11 de marzo de 2015.
Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.
1. La tortura sistemática.
2. Medina Mora: juez y parte.
3. ¿Debe perder el registro el Verde?
4. Tributos Fiscales y desarrollo económico.
La tortura sistemática. "Todos los cuerpos policiales de México torturan", con esa frase empezó su comparecencia el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, el argentino Juan Méndez. Fue decir la frase y el diluvio, como dijera alguna vez Luis XV. Ha sido tal la polémica, que hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores minimizó sus conclusiones y sostuvo que no comparte en absoluto el diagnóstico. El Informe Méndez, como ya se le conoce parte del análisis de las quejas recibidas desde el inicio de la llamada guerra contra el narco: si en los seis años anteriores a 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos había registrado un promedio de 320 denuncias; en 2012 superaron las 2,100. La conclusión, tampoco, es un glo a la estratosfera. Se pide al gobierno algo básico para contener la tragedia: que se ponga fin al uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública. El Informe contiene puntos de interés sobre esta malsana costumbre de las fuerzas del orden:
La tortura en México se utiliza predominantemente durante la detención y bajo cualquier excusa, con objeto de obtener confesiones sobre el crimen organizado. El patrón utilizado, según el Informe, destaca que los captores, vestidos de civil y encapuchados, no suelen llevar orden judicial ni informan de los motivos de la captura. Trasladados a comisarias o cuarteles militares, se les aplican métodos de extracción de información contrarios a las Convenciones de Naciones Unidas y a las propias leyes del país (golpes con puños, pies y palos; toque con dispositivos eléctricos; asfixia con bolsa de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos). En el caso de las mujeres, al catálogo de horrores descrito se suma la violencia sexual.
Tampoco el país destaca pro su voluntad política para combatir la tortura: entre 2005 y 2013 solo hubo cinco sentencias condenatorias por torturas. No existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al ministerio público; no se accede a una defensa adecuada en forma inmediata; las declaraciones se prestan sin intervención judicial ni presencia del abogado; no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura.
Para evitar que el país siga en medio de una crisis de Derechos Humanos, el relator maneja tres propuestas:
La eliminación del arraigo, que permite, en el curso de una investigación por crimen organizado y con orden judicial, mantener encerrada 40 días (prorrogables) a una persona mientras se decide si se presentan cargos penales. Esta práctica viola la presunción de inocencia y expone al detenido a más torturas. Para el debate, el relator de la ONU aporta un dato: de más de ocho mil personas arraigadas desde 2008, sólo el 3,2% habría recibido condena.
Se deben mejorar los registros de detención y los exámenes médicos, de tal forma que recogen bien los abusos y quede constancia de los mismos, para facilitar al Justicia.
Hay que continuar limitando el llamado "fuero militar", aquel que destacaba la superioridad de las fuerzas Armadas sobre el orden civil constitucional.
Revertir la cultura de impunidad es difícil, pero estas tres propuestas pueden servir par aplantear una reforma integral en materia de Seguridad, que dé certeza y ajuste los protocolos sobre Derechos Humanos y Procuración de Justicia. Esa si es una reforma que el país necesita ya, pero claro, el gobierno no parece estar por labor. También es cierto que este no es el primer Informe que alerta sobre el uso de la tortura. Ya antes, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (dos prestigiosas organizaciones internacionales) habían alertado del tema. Y ya lo dice el dicho: cuando el río suena .... Consulte el informe en: http://ep00.epimg.net/descargables/2015/02/26/ece9a73e58cd45d091fdb87c2de91f6f.docx
Medina Mora: juez y parte. El Senado mexicano ha nombrado esta semana a Eduardo Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte de Justicia para los próximos 15 años. La designación de Medina Mora ha estado plagada de críticas. Principalmente, por su poca experiencia como jurista: (todavía se recuerda su propio balconeó en un cable de Wikileaks) fue Procurador General de la República (2006-2009), Secretario de Seguridad Pública Federal (2005-2006), Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN (2000-2005), y hasta el martes pasado, embajador de México en los Estados Unidos. Además, es célebre por tres grandes episodios en la Historia de la procuración de justicia en el país: la Operación Rápido y Furioso (que permitió que los grandes capos de la droga comprarán armas en EEUU, aunque el propio Medina sostuviera que desconocía la operación, su propio cargo como Procurador hace inviable tal desconocimiento), el Michoacanazo (la escandalosa detención de 38 funcionarios estatales y municipales en el Estado de Michoacán por vínculos con el narcotráfico, que finalmente fueron liberados) y el encarcelamiento de Alberta, Teresa y Jacinta (tres indígenas acusadas en 2006 por un secuestro que no cometieron y que estuvieron en la cárcel durante cuatro años). Para muchos sectores sociales, Media Mora es responsable de la guerra contra las drogas y, principalmente, de la catástrofe que vive hoy el país y de sus sistemas de procuración de justicia. Se señala que antes de su llegada a la PGR se consignaban entre el 40 y el 48% de las averiguaciones; con él al frente, sólo se consignó alrededor del 25%. Juicios históricos, y políticos, a parte, hay dos cuestiones que llaman la atención sobre la elección de Medina Mora:
El Congreso no vigiló la independencia del candidato Medina Mora. Éste, incluso, llegó a declarar que era miembro adherente del Partido Acción Nacional. ¿Cómo legislará el nuevo ministro? ¿Bajo el concepto de la Justicia o con los preceptos derivados de la doctrina panista? No es una pregunta al aire. Hay temas que exigen absoluta imparcialidad, como el matrimonio igualitario, el derecho a decidir de las mujeres ... todos ellos negados, una y otra vez, por la derecha nacional. Recordemos: siendo procurador, en 2007, Medina Mora ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Es irónico (siempre es mejor reír que llorar) que uno de los artífices de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, que produjo 70 mil muertos, sea ahora el paladín de los Derechos Humanos. ¿Queda, para la ciudadanía, la certeza de que, en este tema, quien está vinculado a Atenco y a otros graves hechos, pondrá siempre por delante los intereses del individuo a los del Estado, como manda la Constitución y la Carta Interamericana de Derechos Humanos? La verdad es que no.
