Semana política

18 de marzo de 2015.

Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.

 

1. La innovación y su papel en la educación.

2. El caso Aristegui: ¿está en juego libertad de expresión?

3. El complejo panorama fiscal

La innovación y su papel en la educación. El Banco Internacional de Desarrollo (BID) ha presentado un curioso informe que intenta explicar la importancia de la innovación en el Aula. ¿Cómo ha impactado la tecnología en al forma de dar clases? Más aún, cómo motiva a los alumnos a desarrollar la pasión por el conocimiento. En el informe Escalando en Educación: Innovaciones Inspiradoras Masivas en América Latina se sostiene que "la creatividad de la comunicación colaborativa y el acceso masivo a la nube digital son la punta del iceberg educativo del siglo XXI". Este cambio de época, genera modificaciones y nuevas preguntas; favoreciendo la aparición de experiencias que obligan a volver a pensar la tarea educativa. ¿Cómo hacerlo? Para el BID, la respuesta tiene que ver con ciertos criterios básicos

1. Innovación: casos que desarrollaran iniciativas educativas novedosas, que representaran una ruptura con el modelo educativo tradicional, tanto por sus concepciones y prácticas como por introducir nuevas tecnologías.

2. Inspiración: innovaciones con una historia para contar, que incitaran tanto a educadores como a emprendedores y funcionarios.

3. Escala: amplia cantidad de participantes o cobertura territorial, que excedieran límites institucionales locales y con posibilidades de seguir creciendo.

Todos los casos seleccionados por el BID son innovadores en sus iniciativas educativas, en tanto que rompen con el modelo educativo tradicional; son experiencias capaces de inspirar a otros profesionales a continuar con la labor de la enseñanza, pero también a políticos de la región; todos ellos han alcanzado una amplia escala en la cantidad de participantes, beneficiarios y tienen la posibilidad de seguir creciendo en un futuro. En esto, el estudio del BID, fija las nueve tendencias de la innovación en el sector educativo, a saber:

• Los sistemas de enseñanza, entendidos como dispositivos integrales de apoyo pedagógico a las escuelas. Casi todos funcionan del mismo modo: la escuela ingresa de forma integral al sistema, pagando una cuota mensual o anual, por cada alumno, que los habilita para tener un paquete de servicios y a la entrega de libros de texto para cada alumno.

• Portales de vídeos educativos, el acceso a Internet ha facilitado contenidos multimedia, que en muchos casos pueden potenciar lo visto en el aula, profundizándolo, de una forma más acorde a estos tiempos.

• Recursos abiertos, los portales de vídeo aparecen como una tendencia en crecimiento. De bajo costo, se observa que universidades, empresas, organizaciones sociales y personas completan el rol del Estado creando entornos educativos virtuales, en los que se diversifica la oferta de contenidos educativos ofreciendo propuestas a docentes y alumnos. Se originan aprendizajes fuera del aula brindando una enorme gama de posibilidades diversas para la planificación didáctica.

• Redes de escuelas, docentes y alumnos. Internet tiene una filosofía, que las redes sociales han potenciado. Ello podría introducir cambios en un sistema educativo fragmentado en el que cada uno desempeña un rol.

• Nuevos programas educativos contra la pobreza, esta tendencia de innovaciones educativas es "un híbrido incierto" ante el cambio de escala y modo de participación en la educación en contextos vulnerables, de la esfera privada.

• La renovación de las ciencias, el éxito de internet ha traído una revalorización de las Ciencias exactas. Entender cómo funcionan las ciencias de la computación y los múltiples ejemplos de aplicaciones para los teléfonos inteligentes tienen mucho que ver en ello.

• Escuelas Innovadoras con Tecnologías, es un cambio que promete muchas experiencias nuevas en los próximos años. Si bien aún no tienen escala masiva algunos, el BID señala que algunos sistemas educativos ya están aspirando a conformarse de esa forma.

• Aprendizaje personalizado por computadoras, se trata de las innovaciones basadas en la personalización del aprendizaje asistido por computadora.

• Movimientos educativos virales y ciudadanos no tradicionales, agrupa movimientos educativos virales no tradicionales, es decir: formatos nuevos de aprendizaje, campañas masivas o contagios educativos no escolares ni institucionalizados. Se trata de movimientos de cambio, de interrogantes, de incidencia política, de ideas.

Finalmente, llama la atención que de las 10 experiencias más innovadoras, sólo el portal UNO INTERNACIONAL, es producto mexicano. Para el BID, la educación nacional deja mucho que desear en materia de innovación. De nueva cuenta, el tren del futuro nos está pasando de largo. Consulte el informe en: http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6659/Innovaciones%20Inspiradoras%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1

