? ¿Es un organismo realmente eficaz y autónomo para sancionar adecuadamente estos casos? Las dudas, su bien nunca se aclararán, quedan como burbujas suspendidas en el aire.
¿Por qué no baja la Gasolina? El costo del principal insumo para producir la gasolina ha bajado significativamente en todo el mundo. Pero el precio de las cosas no depende siempre directamente del costo de producción, y menos cuando es un monopolio estatal el que determina dichos precios, con independencia de la oferta, la demanda y el costo de producción. Si ya le llega al gobierno menos dinero de fuera por la venta de petróleo, no está dispuesto a perder ingresos del mercado interno de la gasolina. Según datos publicados por la Secretaría de Hacienda (SHyCP), para el primer bimestre de 2015, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) figura como la tercera fuente de ingresos para el gobierno federal. Un aproximado de 60 por ciento de la recaudación por IEPS proviene del consumo de gasolinas, habiendo aumentado un 1084% entre principios de 2014 y principios de 2015 la tasa sobre las gasolinas. Ahí queda clara la estrategia de compensar la caída petrolera mediante el consumo interno. Quizá el Acuerdo de Certidumbre tributaria, en que el presidente se comprometió a no promover nuevos impuestos en lo que le resta de mandato, no incluye estas poco perceptibles modificaciones. Seguramente será hasta 2018 cuando se liberalice y reduzca el precio, al abrirse el mercado a la competencia. Por lo pronto, el 13% de los ingresos totales al erario, procede de los impuestos por consumo de combustibles. El sistema mexicano de fijación de precios de los combustibles puede ser algo complejo y responde a dos factores, principalmente:
Que no sea un impacto en la inflación.
Que se mantenga dentro de cierto rango respecto a las cotizaciones internacionales, utilizando justamente el IEPS como mecanismo de estabilización.
Esto no significa una verdadera libre flotación, pues al no ser los mercados internacionales una competencia real, sigue siendo arbitrario decidir el parámetro que se toma por "precio internacional", ya que de un mercado a otro éste puede variar considerablemente. Sin embargo, esta flexibilidad basta para que el pronóstico del ingreso al gobierno por concepto de venta de combustibles no pueda ser exacto. La inminente apertura del mercado, que es un paso importante para lograr la "despetrolización" de la economía (necesidad más evidente que nunca ahora que vemos los estragos de depender tanto de un precio internacional tan variable), será sin embargo un paso duro en dicha transición. Los inversionistas piden certidumbre fiscal, jurídica y regulatoria para sus proyectos. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) será la encargada de sentar las reglas de operación de obra civil, sistemas de almacenamiento, y conducción de combustible, así como las instalaciones eléctricas y la imagen que deberán tener las nuevas gasolineras. Lo que no queda claro es bajo qué esquema transitorio operarán las franquicias de PEMEX y, mucho menos, cuál será la fórmula recaudatoria respectiva. No es tarea fácil regular todos los detalles correspondientes, ni menos aún combatir eficazmente prácticas nocivas y arraigadas en el sistema de corrupción-crimen organizado, como el robo de combustible en terminales, ductos y secuestro de pipas, que enrarecen y distorsionan el mercado. No se atisba en los próximos meses o años una reducción de los costos del combustible, por más que la oposición política se empeñe en exigirla. El boquete fiscal que dejó la baja de precios del petróleo es grande, por el mismo factor sucedió que la reforma energética no está despegando, y además las coberturas contratadas para garantizar compensaciones por bajos precios tienen expiración, naturalmente. Esto hace completamente inviable la exigencia de la oposición, y máxime que ésta no propone ninguna alternativa mejor que la actual estrategia recaudatoria del IEPS.
