jueves, 27 de mayo de 2010

El EPP: la guerrila paraguaya

El 25 de abril el gobierno del Presidente Fernando Lugo decretó el estado de excepción, como consecuencia de acciones violentas adjudicadas a una organización denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Se desplegaron unos 3000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales. La operación se denominó "Py´a Guapy" que en guaraní significa "tranquilidad".

Los antecedentes históricos de guerrilla urbana y rural se remontan a los fracasados intentos del Movimiento 14 de Mayo (M-14) que reunía a liberales, febreristas y comunistas y el Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA) de orientación marxista-leninista. Su  accionar comenzó a fines de los 50 y se prolongó hasta mediados de los 60. En el caso del M-14 recibió incluso entrenamiento, apoyo armamento de sectores militares argentinos liderados por el general Carlos Toranzo Montero. Debe destacarse que durante la larga dictadura del General Alfredo Stroessner el control político interior e incluso exterior en áreas limítrofes, fue responsabilidad casi exclusiva del sistema de inteligencia de la Policía Nacional y no del de  las Fuerzas Armadas.

La jurisdicción  sobre la que se aplicó la medida comprende a 5 de los 17 departamentos del país: Concepción, Amambay, San Pedro, Presidente Hayes y Alto Paraguay. Estos suman 206.242 Km2, que representan la mitad de la superficie total del país y se encuentran  habitados por 662.000 paraguayos, más de la séptima parte de su población. 

La decisión  ha sido criticada por sectores de izquierda, que alertan sobre la posibilidad de que se prorrogue la restricción de libertades, lo que favorece un escenario propicio para excesos por parte de las fuerzas empeñadas en la operación y por otro lado, sectores de la oposición colorada y algunos dentro del mismo gobierno, que han presionado para la modificación de la ley 1.337 de Seguridad Interior y Defensa Nacional en sus artículos 51 y 56, lo que permitiría a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interior, en apoyo de la Policía Nacional, en cualquier momento y sin necesidad de decretar el estado de excepción.   

Es conveniente considerar en contexto la situación de las Fuerzas Armadas, por el nivel de limitaciones crecientes de recursos que han sufrido en la última década, además de periódicos reemplazos de sus altos mandos como consecuencia de cambios políticos. El presupuesto de Defensa en 2007 fue de tan solo 71,1 millones de dólares, lo que representa un  0,8 % de su PBI y que se mantiene casi constante en los últimos años. Esta baja asignación demanda partidas extraordinarias para solucionar imprevisiones, como ha sido la requerida para financiar la operación "Py ´y Guapy", que según algunas fuentes ascendería a 1 millón de dólares. 

Este cuadro presupuestario incide directamente en el reequipamiento, ya que durante la última década se incorporaron al inventario de las Fuerzas Armadas solo 3 aviones de entrenamiento EMB 312 Tucano, 1 transporte liviano C-212 Aviocar y 6 helicópteros Bell 205/ UH1H6, además de una donación efectuada por Brasil de 6 aviones de entrenamiento T-25 Universal. El material de vuelo incorporado es adecuado para operaciones de contrainsurgencia. En 2009 Argentina donó 20 vehículos blindados semi-oruga M-2 y 6 cañones antiaéreos Bofors de 40 mm, mientras que en años anteriores Brasil concluyó el mantenimiento integral de 40 vehículos blindados Cascabel y Urutu también a título gratuito. La influencia de Brasil sobre  ha sido siempre muy importante a través de la presencia de asesores y relaciones bilaterales muy activas.          

Las Fuerzas Armadas paraguayas cuentan con apenas 10.700 efectivos para defender 3484 Km de fronteras, de ellos, 7.600 corresponden  al Ejército, 2.000 a la Armada y 1.000 a la Fuerza Aérea. Se debe destacar que 7.900 son oficiales y suboficiales, mientras que 2.800 son soldados conscriptos.

Estas cifras ubican al sector Defensa del Paraguay en la última posición de America de Sur.

El 4 de agosto de 2009 se capturó un documento atribuido al EPP que publicado sugestivamente en el diario ABC Color algunos días más tarde. Según el documento este grupo se habría creado el 1 de marzo de 2008, como desprendimiento del partido legal Patria Libre (PL) de orientación marxista-leninista. Según un hacendado secuestrado y liberado tendrían algunas peculiaridades nacionalistas que reivindican a los gobiernos de los presidentes Rodriguez de Francia, Carlos López y Francisco Solano López.