El caso Aristegui: ¿está en juego libertad de expresión? Carmen Aristegui, célebre presentadora de noticias, primero en la televisión y más tarde en la radio mexicana, fue despedida la noche del domingo de MVS radio, parte de lo que ahora es MVS (Multivisión) Comunicaciones. La razón fue la asociación del programa de Aristegui con MéxicoLeaks, un portal como el del sueco Julian Assange (ahora refugiado en la embajada de Ecuador en Londres) de denuncia ciudadana, cuyo objetivo era poner en evidencia las corruptelas de la clase gobernante. Al día siguiente, la empresa se desvinculó de ese acuerdo, alegando uso indebido de la marca y sosteniendo que sus intereses corporativos estaban en otra parte. Aristegui defendió, entonces, su independencia y su intención de seguir vinculada a MéxicoLeaks. La empresa, publicando su postura en los principales diarios del país, despidió a Daniel Lizárraga e Irving Huerta, encargados de dar al caso de la "Casa Blanca", el escándalo presidencial sobre tráfico de influencias y amiguetes, acusándolos de abuso de confianza. MVS, también, hizo públicas las políticas de control de la información. A pesar del revuelo en redes sociales, la intervención del defensor de la audiencia, una figura nueva establecida por la Reforma de las Telecomunicaciones, el académico Gabriel Sosa Plata, no sirvió para nada. Aristegui seguía en su postura de readmisión de sus colaboradores, cuando la empresa hizo público un comunicado en el que daba "por terminada la relación de trabajo". Ahora bien, hay algunos elementos a considerar para hacer un análisis más de fondo.

• Diversos organismos de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, han alertado del peligro que tienen los comunicadores (los reporteros, fotógrafos y demás trabajadores de los medios de comunicación) para ejercer su profesión en México. Los periodistas nacionales se encuentran en una vulnerabilidad enorme, al igual que los derechos de las audiencias. Este caso, por ser Aristegui quien es, es un ejemplo de cuan precario es el mundo de la información en el país.

• Ligado a este punto, bajo una argumentación meramente legalista, podría decirse que el caso es meramente competencia de los tribunales laborales, quienes regulan la contratación entre una empresa y un trabajador o un grupo de trabajadores. Sin embargo, también está claro que los medios de comunicación llevan en su ADN la llamada responsabilidad social.

• La máxima de la relación entre los medios y el gobierno, o más exactamente, el PRI, ha sido: no te pago para que me pegues. En medio de un feroz recorte al gasto público, los medios de comunicación han seguido recibiendo jugosos contratos en materia de comunicación social. Las partidas 36101, 36201 y 33605, al mes de Diciembre de 2014, elevan el gasto en propaganda en 5 mil doscientos millones de pesos (se adjunta el cuadro de la Secretaría de la Función Pública con gastos de comunicación social) mientras que en 2013 ese gasto fue de 4,195 mdp.

• Bajo ésta óptica podríamos llegar a una obviedad: los medios de comunicación son empresas con fines de lucro y como tal defienden sus intereses (y la de sus clientes). Ello no siempre está ligado a los intereses de la ciudadanía ni a sus gustos.

• Una de las empresas de MVS (Dish) recientemente estaba en el ojo del huracán por la señal federal, que Televisa y TvAzteca se negaban a compartir. El tema ha ocasionado, incluso, la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó a MVS pagar una multa por el suministro de una pauta electoral federal especial para el servicio de televisión restringida. Algo que a Sky (de Grupo Televisa) o TotalPlay (de TvAzteca) no se les ha ordenado.

• En la batalla por el TriplePlay (la oferta de telefonía, televisión e Internet), MVS había jugado en alianza con el principal opositor de Grupo Televisa: Carlos Slim y Grupo Telmex. MVS era un aliado estratégico de Slim. Gran cantidad de rumores señalan a Slim como el principal impulsor del grupo de investigación de Aristegui. Curiosamente, el otro señalado es Marcelo Ebrard, de quien se llegó a decir que mantenía un grupo de investigación a cargo de Gabriel Regino y que había filtrado el caso de la Casa Blanca para posicionarse como líder opositor.

• Durante 2013, MVS se vio envuelta en la renovación de la llamada banda 2.5 Ghz; es decir, servicios de televisión y audio restringido. Todo comenzó en 2008, cuando MVS decidió anunciar el lanzamiento de Dish, empresa de televisión restringida vía satélite que arrebató 2 millones de suscriptores a Sky, la filial más próspera de Televisa, arreciaron las presiones de la empresas y de las cámaras afines a los intereses de Emilio Azcárraga Jean para que no se renovaran las concesiones en la banda 2.5 Ghz.

• Ahora bien, el espectro radiofónico es ante todo un bien público, que en todo caso, ha sido concesionado a un particular. Los principios por los que se concesiona un espacio tienen que ver con la rentabilidad social y el derecho a la información. Ligado a esto último, se podría decir que Aristegui podría acogerse al artículo 6 de la Constitución.

• Carmen Aristegui y su equipo han funcionado como un contrapeso al PRI, un partido poco dado en su Historia a recibir cuestionamientos. Sólo Julio Scherer y Vicente Leñero, en Exclesior o después en Proceso, O Gutiérrez Vivó, en Monitor, habían logrado hacer preguntas incomodas. El PRI hizo campaña diciendo que era un partido plural, pero para que ello sea verdad hace falta aceptar que el pluralismo implica que existan los canales para que los distintos sectores sociales y las diversas ideologías participen armónicamente en el espacio público. El caso Aristegui, con sus consecuencias para la libertad de expresión, para el derecho de la audiencia, de los derechos laborales, nada tiene que ver con la aceptación de una sociedad plural. Parece, por el contrario, claro el intento de volver a una sociedad silenciada, amordazada, donde el que se movía no sólo no salía en la foto, sino terminaba en Lecumberri.

