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| |  | ¡Hola! Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana.
- Adiós al conturbenio.
- La Corte cambia las reglas.
- De las marchas a las propuestas.
Adiós al conturbenio. A diferencia del año pasado en que las alianzas electorales entre PAN y PRD fueron una estrategia ganadora, durante el 2011 corren una suerte distinta, ni siquiera se darían. Una de las principales razones es que, a diferencia del 2010, las eventuales alianzas carecían de un candidato con liderazgo local, con una importante estructura territorial y trabajo político relevante que lo respaldara. Además, el fallido proceso para construir una alianza en el Estado de México parece haber consumido la mayor parte de la atención y recursos políticos de ambos partidos, lo que desplazó a Nayarit y Coahuila de las prioridades electorales de sus respectivos consejos nacionales. En Nayarit, dos diputados del PRD contendieron como candidatos para una posible coalición. PAN y PRD acordaron postular al ganador en las encuestas. Sin embargo, cuando la Diputada Federal Martha Elena García, esposa del ex Gobernador (electo en coalición PAN-PRD en 1999) aventajó ligeramente a Guadalupe Acosta Naranjo en las encuestas, él se negó a declinar, lo que obligó a que el PAN decidiera abanderar a la perredista. No obstante, no se puede descartar una posible alianza de facto si, ya arrancadas las campañas el 26 de Mayo, las encuestas muestran una evidente ventaja de un candidato sobre el otro, como sucedió en Guerrero. En Coahuila, estado en el que se había acordado postular al Senador panista Guillermo Anaya y en donde el porcentaje promedio de votos al PRD es casi idéntico al de votos anulados desde 1985, la posibilidad de una alianza se vio fracturada cuando intentaron marginar al PRD en el proceso de selección de candidatos locales. Ello movió a Jesús Zambrano y a su corriente Nueva Izquierda a descartar la coalición con el PAN. No obstante, con encuestas que posicionan al hermano del actual presidente del PRI, Rubén Moreira con el 74% de aprobación en la opinión pública (Gabinete de Comunicación Estratégica) las posibilidades de que un candidato opositor al PRI pueda obtener la gubernatura son mínimas.
| La Corte cambia las reglas. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de interconexión ha cambiado las reglas del juego. Sin bien las empresas telefónicas aún podrán amparase en contra de las resoluciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), el juez no podrá otorgar una suspensión. Es decir, la decisión de COFETEL deberá ser acatada hasta que el caso quede resuelto. El fallo de la Corte favorece a la competencia y agiliza los acuerdos entre empresas al establecer una amenaza real de que la COFETEL determinará la tarifa que le parezca conveniente y deberá ser acatada aunque se interponga un amparo -al menos por el tiempo que dure el litigio. Esto contribuye a la eliminación de barreras de entrada y a crear condiciones de competencia más parejas para las empresas involucradas, lo que puede traducirse en un aumento en la eficiencia y disminución de precios. La resolución de la Corte representa también un fortalecimiento de la autoridad de la COFETEL al desincentivar el uso del amparo. Un debate que subyace a esta decisión es si existe o no un interés público -el derecho de los usuarios a comunicarse- que debe prevalecer frente a los intereses de las compañías prestadoras del servicio. Seis ministros votaron a favor de la existencia de un interés público que debe ser protegido por el órgano regulador (COFETEL). Sin embargo, los cuatro ministros restantes sostienen que se trata de un conflicto entre particulares que no necesariamente incide en el acceso a redes o en la determinación de precios. No obstante el resultado, el hecho de que haya sido una votación tan cerrada permite imaginar que si la conformación de la Corte cambiara, el criterio también podría modificarse en el futuro.
De las marchas a las propuestas. Este 5 de mayo se observarán diversas organizaciones marchando desde Cuernavaca hasta el Zócalo capitalino en contra de la inseguridad. Si bien algunos piensan este es un paso mayor en la construcción de ciudadanía, otros señalan que es totalmente insuficiente y equivocado –noción que se basa, o en la concepción de la marcha como parte del repertorio del viejo regimen, o en la concepción de ésta como parte de la rutina de protesta en México. Lo cierto es que esta marcha, aún cuando surge del daño que el crimen organizado ha causado a la ciudadanía, es una clara declaración contra la válvula de escape de toda democracia presidencialista con rendición de cuentas: el titular del Poder Ejecutivo. Ante ello, la reacción previsible del gobierno es la inclusión de ciertos mensajes del repertorio de los movimientos sociales, e incluso de sus líderes, en el discurso oficial. De cambios en la estrategia de seguridad poco puede esperarse, en parte porque tampoco hay una propuesta concreta de cambios. Más allá del acto de marchar, e incluso del número de participantes, la manifestación podrá adquirir relevancia sólo en la medida que tenga la capacidad de: cambiar los términos de la discusión pública de la lucha contra el crimen organizado; proveer argumentos que permeen en la sociedad; permita cuestionar el actuar de gobernantes y gobernados; y defienda su autonomía. En resumen, si lleva a los ciudadanos y actores políticos de la catarsis a la propuesta.
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