Glosario de la guerra contra el narco

Por Gilberto López y Rivas (*)

El gobierno de Felipe Calderón ha trascendido en el ámbito noticioso mundial a partir de su anunciada guerra contra el narcotráfico .

Como además resulta que recientemente anunció que no anunció lo que anunció, considero conveniente ofrecer un glosario de términos claves para mayor comprensión de los analistas extranjeros que frecuentemente se interrogan sobre la escalofriante y trágica realidad mexicana.

1) Guerra contra el narcotráfico. Eufemismo con el que se pretende ocultar: a) la estrategia de un usurpador para afianzarse en el poder; b) el emplazamiento del ejército en todo el territorio como fuerza de ocupación represiva; c) el apoyo a uno de los cárteles frente a sus rivales a través de una carnicería sin fin; d) el incremento del enriquecimiento inexplicable de una buena parte de la jerarquía castrense, policiaca, judicial, religiosa y de la clase política en general; e) el afianzamiento de la injerencia y control de Estados Unidos sobre México; f) la criminalización de los movimientos sociales; g) la guerra social contra jóvenes y pobres y la guerra sucia contra los opositores.

2) Guerra sucia. Crimen de Estado que al margen de la Constitución tiene como propósito el aniquilamiento de los considerados “enemigos internos” por medio de su localización, seguimiento, captura, interrogatorio a través de la tortura, mantenimiento en cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, agentes policiacos, de inteligencia y grupos paramilitares que actúan bajo las órdenes –usualmente– de la sección segunda del ejército.

3) Estado fallido: a) término utilizado para describir a los gobiernos trasnacionalizados y colaboracionistas que fallan en todas sus tareas sociales, mientras fortalecen sus aparatos y estrategias privatizadoras, desnacionalizadoras y represivas; b) también se utiliza para justificar la ocupación militar de países, obviamente humanitaria y democratizadora, de Estados Unidos, cuyos ejemplos más recientes son Irak y Afganistán.

4) Crimen organizado: a) empresa diversificada y floreciente que constituye la faceta clandestina y delincuencial del sistema –también organizado– de explotación imperante; b) corporación paralela que retroalimenta la economía formal a través de una constante circulación o flujo de efectivo; c) modus vivendi de al menos 500.000 familias mexicanas.

5) Comandante supremo. Grado que recurrentemente ostenta Felipe Calderón a través de casacas militares de tallas grandes, quepis de cinco estrellas y una águila, en ceremonias, ejercicios y desfiles marciales en los que expresa su vocación frustrada o su trauma por no haber jugado de niño con soldaditos de plomo.

6) Búnker presidencial. Costoso y supuestamente secretísimo espacio donde juega Felipillo a la guerra.

7) “Vamos ganando la guerra”. Estribillo repetido por el ocurrente comandante supremo ante el incremento anual del número de muertes que hasta ahora ofrece más de 34.000 bajas en lo que va de su sexenio; esta declaración puede variar con otras frases igualmente ingeniosas y originales como “la violencia viene de los violentos”, “haremos retroceder a la delincuencia”, “los mexicanos estamos en pie”, etcétera.

8) Retén militar. Bloqueo en calles y carreteras del país utilizado por el ejército para asesinar a civiles indefensos, a quienes sin excepción se culpa de ser parte del “crimen organizado”.

9) Daño colateral. Otro sarcasmo manejado por los voceros de Sedena y los medios desinformativos para justificar los asesinatos de civiles inocentes y desarmados, que incluyen una alta proporción de mujeres y niños y que son perpetrados por fuerzas militares o policiacas en enfrentamientos armados diarios.

10) Fuero militar. Permiso para matar; protección ilegal e inconstitucional para garantizar la impunidad de los militares en los numerosos casos de abusos y asesinatos de población civil.

11) Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documentos siempre condenatorios que las autoridades civiles y militares mexicanas tiran al cesto de la basura sin haberlos leído.

12) Iniciativa Mérida: a) negocio redondo de Estados Unidos y sus socios menores mexicanos en el que se otorga dinero al gobierno mexicano para que lo gaste comprando equipos, servicios y armas a empresas casualmente estadunidenses; b) medio a través del cual agentes de todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos se establecen en México con funciones operativas sancionadas por la Constitución pero apoyadas abierta o solapadamente por el gobierno colaboracionista de Felipe Calderón.

13) Armada de México. Cuerpo castrense –los marines mexicanos– afín a Estados Unidos, cuyos comandos operan cuando en una plaza en pugna el ejército está tan involucrado con los chicos malos que no resulta confiable; se espera que en poco tiempo este grupo de elite tampoco sea confiable.

14) Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública y Agencia Federal de Investigación. Organismos costosos e inservibles para contener el avance del crimen organizado, las ejecuciones de los cárteles de la droga en México y garantizar una seguridad pública efectiva, profesional y respetuosa de los derechos humanos de los ciudadanos; por esta razón, el comandante supremo utiliza a las fuerzas armadas que –como se ha demostrado en estos cuatro años– tampoco pueden con la delincuencia organizada, incrementan en gran número las ejecuciones sumarias, no garantizan la seguridad pública de extensas regiones del país y, sobre todo, no respetan los derechos humanos.

15) Estadística aplicada. Incremento sostenido en: a) la cantidad mensual de muertos por violencia en México; b) los ingresos irrestrictos de la industria y el comercio de armas en Estados Unidos.

¡No más sangre!

(*) Periodista de La Jornada

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Las asesinadas de Cd. Juárez

Por Laura Carlsen (*)

La vida de Marisela Escobedo cambió para siempre en agosto de 2008 cuando su hija de dieciséis años, Rubí, no volvió más a casa.

Meses después fue en un basurero donde se encontró lo que quedaba del cuerpo de Rubí: 39 trozos de huesos calcinados. Rubí pasó a ser una macabra estadística más en Ciudad Juárez, el lugar con casi dos décadas de feminicidios. El asesinato de mujeres jóvenes, a menudo violadas y torturadas, llevó la infamia internacional a la ciudad mucho antes de que se convirtiera en el epicentro de la guerra contra la droga de Calderón y asumiera también el título de capital mundial del crimen.

Empero, para su madre, Rubí jamás podía convertirse en una estadística. Marisela sabía que un antiguo novio, Sergio Barraza, había asesinado a su hija. Como las autoridades no mostraban interés alguno por investigar el caso, empezó una cruzada de mujer sola por dos estados para llevar al asesino ante la justicia. La revista mexicana Proceso obtuvo recientemente los archivos de su caso. La odisea de Marisela le hizo ir siguiendo el rastro de un asesinato pero también el rastro del sexismo, de la corrupción y de la impunidad.

Es una odisea que termina el 16 de diciembre de 2010 cuando a Marisela -la madre- le volaron la cabeza en castigo a su continuada protesta por la ausencia de justicia para el asesinato de su hija de dos años antes.


Huellas de impunidad
Finalmente, Marisela Escobedo consiguió localizar a Barraza. Hizo que le arrestaran y le sometieran a juicio y vio por fin una posibilidad de que la justicia, que tan penosamente había tenido que buscar, le permitiera seguir adelante con su vida.

Pero en Ciudad Juárez, el término “justicia” es una broma de mal gusto, especialmente si eres mujer. A pesar del hecho de que Barraza confesó en el juicio y llevó a las autoridades ante el cadáver, tres jueces del estado de Chihuahua le liberaron. Marisela tuvo que ver como el asesino confeso de su hija salía del tribunal absuelto de todas las acusaciones por “falta de pruebas”.

Como consecuencia del incremento de las presiones por parte de las organizaciones de mujeres y de los derechos humanos, se abrió un nuevo juicio y Barraza fue condenado a 50 años de cárcel. Pero en ese momento hacía ya tiempo que había desaparecido sin que todavía haya podido detenérsele, a pesar del éxito de Marisela descubriendo su paradero y proporcionando información clave a policía y fiscales.

La historia no terminó ahí. Cada día, Marisela se levantaba para luchar por la justicia para su hija y buscar al asesino. Recibió múltiples amenazas de muerte. Respondía diciendo: “Si van a matarme, deberían hacerlo frente al edificio del gobierno a ver si así sienten todos algo de vergüenza”.

Y así ocurrió, dicho y hecho. Marisela llevaba sus demandas a la justicia desde la frontera de la capital del estado cuando un sicario se le acercó a plena luz del día, persiguiéndola y disparándole un tiro en la cabeza.

La historia de una familia había cerrado su círculo. Según todos los relatos, la muerte de Rubí se produjo a manos de un novio maltratador. Sin embargo, la muerte de Marisela vino facilitada por un sistema abusivo que trató de protegerse ante su determinación para denunciar su injusticia. No se conoce la identidad del sicario, pero la responsabilidad recae claramente en los miembros de un estado que, en el mejor de los casos, son incapaces de defender a las mujeres y, en el peor, culpables de complicidad en los asesinatos.


Violencia de género y violencia de la droga
A Ciudad Juárez se la ha descrito recientemente como Tierra de Nadie, donde las instituciones legales han perdido el control ante la potencia armada de los cárteles de la droga. Sin embargo, los feminicidios nos muestran que la cadena causal es realmente la inversa.

Hace diecisiete años, Ciudad Juárez empezó a registrar un número alarmante de casos de mujeres torturadas, asesinadas o desaparecidas. Durante décadas, las organizaciones feministas nacionales e internacionales presionaron al gobierno para que hiciera justicia. A su vez, el gobierno formó comisiones que cambiaban de siglas y directores con cada nuevo gobernador. Todos ellos compartían un rasgo distintivo: nunca conseguían llegar a parte alguna para resolver los crímenes de violencia de género y mucho menos para prevenirlos. Las recomendaciones al gobierno de México se amontonaban junto a los cadáveres: misiones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos proveyeron de alrededor de 200 recomendaciones para proteger los derechos de las mujeres, cincuenta de ellas referidas sólo a Ciudad Juárez.

