21 de diciembre de 2011.
Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.
1. Salario mínimo y tortillas: la dimensión de la pobreza.
2. El PRI ante el abismo.
3. El incierto futuro del PAN.
SALARIO MÍNIMO Y TORTILLAS: LA DIMENSIÓN DE LA POBREZA. La nueva pifia del ex gobernador del Estado de México al no tener los datos precisos sobre el precio de la tortilla, el alimento por excelencia en México, y sobre el monto del salario mínimo han llevado estos dos datos, de nueva cuenta, a la discusión sobre el alcance del poder adquisitivo en la nación y su relación con la pobreza de más de 57 millones de compatriotas. A pesar de que el salario mínimo nominal en México incrementó de 1970 al 2010, los altos niveles inflacionarios registrados durante los periodos de crisis en las décadas de 1980 y 1990 dañaron el poder adquisitivo del mismo. Lo anterior puede verse en que en términos reales, éste ha perdido cerca del 66% de su poder de compra durante las últimas tres décadas. Por dar un ejemplo, el Salario Mínimo General Promedio en 1990 se ubicó en 9.96 pesos por día y para el año 2000 se ubicó en 35.12, lo que implicó un crecimiento nominal de 253%. Sin embargo, dicho aumento fue menor al que registró el Índice Nacional de Precios al Consumidor en dicho periodo, dejando como resultado una disminución del salario real de 35% tan sólo durante la década de los noventa. No obstante, a partir de 1999 dicho indicador comenzó a mostrar una tendencia positiva en términos reales, al pasar de 56.47 a 58.49 pesos en 2010. Aunque evidentemente el crecimiento registrado fue marginal, es un reflejo de la importancia que tiene la estabilidad macroeconómica, lograda a partir de 1997, en el nivel de vida de la población mexicana. Si bien ésta no es una condición suficiente para incrementar el nivel de vida de la población, si es una condición necesaria para mantener estables los ingresos reales de los trabajadores. Esto resulta aún más relevante al observar que de los 44.5 millones de personas ocupadas que existen en el país, el 13% (5.7 millones) recibe menos de un salario mínimo y el 23% (10.02 millones) percibe de 1 a 2. Lo anterior significa que el 36% de la Población Ocupada en México vive con un salario mensual menor a 3,483 pesos. Si consideramos que el gasto familiar mínimo para no vivir en condiciones de pobreza es de $8,358 (en la zona urbana, canasta básica de bienes y servicios de SEDESOL), tendremos que de percibirse el salario mínimo, por dos miembros de la familia, el ingreso familiar se encuentra $700 por debajo aún cuando los dos miembros en edad de trabajar reciban ingresos. Por lo tanto requieren de apoyos de subsidios o de incrementar el salario familiar en por lo menos de 2 a 4 salarios mínimos. Si bien los bajos salarios pueden deberse a bajos niveles de productividad, también se explican por la incapacidad de generar empleos de calidad, lo cual está estrechamente relacionado tanto con las limitadas políticas para generar capital humano, como industrias de alto valor agregado. Muestra de ello es la ruptura que existe entre oferta y demanda de trabajo, lo cual ha resultado en desempleo y altos niveles de informalidad. Cabe destacar que los jóvenes son uno de los sectores poblacionales más afectados, debido a la falta de preparación educativa y pocas oportunidades de empleo. Lo anterior se ha traducido en bajos salarios, pues el 60% recibe menos de dos salarios mínimos haciendo del problema un peor escenario socioeconómico para el futuro. Resulta necesario llevar a cabo un pacto social entre gobierno, universidades y las empresas, mediante un marco macroeconómico propicio para llevar a cabo reformas laborales y políticas industriales que doten de una mejor infraestructura adaptable a los cambios tecnológicos acorde con la competitividad mundial para generar mejores condiciones laborales tanto para los empresarios como para los trabajadores a través de un salario digno, sin perder de vista que quien genera la riqueza es la clase trabajadora; los hijos de la prole con su consumo diario.
