miércoles, 23 de junio de 2010

La estrategia de Seguridad de EEUU

La Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategy, NSS) de 2010 presenta la visión de la Administración estadounidense del presidente Obama sobre el mundo que le ha tocado liderar, el papel de EEUU en él, sus objetivos en relación con el orden internacional, el bienestar norteamericano y la seguridad nacional. Todas las estrategias de seguridad sirven para articular los objetivos políticos de cada gobierno con los instrumentos de influencia de los que disponen pero en el caso de una gran potencia como la estadounidense, dadas su variedad y cantidad de instrumentos y el nivel de ambición de los objetivos, el documento configura una estrategia de gran nivel (grand strategy). Esto marca la diferencia entre cualquier NSS estadounidense y otras estrategias europeas de seguridad nacional, ya que no disponen de los mismos medios y voluntad de influencia internacional.

La finalidad práctica de las estrategias es la de alinear los objetivos y políticas departamentales en materia de seguridad con las expresadas por la Casa Blanca en el documento. No se trata, por tanto, de una declaración programática cuya utilidad se agota en la publicación, sino que debe servir para orientar la continuidad o el cambio de las políticas exterior y de seguridad de EEUU. Así, la NSS de 2006 influyó en la elaboración de las estrategias de Lucha Contra el Terrorismo de septiembre de 2006 y la de Homeland Security de octubre de 2007 que se han venido aplicando desde entonces. Por eso, se supone que ninguna subestrategia puede anticiparse a la estrategia general –estrategia de estrategias– que son las NSS. Sin embargo, la Estrategia de 2010 no alude a la necesidad de actualizar las subestrategias sectoriales, a pesar de que, por ejemplo, la Cyber-Space Policy Review recomendó la necesidad de desarrollar una estrategia de ciberseguridad y, por el contrario, el Departamento de Defensa ha publicado la Nuclear Posture Review antes que la NSS, lo que introduce un poco de confusión sobre la lógica formal del documento.

Las estrategias de seguridad nacional no son, como el sentido común induce a pensar, una estrategia militar o de defensa aunque delimitan los escenarios y condiciones en los que EEUU podría emplear su poder militar. El factor de la fuerza tuvo más relieve en las ediciones anteriores de 2002 y 2006 debido a la preocupación de la Administración del presidente Bush por la lucha contra el terrorismo en un entorno post-11S. Aunque todas las estrategias mantienen una estrategia similar y presentan más elementos de continuidad que de cambio, aquellas tuvieron una mayor notoriedad porque sus prioridades de seguridad “militarizaron” la estrategia y el flujo estratégico derivado de ella. Por el contrario, las estrategias sirven para comunicar qué combinación de instrumentos empleará cada Administración para resolver los problemas de seguridad que le toca afrontar. En algunas ediciones, como en la NSS de 2006, esta labor de comunicación estratégica y de diplomacia pública (estrategia) tiende a primar sobre la finalidad primigenia de orientar las políticas (concepto estratégico), por lo que se identifican objetivos y líneas de acción sin explicar suficientemente qué se hará para conseguirlos. La NSS de 2010 enumera muchos objetivos a conseguir pero no da demasiadas indicaciones sobre la forma de hacerlo. Así, y entre muchos ejemplos, no dice cómo debe penalizarse el incumplimiento de las obligaciones contraídas sobre proliferación, comercio o derechos humanos, ni qué consecuencias deben tener los incumplimientos o cómo se puede aislar a los gobiernos que se burlan de las normas internacionales (¿qué hacer con Irán y con Corea del Norte?). Mayor detalle ofrece sobre Afganistán, Pakistán y al-Qaeda, donde se nota la existencia de estrategias específicas que permiten ampliarse en explicaciones, y la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, algo que se explica por la prioridad de estas cuestiones en la agenda personal de un premio Nobel para la consecución de un mundo sin armas nucleares.

El mundo que se ve desde la Casa Blanca (“the world as it is”)
La NSS de 2010 constata que el mundo está cambiando y que ya que EEUU no puede configurar la realidad internacional, debe adaptarse a ella. Las estrategias anteriores apostaban por un enfoque proactivo de la acción exterior por la que EEUU debería configurar (shape) el orden mundial fomentando la democracia, el desarrollo y la seguridad por todo el mundo, especialmente allí donde los estados fueran más débiles o fallidos, una estrategia que la antigua secretaria de Estado, Condoleezza Rice, tradujo en su transformational diplomacy y en cambios en el Servicio Exterior. Ahora, la NSS de 2010 sustituye el liderazgo decidido y transformador por otro más pragmático y compartido, ya que la Administración Obama entiende que hay que cambiar muchas cosas en casa antes de poder cambiarlas fuera y que es necesario compartir la responsabilidad de la seguridad global con los aliados, socios e instituciones internacionales.

Las estrategias establecen qué problemas de seguridad se solucionan solos y cuales junto a otros. La NSS de 2010 acentúa el foco multilateral de la acción exterior. Tras constatar que ninguna nación puede hacer frente a los retos globales individualmente, la Administración Obama se compromete a conseguir sus intereses mediante un sistema internacional reforzado en el que todas las naciones compartan derechos y deberes. En materia de seguridad internacional, las distintas administraciones estadounidenses han mantenido ese mismo patrón de actuación por el que tienden a actuar unilateralmente cuando no es posible conseguir sus intereses actuando junto a terceros. Las dos estrategias anteriores era más unilateralistas, especialmente en el ámbito militar, pero no descartaban actuar mediante instituciones o alianzas cuando fuera necesario para satisfacer intereses comunes. La diferencia entre esta NSS de 2010 y las dos anteriores es que reconoce que las instituciones multilaterales no funcionan eficazmente como debieran y que deben reforzarse para servir al interés global: una aproximación a los enunciados del multilateralismo eficaz que acuñó la Estrategia Europea de Seguridad en 2003. Reforzar el orden internacional es una de las propuestas más reiteradas en la NSS de 2010 aunque no se concreta suficientemente cómo hacerlo.

