semana política

• SCJN: 97 constitucional y la falta de justicia
•       Inseguridad: la estrategia del Gobierno Federal y sus contradicciones
•       Quintana Roo: Tribunal Electoral y el PRD

SCJN: 97 constitucional y la falta de justicia. El caso ABC ha reactivado el debate sobre la conveniencia de que la Suprema Corte conserve y ejerza la facultad de investigación que le otorga el artículo 97 constitucional. Existen dos posturas identificables. La primera, a favor, argumenta que la facultad le permite a la Corte determinar cuando un acto administrativo o de autoridad de una instancia del Estado mexicano afecta o cancela una garantía constitucional. Argumenta también que la facultad fortalece la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes al dar a la Corte el rol de contrapeso de los otros Poderes de la Unión e inclusive de otros ámbitos de gobierno. La argumentación parte de la lógica que el peso moral de una resolución de la Corte es suficiente para validar política y socialmente una investigación y le permitirá a la ciudadanía contar con una instancia a la cual acudir en caso de que todas las demás dedicadas a la procuración e impartición de justicia fallen.

La segunda postura, en contra, argumenta que la atribución de investigación que actualmente otorga la Constitución a la Corte carece de asideros legales y que el carácter no vinculante de sus resoluciones convierte a la facultad en una herramienta que genera altos costos de imagen para el máximo tribunal del país al no tener capacidad de ir más allá de la condena moral. Argumenta también que la Corte carece de un área especializada y profesionalizada en materia de investigación, lo que lleva a su comisión investigadora a improvisar y recabar información de las fuentes que precisamente han mostrado carencias en su labor de investigación, como es la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Más allá de este debate y del de la interpretación de las responsabilidades que se pueden atribuir a los funcionarios públicos desde la Corte, lo cierto es que a más de un año de ocurrida la tragedia en la guardería ABC, ni la PGR, ni la SFP han podido determinar a los responsables de lo sucedido, ni su grado de responsabilidad. Es esta situación de inacción de las autoridades responsables la que lleva a la Corte a ejercer su facultad de investigación, olvidarlo es continuar combatiendo las consecuencias antes que las causas.

Inseguridad: la estrategia del Gobierno Federal y sus contradicciones. Después de unos días particularmente violentos el presidente Felipe Calderón decidió responder de manera contundente a sus críticos. Utilizando un inserto en medios impresos y luego un mensaje en cadena nacional, recapituló todos los argumentos que su gobierno ha venido utilizando desde que se lanzó la ofensiva contra el crimen organizado y, de paso, ofreció un pequeño giro: la lucha nunca ha sido contra el narcotráfico sino contra la inseguridad, por lo que todos aquellos que piensan que esta es una guerra contra el narco están fundamentalmente equivocados.

El Presidente tiene todo el derecho de argumentar que su estrategia ha sido malinterpretada. Sin embargo, su propia diatriba cae en las mismas contradicciones en las que cae la estrategia en general. Aunque afirma que la estrategia está sostenida en 5 ejes de acción, luego procede a particularizar que el crimen organizado que se dedica al narcotráfico había alcanzado tales proporciones que era imposible quedarse impasibles. Argumenta además que el problema en realidad surge de la demanda de drogas en EU y en México y del tráfico de armas. Es decir, como la estrategia, plantea una visión global del problema pero luego ejecuta una acción enfocada casi exclusivamente contra el narcotráfico.

Este enfoque no es necesariamente erróneo pero si le resta credibilidad al argumento presidencial, que suena como un reclamo a una sociedad que no entiende lo que se está haciendo por ella. Este reclamo simplemente cae en oídos sordos. A pesar de sus mejores esfuerzos, el sexenio del presidente Calderón será evaluado por el número de homicidios que se cometan y que, a grandes rasgos, se ha venido duplicando anualmente en los últimos 2 años. Las reformas a las policías y las procuradurías, así como la reforma al sistema de justicia penal son quizá logros de su gobierno, pero no darán frutos hasta el siguiente.

Puede intuirse que el presidente Calderón entiende este problema, pero en lugar de ofrecer nuevas estrategias, reitera que no se comprende el alcance de lo que trata de hacer y reclama confianza y apoyo, sin ofrecer mayor evidencia que su palabra. Los índices de aprobación que tiene en materia de seguridad reflejan que la gente está dispuesta a confiar en él, pero las mismas encuestas dicen que la mayoría no cree que pueda ganar esta “guerra”. Se aprecia la intención, pero no los resultados y en esta nueva ofensiva mediática el Presidente, otra vez, tiene poco que mostrar.
 
Quintana Roo: Tribunal Electoral y el PRD. Las decisiones que el Tribunal Electoral tomó en sentido contrario para los casos de Martín Orozco –candidato del PAN a la gubernatura de Aguascalientes– y Gregorio Sánchez –candidato por el PRD a Quintana Roo– han suscitado sospecha. Para Orozco, inhabilitado por 14 años para participar en procesos políticos por acusaciones de malversación de fondos, el Tribunal optó por exonerar al candidato permitiéndole continuar con su participación electoral. En el caso de Sánchez el Tribunal lo inhabilitó como candidato argumentando que por cometer un delito grave se encuentra privado de la libertad. La diferencia, según el Tribunal, radica en que a Sánchez se le dictó un auto de formal prisión.

La suspicacia se genera por dos razones. La primera tiene que ver con que en el caso de Orozco el Tribunal decide privilegiar el principio de presunción de inocencia, mientras que en el de Sánchez no. La segunda razón se refiere a la sospecha de que, con su decisión, el Tribunal se anticipa a eventuales impugnaciones del PRD respecto a la equidad de la contienda.

Ante este escenario el PRD de Jesús Ortega ha optado por sustituir a Sánchez con un candidato testimonial –que no hará campaña. Más allá de que el PRD, de cualquier forma, buscará elementos para una eventual impugnación de la elección, su estrategia consiste en: concentrar sus esfuerzos en obtener triunfos significativos en municipios y distritos de Quintana Roo; no dar pie a la radicalización del partido y a la reactivación de AMLO y sus cercanos; y principalmente, no afectar los procesos electorales en los estados donde sus alianzas con el PAN aún podrían prosperar.

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