EL PRI ANTE EL ABISMO. En las últimas semanas se ha hecho evidente que la campaña infalible que parecía haberse construido alrededor de Enrique Peña Nieto es vulnerable. Al convertirse oficialmente en el único aspirante priísta a la candidatura presidencial Peña ha transitado de la política local del Estado de México a la dinámica nacional. Este salto representa retos importantes para el equipo de campaña que ha formado, en su mayoría jóvenes políticos mexiquenses que parecen no haber logrado sortear de manera asertiva los riesgos inherentes a liderar una contienda presidencial. La incapacidad de controlar los espacios y medios en los que el candidato es entrevistado ha derivado en una serie de declaraciones desafortunadas, difundidas masivamente en redes sociales, y que podrían ser capitalizadas por sus contrincantes. Recién las semana pasada empezaron las precampañas y, todavía, no salen los temas de fondo de su desempeño como gobernador de la principal entidad del país -en términos de población-. No han salido los bajos índices de competitividad del Estado, la inseguridad lacerante, la vulenrabildiad de las minorías y los crímenes contra las mujeres. Todavía está guardado su relación con Atenco y sus gastos excesivos en las televisoras. No estaría mal que sus asesores recordarán ña experiencia vivida por López Obrador como candidato puntero en la elección del 2006 y su posterior derrota, situación que demostró que el desempeño de los candidatos durante sus campañas es crucial para revertir un resultado que parecería definido de antemano. El PRI podría reevaluar su estrategia, y asumir los peligros que hoy enfrenta su candidato, pero también debe tener en cuenta que al hacerlo podría detonar el voto antipriísta, que se manifiesta sobre todo en las elecciones presidenciales y que, tnato en 2000 como en 2006, había logrado vencer a la estructura estatal del partido. Otro riesgo radica en que para hacer frente a un electorado más informado y exigente -usuario de redes sociales por ejemplo- se guarde al candidato para espacios afines y controlados, y se consolide la imagen negativa de Peña Nieto que, de hecho, quieren combatir. El problema es que nadie sabe qué impacto real tendrán esas redes o cómo contrarrestar sus efectos negativos. Para Peña, como para toda la política mexicana, esta es una nueva dimensión de riesgo y reto. Pese a los desatinos de Peña Nieto lo cierto es que existen muchos factores, ajenos a la popularidad del candidato, que juegan a favor del PRI. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador no ha logrado desmarcarse del todo de la imagen de izquierda radical que se opone a conciliar los intereses empresariales. Por el otro, aunque el PAN aún no define un candidato, un tema potencialmente definitorio será la capacidad de quien resulte ser candidato de distanciarse de las estrategias y políticas menos rentables que ha avanzado el Presidente Calderón; así mismo como alejarse de un grupo que parece gobernar en la irrealidad. Entre estos dos extremos, el PRI podría erguirse como la segunda mejor opción de una importante proporción de votantes indecisos que no simpatizan con los extremos. La pregunta es si lo que parecía su principal activo, el candidato, podría convertirse en un obstáculo para obtener la preferencia de ese tipo de votantes.