El asesinato de Marisela se produjo un año después de que el Tribunal Interamericano para los Derechos Humanos emitiera una resolución en la que se hablaba de la negligencia del gobierno mexicano respecto a los asesinatos de las mujeres jóvenes. La resolución sobre el caso “Campo de Algodón” –llamado así por el solar donde el 21 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de tres mujeres- incluye una lista de medidas y reparaciones, la mayor parte de las cuales fueron rechazadas o ignoradas.

Desde los casos analizados en la resolución del Tribunal mencionado, la guerra de la droga emprendida en Ciudad Juárez por el gobierno mexicano, con el apoyo de la Iniciativa Mérida estadounidense, ha producido una cifra record de 15.273 homicidios en 2010 (con un total de 34.612 muertes desde que Calderón lanzara la ofensiva hace cuatro años). La estrategia se ha centrado en el uso de la violencia frente a los cárteles del narcotráfico para interceptar los envíos y capturar a los señores de la droga. Se ha basado en la militarización de la ciudad, lo que ha llevado una violencia a la región que nadie podía imaginar.

Irónicamente, el Presidente Felipe Calderón declara que los objetivos de la guerra contra la droga buscan aumentar la seguridad pública y fortalecer las instituciones legales. Pero la historia de los crímenes de género, y la respuesta del gobierno, revela los errores fundamentales de los actuales esfuerzos de lucha contra el narcotráfico y los fallos de un sistema que prácticamente garantiza la impunidad a través de un cóctel de corrupción institucional, sexismo, racismo, incompetencia e indiferencia.

Dado el historial de injusticia institucionalizada, la guerra contra la droga en Juárez se cortocircuitó desde el principio. La secuencia lógica de investigación, arresto, enjuiciamiento y castigo sencillamente no existe ante la ausencia de un sistema eficiente de justicia. Al desestabilizar el tráfico transfronterizo de los cárteles de la droga y lanzar guerras fuera de control, el gobierno desató una tormenta de violencia en relación con la droga a la que ni la policía ni las instituciones legales pueden hacer frente porque estas instituciones son disfuncionales. En ausencia de instituciones de apoyo o de una estrategia coherente, era de prever la explosión resultante de esa confrontación directa con los cárteles de la droga. Si algo nos muestra la tragedia de las cruces rosas erigidas en el desierto para marcar los casos sin resolver de las mujeres asesinadas, es que el problema fundamental consiste en que, en Juárez, las huellas llevan hasta el mismo gobierno. Hasta que no se ponga fin a la impunidad, la región seguirá atrayendo a la delincuencia, común u organizada, o simplemente perversa.

En ese entorno, los feminicidios en Juárez no sólo no se han resuelto nunca sino que han aumentado de forma espectacular –casi 300 en 2010-, junto con las tasas globales de homicidios. La guerra contra la droga del gobierno ha estimulado más violencia de género en lugar de disminuirla. Acoge a los que cometen asesinatos y otras barbaridades contra las mujeres al hacer del asesinato una parte normal de la vida diaria. Fomenta una sociedad armada donde las personas demasiado pobres para poder marcharse no tienen otra posibilidad que la de meterse bajo tierra para que no las machaquen por todos lados. No sólo Juárez acoge a asesinos, torturadores y violadores de mujeres, también les atrae.

La vulnerabilidad de las mujeres aumenta. Durante años, la impunidad le ha dado carta blanca a los asesinos de mujeres que encontraban que las trabajadoras de las maquiladoras eran objetivos especialmente fáciles para la tortura, actos de sadismo, violación, asesinato y otros actos posiblemente relacionados con las películas sobre asesinatos reales (snuff movies) y las redes internacionales de la delincuencia, todo ello encubierto por funcionarios del gobierno. Últimamente, los defensores de los derechos humanos de las mujeres se han convertido también en blanco. Poco después del asesinato de Marisela, se encontró a Susana Chavez asesinada y con una mano amputada. Chavez era una poeta feminista que acuñó la frase “¡Ni una muerte más!” que se convirtió en el eslogan del movimiento de mujeres de Juárez. Las mujeres activistas sienten como si se hubiera abierto una veda contra ellas.


La respuesta de la sociedad civil
El único rayo de luz ha surgido de la respuesta de la sociedad civil mexicana. Tras el asesinato de Marisela, una de las ex directoras de una de las comisiones del gobierno, Alicia Duarte, escribió una carta abierta al Presidente Calderón:

“Hace tres años, cuando dejé mi puesto de Fiscal Especial para la Atención a los Crímenes Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en la Oficina del Fiscal General, indiqué claramente que lo hacía por la vergüenza que sentía de pertenecer al corrupto sistema de justicia de mi país. En estos momentos, esa vergüenza vuelve a invadirme y me quema la piel y la conciencia, por tanto debo unirme a la indignación de todas las mujeres de este país que, al saber del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz y de los ataques contra su familia de hace pocos días, se han puesto a reclamar justicia…”

Mujeres y hombres se han manifestado por todo el país exigiendo que se resuelvan los procesos de Marisela y Rubí, pidiendo el fin de la impunidad que protege en cientos de casos a los asesinos y obligando al gobierno a cumplir con las recomendaciones para proteger a las mujeres e impedir más muertes. Sus protestas se han unido a un movimiento ciudadano de alcance nacional llamado “No Más Sangre”, en rechazo a la actual estrategia de la guerra contra la droga. Se ha llegado finalmente a un momento decisivo.

El asesinato de Marisela prácticamente en los escalones del Capitolio del Estado, simboliza la relación existente entre la violencia de género en las esferas privada y pública, entre el letal sexismo de hombres que matan a mujeres y los gobiernos que les permiten hacer impunemente lo que les viene en gana, entre una guerra contra el narcotráfico fuera de control y la ebullición de una duradera situación de crímenes de género sin castigo.

Nadie en el gobierno mexicano reconoce esas relaciones. Lo mismo podría aplicarse al gobierno de EEUU. El último informe del Departamento de Estado dio un aprobado a México en derechos humanos para que se autorizaran más apoyos a la Iniciativa Mérida para la guerra contra la droga. La indignación actual por el asesinato de Marisela y la nueva campaña “No Más Sangre” demuestran que el pueblo mexicano ha soportado ya suficientes excusas para la violencia en la que le están obligando a vivir.

Hasta que ambos gobiernos cambien de punto de vista ante la hipocresía de sus sistemas y políticas legales, la espiral de la violencia no hará más que continuar. En honor de Marisela y de tantas otras que se han atrevido a defender los derechos humanos y la justicia en México, es hora ya de que la sociedad civil a ambos lados de la frontera exija que se ponga fin al baño de sangre.

(*) Directora del Programa de Políticas para las Américas en Ciudad de México.

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Darwinismo social

Por Frei Betto (*)

La catástrofe en la región montañosa de Rio de Janeiro, publicada con todo despliegue, ha conmovido corazones y mentes, logrando movilizar al gobierno y la solidaridad. Pero queda siempre una pregunta: ¿quién ha tenido la culpa?, ¿quién es responsable de la pérdida de tantas vidas?
Del hecho de que los noticiarios muestran los efectos sin abordar las causas se saca la impresión de que la culpa la tuvo el azar. O, si se quiere, san Pedro. La ciudad de Sao Paulo se desbordó y el alcalde en ningún momento hizo autocrítica de su administración. Apenas echó la culpa al exceso de agua caída del cielo. El mismo cinismo se repitió en varios municipios brasileños que quedaron bajo las aguas.

Sin embargo no sucede nada por casualidad. En 2008 el huracán Ike atravesó Cuba de sur a norte, derribó 400.000 casas, causó un daño de 4.000 millones de dólares y murieron 7 personas. ¿Por qué no fue mayor el número de muertos? Porque en Cuba funciona el sistema de prevención de catástrofes naturales, mientras que en el Brasil el gobierno ha prometido instalar un sistema de alerta ¡en 2015!

El ecocidio de la región montañosa fluminense tiene responsables. El principal de ellos es el poder público, que nunca promovió la reforma agraria en el país. Nuestras enormes extensiones de terreno están en manos del latifundismo o de la especulación. De tal modo el desarrollo brasileño se dio según el modelo saci , de una sola pierna, la urbana.

En la zona rural hacen falta carreteras, energía (el programa Luz para todos llegó con Lula), escuelas de calidad y sobre todo empleos. Para escapar de la miseria y del atraso el brasileño emigra del campo a la ciudad. Por eso hoy más del 80% de nuestra población abarrota las ciudades.

En los países desarrollados, como Francia e Italia, vivir fuera de las megápolis es disfrutar de una mejor calidad de vida. Pero aquí basta con salir del casco urbano para encontrarnos con calles sin asfaltar, casuchas en ruinas, gentes con la señal en el rostro de la pobreza a la que están condenadas.

Nuestros municipios no tienen un plan urbanístico ni control sobre la especulación inmobiliaria. Se invaden selvas vírgenes, se contaminan ríos y lagos, se deforestan montes, se ocupan áreas de reserva ambiental. ¡Y todavía hay quienes insisten en flexibilizar el Código Forestal! Darwin enseñó que, en la naturaleza, sobreviven los más aptos. Y el sistema capitalista creó estructuras para promover la selección social, de modo que los miserables se mueran cuanto antes.

En las guerras es a los pobres y a los hijos de los pobres a quienes se lleva a los frentes de combate. Ingresar en EE.UU. y obtener documentos legales para vivir allí es una epopeya que exige riesgos y mañas. Pero cualquier joven latinoamericano dispuesto a alistarse en sus Fuerzas Armadas encontrará las puertas abiertas de par en par.

Los pobres no se mueren de muerte repentina (por cierto que en Bélgica se fabrica una cerveza llamada Muerte súbita). La selección social no se da con la rapidez con la que las cámaras de gas de Hitler mataban judíos, comunistas, gitanos y homosexuales. Es más atroz, más lenta, como una tortura que se prolonga día a día, mediante la falta de dinero, de empleo, de escuela, de atención médica, etc.