El complejo panorama fiscal. De los muchos preocupaciones que rodean a las economías en América Latina, sin duda destaca el tema de la deuda pública y su relación con el Producto Interno Bruto (PIB). En una mirada de largo plazo, se aprecia que en América Latina (considerando un promedio de 19 países) tuvo lugar un largo período de aumento de la proporción de la deuda pública con respecto al PIB (1970-1989), seguido por etapas de reducción (en los períodos 1990-1997 y 2004-2008, luego de un breve período de alza entre 1998 y 2003) y finalmente de estabilización, entre 2009 y 2014. Ello según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe anual Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2015. Dilemas y espacios. El documento, organizado en 3 capítulos, examina los niveles de deuda pública, estableciendo que, en general, existe espacio fiscal para aplicar políticas contracíclicas y potenciar el desarrollo productivo y que se debe modernizar el manejo fiscal de los recursos naturales no renovables. Explica que la incidencia de la política fiscal sobre la distribución del ingreso disponible es muy limitada y que en un entorno macroeconómico volátil, las reformas tributarias deben apuntar a fortalecer el impuesto sobre la renta. Y justamente, aquí es donde viene lo interesante del Panorama Fiscal. Recordemos: un rasgo distintivo de la desigualdad en la región es la elevada proporción del ingreso que capta el estrato más alto, es decir, el 10% de los hogares más ricos. En promedio, este grupo concentra un 32% de los ingresos totales, aunque se observa una alta dispersión entre los países en torno a este valor. Por supuesto, esta situación refleja la incapacidad de los sistemas tributarios para gravar la renta de los sectores más acomodados. A pesar de que el diseño tributario es progresivo en la región, las tasas marginales máximas del impuesto a la renta personal son regresivas, situándose entre el 25% y el 40%. Esto significa que las tasas efectivas que paga el decil superior son muy reducidas, debido a la evasión y la elusión, las exenciones y deducciones, y el tratamiento preferencial de las rentas de capital, que en algunos países no están gravadas y en otros están sujetas a una tasa más baja que las rentas del trabajo. En consecuencia, el impacto redistributivo del impuesto sobre la renta es muy limitado, como se observa al comparar las tasas medias con su efecto sobre el coeficiente de Gini. Es así, como se ha reiterado en numerosos documentos y foros, que la debilidad del impuesto sobre la renta es el principal problema estructural de los sistemas tributarios de América Latina. Y esto es así porque la política tributaria ha privilegiado la eficiencia, pretendiendo que el impuesto sobre la renta afecte lo menos posible las decisiones de ahorro e inversión y aproximando, en ciertos casos, la base imponible a una base de consumo en vez de la tradicional base de ingresos. En el camino, por cierto, se han sacrificado los atributos de equidad y simplicidad. Es hora, entonces, según CEPAL, de recordar que el principal aspecto que afecta la equidad del impuesto a la renta es el tratamiento preferencial que reciben las rentas de capital, que produce una asimetría respecto de la tributación de las rentas del trabajo. Ahí, en gran parte, está el fracaso de nuestros sistemas tributarios Descarga el estudio aquí: http://bit.ly/1x8S65F

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Semana política

11 de marzo de 2015.

Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.

 

1. La tortura sistemática.

2. Medina Mora: juez y parte.

3. ¿Debe perder el registro el Verde?

4. Tributos Fiscales y desarrollo económico.

La tortura sistemática. "Todos los cuerpos policiales de México torturan", con esa frase empezó su comparecencia el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, el argentino Juan Méndez. Fue decir la frase y el diluvio, como dijera alguna vez Luis XV. Ha sido tal la polémica, que hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores minimizó sus conclusiones y sostuvo que no comparte en absoluto el diagnóstico. El Informe Méndez, como ya se le conoce parte del análisis de las quejas recibidas desde el inicio de la llamada guerra contra el narco: si en los seis años anteriores a 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos había registrado un promedio de 320 denuncias; en 2012 superaron las 2,100. La conclusión, tampoco, es un glo a la estratosfera. Se pide al gobierno algo básico para contener la tragedia: que se ponga fin al uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública. El Informe contiene puntos de interés sobre esta malsana costumbre de las fuerzas del orden:

• La tortura en México se utiliza predominantemente durante la detención y bajo cualquier excusa, con objeto de obtener confesiones sobre el crimen organizado. El patrón utilizado, según el Informe, destaca que los captores, vestidos de civil y encapuchados, no suelen llevar orden judicial ni informan de los motivos de la captura. Trasladados a comisarias o cuarteles militares, se les aplican métodos de extracción de información contrarios a las Convenciones de Naciones Unidas y a las propias leyes del país (golpes con puños, pies y palos; toque con dispositivos eléctricos; asfixia con bolsa de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos). En el caso de las mujeres, al catálogo de horrores descrito se suma la violencia sexual.

• Tampoco el país destaca pro su voluntad política para combatir la tortura: entre 2005 y 2013 solo hubo cinco sentencias condenatorias por torturas. No existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al ministerio público; no se accede a una defensa adecuada en forma inmediata; las declaraciones se prestan sin intervención judicial ni presencia del abogado; no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura.

