29 de julio de 2015.
Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.
Desarrollo Social: continua el debate.
Policias en México.
Nuevas tecnologías y Desarrollo.
El caso Narvarte y la escasa fe en la procuración de Justicia.
Desarrollo Social: continua el debate. El debate sobre cómo acabar con la pobreza no termina. Un nuevo libro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización, presenta las reformas e instrumentos más recientes puestos en marcha por los países de América Latina y analiza el contexto social y económico de las políticas públicas de protección social. La idea es observar como se van construyendo los Estados de Bienestar en América Latina; es decir, como se va incrementado la inversión social y cómo se han introducido innovaciones en las políticas que combaten la pobreza. Es importante notar, en este punto, el por qué es importante esta publicación: México es el único país de la región que no ha reducido la pobreza en más de 20 años. Entonces, no estamos hablando de experiencias aplicadas en países lejanos, sino cercanos en cultura y con más o menos los mismos problemas estructurales. La CEPAL reflexiona sobre las políticas públicas, los programas y los marcos regulatorios que, desde un enfoque de derechos, están permitiendo ampliar la cobertura y las prestaciones de la protección social en América Latina con miras a su universalización. A través de los instrumentos de políticas y programas que se exponen y discuten, se pretende ofrecer claves técnicas y programáticas que contribuyan al ensamblaje y la coordinación de las políticas públicas en sistemas consistentes y sostenibles de protección social. Por ejemplo, un Estado de Bienestar debe tener claro que la protección social es un proceso que acompaña en las distintas etapas de la vida –primera infancia e infancia, adolescencia y juventud, etapa activa y reproductiva, y tercera edad- y está centrado en los derechos, demandas y necesidades de la población. Combinando las orientaciones normativas, la acumulación de conocimiento técnico y los avances en el marco de la protección social con enfoque de derechos y énfasis en la idea de ciclo de vida, se brinda al lector no solo una caja de herramientas restringida a la técnica puntual, sino también una discusión de economía política. Son tres grandes retos: la mejora de los sistemas de pensiones, la ampliación del acceso a la salud y la formalización de los trabajadores. Es así que entre los logros alcanzados en la región se encuentran:
La cobertura de los programas orientados a familias que viven en condiciones de pobreza aumentó de 5,7% de la población total de la región en 2000 a 21,1% en 2012.
La proporción de personas de 65 años y más que reciben pensiones pasó de 37,0% en 2002 a 41,9% en 201.
Entre 2002 y 2011, el porcentaje de la población ocupada afiliada a un sistema de pensiones subió de 46,1% a 55,4%, en tanto que aquellos afiliados a un sistema de salud pasaron de 54,4% a 66,4%.
Quizá la parte más interesante de la reflexión de CEPAL radica ubicar los temas transversales que son claves para lograr el estado de bienestar, como el enfoque de derechos, el rol de los pactos sociales y la coordinación de las instituciones a cargo. Se trata además el seguimiento y evaluación de las políticas y programas públicos y se examina el financiamiento y la inversión en protección social. Consulte el enlace de CEPAL en: http://hdl.handle.net/11362/38821
Policías en México. Siempre se habla de la corrupción de la policía como una de las causas de la inseguridad que vive el país. Si bien es difícil saber por qué una persona decide corromperse, el estudio de la Causa en Común, Radiografía de las Policías, presenta una problemática que podría darnos una idea de esta situación: desde restricciones constitucionales que limitan el desarrollo de la policía, hasta un Sistema Nacional de Seguridad Pública débil que no da seguimiento a los recursos que les otorga a los estados. El estudio va más lejos y apunta que se ha incumplido con la dignificación de la policía ya que se les sigue denostando y tienen menos herramientas para hacer frente a los grandes delincuentes. Según Causa en Común, la realidad policial está marcada por uan fuerte vocación, elementos que trabajan en turnos de 24 horas, con un bajo salario, sin mucha capacitación, con escasa seguridad en su carrera, con mandos que abusan de ellos y con autoridades estatales que mal invierten el dinero destinado a su profesionalización. Entre otros datos que nos describen la realidad policial están:
En nuestro país hay 2.24 policías por cada mil habitantes, siendo los estados de Tamaulipas, Veracruz y Coahuila los que tienen más baja tasa con 0.89; 1.04 y 1.11 respectivamente, y los de tasa más alta son Morelos; Distrito Federal y Quintana Roo con 4.98, 4.88 y 4.24 respectivamente -incluyendo policías estatales y municipales-. Esta tasa obedece a una combinación de factores que van desde la depuración de sus elementos, hasta la falta de incentivos para que los jóvenes vean en la Policía una forma de vida que ocasiona bajo reclutamiento.