Está claro que hay un mensaje muy claro con la elección de Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte. La ciudadanía lo interpretará como una muestra más del debilitamiento institucional, del desprestigio de la Corte. La clase política, por el contrario, se regocijará por hablar tan alto: este es nuestro coto privado, hacemos lo que nos conviene y manejamos al país de acuerdo a nuestros deseos e intereses. Triste, ¿no?
¿Debe perder el registro el Verde? El año era 1985 cuando Jorge González Torres decidió separarse del Partido Revolucionario Institucional. Hacia poco más de uan década que se había decidido construir una central nuclear en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios (Veracruz). La discusión por aquella época estuvo acompañada por la tragedia en Chernobil (Ucrania) y muchas voces en el país ponían el acento en la peligrosidad de la Central. Ese movimiento decidió a González Torres a fundar la Alianza Ecologista de México, que sería la semilla del Partido Verde Ecologista. Ya en 1988, como parte del Frente Democrático Nacional, participó en las elecciones federales. En 1991, con el nombre Partido Ecologista de México (PEM), no consiguió su el mínimo de votos y perdió el resgistro. Este fue obtenido de forma definitiva en 1993 y en ese mismo año el partido cambió su nombre al actual, Partido Verde Ecologista de México. Desde sus inicios ha sido controlado por una sola familia: a Jorge González Torres le sucedió en la presidencia del partido su hijo, Jorge Emilio González Martínez ( apodado "el Niño Verde"). Si bien en un primer momento, el PVEM se alió con el PAN para sacar al PRI de los Pinos -en palabras de Fox- no queda duda de que hoy es un partido satélite del PRI, que tiene una lógica empresarial al servicio de la familia que lo fundó y de alguno de sus dirigentes, como Arturo Escobar. El calendario electoral es bastante claro respecto a cuándo los partidos pueden hacer propaganda, pero el PVEM se adelantó a todos y ha dispuesto de una campaña agresiva, ocasionando una queja del PRD, PT, Encuentro Social y el PAN sobre los recursos del Partido y el daño hecho a la elección. Las continuas amenazas al Instituto Nacional Electoral (INE), la multa de este de más de 60 millones de pesos, no han hecho sino darle más visibilidad al Partido. Hasta el día de hoy, hay dos factores a tener en cuenta:
Su lógica de negocio es bastante simple: mantenerse en la arena, con un valor suficiente para negociar alianzas. El gasto millonario en publicidad para radio, televisión y cine es una necesidad, una inversión perfectamente razonada y calculada para poder seguir haciendo negocios como los de los vales de medicinas del IMSS e ISSSTE, que se canjearán en las farmacias de la familia González Torres.
La estrategia de gasto excesivo se da a la par de la publicación de nuevas encuestas que colocan al Partido como la tercera fuerza electoral del país.
Este dispendio electoral se da, además, en un contexto en el que prácticamente todas las instituciones del país están desacreditas; la primera de ellas, los partidos políticos. Ante ello, el PVEM presenta propuestas carentes de ideología, muy lejos de los postulados de la red Global Greens (la Internacional Verde) y del pensamiento de Will Potter y su libro El Verde es el nuevo Rojo. Sus propuestas como política pública (más allá de si son engañosas, o sin sustento) son irrelevantes, dirigidas precisamente a aquellos poco informados, hartos de la política. Es, por decirlo a las claras, la cara oculta del cinismo. La actitud del Verde recuerda a la de esos adolescentes que salen de fiesta llevándose el carro de los padres sin su consentimiento. Vale más pedir perdón, que pedir permiso, dice la sabiduría popular. Ante esta actitud, el INE está en el dilema de imponer sanciones de acorde a la actitud mostrada. Cuando el hijo díscolo no hace caso, se lleva el coche y lo estrella, más vale que pase la noche en el Ministerio Público para que aprenda la lección. Por lo tanto, no parece descabellado que se discuta su registro. ¿Debe perder el Verde su registro para que aprenda a diferenciar el negocio familiar de la democracia nacional? ¿Está el INE por la labor?