Expulsados del campo por el ganado que invade incluso la Amazonía, por los cañaverales donde se practica el trabajo semiesclavo, por el cultivo de la soya o por las inmensas extensiones de tierras ociosas a la espera de su revalorización, las familias brasileñas emprenden el camino de la ciudad con la esperanza de una vida mejor.

No hay quien las reciba, las oriente, quien se preocupe de sus condiciones de salud, su aptitud profesional o la escolaridad de sus niños. Recibida por un pariente o amigo, la familia se instala como puede: ocupa las laderas, arma una champa en la periferia, amplía la favela. Y todo le resulta muy difícil: alistarse en el programa Bolsa Familia, conseguir una escuela para sus hijos, encontrar atención sanitaria. Urgida por la sobrevivencia, busca la economía informal, una ocupación cualquiera y a veces la ilegalidad, la criminalidad o el tráfico de drogas.

Es este darwinismo social, que favorece la acumulación de mucha riqueza en pocas manos (65% de la riqueza del Brasil está en manos de apenas el 20% de la población), el que hace de los pobres víctimas de la indiferencia del gobierno, de la falta de planificación y del rigor de la ley contra los que, ansiosos por multiplicar su capital, ignoran los marcos legales y fomentan la especulación inmobiliaria. ¡Y todavía quieren flexibilizar el Código Forestal, repito!

(*) Teólogo.

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A por los Objetivos de Consumo para el Milenio

Por Feizal Samath (*)

El científico srilankés Mohan Munasinghe llama a elaborar los "Objetivos de Consumo para el Milenio", a fin de obligar a los países ricos a reducir sus hábitos perjudiciales para el ambiente.

"Ahora tenemos para los pobres los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio. Deberíamos extender eso a los ricos y asegurarnos de que consuman de modo más sustentable", dijo este experto en cambio climático.

Los Objetivos de Desarrollo, definidos en 2000 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyen, entre otras cosas, reducir a la mitad la proporción de personas que padecen pobreza y hambre (en relación a 1990) para el año 2015.

Según él, esto es necesario porque 85 por ciento de todo el consumo mundial está en manos del 20 por ciento de los más ricos del mundo.

"Si ellos pueden ser más sustentables en materia de consumo, se puede reducir la carga ambiental en gran medida", dijo Munasinghe en una entrevista con IPS en Colombo, donde está radicado.

Munasinghe es vicepresidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (conocido por sus siglas en inglés IPCC), que en 2007 compartió el Premio Nobel de la Paz con el ex vicepresidente estadounidense Al Gore.

Este especialista destacó los severos cambios en los patrones meteorológicos ocurridos debidos a la ocurrencia consecutiva de El Niño y La Niña en diciembre.

El Niño es la fase cálida de la Oscilación del Sur (ENOS), y ocurre cuando la temperatura del agua del océano Pacífico se enfría en el sudeste asiático y se calienta cerca de la costa sudamericana, con repercusiones mundiales. Su contraparte, La Niña, es la fase fría del ENOS.

En Sri Lanka, inundaciones y un periodo extremadamente frío mataron a más de 40 personas y afectaron a un millón más. Cientos de hectáreas de arrozales y otros cultivos quedaron destruidos por las aguas furiosas, lo que causó un aumento de los precios de verduras y otros productos básicos.

Munasinghe dijo que ahora la principal prioridad de su país es reducir la vulnerabilidad de los pobres ante los impactos del cambio climático.

"Nuestras emisiones de carbono son bajas. Aunque es posible que necesitemos reducirlas en el futuro, nuestro principal problema no es ése, sino reducir la vulnerabilidad, dado que afecta más a los pobres. Es muy injusto, porque son las emisiones de dióxido de carbono de los ricos las que han causado el problema", enfatizó.

El meteorólogo Sarath Premadasa dijo que lo que está ocurriendo en Sri Lanka y en el resto del mundo es una intensidad cada vez mayor de los fenómenos extremos. "Si es una sequía, es peor que antes. Las lluvias también son de alta intensidad", ejemplificó.

Según Champa Navaratna, directora de Ingeniería Agrícola en la Universidad de Ruhunu, los erráticos patrones meteorológicos crearán una severa escasez alimentaria e inseguridad alimentaria este año.

"Investigamos mucho para desarrollar mejores patrones de cultivo para nuestros agricultores en base al estado del tiempo, pero ahora esto es casi imposible", dijo.

Sri Lanka tiene dos estaciones de cultivo de arroz, pero en los últimos seis meses solamente los agricultores del sureño distrito de Matara tuvieron que sembrar tres veces en vez de una, por culpa de las repentinas inundaciones, señaló.

"Sin dudas tendremos una crisis alimentaria a mediados de 2011", agregó.

Algunas de las principales áreas de preocupación en Sri Lanka, según Munasinghe, son su vulnerabilidad a las sequías y las altas temperaturas en la zona seca, y el impacto sobre la agricultura y el arroz, donde para 2050 puede haber una reducción de 20 por ciento en los rendimientos.

Y luego están las inundaciones y los deslizamientos de tierras en la zona húmeda, debido a las lluvias excesivas, el aumento del nivel del mar y tormentas que afectarán las pesquerías y a las poblaciones costeras. Es probable que empeoren enfermedades originadas en la mala calidad del agua y transmitidas por mosquitos que ya prevalecen en el país, debido al desarrollo insostenible.

"Necesitamos una Sri Lanka a prueba de clima, volviendo más sustentable nuestro camino de desarrollo", dijo Munasinghe.

El mes pasado, este experto fue uno de los tres que hablaron sobre el cambio climático ante una concurrida sesión en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Los otros dos fueron Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y Martin Kohr, director ejecutivo del Centro del Sur.

Munasinghe asesora a gobiernos y también a corporaciones multinacionales como Tesco y Unilever en materia de desarrollo sustentable y cambio climático.

Dos días después de la sesión de la ONU, Munasinghe informó a altos funcionarios del Banco Mundial sobre clima y desarrollo, y también sobre la necesidad de adoptar un enfoque integrado sobre estos temas.

Munasinghe también estuvo en diciembre en China, donde mantuvo tres reuniones con funcionarios del gobierno, así como con representantes de la sociedad civil y empresarios.

(*) Periodista IPS.

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Semana política

26 de enero, 2011   ¡Hola!  Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana. El 2012 empieza en Guerrero. Y el trampolín se llama Súper Vía. Cuesta de enero y discusión política.    El 2012 empieza en Guerrero. Guerrero es un estado con mucho por mejorar, tiene los niveles más altos de marginación del país y es, además, uno de los estados menos productivos. Sin embargo, la contienda por la gubernatura ha estado lejos de ser un espacio para la confrontación de propuestas que saquen al estado y sus ciudadanos de la situación en que se encuentran. En contraste, la dinámica de la competencia ha respondido a una disputa entre élites locales priístas y, también, a la lógica de la sucesión Presidencial de 2012 que escala todo proceso electoral local a un plano nacional. La postulación de un ex priísta (descartado por el PRI como candidato) por la alianza política encabezada por el PRD muestra, nuevamente, la resolución de intereses locales como un punto débil del PRI. La disposición de la izquierda a pasar por alto el pasado de su candidato como parte de un esfuerzo por frenar al PRI, tanto en Guerrero como más allá de él, pone en marcha la maquinaria electoral de los partidos a nivel nacional –lo que además representa para dos aspirantes a la Presidencia (Ebrard y Peña Nieto) una oportunidad para posicionarse localmente apoyando abiertamente a su respectivo candidato. A esta dinámica se suma el PAN al declinar su candidato a favor del PRD, conformando así una alianza política de facto en el estado. En lo que respecta al proceso electoral se vislumbra un escenario complejo. Dado el estrecho margen en las preferencias electorales (de entre 5% y 10%), los diversos incidentes violentos vinculados a la elección y la presunta participación irregular de funcionarios públicos de otros estados, se abre la posibilidad de que se presenten un importante número de impugnaciones que, inclusive, pudieran provocar la anulación del proceso electoral. Y el trampolín se llama Súper Vía. La construcción de la Supervía Poniente en la Ciudad de México se presenta como un reto para el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, tanto para su futuro político como para el de la Ciudad. Si bien se trata de un conflicto local en el que pueden existir demandas legítimas de grupos afectados con la realización de la obra y que hay procedimientos de construcción que deben cumplirse, es claro que en la oposición a ella también hay un fuerte componente político. En la construcción de la Supervía Poniente diversos actores ven la posibilidad de jugar sus cartas a un año de la sucesión en la Jefatura de Gobierno. La disidencia en el propio PRD constituye una forma de presión a Ebrard –tanto por el futuro control de la ciudad como por el debilitamiento de su imagen. Mientras tanto, para algunos personajes del PAN, la oposición a la obra es parte de una estrategia de posicionamiento –que se viene desarrollando desde hace tiempo– con el objetivo de competir por el puesto que hoy ocupa Ebrard.Si Ebrard logra derrotar a la oposición a la obra habrá ganado en dos frentes: consolidar su imagen en función a su aspiración Presidencial y quitarle herramientas a quienes disputan el control de la Ciudad..  Cuesta de enero y discusión política. Como cada año, la “cuesta de enero” se vuelve blanco de la discusión política. Se trata de un tema delicado para el Gobierno Federal y electoralmente rentable para la oposición. Ciertamente, la percepción de una mayor inflación, aunada a una lenta recuperación, afecta la opinión que la sociedad tiene del rumbo de la economía del país, y por lo tanto, del PAN en víspera de las elecciones de 2012.Esto ha llevado al Gobierno Federal a reaccionar de forma contradictoria ante declaraciones de grupos productores de tortilla e industriales anunciando un alza de precios. Si bien se aclaró que, en el caso de las tortillas, se trata de un mercado cuyos precios fluctúan por la disponibilidad de los insumos, la respuesta gubernamental desembocó en un “pacto” para controlar el aumento de los precios y amenazas de castigo por parte de la Secretaría de Economía por incumplimiento del acuerdo.El Banco de México asegura que la inflación está bajo control, reportando inclusive un aumento menor al de enero del año pasado –en parte por un necesario cambio en la definición de la canasta básica. Sin embargo, los partidos de oposición (particularmente el PRI) aprovechan la desconfianza de las personas hacia la información gubernamental para exigir un cambio en la política económica. Se trata de un discurso cuyo propósito es mermar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno para aprovechar los beneficios en las urnas. Más allá de la coyuntura, la pregunta relevante es hacia qué tipo de decisiones de política pública lleva esta forma – que privilegia la lógica electoral – de abordar los temas económicos. .