EL INCIERTO FUTURO DEL PAN. El PAN ha cumplido 11 años en el poder, y a sólo seis meses de las elecciones presidenciales la continuidad se presenta como un escenario complicado. No es sólo la competencia que representan sus contrincantes del PRI y del PRD, sino la ausencia de logros tangibles durante su gestión. Por un lado están los números rojos en seguridad. Por otro, la dinámica combativa que ha adoptado el presidente Calderón y que podría tener implicaciones importantes en la evolución de la contienda el año próximo. También es claro que está en juego la cohesión del partido, toda vez que los precandidatos han evidenciado diferencias fundamentales en lo que consideran sería necesario preservar y modificar, respectivamente, de las políticas seguidas en el actual sexenio. A diferencia de sus contrincantes, el PAN entró en un proceso de precampaña para elegir al futuro candidato del partido. Al menos desde la perspectiva del momento actual, esta apuesta parecería más costosa de lo que se había previsto. El reciente intercambio de descalificaciones entre Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero dejó como saldo una extensa lista de acusaciones que son atribuibles a estos individuos, sí, pero también a su partido. Vázquez Mota, quien encabeza las preferencias entre miembros y adherentes del PAN con más de 40 puntos porcentuales por encima de sus competidores de acuerdo a la última encuesta de Reforma, parece haber entendido que esta serie de descalificaciones no le favorecen y logró desmarcarse rápidamente del conflicto. De esta forma podría haber privilegiado la unidad de su partido con miras a que, en caso de resultar elegida, cuente con el respaldo que le permita no tener pasivos internos en la carrera por recortar la ventaja en las preferencias a favor de Enrique Peña Nieto. El gran reto para quien resulte candidato por parte del PAN será lidiar con el legado del Presidente Calderón, pero sobre todo con su activismo. Por un lado está la amenaza real del crimen organizado, pero por otro la actitud proselitista y partidista que ha adoptado el Presidente en una coyuntura por demás delicada. No es sólo la complejidad intrínseca que representa el año de sucesión (que, como pudimos observar en 1994 y 2006, no es poca cosa), sino la advertencia que, como espada de Damocles, cuelga sobre el Presidente en caso de que se extralimite en su participación electora. El riesgo último es que llegase a ser anulada la elección. La estrategia de confrontación y amenaza respecto a la potencial participación del crimen organizado no podría afectar a nadie más que al propio gobierno en la presidencia. Al mismo tiempo, la experiencia sugiere que el riesgo de influencia por parte del crimen organizado es muy elevado a nivel local e incluso, en algunos casos, estatal, pero no de manera significativa a nivel federal. Más riesgoso es el empeño del Presidente por conducir la agenda electoral en lugar de abocarse a garantizar la seguridad y certeza del proceso.
EL PRI ANTE EL ABISMO. En las últimas semanas se ha hecho evidente que la campaña infalible que parecía haberse construido alrededor de Enrique Peña Nieto es vulnerable. Al convertirse oficialmente en el único aspirante priísta a la candidatura presidencial Peña ha transitado de la política local del Estado de México a la dinámica nacional. Este salto representa retos importantes para el equipo de campaña que ha formado, en su mayoría jóvenes políticos mexiquenses que parecen no haber logrado sortear de manera asertiva los riesgos inherentes a liderar una contienda presidencial. La incapacidad de controlar los espacios y medios en los que el candidato es entrevistado ha derivado en una serie de declaraciones desafortunadas, difundidas masivamente en redes sociales, y que podrían ser capitalizadas por sus contrincantes. Recién las semana pasada empezaron las precampañas y, todavía, no salen los temas de fondo de su desempeño como gobernador de la principal entidad del país -en términos de población-. No han salido los bajos índices de competitividad del Estado, la inseguridad lacerante, la vulenrabildiad de las minorías y los crímenes contra las mujeres. Todavía está guardado su relación con Atenco y sus gastos excesivos en las televisoras. No estaría mal que sus asesores recordarán ña experiencia vivida por López Obrador como candidato puntero en la elección del 2006 y su posterior derrota, situación que demostró que el desempeño de los candidatos durante sus campañas es crucial para revertir un resultado que parecería definido de antemano. El PRI podría reevaluar su estrategia, y asumir los peligros que hoy enfrenta su candidato, pero también debe tener en cuenta que al hacerlo podría detonar el voto antipriísta, que se manifiesta sobre todo en las elecciones presidenciales y que, tnato en 2000 como en 2006, había logrado vencer a la estructura estatal del partido. Otro riesgo radica en que para hacer frente a un electorado más informado y exigente -usuario de redes sociales por ejemplo- se guarde al candidato para espacios afines y controlados, y se consolide la imagen negativa de Peña Nieto que, de hecho, quieren combatir. El problema es que nadie sabe qué impacto real tendrán esas redes o cómo contrarrestar sus efectos negativos. Para Peña, como para toda la política mexicana, esta es una nueva dimensión de riesgo y reto. Pese a los desatinos de Peña Nieto lo cierto es que existen muchos factores, ajenos a la popularidad del candidato, que juegan a favor del PRI. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador no ha logrado desmarcarse del todo de la imagen de izquierda radical que se opone a conciliar los intereses empresariales. Por el otro, aunque el PAN aún no define un candidato, un tema potencialmente definitorio será la capacidad de quien resulte ser candidato de distanciarse de las estrategias y políticas menos rentables que ha avanzado el Presidente Calderón; así mismo como alejarse de un grupo que parece gobernar en la irrealidad. Entre estos dos extremos, el PRI podría erguirse como la segunda mejor opción de una importante proporción de votantes indecisos que no simpatizan con los extremos. La pregunta es si lo que parecía su principal activo, el candidato, podría convertirse en un obstáculo para obtener la preferencia de ese tipo de votantes.