EEUU desea seguir comprometido (engaged) en los asuntos internacionales para influir en ellos. Con sus aliados tradicionales, con las potencias emergentes e incluso con los adversarios potenciales para explorar oportunidades de solución y mostrar a su población que existe la voluntad de cooperar. Un aspecto novedoso en la NSS de 2010 es la relevancia que atribuye a los actores no estatales, las potencias emergentes, el G-20, la sociedad civil, el sector privado y los individuos como sujetos activos de la seguridad global. En el lado oscuro de la seguridad, también reconoce la emergencia de actores locales radicalizados y redes criminales trasnacionales. La diversificación de actores ofrece la posibilidad de nuevas combinaciones de ellos en agrupaciones (partnerships) para hacer frente a nuevos problemas de seguridad mientras que para los problemas de naturaleza militar siguen siendo necesarias las alianzas intergubernamentales.

Continuidad y cambios respecto a estrategias anteriores
Cada estrategia contiene un concepto de seguridad que refleja las preocupaciones de cada período y Administración. En la NSS de 2010, el concepto de seguridad desborda el limitado marco de los problemas de la lucha contra el terrorismo y el uso de la fuerza lejos del territorio propio para establecer un continuo de seguridad entre lo que pasa fuera y lo que pasa dentro. La estrategia dibuja un espectro de riesgos que van desde los que afectan a la población y al territorio estadounidense (Homeland Security) hasta los que afectan a la seguridad internacional y exterior y reconoce estar superando la distinción entre ambas (en mayo de 2009, el presidente Obama decidió integrar los consejos de Seguridad Nacional y Seguridad Interior).

Si en las estrategias anteriores irrumpió con fuerza el enfoque preventivo –con demasía en el ámbito de los ataques preventivos– en respuesta a la gravedad de los efectos y a la necesidad de prevenir los daños y agresiones, en la NSS de 2010 aparece el concepto de recuperación (“resiliencia”). La dificultad de garantizar que se puedan evitar todas las agresiones posibles mediante la prevención, obliga a desarrollar dentro de las sociedades una capacidad de recuperación para que a pesar de la dimensión de los daños, puedan recuperar su funcionamiento normal cuanto antes. Este enfoque ya figura en las estrategias británica y francesa de seguridad nacional y, ahora, la NSS reconoce la importancia de proteger los servicios e infraestructuras públicas, gestionar las emergencias naturales o debidas a la acción humana y fomentar la colaboración público-privada.

La comparación con las estrategias de 2002 y 2006 ofrece más continuidad que cambios en los contenidos, aunque los cambios son importantes en el lenguaje de comunicación y en la estructura respecto a las anteriores estrategias. Mantiene los contenidos de las anteriores, salvo los relacionados con la lucha contra el terrorismo global y los cambios orgánicos introducidos en el sistema de seguridad nacional que desaparecen en la nueva estrategia, aunque el resto se redistribuye en una estructura clásica que describe el contexto estratégico y los intereses de seguridad, prosperidad, valores y orden internacional. La principal amenaza que ve esta Administración para su seguridad nacional es la proliferación de las armas de destrucción masiva, sea entre actores estatales o no estatales.

A diferencia de la NSS de 2006 que mantuvo la denominación de “guerra” para la lucha contra el terrorismo global, la NSS de 2010 ha abandonado el término del terrorismo global pero sigue utilizando el término de “guerra” para referirse no ya a la lucha contra el terrorismo sino a la que llevan a cabo contra la red de al-Qaeda, dos guerras en Irak y Afganistán-Pakistán, una guerra que diferencian de la guerra contra el islam –al igual que ya hiciera la NSS de 2006, pero que sigue abierta contra al-Qaeda y quienes les ayudan–. Si la estrategia de 2006 tenía un apartado dedicado a la lucha contra el terrorismo global, la NSS 2010 tiene otro dedicado a perturbar, desmantelar y derrotar a al-Qaeda, por lo que Afganistán seguirá siendo una guerra de necesidad para esta Administración mientras –y sólo mientras– al-Qaeda actúe desde allí o desde nuevas plataformas en Yemen, Somalia, Maghreb o el Sahel.

La NSS de 2010 ha abandonado el calificativo de global para definir el terrorismo y éste pasa a ser “una entre muchas otras” amenazas y una táctica de actuación más que un enemigo concreto, aunque sigue siendo una preocupación grave de seguridad como lo son la proliferación de armas de destrucción masiva, junto a riesgos derivados de la globalización como las epidemias, los tráficos ilícitos y los desastres naturales, tal y como se identificaban ya en la NSS de 2006, aunque no los del cambio climático que sí aparecen en la nueva estrategia de 2010. Las mayores novedades aparecen en el ámbito interior de la seguridad, añadiéndose la seguridad de los medios marítimo, espacial y cibernético (global commons), las infraestructuras críticas, las fronteras amenazadas y el cambio climático como nuevos escenarios de riesgo, a los ya identificados en estrategias anteriores como la seguridad energética, la criminalidad transfronteriza y las enfermedades contagiosas.

A diferencia de la NSS de 2002, que admitió las acciones preventivas, y de la NSS de 2006, que mantuvo su validez, la NSS abandona ese tipo de acciones pero mantiene abierto el recurso unilateral de la fuerza si es necesario para defender la nación o sus intereses. Añade cautelas de legitimación internacional, valoración y de último recurso pero la estrategia permite emplear la fuerza en todo el ámbito del espectro y decidir a su presidente cuándo es necesario hacerlo (la dedicación de un apartado específico al empleo de la fuerza es un reflejo de una cultura estratégica sin complejos, algo que sería impensable en algunas estrategias y sociedades europeas). Dentro de esta dimensión ética, cabe destacar que la prevención del genocidio, que ya fue una preocupación de la NSS de 2006, se consolida ahora tras el respaldo estadounidense al principio de Naciones Unidas de la “responsabilidad de proteger”, aunque lejos de aplicarlo en solitario EEUU desea que esa responsabilidad se ejerza por la comunidad internacional y, en su defecto, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales, incluido el uso de la fuerza si es preciso tal y como se venía reconociendo anteriormente. También resulta novedosa la alusión a la aproximación estadounidense al Tribunal Penal Internacional para acercar posiciones en asuntos de interés común, aunque no se acepta su jurisdicción para juzgar al personal estadounidense que interviene en acciones de seguridad internacional.

