20 de mayo de 2015.
Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.
Educación: de mal en peor.
La libertad de expresión en el México de hoy.
El Centenario estalla.
Córdova en la encrucijada.
Educación: de mal en peor. La educación pública, en particular lso seis años de primaria se ha convertido en un verdadero rompecabezas para la Nación. Lo anterior se deduce de leer el reporte Capital Humano del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). El WEF alerta que las carencias de la educación que el país ofrece a la población de menos de 15 años impactará en su crecimiento económico del futuro a mediano plazo.
El informe sitúa a México en el lugar 102 de 124 países en la medición de la calidad de educación en escuelas primarias. El estudio está sustentado en 46 indicadores de calidad en la educación.
La calidad de la educación, en Mexico, es carente, principalmente en matemáticas y ciencias. Además, señala que el Gobierno gasta mal en educación. El principal dato es que la SEP gasta un 5,19% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, mientras que Chile y Uruguay —ambos ocupan el lugar 82 del ranking— gastan menos (en promedio un 4,5% de su PIB) y tienen menores resultados.
El WEF hace señalamientos sobre las capacidades de los estudiantes: un 55% no contaba con cuenta con habilidades matemáticas y el 41% no comprende lo que lee.
Si bien, la cobertura universal está establecida en la Constitución, cerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas no asisten a la escuela. Se estima que de la población de seis a once años, a nivel nacional, aún no asiste a la escuela por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos.
La realidad de fuertes disparidades y exclusión social del país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación primaria, con brechas importantes en el nivel preescolar,, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. Asimismo, existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas, en zonas rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas y al interior de estas últimas: escuelas generales, indígenas, educación comunitaria y educación para migrantes.
Las conclusiones del WEF tampoco son desconocidas. En el Informe PISA ya se alertó de esta situación, cuando el país se ubicó como el último lugar de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en calidad de la educación.
Lo importante de estos datos, y que el gobierno no ha querido ver, es que para lograr una educación inclusiva y de calidad se deben tener en cuenta ciertos intangibles, como clima de tolerancia y respeto en el ámbito escolar; el combate a todo tipo de discriminación; el establecimiento de canales de participación, así como de mecanismos efectivos de participación de los niños, niñas y adolescentes en las cuestiones escolares que les afectan. Este reto se relaciona directamente con la construcción de una articulación más fluida entre todos los actores de la comunidad educativa, particularmente acercando a los padres de familia a la escuela en un necesario proceso de fortalecimiento democrático de la educación. Curiosamente, la Reforma educativa no tomó ninguno de estos elementos y sólo quiso establecer un control hacia el magisterio. Lo que está en juego, si le hacemos caso al WEF, es el futuro de la Nación. ¿Hace falta reformar radicalmente las escuelas del país? Si. Ya nos lo están advirtiendo: y el que avisa no es traidor. Puede consultar el Informe en: http://www3.weforum.org/docs/
Libertad de expresión en el México de hoy. Partamos del principio que dictaba en una clase el profesor Juan María Alponte: el debate sobre la libertad de expresión es inconmensurable, es decir, nadie sabe a ciencia cierta dónde inicia ni donde concluye. Aunque resulta inobjetable que en los últimos años se ha advertido un ensanchamiento del ejercicio crítico de las libertades de expresión e información en México, lo cierto es que –paradójica o consecuentemente– los golpes, las restricciones y hasta las presiones e intimidaciones abiertas o embozadas continúan acechando de manera recurrente al gremio periodístico: desde los propios empresarios de la información hasta los reporteros de fuente, que se parecen cada día más a esos bomberos que se juegan la vida entre las llamas. Hay mucho resquemor en aquello que se publica. No sólo es un temor de los grupos violentos, sino -como se ha visto en los casos de Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui- también del gobierno. Además, hay muchos factores que restringen al libertad de expresión en el país: la concentración de medios, la falta de competencia y el acceso desigual a nuevos canales de comunicación, entre otros. El reporte sobre la Libertad en 2015 de Freedom House, se señala que México es un país parcialmente libre, riesgoso ejercer el periodismo, una situación que se ha agravado desde que se declarase la "guerra contra el narcotráfico". En la actual coyuntura, a nuestro juicio, hay tres factores claros
La violencia, más que nada, el control territorial del narcotráfico hacia un territorio, impide el acceso seguro y la investigación profesional, incluso de temas cotidianos de interés local.