 

La descomposición del Cáucaso

Un nuevo ciclo de venganzas amenaza la estabilidad política de toda la región, donde los fundamentalistas reclutan adeptos entre una juventud desalentada y las autoridades prorrusas locales imponen su ley con total impunidad.

Un caucásico le dijo una vez al escritor Wojciech Jagielski que en su tierra tendría lugar la guerra final entre la civilización europea y la asiática, entre el cristianismo y el islam, y sería la última guerra, la definitiva. Sin vocación apocalíptica, hay que reconocer que los ingredientes de esa profecía se están materializando en la región y en especial en el norte, escenario de una nueva oleada de violencia y de una descomposición social y económica en la que se cuelan invisibles injerencias externas. No se trata de una batalla final ni de resucitar a Huntington, pero nadie puede negar que allí coexisten conflictos en los que se mezclan factores religiosos, étnicos y sociales, amén de otros paralelos por el control del territorio y la búsqueda de influencia de países de Oriente y de Occidente, grupos mafiosos, clanes y terroristas islámicos.

En el norte, la batalla principal se libra entre dos viejos rivales, Rusia y los antiguos guerrilleros de la región, reconvertidos en fundamentalistas bastardos, hijos de madre separatista y padre financiador, Al Qaeda. Sobrecogido, Moscú observa el espantoso aumento del terrorismo, su persistencia en el tiempo y su capacidad para desestabilizar políticamente la zona y golpear como y donde quiere. A pesar de la reconstrucción, la mejora de la calidad de vida y el fin del régimen de operación antiterrorista, en Chechenia la violencia extremista, nacida de las semillas del odio, ha sobrevivido y se ha extendido en la década pasada hacia los territorios vecinos de Ingushetia, Daguestán, Osetia del Norte y Kabardino Balkaria, donde se contabilizan hasta 11 grupos fundamentalistas islámicos, según los servicios de inteligencia rusos.

En los últimos tiempos, el extremismo ha dado un paso más en su desafío. El año pasado se registró un récord histórico de incidentes violentos en el norte del Cáucaso (481 en 2009), más de un tercio con respecto al año anterior (281 en 2008), según los datos del estudio elaborado por el Center for Strategic and Internacional Studies (CSIS), que incluyen secuestros de personal militar y civil, bombas, asesinatos de líderes civiles y militares, ataques rebeldes, operaciones de la Policía o del Ejército contra militantes sospechosos, destrucción de propiedades o incautación de armas. En 2009 murieron un total de 1.263 personas (entre militares, policías y civiles) en 786 ataques guerrilleros, según cifras oficiales. A la vista de este incremento, a nadie le extraña que el presidente ruso, Dmitri Medvédev, lo considere el problema más serio de la política interior de su país.

Radicalización insurgente. Aunque Rusia lidia desde hace siglos con la legendaria rebeldía chechena, el yihadismo es un fenómeno relativamente nuevo en la zona. En la Federación Rusa hay 20 millones de musulmanes, pero el extremismo apareció hace sólo unos años, con la caída de la URSS. Entonces, los wahabíes entraron en escena para sacar tajada del maltrecho Cáucaso postsoviético, apropiándose de la causa del separatismo checheno, explotando su frustración, su odio y su impotencia de perdedor y alentando las ansias de venganza de las víctimas de la guerra. Los wahabíes divulgan un paralelismo confuso entre identidad nacional y religiosa, y lo alimentan con la ayuda inestimable de las arcas de Bin Laden, que repartió fondos para financiar a los guerrilleros chechenos en un primer momento y a los terroristas islamistas en la actualidad, según el Kremlin. De hecho, la corriente salafista comenzó a expandirse entre los separatistas a partir de 1999 y gracias a los líderes guerrilleros chechenos Khattab y Shamil Basayev, a quienes les convenía para lograr financiación exterior.

La instauración del islam radical triunfó en las trincheras pero no cuajó a gran escala, pues la mayoría de la población del Cáucaso sigue la corriente sufí, más tolerante y contraria al uso de la violencia, hoy en pie de guerra por su supervivencia frente a un islamismo militante foráneo y armado hasta los dientes. Al extremismo contribuyen los jóvenes que estudiaron en los 90 en países árabes y ahora han regresado a casa, como señala la investigadora Svetlana Akkíeva. Se han producido un choque generacional y luchas intestinas en la comunidad musulmana entre los que luchan por preservar el islam tradicional del Cáucaso y los ataques de una juventud que defiende el puro y verdadero islam, es decir, el wahabismo de Arabia Saudí. La situación está al rojo vivo, y ha llegado a tal extremo que cinco imanes murieron y otros cinco resultaron heridos en 2009 a manos de fundamentalistas, según los medios locales.

Alexander Cherkasov, miembro de la organización de defensa de los derechos humanos Memorial (premio Sajárov 2009 a la libertad de conciencia), confirma la radicalización de la resistencia chechena en los últimos años: “En 2003, los jóvenes se iban a las montañas para unirse a los guerrilleros y su objetivo era únicamente la independencia, su ansia de participación en el espacio político”. Sin embargo, “ahora ha aparecido el que se hace llamar emir Doku Umarov –responsable de los atentados de abril en el metro de Moscú–, que ha anunciado la creación de un emirato del Cáucaso del Norte y su alineación con la yihad”, asegura.

Pero, a pesar de la escenografía y la retórica yihadista, esos muchachos que se entregan a la muerte por una causa no lo hacen por Alá. “Lo que buscan es justicia”, asegura Cherkasov. Se trata en su mayoría de familiares de fallecidos en los conflictos con Rusia o en la guerra sucia actual, y “su búsqueda de venganza responde a la necesidad de encontrar justicia social en su tierra. La represión rusa y la impunidad los empujan a integrar esos grupos salafistas”. Su compañera en Memorial, Stevtlana Galúshkina, coincide en que “parte de culpa la tienen las autoridades locales tuteladas por Rusia, que aterrorizan a la población empujando a estos jóvenes al radicalismo”. En definitiva, la religión es un catalizador y no un factor determinante de la violencia.

La falta de oportunidades y la crisis económica terminan de captar a una juventud que convierte el cinturón de explosivos en su última palabra. Los nuevos kamikazes son adolescentes de entre 10 y 14 años que inhalan el islam extremista en una shisha moral que narcotiza la desilusión y devuelve la confianza. “Los jóvenes se unen a estos grupos porque no tienen otra opción”, señala Ganúshkina. “En Chechenia no pueden criticar al presidente, Ramzan Kadírov, porque corren el peligro de ser torturados o asesinados. Por lo tanto, para ellos entrar en un grupo fundamentalista es la protesta final”, asegura.

En el país, la perpetuidad de la violencia más allá del fin de la contienda “es el resultado de la política rusa, de su represión, de las desapariciones, los secuestros, las prisiones secretas, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales” de estos años, denuncia Cherkasov. Memorial perdió en Grozny a una de sus activistas, Natalia Estemírova, encargada de documentar el terrorismo de Estado, asesinada el 16 de julio de 2009. Su cadáver apareció a las afueras de la ciudad. En la última década se contabilizan más de tres mil desaparecidos en la república autónoma, según los datos de Memorial.

Kadírov, artífice de la ‘guerra sucia’. El presidente Ramzan Kadírov, de 33 años, es un dirigente excéntrico y peculiar que gusta de excesos y de rarezas. Hijo de un muftí asesinado en 2004 y musulmán practicante, tiene el mérito de mantener a raya a los clanes y a las mafias locales, eliminando de raíz el terrorismo extremista con mano de hierro. Este hijo pródigo que “pacifica” la zona, según Putin, goza de una amplísima confianza y del amparo protector de las autoridades rusas. Buen alumno, se ha beneficiado de importantes sumas que le han ayudado a reconstruir Grozny y a lograr, por ejemplo, que la electricidad llegue hasta las recónditas zonas montañosas, algo impensable en tiempos soviéticos. A cambio de su lealtad, Putin y Medvédev callan ante las atrocidades que denuncian los activistas de derechos humanos y los periodistas en Chechenia, uno de los lugares más peligrosos en el ranking de los 40 “depredadores” de la libertad de prensa, según el informe de Reporteros Sin Fronteras 2010.

Sus venganzas no sólo se ciñen a los límites geográficos de la república que dirige. Según Cherkasov, Kadírov no tiene escrúpulos a la hora de eliminar a sus enemigos, incluso en Europa. Es el caso de Umar Israilov, un joven de 27 años asesinado en enero de este año en Viena, donde vivía como refugiado tras abandonar los kadirovtzi, el grupo paramilitar al servicio de la guerra sucia de Kadírov en Chechenia. Umar se había convertido en una molestia porque denunció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones que presenció. “El problema ya no se circunscribe a Rusia, sino que comienza a ser un peligro también para Europa”, advierte Cherkasov. De hecho, es la primera vez que una autoridad occidental, la fiscalía austriaca, presenta ante un tribunal pruebas directas que relacionan al presidente checheno y a su consejero Shaa Turlayev –que viajó a Viena poco antes del asesinato del refugiado– con la muerte de un oponente.