La NSS de 2010, al igual que las precedentes, incluye el fomento de la democracia y la libertad internacional. Proceden de la tradición de la filosofía política estadounidense que parte de la alta consideración del modelo estadounidense y sus valores (“ejemplarismo”) para proyectarlos como parte de su política exterior (“reivindicacionismo”). Todas las estrategias consideran que la proyección de la democracia y la libertad son asuntos de los que depende la seguridad nacional y tratan de fomentarlos pero, a diferencia de las estrategias anteriores, la NSS de 2010 se ha vuelto más pragmática y continúa fomentando la dignidad humana y la democracia aunque de forma indirecta. En lugar de actuar directamente sobre los gobiernos poco democráticos, la NSS de 2010 propone la doble vía de mantener abierto el diálogo con esos gobiernos mientras se promocionan los derechos y libertades individuales apoyando a los activistas locales e internacionales como instrumentos de acción.

En cuanto a aspectos regionales, la NSS de 2010 continúa prestando gran importancia a Rusia, China, Indonesia y la India, algo que ya se venía haciendo en las estrategias anteriores aunque pasara desapercibido. Ahora, la estrategia de 2010 se asoma a nuevos centros de influencia como Brasil y otras organizaciones y foros como el G-20 como actores estratégicos con los que estrechar relaciones. Por el contrario, pierden importancia el Greater Middle East, del que apenas queda un apartado testimonial frente a las pretensiones transformadoras de la NSS de 2006, e Irak, del que ya sólo se apuntan las condiciones del relevo de responsabilidades. También es de resaltar que la NSS de 2010 ha eliminado a Siria de su lista de Estados patrocinadores del terrorismo mientras que Irán sigue centrando las preocupaciones de EEUU debido a sus implicaciones en casi todos los problemas graves que afectan a la seguridad nacional.

El desfase entre los objetivos y recursos (“building at home vs shaping abroad”)
Para que la visión del mundo deseada se materialice, y la visión se transforme en una estrategia, los documentos deben describir cómo se van a utilizar los recursos disponibles para conseguir los objetivos propuestos. La NSS de 2010 constata que EEUU ya no dispone de los recursos ilimitados del pasado y reconoce que la seguridad final dependerá de los recursos educativos, económicos, científicos y tecnológicos disponibles, pero a partir de esa constatación, no determina sus prioridades de forma que los escasos recursos se asignen a sus objetivos por orden de importancia. En su lugar, la NSS de 2010 vuelve a elaborar un listado de intereses a proteger: seguridad, bienestar, valores y orden internacional sin que se mencione ningún orden de preferencia.

El problema de fondo es que en los últimos años ha crecido el desfase entre sus recursos y objetivos. Sus instrumentos de acción siguen siendo el poder militar, la competitividad económica, el liderazgo moral y el compromiso moral, pero esos instrumentos se han visto afectados por los conflictos de Irak y Afganistán, la recesión económica y las acciones de al-Qaeda. Por eso, la NSS de 2010 reivindica un período de transición, para “reequilibrar” sus prioridades y poder recuperar sus instrumentos de acción, para volver a liderar la seguridad global como en el pasado y poder configurar los cambios en lugar que tener que adaptarse a ellos. La NSS acierta al identificar el descenso de los niveles de bienestar, educación, capital humano y ventaja tecnológica o el mal gasto como la fuente del desfondamiento del liderazgo estadounidense, pero la Estrategia de 2010 se equivoca al prescribir los remedios contra esos males estadounidenses dentro de un documento dedicado a la seguridad, no a la política general que es donde se deberían haber encuadrado. Ni los instrumentos ni los responsables para solucionar esos problemas se encuentran en el sistema de seguridad nacional, sino en el conjunto de la Administración, por lo que su inclusión produce confusión y da la impresión de que la seguridad nacional puede extenderse a todos los problemas nacionales, lo cual va en contra de la filosofía de estos documentos.

La estrategia muestra el deseo de reequilibrar los instrumentos de acción exterior: reducir el papel fundamental hasta ahora de la fuerza armada y desarrollar instrumentos diplomáticos, de desarrollo propios y potenciar sus alianzas de seguridad con sus aliados europeos, asiáticos o norteamericanos tradicionales o forjar nuevas asociaciones. Para ello, y en condiciones de escasez de recursos, sólo queda aumentar la eficacia del modelo de gestión. La NSS de 2006 ya mencionaba la necesidad de potenciar la capacidad de planeamiento de todas las agencias y departamentos que contribuyen a la seguridad, un llamamiento que reitera la NSS de 2010 al hilo del ya famoso enfoque integral (comprehensive approach) que consiga no sólo coordinar las contribuciones de las agencias sino fomentar en las civiles una capacidad de planeamiento estratégico y de previsión que acabe con un modelo descentralizado de planeamiento y ejecución por agencias. Las experiencias de Irak y Afganistán sugieren un cambio hacia un modelo interagencias (whole of government approach) en el que se actualicen, equilibren e integren sus distintos instrumentos. En esto la NSS de 2010 no hace más que seguir el modelo de gestión por el que se encaminan tantos gobiernos europeos u organizaciones como la UE o la OTAN. Aunque cambiar de modelo no será fácil, los progresos hacia ese modelo podrían aliviar alguno de los problemas de ejecución de las anteriores estrategias en las que el sistema de gestión empleado centralizaba en exceso las decisiones en el presidente (Chief Executive Officer) y descentralizaba su ejecución en las distintas agencias, sin que el Consejo de Seguridad Nacional contara con capacidad suficiente para integrar y supervisar el planeamiento y ejecución de las decisiones y políticas derivadas de las Estrategias.