Cabe destacar que varios cuadros de Patria Libre se encuentran detenidos y procesados acusados de  secuestros extorsivos, que incluye el que culminó con el asesinato de la hija del ex presidente Cubas. La adjudicación de hechos producidos por el EPP proviene de declaraciones al periodismo efectuadas por los mismos detenidos del PL desde la cárcel. Un factor de confusión es el uso indistinto de las denominaciones de PL o EPP, lo que crea dudas si se trata de una misma organización con un brazo político y otro armado o es un simple cambio de nombre del mismo grupo.     

En ese mismo documento se expresan lineamientos estratégicos clásicos, casi sacados de un manual de guerra de guerrilla revolucionaria de los años 60, que entre otros conceptos indica el establecimiento de un campamento base al norte de Bahía Negra (Alto Paraguay), zona de la triple frontera con Brasil y Bolivia, lo que facilitaría el apoyo logístico de retaguardia desde esos países. El reclutamiento y organización de los militantes esta prevista en 1. Fuerzas profesionales permanentes 2. Milicianos no permanentes 3. Fuerzas de Apoyo Logístico. 4. Fuerzas de Apoyo Político y Propagandístico. Los efectivos necesarios para las Fuerzas profesionales es inicialmente de 30 hombres, divididos en 3 grupos de 10 hombres a establecerse en los departamentos de Concepción, San Pedro y Caaguazú. Se autoimpone un plazo de 2 años para alcanzar estos efectivos, lo que se considera realista, teniendo en cuenta a los militantes presos a liberar y a los que se encuentran aun libres. Esboza una operación para liberar a los detenidos y establece que las armas automáticas necesarias para armar la organización se deben obtener del "enemigo".

Ya a comienzos de 2006 se nombraba a esta organización armada en vinculación con la muerte de un policía y el incendio de un remoto puesto policial en José Felix López (Concepción). Posteriormente, el 16 de marzo de 2008, en una estancia cercana a Horqueta (Concepción) se destruye e incendia maquinaria agrícola. El 31 de julio del mismo año acontece el secuestro de un hacendado en San Pedro, con posterior cobro de U$S 300.000 de rescate. El 31de diciembre se produce robo de fusiles e incendio de un puesto militar aislado en Tacuatí (San Pedro). El 29 de abril de 2009 se descubre la colocación de una bomba que fue desactivada en el Palacio de Justicia en Asunción. El 15 de octubre del mismo año realizan el secuestro de otro hacendado para que entregara carne a campesinos de la zona en Paso Barreto (Concepción), quien es liberado 3 meses después. El 14 de abril de 2010 se produce un enfrentamiento armado con un policía en Agua Dulce (Alto Paraguay) con el resultado de tres heridos y el 21 de abril, cerca de Horqueta (Concepción) se produce un segundo enfrentamiento con el resultado de un policía y tres civiles muertos, quienes serían guardias de seguridad privados.    

La Fiscalía General del Estado Paraguayo declaró que posee evidencias que comprobarían la relación de este grupo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Si la conducción del EPP ha resuelto bien en la actual situación, dado el reducido número de efectivos y su escaso poder de combate, deberían haberse desplazado fuera de las zonas rurales para mimetizarse en zonas urbanas, incluso fuera de la zona de operaciones, evitando desarrollar actividad militar y política hasta que la presión disminuya, para luego reorganizarse y volver al terreno.   

Dentro de los hechos salientes de la operación "Py´ y Guapy" se pueden destacar por lo menos dos centenares de detenidos por causas que se vincularían aparentemente con delitos comunes, más que con grupos guerrilleros ideologizados. 

En medio de las operaciones también tuvo lugar un espectacular y confuso enfrentamiento a tiros, aunque sin bajas, entre efectivos policiales y militares, que culminó con la toma de una comisaría en un paraje denominado Huguá Ñandú (Concepción) y la detención del personal policial. Los numerosos involucrados son actualmente investigados por la Justicia, que busca establecer las causas del singular  incidente, pero lo que si se puede afirmar que el estado de cooperación entre las fuerzas, fundamental para la acción conjunta, no es bueno, motivado por antiguas disputas por los espacios a ocupar. 