El kremlin se desentiende Mientras tanto, Moscú mira hacia otro lado. Su política en el norte del Cáucaso consiste en responder con la máxima contundencia a cada ataque terrorista, intentando golpear más fuerte. A un atentado le sigue una oleada sin piedad de represión con operaciones especiales del Servicio Federal de Seguridad (FSB, ex KGB) que buscan “aniquilar” a los responsables, sobre todo en Daguestán e Ingushetia. El último ejemplo es la muerte a tiros del presunto terrorista Magomed Gardanov en una mezquita de Nazrán el pasado 5 de mayo. El horror se complementa con el incendio de las casas de los familiares de los sospechosos de terrorismo, o incluso con el secuestro de sus seres queridos, que en algunos casos desaparecen. Esto sucede con la mayor impunidad, sin denuncias ni juicios, según Memorial.

Lejos de cambiar, el presidente ruso, Dmitri Medvédev, demostró en abril que el Kremlin cree en su política de castigo y que, una vez más en el ciclo de la historia, no le tiembla el pulso en el Cáucaso. En una visita a Majashcalá (Daguestán) tras los atentados del metro, anunció que los métodos contra el terrorismo debían ser todavía más firmes y, “si se quiere, más crueles y preventivos, para evitar atentados terroristas”. Añadió que Rusia ha conseguido “arrancar la cabeza a los bandidos más odiosos” y prometió “encontrarlos y castigarlos a todos”. Aunque al mismo tiempo y en otros foros, el tándem Medvédev-Putin reconoce que, a pesar de que extremistas islámicos reciben ayuda desde el exterior, hay otros motores que hacen funcionar esa violencia, como la “persistente pobreza, el alto índice de desempleo y la corrupción a gran escala”, según el presidente, a los que el primer ministro añade el crimen organizado y la guerra entre clanes.

De modo que Moscú practica una de cal y otra de arena, apretando fuerte pero aflojando la correa con la designación de presidentes moderados y aperturistas, como Iunusbek Yevkúrov, que sustituyó en Ingushetia al agente del FSB Murat Ziázikov, quien gobernaba con métodos brutales e impunidad total. Heredó un territorio con casi un 50% de paro, un salario medio de unos 160 euros al mes y una corrupción endémica a todos los niveles. Dos años después y pesar de los pesares, Yevkúrov ha comprobado en sus propias carnes un empeoramiento de la situación, saliendo vivo de un atentado que casi le cuesta la vida en 2009.

Para Ganúshkina, “el Gobierno ya no puede proteger a la población y actúa de manera arbitraria. El actual presidente está intentando cambiar la situación, aunque con poco éxito. Pero al menos lo intenta”. En Daguestán, Magamed Magomedsalam Magomédov hace lo propio, pero los terroristas parecen reproducirse de la nada y multiplican sus acciones, como la que acabó con la vida del ministro del Interior en 2009, Adilgueréi Magomedtaguírov. En un último intento de apaciguar la región, el Kremlin creó en enero un nuevo distrito federal que agrupa las unidades administrativas más conflictivas, dirigido por Alexandr Jloponin, con fama de buen gestor económico.

Clanes, mafias y ‘vendettas’ La solución a todos estos problemas no es sencilla. En palabras de Thornike Gordadze, investigador responsable del Observatorio del Cáucaso en Estambul, el norte del Cáucaso es un hogar de insurrección permanente desde el siglo XIX y no hay una receta milagro. Se trata de una región donde cohabitan decenas de etnias distintas y los actores son múltiples. “En Daguestán está la mafia, que ha hecho su negocio con el petróleo y el caviar del mar Caspio, los islamistas y grupos de todo tipo con una lealtad cambiante”, asegura. El poder federal ruso lleva a cabo una política de chechenización, pagando a unos grupos para combatir a otros. No es nada nuevo: Stalin ya utilizó en su época el “divide y vencerás” en esta zona, enfrentando a osetios con ingushetios, a kabardinos con bálkaros o a chechenos con daguestaníes.

Al enfrentamiento étnico contribuyó también el desmoronamiento de la Unión Soviética, que despertó una desatada exaltación de identidades nacionales, dando lugar a 15 nuevos Estados y a diversos conflictos armados con los que tuvo que lidiar el actual primer ministro y ex agente del KGB, Vladímir Putin, el hombre para el que la caída de la URSS fue la mayor catástrofe del siglo XX. Parte del problema hoy es la perpetuidad de Putin en el poder, dirigente identificado en el Cáucaso como parte activa de los crueles y sangrientos conflictos separatistas que se desataron en el norte y en el sur, resueltos todos a cañonazos.

En la actualidad, al terrorismo islamista, la inestabilidad política, la altísima corrupción y el desempleo se suman los conflictos derivados de la extrema diversidad étnica y religiosa. En el Cáucaso se practican al menos siete religiones, se hablan más de sesenta lenguas distintas y, por si fuera poco ,conviven múltiples clanes que aún practican la tradicional vendetta o venganza de sangre, espirales de ajustes de cuentas sin fin que en algunas ocasiones se arreglan con acuerdos económicos. A ello hay que sumar las distintas actividades ilícitas presentes en la región, entre las que destaca el narcotráfico, disperso entre el norte y el sur, al ser zona de paso de la heroína afgana. La población vive atrapada en estas múltiples formas de violencia, sumamente complejas y difíciles de esquivar en la vida cotidiana.

La transcaucasia, zona de paso de gas y petróleo Para completar el mapa, si el norte vive horas difíciles, en el sur Georgia, Osetia del Sur y Abjasia se encuentran en un periodo de postguerra tras los enfrentamientos exprés entre Tiflis y Moscú en agosto de 2008 que desembocaron en la anexión por parte de Rusia de dos territorios largamente deseados (Osetia del Sur y Abjasia), sin que la comunidad internacional hiciera nada por impedirlo. Georgia, aliado de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) en el Cáucaso, ha pagado muy cara su fidelidad a Occidente y su voluntad de convertirse en zona de paso de oleoductos desde el mar Caspio. Una alternativa de la UE para esquivar a Rusia y sus caprichosos cortes de suministro. En concreto, por Georgia transcurre ya el oleoducto BTC, de 1.768 kilómetros y el segundo del mundo capaz de bombear un millón de barriles diarios, que compite con los del gigante ruso Gazprom.

En definitiva, el sur del Cáucaso o Transcaucasia (que incluye los territorios independientes de Azerbaiyán, Armenia y Georgia) es hoy una zona castigada por guerras y limpiezas étnicas, con un conflicto enquistado y dilatado en el tiempo, el del Alto Karabaj (territorio disputado desde 1988 entre Armenia y Azerbaiyán, y aún sin resolver); con una importancia estratégica creciente, al ser limítrofe con Turquía e Irán, y con una importante red de oleoductos y gasoductos expuesta al vaivén de las potencias –codiciada por su emplazamiento estratégico entre el mar Caspio y el mar Negro–. De esto último, el que parece sacar más partido es Azerbaiyán, ribereño del Caspio (que contiene casi el 15% del total de las reservas petroleras del mundo y un 50% de las reservas de gas natural) y cuyo PIB en 2007 alcanzó el 24% de crecimiento anual, cifra no superada por ninguna nación del mundo, según el análisis del profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) Ricardo Álvarez-Maldonado.

De norte a sur, de este a oeste, el Cáucaso, puente entre culturas mil veces conquistado, políticamente frágil, plural, tradicional, multiétnico y multirreligioso, no termina de encontrar la paz en la era postsoviética. Para alcanzar la estabilidad será esencial el papel de la Rusia de Putin, el verdadero líder en la sombra del país, cuya política exterior se reduce en la actualidad a operaciones antiterroristas y a la feroz recuperación de la influencia en el espacio perdido tras la caída de la URSS (o al impedimento de que otros la consigan, como la Unión Europea o la OTAN). En este sentido, la guerra de Georgia le ha otorgado un papel de fortaleza que resulta decisivo en el cambio de óptica política de territorios como Ucrania o Uzbekistán, donde se producen acercamientos con Moscú.

En el norte, la pacificación de la zona debería comenzar de la mano del Kremlin. El terrorismo parece ser el problema único y prioritario para los dirigentes rusos, sin atender a otros factores, como el desarrollo económico, la democracia y los derechos humanos. “El terrorismo está ahí y hay que resolverlo a largo plazo, no se puede solucionar de un día para otro”, afirma Cherkasov. Existe un futuro posible si se legisla contra el extremismo y el terrorismo, se sientan las bases para atajar la corrupción, se crea un sistema judicial democrático y se termina con la guerra sucia de raíz. En cuanto al sur, Rusia debería dejar a Georgia buscar sus propios intereses respetando su soberanía, aunque se oriente hacia la UE o la OTAN y no guste. Un esfuerzo es necesario para que el Cáucaso deje de ser, parafraseando a Jagielski, un buen lugar para morir.

Cómo la crisis en el Cáucaso Norte podría hacerse global.

Las fúnebres noticias diarias que llegan de la revuelta región rusa del Cáucaso Norte -bombas en edificios policiales en Ingushetia, activistas pro derechos humanos asesinados en Chechenia y tiroteos en Daguestán- dejan claro que la insurgencia allí sigue lejos de estar acabada, a pesar de que Moscú se atribuya a menudo la victoria. El conflicto se ha fragmentado y metastatizado, y ambos bandos son culpables de cometer todo tipo de atrocidades. Las guerrillas están recurriendo cada vez más a los atentados suicidas, y no descartan más tomas masivas de rehenes, como la de la escuela de Beslán en 2004. Los activistas en favor de los derechos humanos y los rivales del presidente chechenio, Ramzán Kadírov, son asesinados en Moscú, en Grozni (la capital de Chechenia) y en el extranjero con total impunidad.