La NSS de 2010 incluye como instrumentos a integrar la defensa, la diplomacia, la economía, la seguridad interior (Homeland Security), la inteligencia, la comunicación estratégica y la colaboración social. Este amplio elenco parece capaz de permitir una adecuación flexible de instrumentos para lograr la mezcla adecuada en cada momento, aunque su entidad está desequilibrada porque el instrumento militar es desproporcionado en relación con los no militares. El desequilibrio se viene agravando desde 2001 y las sucesivas estrategias no han servido para corregirlo, aunque ésta, al menos, reconoce la necesidad de hacerlo y que de no conseguirlo se seguirá identificando el liderazgo estadounidense con el poder militar. La NSS de 2010, al igual que las anteriores, no entra en precisiones presupuestarias que permitan traducir sus prioridades en refrendos materiales, y sólo establece el principio de la racionalidad del gasto, lo que se puede traducir en cancelación de inversiones programadas y en la petición de mayores esfuerzos a aliados y socios. La Estrategia afirma que, dado el estado de la economía, habrá que conciliar los distintos programas en curso para asegurar las prioridades, pero nuevamente no dice qué programas habrá que sacrificar. Al no establecer distribución de gastos, habrá que esperar a los presupuestos de cada área para ver cuáles son las prioridades de verdad en el gasto y cuáles son las que se anuncian para la galería.

Epílogo: Las estrategias nacionales de seguridad deben servir para comunicar los objetivos y políticas de seguridad a la audiencia nacional e internacional y, por otro lado, para facilitar el planeamiento y ejecución de los distintos departamentos implicados en la seguridad nacional. La NSS de 2010 tiene más de lo primero que de lo segundo. Ofrece más una visión de la seguridad global hacia la que se desea ir que del modo de hacerlo, es más una estrategia declarativa que un concepto estratégico normativo. Queda por ver si la falta de precisiones generales obedece a la intención de precisarlas luego, sector por sector, o porque no se dispone de ideas o de confianza para la consecución de los objetivos que se plantean.

La Estrategia se autodefine de transición porque el reto de los compromisos contraídos le obliga a ocuparse de los problemas heredados antes de afrontar los nuevos que emergen en el horizonte. Siendo de transición, la continuidad prevalece sobre los cambios aunque estos se apuntan para que la tengan en cuenta las próximas ediciones. Las primeras críticas internas apuntan a una pérdida de ambición y liderazgo de EEUU, mientras que los primeros apoyos proceden de su visión más realista y pragmática de la realidad internacional y de las limitaciones estadounidenses para continuar siendo el líder de la seguridad global que ha sido y que pretende volver a ser.

No pudiendo resolver todos los problemas por sí mismo, EEUU ha vuelto a la senda del multilateralismo para corresponsabilizar a otros de la gestión internacional. El problema es que al hacerlo, el resultado de su estrategia depende de otros en buena medida. La interdependencia, multipolaridad en términos estratégicos, complica mucho la elaboración de estrategias y genera incertidumbre sobre el resultado final de tantas interacciones y de tantos actores en la seguridad global. Esto no significa que el margen estadounidense de autonomía en la seguridad global no siga siendo el mayor conocido bajo la globalización y que no vaya a emplearlo unilateralmente para conseguir sus intereses de seguridad, como ha hecho en el pasado. El estilo del texto y la percepción de la nueva Administración en la NSS de 2010 no alteran los patrones tradicionales de comportamiento de la política de seguridad estadounidense que, como se ha visto, mantienen la continuidad en lo esencial con estrategias anteriores. El multilateralismo no es, por lo tanto, un fin en sí mismo, sino un instrumento para conseguir fines, siempre y cuando sea eficaz, para lo que parece contar con la voluntad estadounidense de reforzar el orden internacional e institucional.

Si hay que reseñar algún cambio estructural, podemos atender al creciente componente interno de la seguridad. La preocupación por la Homeland Security se está equiparando a la que tradicionalmente ha recibido la dimensión exterior de la seguridad y, a medida que se resuelvan las “guerras” del presente, está por ver si se asumen nuevos retos internacionales o se continúa prestando más atención a los nuevos riesgos. También se debe prestar atención a la evolución del modelo de gestión interagencias (whole of government approach) y al reequilibrio de los instrumentos, algo que precisará un tiempo y un esfuerzo que trascenderá el marco temporal de esta Estrategia. Las experiencias y buenas prácticas de EEUU servirán para cambiar el modelo de gestión de la seguridad nacional e internacional más allá de las fronteras continentales, afectando a las nuevas estrategias y sistemas de seguridad que se diseñan en las sociedades avanzadas.

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martes, 22 de junio de 2010

gastos de defensa 2010 en AL

La obtención de cifras confirmadas y confiables respecto a los gastos de Defensa de los países es una tarea que en muchos casos resulta difícil e incierta, incluso cuando se tiene acceso a fuentes oficiales. El Instituto International de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI -  www.sipri.org) es una ONG que difunde información aceptada mundialmente que es producto del análisis e integración de datos obtenidos de fuentes públicas, preferentemente  gubernamentales.

Durante el 2009 incrementaron su gasto de Defensa nominal respecto al año anterior, Colombia, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay y Ecuador y lo disminuyeron Argentina, Chile y Venezuela.

Referido al porcentaje respecto al PBI que significó el gasto referido, podemos observar que se incremento en Colombia, Chile y Venezuela, mientras que bajó en Bolivia, Perú, Argentina y Ecuador y se mantuvieron en un mismo nivel en Brasil, Uruguay y Paraguay. 