En la relación salarial, Chiapas es el Estado que más bajo salario ofrece a un policía estatal con $4,374.12 mensuales, y Baja California el más alto con $19,800 mensuales. En este rubro sólo Aguascalientes, Colima, D.F., Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Querétaro tienen sueldos ajustados y homologados a una escala jerárquica. El foco rojo está en Durango donde no importa el grado, cargo, ni el tiempo de pertenencia en las corporaciones, ya que todos los policías estatales perciben el mismo sueldo de $10,172.00 mensuales.
En cuestión de horarios, persiste el uso de modelos mixtos que operan según necesidades del servicio y en los cuales existe una desproporción de criterios. En Estados como Campeche, Chiapas, Colima, DF, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas prevalecen los turnos de 24x24, mientras que en estados como Veracruz existen modelos de acuartelamiento donde trabajan de 15 a 20 días, por 3 a 6 días de descanso, o en Guerrero que laboran 21 días al mes por 7 de descanso, mientras que en Nuevo León utiliza horarios de 12 x12 durante 15 días por 5 de descanso.. Esto contrasta con los Estados de Baja California, Baja California Sur y Querétaro donde tienen jornadas de 8 horas, que son horarios respetuosos de la vida personal y familiar.
En términos de carrera policial resultó preocupante que sólo Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro cuenten con una comisión o dirección encargadas de articular los procesos y programas que permiten el desarrollo policial en la institución, y que sólo en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, DF, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Yucatán se tenga un proceso claro para las promociones y ascensos de los policías.
Finalmente, el Control de Confianza, que fue una de las primeras exigencias ciudadanas para recuperar confianza en la Policía, muestra avances importantes. Sin embargo solo Campeche, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla han dado de baja a la totalidad de los policías estatales no aprobados. En ningún caso se emite el Certificado Único Policial señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dé certidumbre a los trabajadores policiales de haber logrado el proceso completo de evaluación y permita su desarrollo profesional.
Consulte el estudio en: http://causaencomun.org.mx/wp-content/uploads/2015/07/Radiografia-policial-en-MX_-27072015.pdf
Nuevas tecnologías y desarrollo. La semana pasada, nuestro país fue sede de un encuentro regional con el objetivo de analizar el impacto de las nuevas tecnologías en los gobiernos de América Latina. El documento que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La nueva revolución digital, preparó para esta ocasión consideró el dinamismo tecnológico y las tendencias marcadas por la ubicuidad de Internet, la convergencia tecnológica, las redes sociales, la economía digital, el gobierno electrónico y la analítica de grandes volúmenes de datos, sin dejar de lado las necesidades pendientes de resolver en materia de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El objetivo es facilitarle a los gobiernos el adaptarse a tecnologías que surgen cada día y, que, en su mayor parte, son importadas. El documento presenta 24 objetivos, interdependientes y complementarios entre sí, divididos en cinco áreas de acción:
1. Acceso e infraestructura que incluye: Masificar y universalizar el acceso a servicios digitales. Promover la coordinación regional en la asignación y uso del espectro radioeléctrico. Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones regional y subregional. Estimular la inversión en redes de nueva generación de banda ancha. Revisar y apoyar los procesos de adopción de la televisión digital terrestre.
2. Economía digital, que contempla: Desarrollar y promover tanto la industria de las TIC tradicionales como los sectores emergentes. Aumentar la productividad, el crecimiento y la innovación de los sectores productivos mediante el uso de las TIC. Potenciar el comercio electrónico a nivel nacional y regional. Incentivar la adopción y el desarrollo de las nuevas tendencias tecnológicas en los sectores público y privado. Impulsar políticas públicas dirigidas a fortalecer el ecosistema de emprendimiento digital regional y su inserción internacional.
3. Gobierno electrónico que debe: Masificar la disponibilidad de trámites y servicios en línea interoperables. Crear espacios de intercambio de experiencias y colaboración entre instituciones públicas de la región. Incentivar la adopción de servicios de computación en la nube en los gobiernos. Promover iniciativas de datos abiertos de gobierno.
4. Inclusión social y desarrollo sostenible: Fortalecer la institucionalidad de las políticas sobre TIC en educación. Fortalecer las políticas sobre TIC en salud. Promover políticas de prevención y atención en materia de emergencias y de desastres. Promover el desarrollo de marcos normativos sobre teletrabajo. Promover una perspectiva integral de igualdad de género en las políticas públicas. Asegurar el acceso a los grupos vulnerables.
5. Gobernación, tras lo cual se debe buscar la forma de: Promover la seguridad y la confianza en el uso de Internet. Promover la prevención y el combate del cibecrimen. Incentivar la participación coordinada de América Latina y el Caribe en la gobernanza de Internet. Impulsar los marcos institucionales necesarios para la articulación, monitoreo y promoción de las políticas en materia digital.