El que definitivamente sería el peor de los escenarios -una unión gradual de los insurgentes de Asia Central con los jóvenes combatientes islamistas del Cáucaso Norte- podría ser remoto, pero ahora es posible. En primer lugar, tendría que continuar la política rusa de brutalidad indiscriminada en la zona, garantizando un flujo regular de nuevos reclutas para la causa islamista. En segundo lugar, los talibán deberían consolidarse a lo largo de las fronteras de Afganistán con países como Turkmenistán, Uzbekistán o Tayikistán, convirtiendo las zonas fronterizas en refugios seguros y creando una serie de conductos que permitieran a los combatientes desplazarse desde Afganistán al interior de Asia Central y más allá. Por último, los yihadistas de Asia Central provenientes de países como Kirguizistán, Tayikistán o Uzbekistán deberían convertirse en una fuerza de combate de un tamaño lo suficientemente grande como para ejercer una presión seria en la región. Lo primero ya está sucediendo. Lo segundo es cuestión de tiempo. Lo tercero no se puede descartar. Estos sucesos amenazan con transformar el conflicto en el Cáucaso, convirtiendo una lucha secesionista en algo mucho más amenazador.

¿Cuál es en al actualidad la situación del conflicto? Por un lado está Kadírov, antiguo miembro de la guerrilla separatista y después autoproclamado defensor de las fronteras de Rusia. Él se ha convertido en el principal paladín del Kremlin en la región. En el otro lado se sitúan las guerrillas del Cáucaso Norte, lideradas por Doku Umarov. Como Kadírov, éste también luchó en la primera guerra contra los rusos, de 1992 a 1996. Desde entonces ha adoptado la causa islamista. Él y sus combatientes luchan por el establecimiento de un califato, y ahora es conocido como “el emir del Emirato del Cáucaso”. Umarov está secundado por un hábil organizador guerrillero que responde al nombre en clave de Magas. Pertenece a la etnia ingush y está conectado con el ataque contra la escuela de Beslán en 2004 en el que murieron 330 personas, entre ellas 176 niños. En el pasado, muchos guerrilleros chechenos, incluyendo a su antiguo líder, Aslán Masjádov, repudiaron este tipo de barbarie. Umarov, no obstante, señaló en una reciente entrevista que “si es la voluntad de Alá” habría más ataques del estilo de Beslán. “En la medida de lo posible, intentaremos evitar los objetivos civiles”, explicó. “Pero para mí no hay civiles en Rusia”.

El gobierno regional es igualmente siniestro. Los medios de comunicación y grupos en defensa de los derechos humanos occidentales llevan tiempo acusando a los servicios de seguridad de Kadírov de una desagradable lista de atrocidades, incluyendo el secuestro, la tortura y el asesinato, todo lo cual, obviamente, él niega. A mediados de julio, una de las activistas a favor de las libertades más conocidas de Chechenia, Natalia Estemirova, fue secuestrada y asesinada. En agosto, Zarema Sadulayeva, que trabajaba para una organización benéfica infantil, y su marido fueron secuestrados en su oficina y asesinados. Dos miembros de la familia Yamadayev, señores de la guerra cercanos a los servicios de inteligencia militar rusos, murieron hace poco tras enemistarse con Kadírov el año pasado. Uno fue asesinado en las cercanías de la oficina del primer ministro en el centro de Moscú, el otro en Dubai. Recientemente, se produjo un intento de asesinato sobre un tercer hermano.

Kadírov rechaza cualquier responsabilidad por estos sucesos. Los ataques a los Yamadayev tienen el propósito de desacreditarle, según afirma. Niega además cualquier conexión con el asesinato de Estemirova. “¿Por qué iba Kadírov a matar a una mujer que nadie necesita?”, declaró durante una reciente entrevista con Radio Free Europe/Radio Liberty. “Ella nunca tuvo honor, dignidad o conciencia”. Su retorcida lógica recuerda a la de su autoproclamado ídolo, el primer ministro Vladímir Putin, quien, cuando se le preguntó sobre el asesinato en 2006 de la periodista crítica Anna Politkovskaya, describió su influencia como extremadamente insignificante.

Las frívolas baladronadas de Putin en momentos como ese marcan el tono de la brutalidad general de la lucha en el Cáucaso Norte. He aquí un hombre que regaló cuchillos de caza a sus tropas en Chechenia en el momento álgido de esa batalla, en enero de 2000. La política de Moscú, si es que puede llamarse así, puede resumirse en dos simples puntos. Primero, ignora el conflicto durante todo el tiempo que sea posible. Mantenlo lejos de los medios de comunicación convencionales, y por tanto de la mirada de la opinión pública. Asegúrate de que las masas no se ven distraídas o desmoralizadas por las noticias. Segundo, si la cosa se pone de verdad muy mal, manda las tropas.

Esta política no está funcionando y antes o después al Kremlin le va a explotar de nuevo en la cara. La agitación se intensifica lentamente en el interior del Cáucaso Norte. Si la escalada continúa existen muchas probabilidades de que se produzca un reforzamiento mutuo —en lo que respecta a recursos, propaganda y estrategias— con los combatientes que de modo gradual están regresando a Asia Central desde Afganistán.

La nueva generación de la guerrilleros esta región es consciente de lo que está sucediendo en el resto del mundo musulmán. Con frecuencia han recibido una mejor educación que sus predecesores y en casi todos los casos son expertos en el manejo de ordenadores. Hoy la mayoría de los movimientos de la zona tienen webs, y algunos incluso usan Twitter. Utilizan cada vez más las tácticas suicidas que suelen preferir los talibán y Al Qaeda, lo que significa que no necesitan tantos combatientes para causar estragos. No es ninguna coincidencia. Sus páginas contienen y remiten a vídeos de atentados suicidas en Irak y Afganistán y sus propios candidatos a shahid (mártir) graban ahora despedidas, al estilo de sus camaradas iraquíes y afganos.

Los vínculos entre los insurgentes del Cáucaso Norte y los de Afganistán son profundos y antiguos. Cientos de combatientes originarios de Asia Central recibieron adiestramiento en Chechenia a finales de los 90 de manos de dos de los más conocidos guerrilleros de esa época: Shamil Basáyev y su compañero de armas saudí, Ibn al Khatab (quien, por cierto, ganó su primera experiencia en combate luchando con los muyahidin, supuestamente al lado de Osama bin Laden, contra las fuerzas soviéticas). Cuando el combate en Chechenia se fue apagando, estos voluntarios se reagruparon y se unieron a otros conflictos: en Afganistán y después en el noroeste de Pakistán. Allí, presuntamente se han alistado en el Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), un grupo que aglutina a islamistas de Asia Central, el Cáucaso Norte y las zonas musulmanas de Rusia, como Tatarstán.

Según se cuenta, un pequeño número de ajados combatientes del MIU ha regresado a Asia Central —a la frontera con Rusia— este verano. Esta tendencia es preocupante. Los Estados de este área son muy corruptos, incompetentes y autoritarios —todos edificaciones tremendamente frágiles. La prontitud con la que países como Tayikistán y Uzbekistán abrieron sus instalaciones al Ejército estadounidense les ha convertido en un objetivo aún más atractivo para los islamistas. Y situado junto a la más revuelta y violenta provincia de Rusia, repleta de fuerzas radicales.

La situación en el Cáucaso parece mala, pero podemos estar seguros de que se volverá mucho peor si el Kremlin permite que siga fermentando este status quo sanguinario. Puede que deje de resultar descabellado imaginar el día en que los combatientes del Emirato del Cáucaso se unan a sus aliados yihadistas de Asia Central, convirtiendo gran parte del borde sur de la antigua URSS en una zona de guerra de baja intensidad que destruirá sueños y reputaciones políticas desde Moscú hasta Washington.

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¿Por qué la desigualdad hace que los ricos se sientan más pobres?

Por Paul Krugman (*)

Catherine Rampell ha escrito un articulito muy bonito sobre por qué los objetivamente ricos se sienten subjetivamente pobres. Con todo, lleva razón Brad de Long: un diagrama logarítmico puede ser más instructivo aún:

Me gustaría comentar un poco este diagrama, que relaciona los ingresos anuales y los percentiles de unidades fiscales.

Lo que Rampell tiene en mente es una visión de la sociedad como una larga calle que sube por un cerro, de modo que la altura creciente va de la mano del ingreso creciente. Y cada persona situada a lo largo de esa calle se valora a sí misma en relación con los vecinos de la acera de enfrente, no en relación con el conjunto de la calle.

Pues bien; hay dos interpretaciones ligeramente distintas de esta historia. Lo que Rampell parece sugerir es que la gente se compara sólo con sus vecinos del tramo superior, y puesto que la cuesta queda cada vez más abajo a medida que tú vas subiendo, los ricos se sienten peor porque el tipo de enfrente cada vez es más distinto de ellos.

Una alternativa es que la gente se compara con los vecinos de ambos lados de la calle, pero lo que cambia es la convexidad: si te hallas en la franja media de la distribución del ingreso, tu vecino del tramo superior será más rico que tú en la misma medida en que es más pobre que tú el vecino del trecho inferior; pero en los tramos más altos de la cuesta eso ya no es verdad. (Hace mucho, se me enseñó que la distribución del ingreso es más o menos logarítmicamente normal para el grueso de su rango, pero se hace paretiana en el tramo superior. Si ustedes no tienen la menor idea de lo que estoy hablando, no se preocupen.)

Sea ello como fuere, lo cierto es que el hiato entre los ricos y los archiricos ha crecido espectacularmente. He aquí los datos de Piketty-Sáez, en los que se observa cómo el percentil 1 de la cúspide se aleja de los siguientes 4; lo mismo está ocurriendo con la franja del 0,1% más rica en relación con los perdedores situados en el rango 99,0-99,9. Y así sucesivamente:

Una nota personal: desde mi punto de vista, siempre me ha resultado relajadora la extrema desigualdad en la cúspide. A Robin y a mí nos va estupendamente, claro está, pero otros son mucho más ricos; el hecho es, sin embargo, que, especialmente en Nueva York, sabes que, ganes lo que ganes, siempre hay otros que ganan tanto, que tus ingresos parecen triviales. Así pues, ¿a qué valorarte a tí mismo de este modo? Claro que es mucho más fácil sentirte así cuando te has hecho con otros muchos potenciadores del ego.