La escasa presencia de Fuerzas Armadas y Policiales en zonas rurales de frontera con difícil acceso y tupida vegetación favorece la libertad de acción de poderosas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, de personas y al contrabando de vehículos y mercaderías. La existencia de una organización armada es quizás más fácil de constatar que la motivación ideológica de la misma, si es que la tuviere. Las pruebas y testimonios difundidos hasta el momento componen un casi prolijo armado de ficción, que genera muchos interrogantes sin respuesta.

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miércoles, 26 de mayo de 2010

semana política

      Calderón en Washington: consecuencias opuestas a objetivos
      Procuradurías: incapacidad y presión mediática
      Transparencia y acceso a la información: retroceso


Calderón en Washington: consecuencias opuestas a objetivos

La visita del presidente Calderón a Estados Unidos estuvo marcada por la severidad en sus juicios y la crítica a las formas norteamericanas respecto a dos temas: migración y venta de armas. Después de afirmar su respeto por las leyes de aquél país, en cuanto a migración, se dedicó a criticarlas. En relación a las armas no se limitó a exigir que el gobierno estadounidense impida su exportación hacia México, sino que les advirtió del riesgo para su país de continuar vendiendo armas de alto calibre para consumo interno. En ambos temas, se rebasaron los límites de lo que en asuntos de política exterior constituye una intromisión en la política interna de un país.

La explicación a este discurso puede estar en que el gobierno mexicano percibió la necesidad de hacer sentir el peso de las implicaciones de las políticas estadounidenses sobre México, o bien, en que el verdadero auditorio al que se dirigían los discursos no era el anfitrión, sino la galería en México. Cualquiera de las dos explicaciones demuestra una profunda incomprensión de la forma en que opera el país vecino, más cuando se le está proponiendo una sociedad de largo plazo. Las consecuencias podrían ser opuestas a este objetivo.

Más allá de la ovación de los demócratas en el Congreso, para una parte significativa de la población estadounidense el discurso de Calderón podría haber causado enojo –justificadamente o no. La inmediata animadversión de los republicanos es muestra de ello, pero las consecuencias podrían ir más allá. La presencia del presidente mexicano en Washington podría desatar fuerzas que eventualmente se conviertan en un poderoso elemento de la contienda electoral del próximo noviembre en Estados Unidos y que los republicanos y otros grupos estarían listos para capitalizar.

De no revertirse este camino, los costos podrían hacerse presentes en formas muy específicas, sobre todo en acciones mucho más duras a lo largo de la frontera; y en el rechazo a una nueva legislación migratoria, o bien, en la adopción de una legislación tan restrictiva que acabaría cerrándole puertas no sólo a futuros migrantes sino sobre todo a quienes ya están allá.

Procuradurías: incapacidad y presión mediática
Las procuradurías de justicia de este país no están preparadas para vivir en la era de las noticias 24 horas al día, 7 días de la semana. Si bien es cierto que hay deficiencias de comunicación social, el problema es de fondo. Diseñadas para procesar con cierta velocidad los delitos en flagrancia, las procuradurías carecen de capacidades para lidiar con casos relativamente más complejos, de alto perfil y menos si se enfrentan a la presión mediática.

Desde los tropiezos del ex procurador Bazbaz en el Estado de México con el caso Paulette, a los de la Procuraduría General de la República (PGR) en el de Diego Fernández de Cevallos, las procuradurías se han revelado incapaces (anquilosadas, torpes y lentas) frente a unos medios ávidos de información y desesperados por reportar avances. Las procuradurías se han encargado de darles justo lo contrario: hipótesis mal cocinadas y filtraciones de información sesgadas e interesadas. Callejones en los que después no encuentran salida.

Una procuración de justicia transparente y apegada a derecho no implica que ésta deba dirimirse en la corte de la opinión pública. El sistema de justicia penal mexicano no puede entregar resultados rápidos y al gusto de la opinión pública, no sólo por las severas deficiencias en sus capacidades de investigación, sino porque esto pervierte los principios del sistema. Que las procuradurías respondan como lo han hecho las obliga, eventualmente, a retractarse o bien a convertirse en una máquina de linchamiento. En cualquier caso, el costo que paga la procuración de justicia, y la confianza en ella, es muy alto.
 