Hay que entender una cosa: estamos hablando de la gestión de la innovación, cuya aplicación es hoy una necesidad. Los distintos gobiernos, inmersos en la brecha digital, no pueden hacer frente a los nuevos productos, servicios y procesos de producción. Pero: no siempre pueden ser desarrollar sus objetivos o, incluso, difundirlos. Un plan de TICS, entonces, se torna indispensable. Es claro que la innovación es una actividad compleja y diversificada, con muchos componentes que interactúan entre sí al nivel nacional. La innovación, entendida como la aplicación exitosa de conocimientos o técnicas de nuevas formas o para nuevos propósitos, tiene que ver con explotar nuevas oportunidades rentablemente. Desgraciadamente, ahí todos los gobiernos fallan. Consulte el documento en: repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38604/S1500587_es.pdf?sequence=1
El caso Narvarte y la escasa fe en la procuración de Justicia. El caso Narvarte ha puesto en entredicho a a la procuración de justicia en el país. Esto porque ha conjugado dos situaciones que han desequilibrado (más) la balanza de la Justicia. En primer lugar, la ciudadanía ha señalado a Javier Duarte, gobernador de Veracruz como responsable de la situación de inseguridad para los periodistas en dicho estado. Desde el mismo momento del suceso, el clamor contra el gobernador se hizo presente. Incluso, en un mensaje varios días después, tuvo que reconocer que había fallado al no poder asegurar la seguridad de sus ciudadanos.. Sin duda, Duarte atraviesa momentos delicados y está en riesgo su propia legitimidad como gobernante, dependiendo de los resultados y la credibilidad de la investigación. Es importante resaltar que de acuerdo a los propios datos de la Procuraduría General de la República (PGR): Veracruz es una de las regiones más peligrosas para la prensa en el país y desde el año 2000 se han registrado 18 asesinatos de periodistas en el estado. Es más, 14 asesinatos se han cometido con Duarte como gobernador. El derecho a la información y a la disidencia, en su gobierno, estará siempre vinculado a ese dato. En segundo lugar, el homicidio de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa -en un departamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México- se da en una sociedad no acostumbrada a esa clase de situaciones. Estas situaciones muestran el gran interés mediático en el caso. Por lo tanto, se debe destacar la importancia de la comunicación oficial de las instituciones del sistema de justicia y, en particular, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). La Procuraduría capitalina ha declarado con ligereza ante medios de comunicación, desde ventilar líneas de investigación hasta señalar móviles como el del feminicidio sin que se confirmen antes dichas hipótesis. La circulación de información oficial contradictoria sobre los hechos ha sido criticada por una serie de organizaciones de derechos humanos, algunos muy prestigiosos como Artículo 19. Lo más preocupante es la filtración de la declaración del único detenido hasta el momento. Este tipo de filtración de información no sólo compromete el resultado de una investigación, porque los responsables del caso continúan prófugos, evidencia además la falta manejo responsable de información al interior de la institución. Preocupa que cuando no actúan de forma opaca, respecto a datos que debieran ser públicos, las instituciones del sistema de justicia comunican datos sensibles que pueden llegar a entorpecer la investigación, confundir al público, o peor deshilar el avance de fiscales. Al respecto hay que apuntar que las instituciones de Procuración de Justicia no pasan por mejor momento, después de los casos Iguala y Tlatlaya será reforzada. Si algo le enseñan esas experiencias a la PGJDF es que sin credibilidad los posibles resultados de la investigación pueden ser fácilmente negados. El mensaje a la ciudadanía es que la PGJDF es opaca cuando debiera ser transparente; a la vez, muestra una gran irresponsabilidad cuando debería ser cautelosa. Por supuesto, esto afectará la vida pública en la Ciudad de México, y a la propia institución. La posibilidad de reformar y actualizar la justicia capitalina quedará cada día más lejos. El interés y las especulaciones de la ciudadanía en un caso de esta relevancia son inevitables, por ello la responsabilidad de las autoridades es cumplir efectivamente con sus tareas de procuración de justicia para construir una opinión pública favorable a las instituciones. Por si no fuera suficiente, el tratamiento que este multihomicidio deja entrever las múltiples deficiencias que la PGJDF y las demás procuradurías tienen en materia de investigación. Si en este caso, mediático, que ha disparado sus dardos contra un gobernador, no está correctamente ordenado sería ingenuo pensar que las otras 164 mil muertes dolosas reportadas a nivel nacional, entre 2007 y 2014, han recibido un trato distinto. Las comunicaciones confusas, opacidad, contradicciones y re-victimización son elementos cotidianos de las instituciones del sistema de justicia en México. Por ello no sorprende el porcentaje de delitos que no se denuncian, un 93.8% a nivel nacional y 83.6% en el Dsitrito Federal. En la peor de las circunstancias la desconfianza en las instituciones del gobierno puede derivar en escenarios caóticos. En específico, en la posibilidad de que las personas dejen de considerar la vía institucional como un mecanismo viable para la solución de conflictos y, por ende, intenten procurarse justicia de forma autónoma o también la emergencia de quienes desean mano dura, abriéndole la posibilidad a gobernantes de extralimitar su poder.
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