EL INCIERTO FUTURO DEL PAN. El PAN ha cumplido 11 años en el poder, y a sólo seis meses de las elecciones presidenciales la continuidad se presenta como un escenario complicado. No es sólo la competencia que representan sus contrincantes del PRI y del PRD, sino la ausencia de logros tangibles durante su gestión. Por un lado están los números rojos en seguridad. Por otro, la dinámica combativa que ha adoptado el presidente Calderón y que podría tener implicaciones importantes en la evolución de la contienda el año próximo. También es claro que está en juego la cohesión del partido, toda vez que los precandidatos han evidenciado diferencias fundamentales en lo que consideran sería necesario preservar y modificar, respectivamente, de las políticas seguidas en el actual sexenio. A diferencia de sus contrincantes, el PAN entró en un proceso de precampaña para elegir al futuro candidato del partido. Al menos desde la perspectiva del momento actual, esta apuesta parecería más costosa de lo que se había previsto. El reciente intercambio de descalificaciones entre Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero dejó como saldo una extensa lista de acusaciones que son atribuibles a estos individuos, sí, pero también a su partido. Vázquez Mota, quien encabeza las preferencias entre miembros y adherentes del PAN con más de 40 puntos porcentuales por encima de sus competidores de acuerdo a la última encuesta de Reforma, parece haber entendido que esta serie de descalificaciones no le favorecen y logró desmarcarse rápidamente del conflicto. De esta forma podría haber privilegiado la unidad de su partido con miras a que, en caso de resultar elegida, cuente con el respaldo que le permita no tener pasivos internos en la carrera por recortar la ventaja en las preferencias a favor de Enrique Peña Nieto. El gran reto para quien resulte candidato por parte del PAN será lidiar con el legado del Presidente Calderón, pero sobre todo con su activismo. Por un lado está la amenaza real del crimen organizado, pero por otro la actitud proselitista y partidista que ha adoptado el Presidente en una coyuntura por demás delicada. No es sólo la complejidad intrínseca que representa el año de sucesión (que, como pudimos observar en 1994 y 2006, no es poca cosa), sino la advertencia que, como espada de Damocles, cuelga sobre el Presidente en caso de que se extralimite en su participación electora. El riesgo último es que llegase a ser anulada la elección. La estrategia de confrontación y amenaza respecto a la potencial participación del crimen organizado no podría afectar a nadie más que al propio gobierno en la presidencia. Al mismo tiempo, la experiencia sugiere que el riesgo de influencia por parte del crimen organizado es muy elevado a nivel local e incluso, en algunos casos, estatal, pero no de manera significativa a nivel federal. Más riesgoso es el empeño del Presidente por conducir la agenda electoral en lugar de abocarse a garantizar la seguridad y certeza del proceso.
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