Cabe destacar que Guyana no es considerada desde 1996 en estos registros del SIPRI por no contar con "datos disponibles ni aplicables" y en el caso de Suriname no figura directamente en el listado de países considerados. Varias fuentes señalan que el gasto militar de estos países representa en el caso de Guyana el 1,8 de su PBI mientras que Surinam asigna el 0.6. El "Balance Militar de America del Sur 2008" publicado por Nueva Mayoría expresaba un gasto de USD 18,7 millones para Guyana y USD 22 millones para Surinam durante el año 2007.  

El incremento entre los años que se comparan fue de USD 273 millones para Ecuador (17%), Colombia USD 979 millones (10,7%), Paraguay  USD 8 millones (6,06%), Perú USD 115 millones (8,29), Uruguay USD 95 millones (23.3%), Brasil USD 3822 millones (16.4%) y Bolivia USD 18 millones (7.2%). Por otro lado la disminución fue de USD 1075  millones (24,8%) para Venezuela, Chile redujo en USD 299 millones (4.49%) y Argentina USD 182 millones (6,52%).

El monto total del gasto en Argentina fue de USD 2.608 millones, Brasil. USD 29.124  millones, Bolivia USD 268 millones, Chile 5.683 millones, Colombia USD 10.055 millones, Ecuador USD 1.821 millones, Paraguay USD 140 millones, Perú USD 1.502 millones, Venezuela USD 3.254 millones, Uruguay USD 496 millones.  

La Argentina es el único país entre los considerados donde se advierte que la información de su gasto es registrada como "apreciación del SIPRI". Esto significa que la exactitud de la misma, que si bien no es clasificada como "cifra incierta", que es el nivel inmediatamente inferior, no merece la misma confiabilidad que en los casos en donde no se remarcan estas referencias. 

La tendencia de la década  señala que, anualmente se realizó un incremento sostenido de los montos nominales del gasto en todos los países regionales, con algunas excepciones. 

En Perú  el gasto 2009 fue el mayor de la década, superado solo en el 2000 con una cifra  superior a la actual en USD 2 millones, mientras que Bolivia, considerando ese mismo lapso, tuvo esa misma diferencia en 2003 respecto a su actual gasto.    

La Argentina alcanzó el mayor gasto de la década en el 2008 con USD 2790 millones, mientras que Chile lo tuvo en el bienio 2006 y 2007 con USD 6283 y 6116 millones respectivamente.

Podemos verificar que las tendencias de Chile y Venezuela, quienes se destacaron por sus gastos militares como consecuencia de la compra de materiales y equipos, por primera vez verifican una disminución, posiblemente como resultado de variables  menos favorables que han impactado sus economías y requieren de mayor prudencia y otras prioridades en las asignaciones presupuestarias. 

Por el contrario, tanto Brasil como Colombia, lideran a la región con un creciente gasto militar que se destaca tanto como magnitud absoluta y relativa.  

Los funcionarios de la Defensa civiles y militares deben resolver permanentemente el difícil equilibrio entre gastos en personal, operativos, reequipamiento, investigación y desarrollo, etc. Es un problema común en la región el gran peso de los gastos de personal en relación a otros aspectos del gasto militar.  

Si se consideran particularmente los gastos operativos, que posibilitan junto a la renovación de  sistemas de armas, la posibilidad para adquirir y conservar capacidades. Podemos observar que estos montos, convertidos en horas de navegación, vuelo o rodamiento para el adiestramiento de tripulaciones y los respectivos costos de mantenimiento, no son muy distintos entre país y país comparando equipos similares. La resolución eficiente de esa ecuación otorga indiscutible ventaja al país que prioriza lo cualitativo sobre la simple sumatoria de tropas, vehículos, buques y aviones.             

Fuentes:
www.sipri.org consultado 13 junio 2010-06-18

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miércoles, 16 de junio de 2010

semana política

  • SCJN: 97 constitucional y la falta de justicia
  •       Inseguridad: la estrategia del Gobierno Federal y sus contradicciones
  •       Quintana Roo: Tribunal Electoral y el PRD

SCJN: 97 constitucional y la falta de justicia. El caso ABC ha reactivado el debate sobre la conveniencia de que la Suprema Corte conserve y ejerza la facultad de investigación que le otorga el artículo 97 constitucional. Existen dos posturas identificables. La primera, a favor, argumenta que la facultad le permite a la Corte determinar cuando un acto administrativo o de autoridad de una instancia del Estado mexicano afecta o cancela una garantía constitucional. Argumenta también que la facultad fortalece la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes al dar a la Corte el rol de contrapeso de los otros Poderes de la Unión e inclusive de otros ámbitos de gobierno. La argumentación parte de la lógica que el peso moral de una resolución de la Corte es suficiente para validar política y socialmente una investigación y le permitirá a la ciudadanía contar con una instancia a la cual acudir en caso de que todas las demás dedicadas a la procuración e impartición de justicia fallen.

La segunda postura, en contra, argumenta que la atribución de investigación que actualmente otorga la Constitución a la Corte carece de asideros legales y que el carácter no vinculante de sus resoluciones convierte a la facultad en una herramienta que genera altos costos de imagen para el máximo tribunal del país al no tener capacidad de ir más allá de la condena moral. Argumenta también que la Corte carece de un área especializada y profesionalizada en materia de investigación, lo que lleva a su comisión investigadora a improvisar y recabar información de las fuentes que precisamente han mostrado carencias en su labor de investigación, como es la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Más allá de este debate y del de la interpretación de las responsabilidades que se pueden atribuir a los funcionarios públicos desde la Corte, lo cierto es que a más de un año de ocurrida la tragedia en la guardería ABC, ni la PGR, ni la SFP han podido determinar a los responsables de lo sucedido, ni su grado de responsabilidad. Es esta situación de inacción de las autoridades responsables la que lleva a la Corte a ejercer su facultad de investigación, olvidarlo es continuar combatiendo las consecuencias antes que las causas.