Para evitar que el país siga en medio de una crisis de Derechos Humanos, el relator maneja tres propuestas:

1. La eliminación del arraigo, que permite, en el curso de una investigación por crimen organizado y con orden judicial, mantener encerrada 40 días (prorrogables) a una persona mientras se decide si se presentan cargos penales. Esta práctica viola la presunción de inocencia y expone al detenido a más torturas. Para el debate, el relator de la ONU aporta un dato: de más de ocho mil personas arraigadas desde 2008, sólo el 3,2% habría recibido condena.

2. Se deben mejorar los registros de detención y los exámenes médicos, de tal forma que recogen bien los abusos y quede constancia de los mismos, para facilitar al Justicia.

3. Hay que continuar limitando el llamado "fuero militar", aquel que destacaba la superioridad de las fuerzas Armadas sobre el orden civil constitucional.

Revertir la cultura de impunidad es difícil, pero estas tres propuestas pueden servir par aplantear una reforma integral en materia de Seguridad, que dé certeza y ajuste los protocolos sobre Derechos Humanos y Procuración de Justicia. Esa si es una reforma que el país necesita ya, pero claro, el gobierno no parece estar por labor. También es cierto que este no es el primer Informe que alerta sobre el uso de la tortura. Ya antes, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (dos prestigiosas organizaciones internacionales) habían alertado del tema. Y ya lo dice el dicho: cuando el río suena .... Consulte el informe en: http://ep00.epimg.net/descargables/2015/02/26/ece9a73e58cd45d091fdb87c2de91f6f.docx

Medina Mora: juez y parte. El Senado mexicano ha nombrado esta semana a Eduardo Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte de Justicia para los próximos 15 años. La designación de Medina Mora ha estado plagada de críticas. Principalmente, por su poca experiencia como jurista: (todavía se recuerda su propio balconeó en un cable de Wikileaks) fue Procurador General de la República (2006-2009), Secretario de Seguridad Pública Federal (2005-2006), Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN (2000-2005), y hasta el martes pasado, embajador de México en los Estados Unidos. Además, es célebre por tres grandes episodios en la Historia de la procuración de justicia en el país: la Operación Rápido y Furioso (que permitió que los grandes capos de la droga comprarán armas en EEUU, aunque el propio Medina sostuviera que desconocía la operación, su propio cargo como Procurador hace inviable tal desconocimiento), el Michoacanazo (la escandalosa detención de 38 funcionarios estatales y municipales en el Estado de Michoacán por vínculos con el narcotráfico, que finalmente fueron liberados) y el encarcelamiento de Alberta, Teresa y Jacinta (tres indígenas acusadas en 2006 por un secuestro que no cometieron y que estuvieron en la cárcel durante cuatro años). Para muchos sectores sociales, Media Mora es responsable de la guerra contra las drogas y, principalmente, de la catástrofe que vive hoy el país y de sus sistemas de procuración de justicia. Se señala que antes de su llegada a la PGR se consignaban entre el 40 y el 48% de las averiguaciones; con él al frente, sólo se consignó alrededor del 25%. Juicios históricos, y políticos, a parte, hay dos cuestiones que llaman la atención sobre la elección de Medina Mora:

1. El Congreso no vigiló la independencia del candidato Medina Mora. Éste, incluso, llegó a declarar que era miembro adherente del Partido Acción Nacional. ¿Cómo legislará el nuevo ministro? ¿Bajo el concepto de la Justicia o con los preceptos derivados de la doctrina panista? No es una pregunta al aire. Hay temas que exigen absoluta imparcialidad, como el matrimonio igualitario, el derecho a decidir de las mujeres ... todos ellos negados, una y otra vez, por la derecha nacional. Recordemos: siendo procurador, en 2007, Medina Mora ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

2. Es irónico (siempre es mejor reír que llorar) que uno de los artífices de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, que produjo 70 mil muertos, sea ahora el paladín de los Derechos Humanos. ¿Queda, para la ciudadanía, la certeza de que, en este tema, quien está vinculado a Atenco y a otros graves hechos, pondrá siempre por delante los intereses del individuo a los del Estado, como manda la Constitución y la Carta Interamericana de Derechos Humanos? La verdad es que no.

Está claro que hay un mensaje muy claro con la elección de Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte. La ciudadanía lo interpretará como una muestra más del debilitamiento institucional, del desprestigio de la Corte. La clase política, por el contrario, se regocijará por hablar tan alto: este es nuestro coto privado, hacemos lo que nos conviene y manejamos al país de acuerdo a nuestros deseos e intereses. Triste, ¿no?

¿Debe perder el registro el Verde? El año era 1985 cuando Jorge González Torres decidió separarse del Partido Revolucionario Institucional. Hacia poco más de uan década que se había decidido construir una central nuclear en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios (Veracruz). La discusión por aquella época estuvo acompañada por la tragedia en Chernobil (Ucrania) y muchas voces en el país ponían el acento en la peligrosidad de la Central. Ese movimiento decidió a González Torres a fundar la Alianza Ecologista de México, que sería la semilla del Partido Verde Ecologista. Ya en 1988, como parte del Frente Democrático Nacional, participó en las elecciones federales. En 1991, con el nombre Partido Ecologista de México (PEM), no consiguió su el mínimo de votos y perdió el resgistro. Este fue obtenido de forma definitiva en 1993 y en ese mismo año el partido cambió su nombre al actual, Partido Verde Ecologista de México. Desde sus inicios ha sido controlado por una sola familia: a Jorge González Torres le sucedió en la presidencia del partido su hijo, Jorge Emilio González Martínez ( apodado "el Niño Verde"). Si bien en un primer momento, el PVEM se alió con el PAN para sacar al PRI de los Pinos -en palabras de Fox- no queda duda de que hoy es un partido satélite del PRI, que tiene una lógica empresarial al servicio de la familia que lo fundó y de alguno de sus dirigentes, como Arturo Escobar. El calendario electoral es bastante claro respecto a cuándo los partidos pueden hacer propaganda, pero el PVEM se adelantó a todos y ha dispuesto de una campaña agresiva, ocasionando una queja del PRD, PT, Encuentro Social y el PAN sobre los recursos del Partido y el daño hecho a la elección. Las continuas amenazas al Instituto Nacional Electoral (INE), la multa de este de más de 60 millones de pesos, no han hecho sino darle más visibilidad al Partido. Hasta el día de hoy, hay dos factores a tener en cuenta:

1. Su lógica de negocio es bastante simple: mantenerse en la arena, con un valor suficiente para negociar alianzas. El gasto millonario en publicidad para radio, televisión y cine es una necesidad, una inversión perfectamente razonada y calculada para poder seguir haciendo negocios como los de los vales de medicinas del IMSS e ISSSTE, que se canjearán en las farmacias de la familia González Torres.

2. La estrategia de gasto excesivo se da a la par de la publicación de nuevas encuestas que colocan al Partido como la tercera fuerza electoral del país.

Este dispendio electoral se da, además, en un contexto en el que prácticamente todas las instituciones del país están desacreditas; la primera de ellas, los partidos políticos. Ante ello, el PVEM presenta propuestas carentes de ideología, muy lejos de los postulados de la red Global Greens (la Internacional Verde) y del pensamiento de Will Potter y su libro El Verde es el nuevo Rojo. Sus propuestas como política pública (más allá de si son engañosas, o sin sustento) son irrelevantes, dirigidas precisamente a aquellos poco informados, hartos de la política. Es, por decirlo a las claras, la cara oculta del cinismo. La actitud del Verde recuerda a la de esos adolescentes que salen de fiesta llevándose el carro de los padres sin su consentimiento. Vale más pedir perdón, que pedir permiso, dice la sabiduría popular. Ante esta actitud, el INE está en el dilema de imponer sanciones de acorde a la actitud mostrada. Cuando el hijo díscolo no hace caso, se lleva el coche y lo estrella, más vale que pase la noche en el Ministerio Público para que aprenda la lección. Por lo tanto, no parece descabellado que se discuta su registro. ¿Debe perder el Verde su registro para que aprenda a diferenciar el negocio familiar de la democracia nacional? ¿Está el INE por la labor?

Los tributos fiscales. Hay todo un debate sobre los ingresos fiscales en América Latina. ¿Contribuyen al crecimiento o son, solamente, un palo que impide que la rueda de la economía del libre mercado gire? El informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013 señala en su cuarta edición que la relación media de ingresos fiscales sobre el PIB correspondiente a los 20 países de América Latina y el Caribe fue de 21,3% en 2013, 0,1 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2012. En tanto, el promedio de ingresos fiscales sobre PIB se habría incrementado en el período comprendido entre 2009 y 2012 de 19,5% a 21,2%. La particularidad de este informe es que reúne datos obtenidos de forma conjunta por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sus principales resultados son:

• Los ingresos fiscales en América Latina y el Caribe se mantuvieron estables en 2013 y siguen siendo considerablemente bajos, como porcentaje de la renta nacional, respecto a los de la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• El informe pone de manifiesto el considerable incremento experimentado por los ingresos fiscales en la región durante el período 1990-2013, que habría elevado la presión fiscal promedio en siete puntos porcentuales, de 14,4% a 21,3% actual. Si bien este aumento de la recaudación tributaria ha dotado a los gobiernos de una mayor capacidad para incrementar el gasto en programas sociales e infraestructuras físicas, el promedio de ingresos fiscales sobre PIB se sitúa todavía 13 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE, que es de 34,1%, según el informe.

• Entre los países de América Latina y el Caribe se registran grandes diferencias. En 2013, los promedios de ingresos fiscales sobre el PIB de los 20 países de la región incluidos en el informe oscilaron entre 35,7% de Brasil, que se sitúa por encima de la media de la OCDE, 31,2% de Argentina, 14% de la República Dominicana y 13% de Guatemala. Entre los países de la OCDE los porcentajes de ingresos fiscales sobre PIB quedaron comprendidos entre 48,6% de Dinamarca y 19,7% de México. Los países que registraron un mayor incremento del promedio de ingresos fiscales sobre el PIB en 2013 fueron Bolivia (2,1 puntos porcentuales), Argentina (1,7), Costa Rica (1,2) y El Salvador (0,7). Las mayores caídas de este promedio en 2013 correspondieron a Barbados (4,2 puntos porcentuales) y Paraguay (1,3 puntos). Los países que mostraron los mayores incrementos de este promedio entre 1990 y 2013 fueron Bolivia (20,6 puntos porcentuales), Argentina (18,8), Ecuador (12,2), Colombia (11,1) y Paraguay (11,0). Venezuela registró un descenso de 4,5 puntos porcentuales.