Paul Krugman es profesor de economía en Princeton. Fue Premio Nobel de en 2008.

Túnez: ¿reforma o ruptura?

Por Alma Allende (*)

Después del domingo viene el lunes. Pero aquí, después del domingo, sigue siendo Túnez, la nueva dimensión, que empieza a ser, no un país, no, sino un día muy largo, con horas que se repiten cada cien metros y minutos compuestos de sesenta ciudades diferentes.

El cuarto día del pueblo tunecino tiene algo de déjà vu. ¿Porque ya lo vivimos ayer? ¿O porque lo habíamos soñado alguna vez? Los estados de excepción -las guerras y las vacaciones- imponen una sombra familiar, el eco de un ritornello.

Uno vive por primera vez sólo las cosas más banales; las decisivas ya se habían vivido antes, en otro cuerpo, en otra época de la historia, en otra generación. Amamos la primera vez por segunda vez; nos morimos siempre de nuevo; la libertad siempre se recupera.

Todo lo que ocurre de verdad ya había ocurrido antes. Porque todo lo que ocurre de verdad le ocurre a mucha gente al mismo tiempo. Esos tanques y esos disparos los reconocemos, pero la alegría de compartir un gesto viene también de otra vida anterior, de otras vidas. El terror y el entusiasmo nos traen siempre viejos recuerdos.

Hemda, la periodista tunecina despedida de la radio, ha encontrado enseguida trabajo en una emisora nueva: por teléfono, sin conocer a sus patrones, se ha convertido en reportera y debe mandar crónicas desde distintos puntos de la ciudad. El propósito es el de radiar en directo el regreso a la normalidad de la población de la capital. Pero lo primero que encontramos en el centro de la ciudad es una manifestación de unas doscientas personas que avanzan por la avenida de Paris hacia Le Passage.

Gritan consignas contra el primer ministro, Mohamed Ghanoushi, y reclaman la inmediata disolución del RCD, el partido de Ben Ali. Las pocas tiendas abiertas se precipitan a cerrar sus puertas mientras los policías se disponen a intervenir ante la mirada de esfinge de los retenes militares. Aún faltan unas horas para el anuncio del nuevo gobierno de coalición, pero esta imagen da ya la medida de un conflicto que sólo puede agravarse en los próximos días.

Los viandantes que han salido a comprar el pan discuten en voz alta: como en todos los barrios de Túnez, unos sostienen que hay que ser pacientes, esperar a las elecciones y dar la vuelta al calcetín sucio del régimen desde dentro. Otros, al contrario, desconfían de esa posibilidad y aseguran que es necesario continuar la presión para que no les arrebaten una oportunidad histórica que puede no volver a presentarse.

Prolongamos la discusión en el Bardo, donde la noche del domingo hubo duros enfrentamientos armados y cuyas calles vigila el ejército. Curiosamente esto proporciona un pequeño recinto de normalidad paradójica. Mientras decenas de personas forman cola delante del Monoprix, que está a punto de abrir sus puertas, los cafés del barrio están atestados de clientes y beben y fuman en las terrazas al lado de los soldados que montan la guardia. En uno de ellos encontramos a Mehdi, licenciado en historia, quien sostiene que las manifestaciones son peligrosas, pero también una demostración de normalidad democrática que debería respetarse.

Está preocupado, en todo caso, por la continuidad previsible del nuevo gobierno. Hemda insiste en que lo prioritario es recuperar la normalidad, convocar elecciones y permitir que todos los partidos se presenten a ella, y que para llegar a ese punto es preciso evitar las provocaciones y aceptar la gestión provisional del RCD. Me pregunto para mis adentros qué pensarán al respecto los jóvenes tranquilizadores de los cuchillos que defienden los barrios populares y decido proponer a Hemda una visita al Malasin o al Muruj para el día siguiente.

En todo caso, es emocionante escucharles pronunciar la palabra democracia; suena muy limpia en sus labios, muy poderosa, difícil de rebatir. A mis objeciones sobre el trabajo en la sombra de EEUU y Francia para imponer límites a cualquier proceso electoral futuro, responden con cabezonería: elecciones, elecciones, elecciones. Confían de tal manera en la madurez de ese pueblo que ha demostrado en estos días tanto valor, disciplina y dignidad que ven por un solo ojo. Pero ese ojo está lleno de luz.

De vuelta al centro, en la avenida Mohamed V, vemos una escena diminuta y modélica. En medio de la calle hay dos coches que nos bloquean el paso. Los conductores se hablan de ventanilla a ventanilla. ¿Conspiran? ¿Discuten? ¿Se están pasando un arma? No, uno de ellos alarga la mano y le da al otro media barra de pan. Es la primera baguette que vemos en cinco días.

Pasamos luego por los aledaños de la avenida Bourguiba, donde se respira una enorme tensión -y restos de gases lacrimógenos. Sólo hay soldados y policías y caminamos sin querer mirando a los tejados, recordando los francotiradores del ex-dictador que la tarde anterior han provocado el terror.

Por fin vamos a la Qasba. Allí se encuentran el palacio de Justicia, la Alcaldía de Túnez, el Ministerio de Finanzas. Se puede imaginar la vigilancia: tanques, soldados, policías. Y sin embargo -por uno de esas misteriosas extravagancias de este país- logramos llegar sin que nadie nos detenga ni nos pregunte nada hasta la misma puerta de la sede del Primer Ministro, donde está a punto de celebrarse la conferencia de prensa anunciada para las 15 h.. Hemda, que aún no tiene carnet de prensa, pide a un periodista de Al-Jazeera que marque el número de la emisora y active el móvil cuando comience a hablar Mohamed Ghanoushi. Es así como consigue retransmitir los nombres de los nuevos ministros que nosotros, fuera, no oímos. Pero escuchamos, en cambio, a uno de los policías que custodian el ministerio, muy simpático, muy familiar, que quiere convencernos de que también ellos son buenos:

- En realidad somos proletarios y estamos dispuestos a dar la vida por el pueblo. Es una minoría la que ha disparado sobre nuestros hermanos y no se nos puede juzgar por lo que han hecho y siguen haciendo unos pocos. Se nos necesita y tendremos que buscar la forma de que los ciudadanos confíen en nosotros.

De vuelta a casa, dos horas antes del toque de queda -que se ha retrasado hasta las 7- me entero de la composición del nuevo gobierno: el RCD conserva todo el aparato del Estado -Interior, Exteriores, Defensa y Justicia- y deja a los tres partidos de oposición que ya eran legales Sanidad, Desarrollo y Educación. Si eso es toda la ruptura que puede ofrecer Ghanoushi, hay motivos para preocuparse. La oposición real -Marzouki o Nasraoui, por ejemplo- denuncian enseguida la continuidad con la dictadura y llaman a los tunecinos a seguir movilizándose.

La situación, pues, se complica. El ejército, independiente pero débil, apenas si puede hacer otra cosa que contener a las milicias asesinas del ex-dictador. El gobierno ya ha dejado claro cuál es la vía que se va a seguir. Y los ciudadanos están divididos entre dos alternativas igualmente peligrosas: ceder puede acabar para siempre con la esperanza de una verdadera democracia para Túnez; seguir luchando puede conducir a una guerra abierta en la que, sin líderes reconocidos ni organizaciones aglutinantes, los rebeldes sean masacrados por todas las partes. La sensación es que todo se vuelve frágil y peligroso.

A las 9 escuchamos tres ráfagas de metralleta cercanas. Luego la noche es tranquila.

En Argelia, en Egipto, en Mauritania tres jóvenes siguen el ejemplo de Mohammed Bouazizi y se inmolan como protesta. Túnez ha volteado de un coletazo su posición en la historia para convertirse en la vanguardia inesperada del mundo árabe. Todos tenemos ahora los dos ojos puestos en este país.

(*) Analista.

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Guatemala: pandillas del terror

Por Danilo Valladares (*)

"Siento mucho miedo por mis cuatro hijos, que van a la escuela en autobús", dice, angustiada, Alma Valenzuela tras el ataque de pandilleros a una unidad del transporte urbano de pasajeros de la capital guatemalteca que dejó nueve personas muertas, entre ellas tres niños.

Las palabras de esta guatemalteca de 38 años que debe trabajar día a día para mantener a su familia reflejan la psicosis que sembró en los capitalinos la acción de la pandilla que el 3 de este mes dejó una mochila cargada con explosivos en el autobús y que más tarde activó a través de un teléfono celular.

Así, mientras en otras regiones del mundo el extremismo religioso o político impulsa actos terroristas, en el triángulo norte de América Central, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, las pandillas, más conocidas en esta zona como "maras", han comenzando a utilizar prácticas similares que siembran la zozobra en la población.

"La delincuencia está tomando el mando de todo porque saben que si no les dan lo que quieren pueden hacer lo que les da la gana. Ya ni siquiera respetan la vida de los niños", señala Valenzuela.

Según la policía, la colocación de la bomba se debió a una represalia de la Mara 18 contra un socio de la empresa del transporte urbano a la cual pertenecía el bus incendiado, encargado de cobrar las extorsiones a colegas, por un desacuerdo en el reparto del botín.

David Martínez-Amador, profesor del curso crimen organizado trasnacional en universidades de Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y México, dijo a IPS que la "violencia" de las pandillas en Guatemala se debe a su manipulación política.

"Me parece que las pandillas están siendo utilizadas por actores políticos como cuerpos paralelos de extrema derecha u otros que tienen interés en generar estos hechos y lo conecto con la violencia que esperamos en el contexto electoral", explicó.