Inseguridad: la estrategia del Gobierno Federal y sus contradicciones. Después de unos días particularmente violentos el presidente Felipe Calderón decidió responder de manera contundente a sus críticos. Utilizando un inserto en medios impresos y luego un mensaje en cadena nacional, recapituló todos los argumentos que su gobierno ha venido utilizando desde que se lanzó la ofensiva contra el crimen organizado y, de paso, ofreció un pequeño giro: la lucha nunca ha sido contra el narcotráfico sino contra la inseguridad, por lo que todos aquellos que piensan que esta es una guerra contra el narco están fundamentalmente equivocados.

El Presidente tiene todo el derecho de argumentar que su estrategia ha sido malinterpretada. Sin embargo, su propia diatriba cae en las mismas contradicciones en las que cae la estrategia en general. Aunque afirma que la estrategia está sostenida en 5 ejes de acción, luego procede a particularizar que el crimen organizado que se dedica al narcotráfico había alcanzado tales proporciones que era imposible quedarse impasibles. Argumenta además que el problema en realidad surge de la demanda de drogas en EU y en México y del tráfico de armas. Es decir, como la estrategia, plantea una visión global del problema pero luego ejecuta una acción enfocada casi exclusivamente contra el narcotráfico.

Este enfoque no es necesariamente erróneo pero si le resta credibilidad al argumento presidencial, que suena como un reclamo a una sociedad que no entiende lo que se está haciendo por ella. Este reclamo simplemente cae en oídos sordos. A pesar de sus mejores esfuerzos, el sexenio del presidente Calderón será evaluado por el número de homicidios que se cometan y que, a grandes rasgos, se ha venido duplicando anualmente en los últimos 2 años. Las reformas a las policías y las procuradurías, así como la reforma al sistema de justicia penal son quizá logros de su gobierno, pero no darán frutos hasta el siguiente.

Puede intuirse que el presidente Calderón entiende este problema, pero en lugar de ofrecer nuevas estrategias, reitera que no se comprende el alcance de lo que trata de hacer y reclama confianza y apoyo, sin ofrecer mayor evidencia que su palabra. Los índices de aprobación que tiene en materia de seguridad reflejan que la gente está dispuesta a confiar en él, pero las mismas encuestas dicen que la mayoría no cree que pueda ganar esta “guerra”. Se aprecia la intención, pero no los resultados y en esta nueva ofensiva mediática el Presidente, otra vez, tiene poco que mostrar.
 
Quintana Roo: Tribunal Electoral y el PRD. Las decisiones que el Tribunal Electoral tomó en sentido contrario para los casos de Martín Orozco –candidato del PAN a la gubernatura de Aguascalientes– y Gregorio Sánchez –candidato por el PRD a Quintana Roo– han suscitado sospecha. Para Orozco, inhabilitado por 14 años para participar en procesos políticos por acusaciones de malversación de fondos, el Tribunal optó por exonerar al candidato permitiéndole continuar con su participación electoral. En el caso de Sánchez el Tribunal lo inhabilitó como candidato argumentando que por cometer un delito grave se encuentra privado de la libertad. La diferencia, según el Tribunal, radica en que a Sánchez se le dictó un auto de formal prisión.

La suspicacia se genera por dos razones. La primera tiene que ver con que en el caso de Orozco el Tribunal decide privilegiar el principio de presunción de inocencia, mientras que en el de Sánchez no. La segunda razón se refiere a la sospecha de que, con su decisión, el Tribunal se anticipa a eventuales impugnaciones del PRD respecto a la equidad de la contienda.

Ante este escenario el PRD de Jesús Ortega ha optado por sustituir a Sánchez con un candidato testimonial –que no hará campaña. Más allá de que el PRD, de cualquier forma, buscará elementos para una eventual impugnación de la elección, su estrategia consiste en: concentrar sus esfuerzos en obtener triunfos significativos en municipios y distritos de Quintana Roo; no dar pie a la radicalización del partido y a la reactivación de AMLO y sus cercanos; y principalmente, no afectar los procesos electorales en los estados donde sus alianzas con el PAN aún podrían prosperar.
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martes, 15 de junio de 2010

Mundial y política global

Una pequeña lista de eventos a seguir durante la Coap del Mundo.

LA FINTA DE COREA DEL NORTE. La cuestión: Dado que asistir al Mundial está fuera de cuestión para la mayoría de los norcoreanos, Pyongyang ha resuelto su escasez de seguidores in situ reclutando a un millar de ciudadanos chinos para que ondeen la bandera roja, blanca y azul en su nombre. Entre los miembros del llamado “Ejército voluntario” hay actores, cómicos y estrellas de pop chinos que han tenido la suerte de poder hacerse con una entrada del ministerio de Deportes de Corea del Norte.

Puesto que se espera que el Renio Ermitaño caiga pronto ante potencias futbolísticas como Brasil y Portugal en el apropiadamente llamado Grupo de la Muerte, el equipo de animadores chinos probablemente disfrutará de un viaje corto. Y además les han puesto el listón muy alto. Durante un partido en casa en 2005 contra Irán, una decisión desfavorable del árbitro hizo estallar una revuelta entre los enfurecidos norcoreanos y se tuvo que recurrir al Ejército para que restaurara el orden.

El equipo norcoreano llegó a Johannesburgo sin mucho ruido el 1 de junio, después de que este Estado paria fuera rechazado en varios intentos de asegurarse un campo de entrenamiento en uno de los Estados vecinos de Suráfrica. La diminuta Swazilandia se había resistido previamente a la demanda de Pyongyang de que facilitara alojamiento, comida, transporte y aflojara además más de 250.000 dólares (unos 200.000 euros) por el privilegio de acoger a los héroes de Corea del Norte. Zimbabue, un estrecho aliado, era la lógica segunda opción, pero los planes del equipo para entrenar allí se vieron frustrados por las protestas que pusieron de relieve la implicación de Corea del Norte en una sangrienta masacre producida en el país en los 80.