Transparencia y acceso a la información: retroceso
La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) –declarar nula la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que obligaba a la PGR a dar a conocer las averiguaciones previas en torno a Rosario Robles– implica un retroceso en el acceso ciudadano a la información en detrimento del interés público.

Esta resolución erosiona además el carácter de inmediatez y gratuidad, toda vez que media un proceso judicial que determina si el fallo del IFAI –que en teoría es definitivo– es procedente o no, alargando el tiempo de espera por la información e incrementando el costo a la ciudadanía, ya que involucra un juicio administrativo.

La decisión del TFJFA se da en el marco de intentos previos de la autoridad federal (SEGOB y PGR) de impulsar una reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la que se constituyera un tribunal especializado (o en su caso el TFJFA) que determine como última instancia si son procedentes o no las resoluciones emitidas por el IFAI.

En el ámbito local hay esfuerzos en el mismo sentido. El Congreso de Campeche impulsa una reforma a su Ley de Transparencia en la que pretende instituir una instancia judicial que pueda determinar si procede la resolución de la instancia estatal de acceso a la información. En caso de consolidarse, PGR y SEGOB tendrían un precedente para la propuesta que impulsan a nivel federal.

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miércoles, 19 de mayo de 2010

semana política

Relación bilateral: Calderón en Washington
Yucatán: el PRI y el PAN en la elección
Asamblea Nacional del PAN: sin sorpresas



Relación bilateral: Calderón en Washington

La visita del presidente Calderón a Washington tiene lugar en un momento poco común para ambos gobiernos. Lo usual es que este tipo de reuniones se den al inicio de una administración, de tal suerte que constituya el momento de arranque para una agenda bilateral –siempre clave y más ahora que ambos países padecen problemas que requieren la concurrencia del otro para enfrentarse y resolverse. Quizá no haya otro par de naciones para las cuales la política exterior de una se convierte de inmediato en la política interior de la otra y viceversa.

Aunque el presidente Obama se ha reunido con Calderón en varias ocasiones, esta visita marcará un momento clave para el presidente de México. Si bien los acontecimientos de la semana previa (asesinato de candidato panista en Tamaulipas y desaparición de Diego Fernández de Ceballos) inciden en la opinión pública norteamericana, la lucha de Calderón contra el narco goza de prestigio y credibilidad en Washington. Estos hechos serían vistos como una razón más para respaldar la posición de un gobierno de México que, a diferencia de sus antecesores, se decidió a actuar al respecto. Un esfuerzo decidido por parte del gobierno norteamericano en este frente podría allanarle el camino a Calderón a un final de sexenio mucho más feliz de lo que parecería posible en este momento.

La agenda para México en esta cumbre será que el país funciona en la mayor parte del territorio a pesar de: la percepción de que está todo en llamas; la lucha contra el narco y sus componentes indisolubles, las drogas, las armas y los movimientos financieros; los movimientos de personas, los indocumentados mexicanos y la política migratoria estadounidense; y los asuntos comerciales, sobre todo el asunto del autotransporte, que empañan y obstaculizan el extraordinario intercambio de bienes que ocurre a través de la frontera.

Evaluar una visita de esta naturaleza en términos de éxito o fracaso será difícil, máxime cuando no hay asuntos que se pudieran presentar como arreglos o acuerdos finales en este momento. Sin embargo, lo central de la reunión residirá en la capacidad del presidente mexicano para presentar a su país como una nación responsable y trabajadora que enfrenta retos mayúsculos –por la fortaleza de las mafias de las drogas y la falta de crecimiento económico– y sólo espera una oportunidad para desarrollarse. En la medida en que logre cautivar el espíritu estadounidense de justicia y responsabilidad y colocar a México en esa dimensión, la reunión habrá excedido cualquier expectativa. En esa perspectiva, lo crucial no está en lo que se anuncie como acuerdos y declaraciones, sino en la posibilidad de que se desaten fuerzas favorables a la solución o al menos atención de los temas que son cruciales para México.