Derivado de lo anterior, las instituciones mexicanas -en particular la nueva Fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR)- han fracasado estrepitosamente para proteger la vida de los periodistas y, en el peor escenario, esclarecer los casos correspondientes. Hasta el momento, no se ha presentado una estrategia integral de protección a periodistas y tampoco se han esclarecido los homicidios cometidos hasta ahora.
La actuación de los grandes grupos de comunicación (tanto en la televisión, en la radio como en la prensa) está completamente alineada a los intereses del gobierno. A los críticos se
Lo anterior, lejos de acercar alguna solución al problema, ha fomentado un clima de vulnerabilidad e impunidad que sólo echa más leña al fuego, haciendo que crezca el circulo vicioso de ataques a la prensa. Al respecto es importante destacar que, a pesar de que muchos sectores del PRI no los ven con buenos ojos, la libertad de prensa y el derecho a la información son un componente fundamental de la democracia. El periodismo libre aumenta el pluralismo, fomenta la diversidad, facilita la interlocución efectiva entre autoridades y ciudadanía, permitiendo la rendición de cuentas, y generando el debate pertinente de los temas de interés público. En muchos sentidos, también es verdad, representan un Cuarto Poder en el Estado. Por lo tanto, el ejercicio del periodismo en una democracia moderna no debería suponer un riesgo. Pero, de nueva cuenta, lo patético del caso, es que el gobierno aproveche este escenario para alimentar la autocensura y desincentivar el desarrollo de medios de comunicación fuertes, independientes, y plurales. Así, está claro, el país no prosperará y la democracia seguirá siendo un bonito sueño.
El Centenario estalla. Nunca falla que en un foro empresarial, de cualquier tema y cualquiera que sea su filiación partidista, se diga que el gran problema de la burocracia mexicana es que nunca ha pagado nómina de su propio bolsillo, dando a entender que es difícil poner en puestos de dirección a quién nunca ha sabido el valor -y la dificultad- pago del trabajo. Esa frase es la que, ahora, con el estallido del satélite Centenario, más se ha repetido. El principal problema es la contratación de la empresa International Launch Servicies (ILS), con sede en el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, para el lanzamiento del aparato. La ILS es una empresa llena de accidentes, con un muy mal historial en la materia y vive de las rentas de la famosa Agencia Espacial Rusa y su Soyuz, que efectivamente no ha tenido nunca un accidente y es muy fiable. El gobierno mexicano, quizá negligentemente, hizo caso omiso de esos antecedentes. Por eso, es absurdo el argumento del Secretario Ruiz Esparza sobre las situaciones de peligro de un lanzamiento espacial. Todos saben los impoderantes y, por eso, en otros países, se pone de relieve aquello que si se puede controlar, como precisamente el mecanismo para llevar un satélite al espacio. Pero más allá de la actitud desafortunada del Secretario, está claro que el estallido del Centenario trae consigo varias dificultades en el corto plazo para el gobierno y el Estado mexicano:
Primeramente, pone en cuestión el proyecto México Conectado, que intenta garantizar un Internet gratuito y de calidad en los Espacios Públicos del país. Con el satélite, se pretendía llevar el proyecto a una segunda fase, que debía facilitar servicios móviles, de datos y video. El tema de la "conectividad" es importante, ya que México es el país con servicios más caros de Internet en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El estallido, además de un severo derroche de recursos que deberán reponerse, supone un grave desfase en la política de telecomunciaciones del gobierno, al menos en dos sentidos:
La construcción y el lanzamiento del satélite que sustituirá a Centenario tardarán alrededor de tres años, cuando se contaba con el satélite funcionando para marzo de 2016 (diez meses después de su lanzamiento).