A qué estar atentos: ¿Se pondrán las cosas feas cuando Corea del Norte salte al campo ante el legendario equipo de Brasil?
 
ZIMBABUE HACE TEATRO. La cuestión: El autocrático Estado fallido situado al norte de Suráfrica, es un dolor de cabeza perpetuo para los líderes surafricanos, y el Mundial no será una excepción. Diversos grupos han ejercido presiones para que los equipos del Mundial no se concentren para sus entrenamientos en Zimbabue ni jueguen partidos de preparación contra este país. El equipo de Brasil ha sido criticado por llevar a cabo un partido de preparación contra el de Zimbabue.

Suráfrica se ha tomado un gran interés en moderar las conversaciones sobre el reparto de poder celebradas entre el presidente Robert Mugabe y el primer ministro, Morgan Tsvangirai, para las que el presidente Jacob Zuma incluso ha viajado en persona a Harare bajo un mandato de la Comunidad de Desarrollo del África Austral. Pero los críticos de Zuma dicen que es demasiado cercano a Mugabe, señalando los llamamientos del líder surafricano para que se levanten las sanciones selectivas impuestas al partido de Mugabe. Suráfrica acoge además a al menos 2 millones de zimbabuos que buscan refugio al otro lado de la frontera ante la inestabilidad política de su propio Estado.

Aprovechando la cobertura mediática del Mundial, el grupo activista de Zimbabue Democracia Ahora está organizando pequeñas obras paródicas que serán representadas por toda Suráfrica durante el torneo y que “satirizarán a los sectarios jefes del Ejército y el politburó que son los gobernantes de facto de Zimbabue”. El grupo espera que la violencia política en Zimbabue se incremente en las próximas semanas mientras la oposición continúa exigiendo nuevas elecciones y acusa al partido político de Mugabe de acoso a sus votantes.

A qué estar atentos: A las representaciones de Democracia Ahora de Zimbabue.

JUEGO PELIGROSO: TRATA DE PERSONAS Y EMIGRACIÓN.
La cuestión: Los traficantes de personas de toda África están sacando partido económico al Mundial, especialmente en Etiopía donde las falsas promesas de “oportunidades de empleo” en Suráfrica ya han logrado engañar a muchos para que aflojen más de 1.200 dólares a cambio de un peligroso viaje que suele acabar con su detención e ingreso en un campo de refugiados en Malaui. Hasta 25.000 etíopes son víctimas cada año de lo que se ha convertido en una industria de 40 millones de dólares.

El tráfico de sexo y prostitución es una preocupación presente en todos los Mundiales, y el presidente Jacob Zuma ha advertido de que este acontecimiento “abre oportunidades para criminales como los que trafican con mujeres y niños”. El Parlamento surafricano promulgó el mes pasado leyes que castigan con mucha más dureza el tráfico sexual y el trabajo forzado. Una propuesta previa para legalizar la prostitución antes de la competición fue rechazada.

A qué estar atentos: Este año ya se han producido diez incidentes de violencia xenófoba en Suráfrica, según un organismo de control independiente. Cualquier incidente similar durante la competición sería un serio golpe a la imagen del país.

LA PRESIÓN DE CHINA. La cuestión: La República Popular no va a alinear un equipo para el Mundial este año, pero aún así se las ha ingeniado para hacer sentir su influencia. Una conferencia de paz que se iba a celebrar en Johannesburgo e iba a reunir a pasados ganadores del Premio Nobel fue pospuesta después de que Suráfrica denegara un visado al Dalai Lama. Estaba previsto que este evento tuviera lugar antes de que empezara el Mundial.

Los funcionarios surafricanos dicen que no beneficiaba a los intereses del país invitar al líder tibetano, ya que su visita desviaría la atención de la competición futbolística; los críticos acusan al Gobierno de ceder ante Pekín. El gigante asiático no ha admitido directamente que haya ejercido presión, pero un portavoz de la embajada en Pretoria ha sido citado reconociendo que una visita del Dalai Lama sería perjudicial para las relaciones entre China y Suráfrica.

A qué estar atentos: El Gobierno surafricano asegura que la conferencia se celebrará en una fecha aún por determinar mucho después de que los equipos y sus seguidores hayan vuelto a casa.

SURÁFRICA, A LA DEFENSIVA
. La cuestión: El país ha sufrido una plaga de huelgas que hicieron despertar la preocupación de muchos por la amenaza que suponían para la construcción de las instalaciones del Mundial. Miles de trabajadores encargados de construir los mayores estadios abandonaron sus puestos de trabajo el en julio de 2009, al producirse la ruptura de las negociaciones sobre los sueldos. Luego, el mes pasado, los trabajadores del transporte fueron a la huelga durante dos semanas y media antes de acceder a una subida salarial del 12%. Se calcula que la táctica le costó a la economía del país 3.000 millones de dólares, pero con la atención del mundo a punto de centrarse en Suráfrica, el Gobierno no estaba en posición de negociar.

Pero el laboral no es el único aspecto que se ha visto afectado por la inestabilidad. Los manifestantes que se quejaban del traslado de los pobres por parte de Pretoria para hacer sitio a las instalaciones del torneo organizaron diversas protestas en marzo. Los críticos han acusado al presidente Jacob Zuma de esconder la pobreza debajo de la alfombra antes de dar la bienvenida a los ricos turistas extranjeros. Los desplazados han sido recluidos en poblados de chabolas que al parecer algunos residentes describen como campos de concentración.

A qué estar atentos: ¿Habrá más críticas y protestas a lo largo del Mundial?