Yucatán: el PRI y el PAN en la elección

La victoria del PRI en Yucatán es relevante por varios factores. De entrada, no sólo ganó la emblemática Mérida –municipio gobernado hace 20 años por el PAN, bastión partidista y símbolo de su consolidación electoral en lo local– sino que obtuvo 13 de los 15 distritos que componen el Congreso local. Además, pone de su lado la inercia rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo en otros 14 estados este año.

Para el PAN, más allá de lo que pudiera recuperar en un proceso de impugnación ante tribunales, los resultados en Yucatán representan, además de la pérdida de uno de los cinco municipios más importantes que gobiernan, la señal de una creciente debilidad operativa (trabajo partidista, construcción de redes y estructura local). Evidencian también el distanciamiento del Comité Ejecutivo Nacional del partido de sus representaciones en los estados, para muestra, los reclamos a César Nava por su escasa presencia a lo largo de todo el proceso electoral.

Si bien un factor importante en el triunfo del PRI se debe al apoyo de la estructura del gobierno del estado de Yucatán a los candidatos priístas –particularmente a su candidata en Mérida– también es muy probable que el desgaste del propio PAN como gobierno federal, local y de otros enclaves panistas en el estado haya contribuido a que la insatisfacción de los electores se transformara en la búsqueda de alternativas.

 
Asamblea Nacional del PAN: sin sorpresas


El PAN tendrá este fin de semana su Asamblea Nacional, máximo órgano de decisión del partido, y los resultados difícilmente sorprenderán. En cuanto a la formación del Consejo Nacional – encargado entre otras cosas de elegir al presidente del partido, aprobar las plataformas electorales, la participación del partido en elecciones federales y el método de elección del candidato a la Presidencia– el Comité Ejecutivo Nacional ha operado para colocar al mayor número de consejeros afines al presidente Calderón.

Si bien esta operación va en detrimento de los intereses de los otros dos grupos políticos identificables al interior del panismo –la ultraderecha identificada con el clero y los panistas tradicionales– las probabilidades de que se presenten grandes desencuentros son bajas. La razón es que si bien existe descontento con la forma en que se ha dirigido el partido, la cercanía de los procesos electorales obliga a presentar un frente unido.

Será hasta pasadas las elecciones y con los resultados de éstas en la mesa que las diferencias se harán evidentes. Las fuentes de conflicto, además de los probables fracasos en las urnas, se concentrarán en la designación del presidente del partido que sustituya a César Nava y posteriormente, en la elección de candidatos a gubernaturas estatales, particularmente la del Estado de México.


Cortesía de CIDAC
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jueves, 13 de mayo de 2010

Semana Política


Congreso: panorama después de elecciones

PAN: la máquina electoral descompuesta


Congreso: panorama después de elecciones

Concluyó el periodo ordinario de sesiones y varias iniciativas quedaron sin ser discutidas y aprobadas en una u otra cámara. Mucho se ha argumentado que los procesos electorales de este año, y las alianzas PAN-PRD en varios estados, han dificultado la negociación en el Congreso, sin embargo, hay indicios de que una vez pasadas las elecciones el escenario no sólo podría no mejorar, sino hacerse aún más complejo.

De entrada, las elecciones de este año podrían resultar en la consolidación del PRI como fuerza gobernante a nivel local. Ello significaría también su fortalecimiento para incidir en los procesos electorales de los próximos años en lo que a recursos respecta. Este escenario pondría mayor presión en la discusión presupuestaria a realizarse de septiembre a noviembre. Los diputados priístas tendrían incentivos claros a buscar mayores recursos para los estados con criterios laxos y mecanismos de fiscalización débiles. Mientras que PAN y PRD estarían obligados a frenar la búsqueda de recursos del PRI en la Cámara de Diputados.

En el ámbito interno del PRI, los intereses de sus liderazgos podrían confrontarse e incidir en el trabajo legislativo, tanto al interior de la bancada de una cámara como en la diferencia de criterios entre ambas. Si bien hay ejemplos de falta de acuerdo entre los diputados y senadores priístas y entre sus líderes en la actual legislatura –se ha observado en episodios como la reforma política o la Ley de Competencia– con miras a 2012 esta condición se podría intensificar.

