semana política

• Programas sociales: ¿uso político?
• Reforma de las policías: retos de implementación
• Cananea: saldos del desalojo

Programas sociales: ¿uso político? La denuncia que PRI y PRD hacen de uso político de programas sociales al Gobierno Federal no es más que parte del manual de campaña en elecciones locales. Si bien los programas sociales son diseñados para atender la demanda de servicios básicos de una población, un objetivo adicional está en la posibilidad de convertir a los beneficiarios en clientela para apoyar a la instancia que instrumenta el programa. Sin embargo, la transformación de beneficiario a clientela política no es automática y requiere de una intensa gestión administrativa, así como de una estrategia de comunicación que permita identificar el programa en cuestión con la cabeza política. Gestión que en mayor medida es llevada a cabo por los gobiernos estatales (en coordinación con el Gobierno Federal) lo que debilita –junto con los últimos resultados electorales– la tesis de que se haya utilizado de manera exitosa los beneficios políticos de los programas a favor del PAN.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, con los convenios de descentralización del gasto, los estados comenzaron a ejercer mayores recursos de procedencia federal como parte del financiamiento de la operación local de programas sociales. Esto generó un debilitamiento de la base social del Gobierno Federal a favor del fortalecimiento de las estructuras políticas locales, con lo que los gobernadores comenzaron a ser identificados como proveedores de dichos programas.

Actualmente, el 28% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación es ejercido por los estados, lo que fortalece no sólo sus finanzas, sino su capacidad de maniobra para reorientar los programas federales hacia la construcción de una clientela afín a sus intereses. Además, al cada vez ser más partícipes de la operación de programas sociales, su capacidad de gestión se incrementa, situación que es registrada por los beneficiarios.

Si bien el Gobierno Federal cuenta con delegados de las dependencias federales vinculadas al programa en cada estado, su nombramiento pasa por el aval del Gobernador en cuestión, por lo que en muchos casos están más alineados con él que con el Gobierno Federal. Por lo tanto, al estar más alejado de la operación cotidiana de los programas y por ende, de las necesidades reales de las personas y de los beneficiarios mismos, el Gobierno Federal ve diluida su autoría, así como también mermada la posibilidad de capitalizarla políticamente.

Reforma de las policías: retos de implementación. La idea de incorporar a las policías municipales a los cuerpos estatales de seguridad pública –creando 32 policías para substituir a las alrededor de 2600 que operan actualmente– es una idea relativamente sencilla que surge de un diagnóstico bastante claro: la mayor parte de las policías municipales del país son débiles, escasamente capacitadas y reciben salarios muy bajos, lo que las hace particularmente vulnerables a la corrupción y la extorsión. Sobre el diagnóstico hay poco que debatir, a las estadísticas que ha provisto el secretario García Luna y a la propia evaluación de los gobernadores, se suma la amplia evidencia anecdótica de cómo las policías municipales en estados como Michoacán, Nuevo León, Guerrero, Chihuahua y Baja California colaboran activamente con el crimen organizado.

Las ventajas de este esquema, teóricamente, son claras. De entrada, se pueden obtener economías de escala en entrenamiento, armamento y unidades de apoyo. Se esperaría también que, con la entrada en operaciones de los nuevos centros de control de confianza en los estados, las 32 corporaciones deberían ser depuradas y evaluadas de manera más eficiente. Finalmente, se podría realizar una mejor tarea de vigilancia “de barrio” asignando los recursos disponibles de manera más eficiente.

Sin embargo, aunque el diagnóstico y la solución propuesta son sencillas y el esquema tiene sus ventajas, la implementación podría ser particularmente tortuosa y deja preguntas por responder. De entrada, habría que preguntarse cuál será el efecto sobre los municipios más grandes del país, que tienen corporaciones policíacas mejor pagadas y desarrolladas, una vez que tuvieran que transferir sus responsabilidades al Gobierno estatal. Aunque un cierto porcentaje de alcaldes quizá prefieran transferir esta responsabilidad a sus gobernadores, habrá quienes prefieran mantener el control de sus policías, sea por razones políticas o de corrupción. También es de esperarse que muchos cuerpos policíacos peleen para evitar la incorporación, sea por razones laborales, operativas o porque tienen redes de extorsión muy bien definidas. Y esto sin mencionar los mecanismos de coordinación, rendición de cuentas y asignación de recursos que habrán de definirse.

Desde luego, ninguno de los elementos mencionados son obstáculos insuperables, ciertamente, ni tampoco cancelan las ventajas de la propuesta, pero sí habrán de tomarse en cuenta para evitar que esta reforma se cancele al paso del tiempo en la práctica, como tantas otras.
 
Cananea: saldos del desalojo. En el desalojo de la mina de Cananea, la acción de las fuerzas federales se concentró en dos objetivos: evitar un aseguramiento violento y no poner en peligro la mina. Esto, dado que los huelguistas se habían quedado sin mayores opciones legales ante la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –que declaró extinta la relación laboral entre el sindicato y la empresa– y el aval de la Suprema Corte a dicha resolución.

En paralelo, el paquete de indemnización ofrecido a los trabajadores que se reporten en los primeros cinco días, así como la promesa de recontratación, son incentivos suficientes para atraer a aquellos cuya principal preocupación es encontrar un sustento para sus familias –estrategia que ya demostró ser exitosa para el Gobierno Federal en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Esto dejará de cualquier forma un grupo inconforme que buscará llevar el conflicto a sus últimas consecuencias y cuya motivación es primordialmente política. Para ello contarán con el apoyo, al menos retóricamente, de los líderes de la izquierda –que de hecho ya han pronunciado su rechazo a la acción del gobierno en función a la importancia corporativa que para ellos tiene la base sindical– y de los sindicatos tradicionalmente opuestos a las acciones del Gobierno Federal.

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