• La participación de los ingresos fiscales recaudados por gobiernos locales en América Latina es pequeña en la mayoría de los países y no ha experimentado incremento alguno, lo que refleja una autonomía tributaria relativamente limitada en comparación con los países de la OCDE.

• Está previsto que la caída de los precios del crudo registrada durante el segundo semestre de 2014 reduzca los ingresos en el equivalente a uno o 1,5 puntos porcentuales del PIB en Bolivia, Ecuador y México. En general, los ingresos fiscales procedentes de recursos naturales no renovables siguen representando un porcentaje muy importante de la recaudación tributaria total de muchos países de la región y, en algunos casos, como Venezuela y Ecuador, suponen más de 30% de los ingresos fiscales totales.

• En cuanto a las estructuras impositivas, el informe muestra que tras el fuerte crecimiento registrado en los últimos veinte años, los impuestos generales al consumo (principalmente el IVA y los impuestos sobre las ventas) representaron 32,3% de los ingresos fiscales en los países de América Latina y el Caribe en 2012 (frente a 20,2% en los países de la OCDE). El porcentaje que representan los impuestos sobre consumos específicos (como las excepciones y los impuestos sobre el comercio internacional) se redujo en 14 puntos porcentuales, hasta 17,6% (en la OCDE este porcentaje es de 10,7%). En 2012, los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades representaron, en promedio, 26,6% de la recaudación en los países de América Latina y el Caribe, mientras que las contribuciones a la seguridad social supusieron 16,5% (en los países de la OCDE, 33,6% y 26,2%, respectivamente).

Consulte el Informe en: http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-in-latin-america-2310922x.htm

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Semana política

4 de marzo de 2015.

Hola, adjuntamos los sucesos más interesantes de la semana.

 

1. Ciudad Juárez, ¿mejora?

2. Desarrollo Sustentable: ¿está México asegurando el futuro?

3. INE: recién nació y ya está cuestionado.

4. El dilema del empleo Juvenil.

Ciudad Juárez, ¿mejora? Hace tan solo cuatro años, Ciudad Juárez era asediada por miembros de bandas criminales y saboteada por policías corruptos. A pesar del despliegue de miles de soldados y policías federales, la espiral de asesinatos y secuestros estaba sin control. Para el Crisis Group, la organización civil sin ánimo de lucro de George Soros dedicada a luchar por una sociedad abierta, ésta situación está en vías de recuperación: la inversión pública en programas sociales y reformas institucionales, así como un modelo de participación ciudadana sin precedentes, han contribuido a alejar del abismo a la ciudad que llegó a ser conocida como la "capital mundial del asesinato". Aún -es cierto- persisten gravísimos problemas. Juárez sigue siendo una ciudad fronteriza con enormes desigualdades, en la que los traficantes y otros criminales no tienen dificultad para encontrar reclutas entre la población mayoritariamente joven, que no cuenta con buenos empleos ni educación. Para sostener los avances logrados, los ciudadanos y los responsables de formular políticas públicas a nivel local deben evaluar los logros y obstáculos, reactivar su alianza, fortalecer las instituciones locales y abordar las desigualdades sociales. Si bien Juárez sigue siendo frágil, hay motivos para un moderado optimismo: los líderes de la sociedad civil –incluidas las asociaciones empresariales y profesionales, organizaciones sin fines de lucro y académicos– demandan explicaciones al gobierno ante cualquier aumento del delito, reuniéndose periódicamente con funcionarios municipales, estatales y federales en la Mesa de Seguridad y Justicia, un singular organismo independiente integrado por ciudadanos y autoridades. En principio, los tres niveles del gobierno siguen comprometidos con abordar las causas de la violencia mediante programas sociales dirigidos a las comunidades pobres, que han sido las principales víctimas de los asesinatos. Las autoridades locales se enorgullecen, con razón, de los avances logrados en la reducción de los homicidios y otros delitos de alto impacto como el secuestro, pero aún hace falta más para evitar que Juárez sea víctima de un rebrote de la violencia. El modelo de participación ciudadana plasmado en la Mesa de Seguridad y Justicia debería ampliarse a nivel barrial a fin de empoderar a las comunidades y poblaciones más pobres para monitorear los proyectos de prevención de la violencia y trabajar con las fuerzas de seguridad para combatir el crimen. La policía local debe jugar un papel más importante. Las autoridades a nivel municipal, estatal y federal deberían permitir un mayor escrutinio de sus esfuerzos y elaborar estrategias a largo plazo que tengan continuidad más allá de las próximas elecciones. Para ello, Crisis Group, recomienda varias acciones:

• Incorporar a la sociedad civil y a la comunidad empresarial en la planificación, implementación y evaluación de los programas de prevención de la violencia.

• Establecer una estrategia a largo plazo, basada en la evidencia, con criterios nacionales claros, indicadores y objetivos que puedan ser públicamente evaluados y monitoreados.

• Identificar y seleccionar zonas prioritarias en base a la identificación de factores de riesgo específicos, y posteriormente financiar proyectos locales y concertados para abordar dichos riesgos.

• Reforzar la capacidad de los funcionarios municipales para planificar, monitorear, evaluar y financiar iniciativas de prevención de la violencia.

• Incorporar la dimensión de seguridad y aplicación de la ley en la prevención de la violencia mediante policía comunitaria y otras iniciativas.