PAN: la máquina electoral descompuesta

Las últimas semanas no han sido buenas para la maquinaria electoral del PAN. Primero, en Aguascalientes, se descubrió que el candidato panista a la gubernatura –enfrentado con el gobernador actual, emanado de su propio partido– estaba inhabilitado. La fractura, tanto en el panismo local como entre el gobernador y el CEN del partido, evidencia la incapacidad del PAN para solucionar eficientemente sus diferencias al interior y augura pocas probabilidades de que gane la elección.

En Yucatán, donde se renuevan municipios y Congreso local este fin de semana, el partido optó por denunciar el proceso electoral, acusando una "elección de Estado" e incluso, en voz de la candidata a la Alcaldía de Mérida, Beatriz Zavala, llegando al extremo de solicitar la intervención del Ejército. Estas acciones están encaminadas, por un lado a desprestigiar la elección, y por otro lado a quitarse responsabilidad por la derrota. El fondo del problema para el PAN está en la ausencia de cuadros que lo llevan a optar por candidatos poco competitivos.

Una eventual derrota en Yucatán pondría al PAN y a César Nava en una posición complicada de cara a las elecciones restantes. Al interior del partido, fortalece los argumentos de quienes no comparten la visión de Nava y califican su gestión de torpe. Todo esto a unos días de celebrarse el Consejo Nacional del PAN, donde se habrán de elegir 300 miembros de Consejo que tendrán bajo su responsabilidad la designación del líder del partido a finales de 2010.

miércoles, 12 de mayo de 2010

Fuerzas Armadas en América Latina

En Uruguay, el Presidente Mujica rechazó la propuesta del ex presidente de Costa Rica (Arias) de eliminar las Fuerzas Armadas, como lo han hecho su país y Panamá. Esta propuesta evidencia el desconocimiento sobre la percepción acerca del rol de las instituciones militares, que es diferente al norte y al sur del Canal de Panamá. Frente a las críticas recibidas desde la izquierda, el Presidente decidió dejar de impulsar su proyecto de permitir que los militares mayores de 70 años detenidos por violaciones a los derechos humanos puedan pasar a detención domiciliaria. Como una muestra de conciliación respecto al pasado, el jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya entregó al Presidente una bandera del grupo guerrillero Tupamaros, que integró en los años sesenta y setenta. Desde otra perspectiva, un grupo de generales retirados, reivindicó la actuación militar contra la guerrilla.   

En Brasil se firmó el acuerdo de cooperación militar más importante con los EEUU desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el Embajador de Washington en Brasilia (Shannon) expresó el interés de su país por vender cazas convencionales avanzados. Respecto a esta adquisición, sindicatos brasileños reclamaron que se compren los aviones Griepen que ofrece Suecia, al mismo tiempo que una delegación de legisladores franceses que visitó el país, reclamó por la demora en resolverse la compra de los 36 aviones que Francia espera vender. Respecto al tema de los derechos humanos, la Suprema Corte analiza declarar la inconstitucionalidad de la amnistía sancionada durante el gobierno militar, al mismo tiempo que un ex jefe de inteligencia del gobierno militar reconoció que existió la tortura.   

En Venezuela, el primer ministro ruso, Putin, dijo que su país podría vender armas por 5.000 millones de dólares, ampliando las adquisiciones que ya se han realizado. Hasta ahora el gobierno venezolano ha realizado compras militares en Venezuela por 4400 millones de dolares. Parte de las operaciones realizadas, y de las futuras, son con créditos que otorga Rusia. Entre las adquisiciones se cuentan 3 submarinos diesel, 92 tanques T 72, blindados BMP 3, helicópteros y proyectiles antiaéreos. Al celebrarse con un desfile militar el bicentenario de la Independencia de Venezuela, Chávez aumentó 40% los salarios de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que un General retirado denuncia la excesiva injerencia que están teniendo en ellas los militares cubanos.  

Bolivia recibió también una propuesta rusa de venderle armas, incluyendo tecnología satelital y nuclear. Durante la última visita de Chávez al país, al saludar éste al regimiento escolta presidencial con la consigna cubana de Patria Muerte, aplicada ahora por Venezuela e impuesta en marzo por Evo Morales, recibió como respuesta el silencio y el grito de Venceremos correspondiente. Es una señal que entre los militares bolivianos también hay malestar con la influencia cubana. 