Los guatemaltecos están convocados a las urnas en septiembre para elegir presidente y vicepresidente por un mandato de cuatro años, a 153 diputados para el unicameral Congreso legislativo, 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano y 333 gobiernos municipales, lo cual ha abierto una férrea disputa política.

"Si la evolución de estas pandillas fuera natural, sería sostenida", sostuvo Martínez-Amador. Pero hechos como el incendio del autobús son "esporádicos", mientras que las extorsiones y asesinatos de conductores de esos vehículos en han permanecido en el tiempo, explicó.

Al menos 128 chóferes de autobuses fueron asesinados en Guatemala en 2010, muchos de ellos tras ser extorsionados por pandilleros, según el no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo.

Sobre el ataque al bus con una bomba, Martínez-Amador rechazó que se trate de un "acto terrorista" puesto que nadie reivindicó el hecho ni se envió un mensaje para reclamar una identidad. No obstante que ha causado psicosis en la población.

No solo Guatemala ha experimentado los ataques de las pandillas. En Honduras y El Salvador la población civil, principalmente del área urbana, también ha sido blanco de cruentos ataques de estos grupos. Miembros de la Mara 18 incendiaron el pasado 5 de diciembre un autobús urbano en el barrio el Sitio, de Tegucigalpa, como represalia porque el conductor se negó a pagar una extorsión. Ese hecho no registró víctimas.

En cambio, 17 trabajadores de una zapatería en San Pedro Sula, Honduras, fueron acribillados a balazos el 7 de septiembre de 2010 por una disputa territorial entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18.

Antes, el 21 de junio, 17 personas murieron en dos ataques al transporte urbano perpetrados por pandilleros en San Salvador, 14 de ellas al ser incendiado el autobús en el que viajaban. Esta acción fue calificada de "terrorismo puro" por el presidente izquierdista Mauricio Funes.

En el caso de El Salvador y Honduras, las acciones vandálicas de las pandillas han sido motivadas por medidas del gobierno en su contra, según Martínez-Amador.

La ley de Proscripción de Pandillas en vigor desde septiembre de 2010 en El Salvador y otra similar promulgada en Honduras provocó reacciones violentas de estos grupos.

Se debe agregar el incendio de dos cárceles donde están detenidos una gran cantidad de pandilleros. Uno de los casos ocurrió en 2004 en Honduras y dejó más de 100 muertos, mientras que el otro fue en noviembre en El Salvador y mató a 26 personas, según el experto.

Reina Rivera, analista en temas de seguridad en Honduras, dijo a IPS que los métodos cada vez más sofisticados y violentos de actuar de las maras "se deben probablemente a que muchas mutaron y no pueden considerarse pandillas sino actores del crimen organizado como sicarios, distribuidores de droga y mulas".

"Fuentes policiales y del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos señalan que mafias de narcotraficantes mexicanos tienen células de apoyo en Honduras, lo cual implicaría la transferencia de metodologías criminales como las masacres, torturas, asesinatos, mutilación y desmembramiento de cuerpos", explicó.

"Eso ya no es una subcultura juvenil, como conocemos a la pandilla, sino una mutación perversa hacia las más atroces bandas del crimen organizado", puntualizó Rivera.

La experta consideró además que la ley antipandillas en Honduras facilitó capturas masivas, incluso de muchos solo por su apariencia física. Por eso se han dado cambios de estrategia como el abandono de tatuajes o su desplazamiento a centros menos urbanizados.

El ensayo titulado "Las maras y pandillas como actores ilegales de la región", publicado en 2008 en El Salvador por Jeannette Aguilar y Marlon Carranza, indica que el abordaje del fenómeno de las maras en la región ha marcado diferencias entre los países.

Así, "mientras las policías de Guatemala, Honduras y El Salvador desplegaron todas sus capacidades para ejecutar capturas masivas de pandilleros, la de Nicaragua impulsó un modelo creativo de prevención comunitaria de la violencia juvenil" y hoy las maras en ese último país no son el mismo problema que los dos anteriores, sostiene el estudio.

"Hoy día se está frente a agrupaciones mucho más sofisticadas, mejor estructuradas y con mayor grado de participación en actividades criminales". En buena medida, "por la aplicación de políticas represivas reactivas, arbitrarias y violatorias de los derechos de los jóvenes", agrega.

Víctor Gudiel, de la no gubernamental Sociedad para el Desarrollo de la Juventud de Guatemala, dijo a IPS que la sociedad se enfrenta a un nuevo fenómeno que no son las maras sino organizaciones criminales cuyo objetivo esencial es obtener ingresos económicos a partir de hechos delictivos.

El activista señaló que esta situación es fomentada porque los jóvenes siguen excluidos de las políticas de Estado.

"No se destinan recursos para la salud, la educación y la recreación, lo cual conduce a la población juvenil a no tener opciones de desarrollo integral y caer en manos del crimen organizado", puntualizó.

(*) Periodista. Guatemala

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Semana política

21 de enero, 2011   ¡Hola!  Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana. Marisela Escobedo: hacer justicia. Reforma electoral: escenarios.      PRD: una tregua de corto aliento.     Marisela Escobedo: hacer justicia. La muerte de Marisela Escobedo en diciembre pasado exige una respuesta gubernamental inmediata. Sin embargo, hacerle justicia de la forma equivocada puede llevar a muchas injusticias más. Hace poco más de una semana, el Congreso del Estado de Chihuahua admitió la solicitud de juicio político en contra de los tres jueces que llevaron el caso del asesinato de Rubí Marisol, hija de Marisela Escobedo, en 2008. El sustento de la solicitud fue que, en abril de 2010, tres jueces de primera instancia dejaron en libertad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, presunto responsable del homicidio de Rubí Marisol, porque el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para sustentar su culpabilidad. Sin embargo, Sergio Rafael Barraza había confesado su culpabilidad. ¿Por qué una confesión no es suficiente? Porque la tortura en México es un medio muy efectivo para lograr que una persona detenida confiese delitos que no cometió. Especialistas sugieren que 4 de cada 10 personas detenidas es golpeada o lastimada antes de ser presentada al Ministerio Público por policías judiciales. Más del 70% de las personas que son detenidas no son informadas de su derecho a no declarar y más del 50% de las personas detenidas no cuentan con un abogado al rendir su declaración. La Suprema Corte, en 2009, ordenó la liberación de 20 personas que habían sido acusadas por la matanza en Acteal pues sus  sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados. En ese escenario, ¿es injusto que los jueces requieran otras pruebas circunstanciales para confirmar la culpabilidad de un acusado? Este cúmulo de injusticias, sin duda, revelan un sistema de procuración de justicia ineficiente e incapaz de responder a las exigencias de una sociedad inmersa en violencia e impunidad. Sin embargo, el problema no está en que los jueces absuelvan presuntos responsables, sino en que el Ministerio Público parece ser incapaz de presentar acusaciones sólidas, de hacer un trabajo de investigación serio, o por lo menos, de preservar la evidencia en una escena de crimen. Al final, lo que no se puede olvidar –ni a los medios, ni al Congreso de Chihuahua o su Gobernador– es que ser acusado y ser culpable son cosas distintas, que existe una garantía constitucional, un derecho fundamental, a que toda resolución jurisdiccional sea resultado de un debido proceso. . Reforma Electoral: los escenarios. En los próximos días podría resolverse en la Suprema Corte el amparo promovido por un grupo de ciudadanos en contra de la Reforma Electoral de 2007. Los dos aspectos que se consideran en el amparo son: la violación al procedimiento de ratificación de la modificación constitucional en los congresos estatales y; la violación a las garantías de libre expresión de los ciudadanos al impedir a particulares la contratación de propaganda en radio y televisión para influir en temas electorales. Si bien hay varios escenarios de acuerdo al fallo de la Corte, el más extremo sería una decisión de la Corte que reconociera la violación al procedimiento de ratificación, lo que echaría abajo toda la legislación electoral de 2007 y abriría la puerta nuevamente a legislar sobre el tema. También está la posibilidad de que se conceda el amparo por violación a la libertad de expresión, lo que abriría la puerta a que particulares contrataran espacios en radio y televisión. Estos escenarios, si bien vislumbran una posibilidad de reforma, de no tener la obligación de hacerlo, difícilmente ocurrirían en el Congreso. El PRI tendría pocos incentivos para modificar condiciones que, desde el Código Federal de Procedimientos Electorales (COFIPE), le favorecen. Además, la legislación electoral no podría modificarse a menos de un año de darse las elecciones de julio de 2012.   PRD: una tregua de corto aliento. El PRD ha logrado un acuerdo que, considerando su histórica incapacidad para construir institucionalidad partidaria, no es menor: una tregua entre sus distintas corrientes rumbo a la renovación de la dirigencia nacional que ha de llevarse a cabo en el mes de marzo. Si bien esto asegura cierta estabilidad para la actual dirigencia, más que eliminar la posibilidad de conflicto parece postergarla. Lograr una tregua en este momento significa esperar a que pasen las elecciones de Guerrero y Baja California Sur –dos estados en los que el PRD es gobierno. Sin embargo, en el control de la dirigencia a disputarse en marzo lo que está en juego, más que cualquier elección local, es el método de selección del candidato a la Presidencia para 2012. Para Jesús Ortega, este acuerdo permite a su dirigencia concentrarse en la operación de las elecciones de Guerrero y Baja California Sur –que sin duda serán utilizadas como indicador de éxito o fracaso de su gestión– y fortalecer la posición de su grupo, tanto rumbo a las negociaciones que definan al candidato y una eventual alianza a la gubernatura del Estado de México, como a la elección de la nueva dirigencia nacional. Los grupos contrarios a la dirigencia de Ortega entienden que a nadie convendría perder  Guerrero o Baja California Sur, pero eso no significa que, como en pasadas ocasiones, no estén dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias por la dirigencia del partido.