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miércoles, 9 de junio de 2010

semana política

  • Programas sociales: ¿uso político?
  • Reforma de las policías: retos de implementación
  • Cananea: saldos del desalojo

Programas sociales: ¿uso político? La denuncia que PRI y PRD hacen de uso político de programas sociales al Gobierno Federal no es más que parte del manual de campaña en elecciones locales. Si bien los programas sociales son diseñados para atender la demanda de servicios básicos de una población, un objetivo adicional está en la posibilidad de convertir a los beneficiarios en clientela para apoyar a la instancia que instrumenta el programa. Sin embargo, la transformación de beneficiario a clientela política no es automática y requiere de una intensa gestión administrativa, así como de una estrategia de comunicación que permita identificar el programa en cuestión con la cabeza política. Gestión que en mayor medida es llevada a cabo por los gobiernos estatales (en coordinación con el Gobierno Federal) lo que debilita –junto con los últimos resultados electorales– la tesis de que se haya utilizado de manera exitosa los beneficios políticos de los programas a favor del PAN.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, con los convenios de descentralización del gasto, los estados comenzaron a ejercer mayores recursos de procedencia federal como parte del financiamiento de la operación local de programas sociales. Esto generó un debilitamiento de la base social del Gobierno Federal a favor del fortalecimiento de las estructuras políticas locales, con lo que los gobernadores comenzaron a ser identificados como proveedores de dichos programas.

Actualmente, el 28% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación es ejercido por los estados, lo que fortalece no sólo sus finanzas, sino su capacidad de maniobra para reorientar los programas federales hacia la construcción de una clientela afín a sus intereses. Además, al cada vez ser más partícipes de la operación de programas sociales, su capacidad de gestión se incrementa, situación que es registrada por los beneficiarios.

Si bien el Gobierno Federal cuenta con delegados de las dependencias federales vinculadas al programa en cada estado, su nombramiento pasa por el aval del Gobernador en cuestión, por lo que en muchos casos están más alineados con él que con el Gobierno Federal. Por lo tanto, al estar más alejado de la operación cotidiana de los programas y por ende, de las necesidades reales de las personas y de los beneficiarios mismos, el Gobierno Federal ve diluida su autoría, así como también mermada la posibilidad de capitalizarla políticamente.

Reforma de las policías: retos de implementación. La idea de incorporar a las policías municipales a los cuerpos estatales de seguridad pública –creando 32 policías para substituir a las alrededor de 2600 que operan actualmente– es una idea relativamente sencilla que surge de un diagnóstico bastante claro: la mayor parte de las policías municipales del país son débiles, escasamente capacitadas y reciben salarios muy bajos, lo que las hace particularmente vulnerables a la corrupción y la extorsión. Sobre el diagnóstico hay poco que debatir, a las estadísticas que ha provisto el secretario García Luna y a la propia evaluación de los gobernadores, se suma la amplia evidencia anecdótica de cómo las policías municipales en estados como Michoacán, Nuevo León, Guerrero, Chihuahua y Baja California colaboran activamente con el crimen organizado.

Las ventajas de este esquema, teóricamente, son claras. De entrada, se pueden obtener economías de escala en entrenamiento, armamento y unidades de apoyo. Se esperaría también que, con la entrada en operaciones de los nuevos centros de control de confianza en los estados, las 32 corporaciones deberían ser depuradas y evaluadas de manera más eficiente. Finalmente, se podría realizar una mejor tarea de vigilancia “de barrio” asignando los recursos disponibles de manera más eficiente.

Sin embargo, aunque el diagnóstico y la solución propuesta son sencillas y el esquema tiene sus ventajas, la implementación podría ser particularmente tortuosa y deja preguntas por responder. De entrada, habría que preguntarse cuál será el efecto sobre los municipios más grandes del país, que tienen corporaciones policíacas mejor pagadas y desarrolladas, una vez que tuvieran que transferir sus responsabilidades al Gobierno estatal. Aunque un cierto porcentaje de alcaldes quizá prefieran transferir esta responsabilidad a sus gobernadores, habrá quienes prefieran mantener el control de sus policías, sea por razones políticas o de corrupción. También es de esperarse que muchos cuerpos policíacos peleen para evitar la incorporación, sea por razones laborales, operativas o porque tienen redes de extorsión muy bien definidas. Y esto sin mencionar los mecanismos de coordinación, rendición de cuentas y asignación de recursos que habrán de definirse.

Desde luego, ninguno de los elementos mencionados son obstáculos insuperables, ciertamente, ni tampoco cancelan las ventajas de la propuesta, pero sí habrán de tomarse en cuenta para evitar que esta reforma se cancele al paso del tiempo en la práctica, como tantas otras.
 
Cananea: saldos del desalojo. En el desalojo de la mina de Cananea, la acción de las fuerzas federales se concentró en dos objetivos: evitar un aseguramiento violento y no poner en peligro la mina. Esto, dado que los huelguistas se habían quedado sin mayores opciones legales ante la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –que declaró extinta la relación laboral entre el sindicato y la empresa– y el aval de la Suprema Corte a dicha resolución.

En paralelo, el paquete de indemnización ofrecido a los trabajadores que se reporten en los primeros cinco días, así como la promesa de recontratación, son incentivos suficientes para atraer a aquellos cuya principal preocupación es encontrar un sustento para sus familias –estrategia que ya demostró ser exitosa para el Gobierno Federal en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Esto dejará de cualquier forma un grupo inconforme que buscará llevar el conflicto a sus últimas consecuencias y cuya motivación es primordialmente política. Para ello contarán con el apoyo, al menos retóricamente, de los líderes de la izquierda –que de hecho ya han pronunciado su rechazo a la acción del gobierno en función a la importancia corporativa que para ellos tiene la base sindical– y de los sindicatos tradicionalmente opuestos a las acciones del Gobierno Federal.

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