En Chile, el Presidente Piñera logró el acuerdo con la oposición en el Parlamento para la adquisición de nuevos armamentos, pese a que ha quedado sin efecto la derogada ley del cobre con la cual se financiaban. Denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar obligaron a reemplazar al nuevo Jefe de Carbineros.  

En Paraguay, Lugo se vio obligado a militarizar la lucha contra el grupo guerrillero EPP, vinculado con las FARC. Logró que el Congreso declarara el estado de excepción en la zona norte del país, a la que envió mil hombres del Ejército, y ha propuesto modificar la legislación para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno.

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jueves, 6 de mayo de 2010

semana política

Tabasco: las causas de su austeridad. El Gobierno de Tabasco anunció esta semana un plan de austeridad que incluye despido de empleados y desaparición de dependencias entre otras acciones. La decisión responde a la falta de recursos y a los requisitos que establecen las calificadoras para que los gobiernos locales puedan optar por fuentes alternativas de financiamiento –como la bursatilización de las transferencias federales que ya realizan varios estados como Veracruz, Estado de México y el Distrito Federal. Sin embargo, no necesariamente hay indicios que permitan inferir que las medidas estén encaminadas a mejorar su eficiencia operativa y financiera.

Una causa de la precaria situación financiera del estado de Tabasco está en su estructura de gasto. Al menos en los últimos veinte años la mayoría de los recursos disponibles son destinados, año con año, al pago de una creciente burocracia a costa de la inversión en obra pública. En el periodo 1989-2008 el gasto promedio per cápita que Tabasco destinó a su burocracia representó 2.7 veces el promedio a nivel nacional, mientras que el gasto promedio per cápita en obra pública fue de apenas 141 pesos cuando el promedio nacional ascendió a más del doble (314 pesos).

La forma en que se financia el gasto en el estado de Tabasco también explica su condición actual, ya que el nivel de dependencia de éste respecto a los recursos provenientes de la Federación es significativo. Durante el periodo 1989-2008 el ingreso promedio per cápita proveniente de fuentes propias fue de tan sólo 264 pesos, en contraste con los 348 pesos a nivel nacional, es decir, la generación de ingresos propios per cápita a nivel nacional fue 1.3 veces superior al de Tabasco.

Si bien el caso de Tabasco es emblemático, no es el único ni es privativo de los gobiernos del PRI, este escenario se repite en estados gobernados por el PAN y por el PRD, como son Guanajuato y Michoacán.

 
Seguridad: entre la opacidad y la incompetencia. El proceso de reforma a la Ley de Seguridad Nacional ha abierto más frentes de los que los legisladores decían pretender cerrar. El dictamen aprobado en la Cámara de Senadores se lee como una mera regulación de la situación en el terreno sin introducir nuevos mecanismos ni disposiciones para dar certidumbre a los militares dedicados a tareas de seguridad pública. En cambio, da sustento legal al procedimiento que ha venido siguiendo el Ejecutivo Federal para utilizar al Ejército y a la Marina –blindando así al Presidente de la República. Se queda pendiente, pero al centro del debate, el fuero militar.

La discusión sobre el fuero obligará a considerar la opacidad con que opera la justicia militar, pero también las enormes debilidades de la justicia civil para lidiar con la complejidad de las operaciones militares. Para muestra dos botones: exponiendo los hechos en la Ribereña en Tamaulipas el Ejercito se apresta a culpar al crimen organizado, sin lugar para la autocrítica ni la posibilidad de error; por otro lado, la Procuraduría General de la República, en el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, se ve obligada a confesar mes y medio después que no tiene elementos para decir absolutamente nada.

Más allá del debate sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y del sucedáneo sobre el fuero militar lo que en realidad se discute es la debilidad institucional del Estado mexicano –en particular sobre los alcances y fortalezas del sistema de justicia penal. Ciertamente no es una decisión que pueda reducirse al deber de apoyar a “nuestras fuerzas armadas”. Lo cierto es que, mientras tanto, el Ejercito continuará haciendo su trabajo con incertidumbre y bajo la amenaza de una futura comisión de la verdad.


Cortesía de CIDAC
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