¿Qué hacer con los subsidios a la luz?La Reforma Eléctrica es probablemente una de las políticas de gobierno más importantes que se ha aprobado, por el potencial que tiene la industria eléctrica en México. Pero es una Reforma compleja. Por un lado, si abre la competencia, pero también es sumamente regresiva. Es decir, en los tramos donde es deseable la competencia, como es en la generación, se abrió el mercado a la mayor cantidad de actores posibles, mientras que, donde es preferible tener un monopolio por las características inherentes de ese mercado, como en la transmisión y en las redes de distribución de cada región, se dejó el servicio a un solo proveedor. A raíz de la promulgación de las leyes secundarias y los reglamentos derivados de esa reforma se puede precisar un nuevo sector eléctrico mexicano que vislumbra importantes mejoras con respecto a su situación en el pasado. Sin embargo, aún puede ser presa de los intereses políticos del gobierno en una de las áreas que permaneció prácticamente inalterada: los subsidios a las tarifas eléctricas. El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) ha presentado un estudio donde se estipula que el proceso de reforma puede ser entorpecido por los intereses políticos y su manifestación en el uso del subsidio de la electricidad. En Modificar los subsidios eléctricos para garantizar la eficiencia del sector, es posible se sostiene que si el proceso de instrumentación de la reforma eléctrica no conlleva una reestructuración –o en su defecto una focalización –de los subsidios gubernamentales, se seguirá utilizando los recursos de los contribuyentes de manera que distorsionen artificialmente el mercado. La existencia de subsidios en las tarifas eléctricas dificulta el adecuado funcionamiento de un mercado competitivo al distorsionar los precios y mandar señales equivocadas a los consumidores. Gracias a la existencia de cuantiosos subsidios motivados por intereses político-electorales, casi la totalidad de los hogares en México y una parte importante de los agricultores pagan un precio sustancialmente menor al que deberían por utilizar la luz aún si su condición socioeconómica no lo requiere. Los subsidios eléctricos en México son generalizados, lo que presenta un segundo problema a la distorsión de los precios: son fuertemente regresivos. CIDAC parece alertar que el argumento para justificar los subsidios es electorero: existe una cantidad importante de mexicanos que por su nivel de ingresos no podrían pagar el costo real del servicio y eso afectaría fuertemente su consumo en otros productos. Su propuesta, sin embargo, es interesante dado que explica que en el esquema generalizado de los subsidios, son los consumidores de los deciles más altos los que más consumen electricidad de manera agregada por contar con más aparatos electrónicos o focos en sus hogares. Una electricidad muy por debajo de su costo real de producción implica que alguien está pagando por ese diferencial y en México los recursos que destina el gobierno para este fin podrían ser utilizados de forma mucho más progresiva. Los 85 mil millones de pesos de subsidio eléctrico en 2013 -algo así como medio punto porcentual de todo el Producto Interno Bruto del país- fueron muy superiores a muchos otros rubros del gasto público: superó todos los recursos asignados al transporte, al Seguro Popular y al programa Prospera (antes Oportunidades). Es hora, entonces de verificar las razones técnicas para el subsidio de la luz. A juicio del CIDAC, el esquema tarifario del sector eléctrico –más allá de buscar que los consumidores menos afortunados puedan tener acceso al servicio a un precio razonable– tendría que contemplar un conjunto de objetivos vinculados al mejoramiento del sistema bajo los siguientes lineamientos:
Una reducción gradual de los subsidios eléctricos que parta de un plazo definido y conocido por los agentes económicos.
Una focalización de los recursos destinados para los subsidios eléctricos hacia los deciles más bajos de la población combatiendo así la regresividad del sistema actual.
Medidas de mitigación del impacto del alza de los precios sobre los consumidores más afectados diferenciadas según ingreso, región o hasta actividad económica como podrían ser la devolución de impuestos, certificados por servicios de salud en hospitales públicos, sustitución de equipo eléctrico obsoleto por uno nuevo que sea más eficiente e instalación de equipos de generación eléctrica propia a partir de fuentes de generación renovables como paneles solares-fotovoltaicos.
Una campaña mediática agresiva que comunique la importancia y los beneficios de la focalización de los subsidios para un uso más adecuado y justo de los recursos así como desmitificar ciertas creencias de quienes se oponen a la liberación de los precios.
La Semana Política es una publicación de coyuntura, basada en la percepción que se tiene sobre México en los principales diarios internacionales del mundo.
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