Los tributos fiscales. Hay todo un debate sobre los ingresos fiscales en América Latina. ¿Contribuyen al crecimiento o son, solamente, un palo que impide que la rueda de la economía del libre mercado gire? El informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013 señala en su cuarta edición que la relación media de ingresos fiscales sobre el PIB correspondiente a los 20 países de América Latina y el Caribe fue de 21,3% en 2013, 0,1 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2012. En tanto, el promedio de ingresos fiscales sobre PIB se habría incrementado en el período comprendido entre 2009 y 2012 de 19,5% a 21,2%. La particularidad de este informe es que reúne datos obtenidos de forma conjunta por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sus principales resultados son:
Los ingresos fiscales en América Latina y el Caribe se mantuvieron estables en 2013 y siguen siendo considerablemente bajos, como porcentaje de la renta nacional, respecto a los de la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El informe pone de manifiesto el considerable incremento experimentado por los ingresos fiscales en la región durante el período 1990-2013, que habría elevado la presión fiscal promedio en siete puntos porcentuales, de 14,4% a 21,3% actual. Si bien este aumento de la recaudación tributaria ha dotado a los gobiernos de una mayor capacidad para incrementar el gasto en programas sociales e infraestructuras físicas, el promedio de ingresos fiscales sobre PIB se sitúa todavía 13 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE, que es de 34,1%, según el informe.
Entre los países de América Latina y el Caribe se registran grandes diferencias. En 2013, los promedios de ingresos fiscales sobre el PIB de los 20 países de la región incluidos en el informe oscilaron entre 35,7% de Brasil, que se sitúa por encima de la media de la OCDE, 31,2% de Argentina, 14% de la República Dominicana y 13% de Guatemala. Entre los países de la OCDE los porcentajes de ingresos fiscales sobre PIB quedaron comprendidos entre 48,6% de Dinamarca y 19,7% de México. Los países que registraron un mayor incremento del promedio de ingresos fiscales sobre el PIB en 2013 fueron Bolivia (2,1 puntos porcentuales), Argentina (1,7), Costa Rica (1,2) y El Salvador (0,7). Las mayores caídas de este promedio en 2013 correspondieron a Barbados (4,2 puntos porcentuales) y Paraguay (1,3 puntos). Los países que mostraron los mayores incrementos de este promedio entre 1990 y 2013 fueron Bolivia (20,6 puntos porcentuales), Argentina (18,8), Ecuador (12,2), Colombia (11,1) y Paraguay (11,0). Venezuela registró un descenso de 4,5 puntos porcentuales.
La participación de los ingresos fiscales recaudados por gobiernos locales en América Latina es pequeña en la mayoría de los países y no ha experimentado incremento alguno, lo que refleja una autonomía tributaria relativamente limitada en comparación con los países de la OCDE.
Está previsto que la caída de los precios del crudo registrada durante el segundo semestre de 2014 reduzca los ingresos en el equivalente a uno o 1,5 puntos porcentuales del PIB en Bolivia, Ecuador y México. En general, los ingresos fiscales procedentes de recursos naturales no renovables siguen representando un porcentaje muy importante de la recaudación tributaria total de muchos países de la región y, en algunos casos, como Venezuela y Ecuador, suponen más de 30% de los ingresos fiscales totales.
En cuanto a las estructuras impositivas, el informe muestra que tras el fuerte crecimiento registrado en los últimos veinte años, los impuestos generales al consumo (principalmente el IVA y los impuestos sobre las ventas) representaron 32,3% de los ingresos fiscales en los países de América Latina y el Caribe en 2012 (frente a 20,2% en los países de la OCDE). El porcentaje que representan los impuestos sobre consumos específicos (como las excepciones y los impuestos sobre el comercio internacional) se redujo en 14 puntos porcentuales, hasta 17,6% (en la OCDE este porcentaje es de 10,7%). En 2012, los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades representaron, en promedio, 26,6% de la recaudación en los países de América Latina y el Caribe, mientras que las contribuciones a la seguridad social supusieron 16,5% (en los países de la OCDE, 33,6% y 26,2%, respectivamente).
Consulte el Informe en: http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-in-latin-america-2310922x.htm
La Semana Política es una publicación de coyuntura, basada en la percepción que se tiene sobre México en los principales diarios internacionales del mundo.
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