El satélite Morelos III, que ya está en fase final, será el relevo de último minuto del gobierno. Se trata, básicamente de un satélite espejo; proveerá los mismos servicios de comunicación móviles. Ahora, si es colocado con éxito el Morelos III, entre octubre y diciembre de 2016, comenzará a brindar sus servicios 10 meses después. Es decir,e ntre fines de 2016 y mediados de 2017. El costo de estos desfases no se ha hecho público, pero al final significa que durante un tiempo determinado un satélite hará el trabajo de dos. Ello conlleva una pérdida de eficacia a la política de telecomunciaciones del gobierno.
Finalmente, el estallido es una gran metáfora de lo que es la política científica del régimen mexicano: un reverendo fracaso. El presupuesto anual para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue en 2014 de 32 millones 78% se destina a salarios y gasto corriente mientras el gasto anual para la militarización del país ha crecido en cifras históricas. En 2015 el presupuesto para Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) es de un escaso 0.4 por ciento del PIB, mientras que en 2012 se contabilizó el gasto de 320 millones de dólares para la militarización del país en la llamada "guerra contra las drogas". El contraste es evidente: el estado mexicano gasta más en la militarización del país que en el desarrollo de la ciencia, la educación y la tecnología. Así nos va.
Córdova en la encrucijada. En días recientes, una grabación ilegal, expuso una conversación entre el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, y Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del organismo, se hizo público en YouTube. En esa conversación, Córdova se burlaba de una reunión que había tenido en sus oficinas con Hipólito Arriaga Pote, quien es uno de los jefes de los pueblos originarios chichimecas. El motivo de la burla fue una frase de Arriga en la que amenazaba con no permitir la elección si el INE no le otorgaba registro a su candidato: "O nos das diputados o no haces elección". Pocas horas después, el audio se convirtió en una prueba de la discriminación de Córdova para con los pueblos indígenas. ¿Es así? Si se escucha con serenidad la conversación, el presidente del INE se burla de un individuo, que llegó al INE para literalmente extorsionar. Frente a ello, un par de puntos:
Es absurdo pedir objetividad en asuntos privados. ¿A qué viene esto? Si queremos ser objetivos deberíamos ver primeramente a la institución y analizar qué ha venido haciendo el INE en estos últimos meses. ¿A quién le incomoda la actuación del INE? ¿Por qué van contra su cabeza?
Dicho esto, lo primero que viene a la cabeza son las multas al partido verde Ecologista de México (PVEM). Es al PVEM a quien más le conviene desprestigiar al INE en estos momentos tan crucales en tiempos de campaña electoral; para qué poner en entredicho la autoridad de la suprema institución democrática del país. Evidentemente, para que no le quiten su registro o para que no le sigan imponiendo multa tras multa. Es más, el Partido Verde ha llevado a sus filas a gente cercana a las grandes televisoras, poseedoras todas ellas de la tecnología requerida para "pinchar" el teléfono de Córdova.
La grabación se dio a concoer un día antes de que el INE discuta, a petición de siete partidos, si se le retira el registro al PVEM.
Desde ese punto de vista no se trata de que el representante del INE sea racista o no, sino de opacar el quehacer institucional y desacreditarlo de tal manera de crear un conflicto de intereses entre ciudadanos e institución. Dicho de otra manera, los Consejeros pueden ser reemplazados pero el INE no.
Las opiniones de Lorenzo Córdova sin duda son cruciales y delicadas en medio de una elección, pero ello no debe impedir que veamos hay intereses claros para que esta elección no toque privilegios. Escuche el audio en: https://www.youtube.com/watch?v=_ozZRkp55v8
La Semana Política es una publicación de coyuntura, basada en la percepción que se tiene sobre México en los principales diarios internacionales del mundo.
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