• Garantizar la transparencia de los proyectos mediante el llamado a concursos públicos y abiertos para asignar financiamiento, con criterios de selección claros, así como permitir que los actores locales monitoreen los avances de dichos proyectos mediante la publicación de informes de progreso e indicadores desagregados que midan el delito y los factores de riesgo sociales por barrio.

• Demandar cuentas al gobierno local en materia de reducción del delito y la desigualdad mediante el monitoreo de programas sociales para promover la eficacia y prevenir el clientelismo político.

• Fomentar la participación ciudadana a nivel barrial a través del establecimiento de grupos de trabajo que permitan a la policía y otras autoridades locales reunirse de forma regular con los residentes, pequeños empresarios y organizaciones de jóvenes para dialogar sobre la prevención del delito y la violencia.

• Ampliar las iniciativas de los sectores privado y sin fines de lucro diseñadas para generar empleo de calidad en la ciudad, proporcionando mejor educación y capacitación a los trabajadores.

Teniendo en cuenta el caso Iguala, la lección más importante de Juárez -para Crisis Group- es que el delito debe ser abordado mediante el esfuerzo conjunto de las autoridades y los ciudadanos. Las soluciones opacas, desde arriba, que no respondan a las inquietudes de las comunidades locales probablemente no logren producir avances sostenibles contra el delito. Acceda al Reporte de Crisis Group en: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latin-america/mexico/spanish/054-back-from-the-brink-saving-ciudad-juarez-spanish

Desarrollo Sustentable: ¿está México asegurando el futuro? El debate sobre el Desarrollo Sustentable (DS), Desarrollo Sostenible, Desarrollo Perdurable nació en la década de los 80 -con el Informe Brundtland por parte de la Comisión se Naciones Unidas para el Medio Ambiente- y es recién ahora que es puesto en el centro de todas las políticas públicas en México. El Informe Brundtland basaba el DS en tres partes conceptuales: ecológico, económico, y social. Consideraba el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño en las tres áreas, pero que tiene cuatro dimensiones básicas: Conservación; Desarrollo (apropiado) que no afecte sustantivamente los ecosistemas; Paz, igualdad, y respeto hacia los derechos humanos y, finalmente, Democracia. En el informe se publicaron una serie de datos que hacia indispensable un cambio de paradigma, tales como:

• El mundo de hoy tiene 7 millones de personas, para el año 2050, habrá 9 mil millones.

• Una de cada cinco personas, es decir 1,400 millones, actualmente vive con 1,25 dólares diarios o menos.

• Una de cada cinco personas (1,4 millones) vive con 1.25 dólares al día o menos.

• Mil millones y medio de personas no tienen acceso a la electricidad.

• Dos y medio millones de personas no tienen un cuarto de baño.

• Casi 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días.

• Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, y más de un tercio de todas las especies conocidas podrían extinguirse si el cambio climático continúa sin control.

Dicho esto, tenemos una idea de cuánto falta en el país para lograr un desarrollo armónico, de acuerdo a las amenazas como el cambio climático y la desertización del planeta. En primer lugar, tenemos, que el principal desafío en el país, bajo la óptica del DS, es la erradicación de la pobreza; para ello se plantea como condiciones indispensables, la transformación de las modalidades insostenibles de producción y consumo, la protección y ordenamiento de la base de recursos naturales, así como la necesidad de lograr un desarrollo económico sostenible, inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos y reduciendo drásticamente las inequidades en la distribución de la riqueza. En segundo lugar, para lograr el Desarrollo Sustentable, se requieren instituciones eficaces, transparentes, responsables y democráticas, y una participación activa de las diferentes fuerzas de la sociedad en la toma de decisiones, con base en una amplia alianza entre las personas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. En tercer lugar, habría que preguntarse si se toman en cuenta al momento de planificar estrategias hacia la sostenibilidad los siguientes factores: la agudización del cambio climático; la revolución de las tecnologías de comunicación e información; las crisis de representación a través de los partidos políticos; el crecimiento de la población y de los centros urbanos; y la creciente presión sobre los recursos naturales que afecta la calidad de los ecosistemas y su capacidad de resiliencia. Parece claro que, en México, es imperativo acortar la brecha entre discurso y práctica, pues si bien en el discurso hay elementos y decisiones orientados hacia el Desarrollo Sustentable, en los hechos hay una gran distancia: no estamos asegurando el futuro de la Nación. Si bien el DS es un proceso de mediano y largo plazo, la urgencia de la crisis sistémica del país plantea la necesidad de una sólida voluntad y coherencia política así como la creciente participación de la social para dar el salto cualitativo que requiere un cambio. ¿Estamos preparados para ello? ¿Lo están nuestros representantes o el mismo Peña Nieto? Parece que no. Lea el documento de la ONU sobre Desarrollo Sostenible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/288

El INE: recién nació y ya está cuestionado. En un mensaje conjunto, siete partidos políticos ( PAN, PRD, PT, MORENA, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista, y Encuentro Social) acusaron tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de protagonizar una "regresión autoritaria" al haber tomado decisiones parciales a favor del PRI y del Partido Verde a lo largo de los meses recientes. El desencuentro viene de antes, de cuando se acusó al INE de ser ambiguo sobre la regulación de la difusión de programas sociales en temporada electoral y dichos partidos se levantaron de la sesión del Consejo Electoral. En el contexto de esa decisión peso también el hecho de que el Partido Ecologista, un aliado del gobierno, ha comenzado una espectacular campaña mediática tanto en los medios tradicionales como en las salas de cine sin que la autoridad sea capaz de poner una sanción ejemplar. Aunado a ello, el Tribunal Electoral falló exculpando al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del famoso caso Monex. Los partidos de oposición acusaron a Alfredo Cristalinas, de la Unidad de Fiscalización, del inadecuado armado del expediente. Esto ha ocasionado una crisis sin precedentes en el arbitro electoral, que tiene -además- tres grandes retos a corto plazo:

1. La complejidad de colaborar en la organización de elecciones en estados en conflicto como Tamaulipas, Chihuahua, Morelos, Guerrero y Michoacán, donde las instituciones están sumamente cuestionadas y, donde, en algunos casos, ni las Fuerzas Armadas han logrado traer el orden.

2. Producto de la reciente Reforma Electoral, el INE deberá atraer los 16 procesos locales en el mismo número de entidades (más Chiapas, que las celebrará más adelante). Aunque se apele a la experiencia del INE en la materia, 17 procesos electorales son, ante todo, complejos.

3. El INE tiene la consigna de tener en marcha una fiscalización eficiente y, en especial, conducente a castigar faltas a la ley. La actitud del Partido Verde ya puso en duda este sistema, y todavía no empiezan los tiempos oficiales de campaña.

Desde el 2006, con la autoridad electoral -antes IFE ahora INE- asistimos a un paulatino proceso de deterioro en su imagen de confiabilidad, imparcialidad y, sobre todo, en su calidad de institución ciudadana. Muchos analistas, ponen en énfasis, que la crisis del INE tiene su origen en la preservación de las cuotas partidistas dentro del Consejo Electoral. Hay que reconocer lo evidente: el ideal de ciudadanización, donde la autoridad electoral descansa en manos de personas independientes, nunca ha podido cuajar. Ante esto, no es extraño que los consejeros electorales respondan a sus intereses políticos, en lugar de a los de los ciudadanos. La credibilidad del INE no depende de la instalación de la totalidad de las casillas en la jornada electoral, ni de que todas las actas de escrutinio sean entregadas y procesadas a tiempo. La crisis de confiabilidad, es sistémica al país: grandes sectores sociales tienen resquemor a las instituciones. Para el INE es imperativo terminar con el descaro y el cinismo de los actores políticos en cuanto a su comodidad de tener reglas, árbitros y elecciones a modo. Es una cuestión básica de sentido común, que ya mencionaba Aristóteles es su Política: el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto al poder sino a ley misma. La académica de la UNAM, Jacqueline Peschard, lo ha dejado bastante claro: el problema es que, para avanzar a ese ideal, se requiere un marco de referencia distinto al que prevalece en la política mexicana en la actualidad. En los hechos, el país no ha asumido un marco de referencia democrático: más bien, se trata de un sistema de gobierno dominado por los partidos políticos que tolera ciertas formas democráticas. Mientras eso no cambie, y en tanto no se asuma la legalidad como marco de referencia, asuntos como el del INE, así como los de corrupción y otros que marcan las características del sistema político, la realidad de la política mexicana seguirá siendo pre-democrática.

El dilema del empleo Juvenil. Mejorar las oportunidades de los jóvenes en el mercado laboral es una de las principales asignaturas pendientes del país, todo mundo parece estar de acuerdo con ello. Pero Reducir las tasas de desempleo juvenil no es sencillamente un desafío más: los jóvenes afrontan tasas de desempleo tres veces mayores que las de los adultos en un país donde cada vez se va ampliando más y más, por lo alto, la pirámide poblacional. El dilema de un joven mexicano, hoy en día, es tener un empleo mal pagado o ser Nini. En el país, según el INEGI, hay alrededor de 30 millones de jóvenes entre los 14 y los 29 años. De ellos, 7 millones ni estudian ni trabajan (el doble que la media de los países de la OCDE). Lo que preocupa Nini's es su subgrupo: los nininis, los que ni estudian, ni trabajan ni los que buscan empleo. Surge la pregunta: ¿cómo incorporarlos al mercado de trabajo? ¿Cómo seducirlos para que inicien una carrera laboral? La experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habla de incorporar a las políticas públicas de trabajo un enfoque subjetivo: fortalecer aspectos como la responsabilidad, la calidad de vida, las perspectivas de un futuro lejos de la familia nuclear, la puntualidad, el trabajo en grupo, la planificación o la autoestima. En cuanto a los jóvenes que están actualmente trabajando, ¿cómo facilitar la transición hacia mejores trabajos? No hay una solución rápida y fácil. Se necesita contar con una transformación del sistema educativo que ayude a preparar a los jóvenes a entrar con buen pie al mundo laboral. Se debe tener en cuenta, además, la nueva estratificación del trabajo. Vivimos en una sociedad compleja, donde el marcado laboral cada vez tiene nuevos componentes. ¿Enseñan eso en la escuela? Parte del dilema del empelo juvenil empieza ahí. Pero claro, en la Secretaría de Educación Pública no se han enterado de ello.

La Semana Política es una publicación de coyuntura, basada en la percepción que se tiene sobre México en los principales diarios internacionales del mundo.

 

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